nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

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Recurso de protección Rol Nº1970-2025 La Serena, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparecen el dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, vendedora, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, señalando como acto arbitrario e ilegal haber realizado publicaciones en redes sociales a modo de “funa” en contra de la recurrente, lo que vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 números 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que, la recurrente mantuvo una relación sentimental con don nombre reservado durante tres meses, la que termino por varios episodios de maltrato físico y psicológico, y a partir de la ruptura el recurrido inicia una campaña de acoso por internet en contra de doña nombre reservado, por medio de publicaciones en distintas redes sociales, como Facebook, Tik Tok, Instagram, entre otras, a través de lo que se conoce en la cultura popular como “funa”, comenzando estos actos en febrero de 2024 y extendiéndose hasta la actualidad, publicaciones que el recurrido no ha eliminado.

Indica que el modus operandi del recurrido, consiste en hacer diversas publicaciones en grupos de compraventa de Facebook como “Feria de las pulgas Sindempart”, “Feria de las pulgas La Serena” o “Arriendos Coquimbo”, además de la creación de cuentas de Tik Tok como “venezolana.vividora”. Algunas de aquellas publicaciones se caracterizan por acompañar fotos de la recurrente y manifestar mensajes como los siguientes: “Así está Chile con est@s venecas con papeles movidos entran a la mala y le mueven los papeles para parecer legales te quitan el trabajo y dicen los Chilenos son flojos, se relacionan con la peor gente y aquí están destruyendo una país su cultura y su gente, movimiento antiveneca”(sic), “Cuidado con las personas que compren en esta joyería con esta veneca nombre reservado es una sinvergüenza estafadora que tienen trabajando se le funa por deber una deuda que no quiere pagar además te pide prestado y invierte con gente que vende drogas ante trabajaba en un negocio donde un aitiano al cual le robaba también donde va deja cola prontamente se subirán más fotos para que la reconozcan en todo coquimbo, vive con gente ilegal en Chile que an entrado por la frontera a la mala y viene a hacer solo daño a este país” (sic) y “Ojo con esta joyería del centro de Coquimbo contrata ilegales y estafadores esta veneca llamada naybelis alvarez sinvergüenza pide dinero prestado incluso invierte en drogas para la venta la funaremos” (sic)

Refiere que actualmente el recurrido se encuentra como imputado por diversos delitos en contra de la persona de la recurrente, tales como amenazas simples no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar, secuestro calificado, desacato y calumnias, los cuales están siendo conocidos en causa RIT 829-2025, RUC 2401609260-2 del Juzgado de Garantía de Coquimbo. Agrega que no es primera vez que esta Corte conoce del actuar del recurrido, así se refiere a la existencia de otros roles de protección por actos del recurrido contra otras víctimas, Rol N°2005-2023 y N°553-2023, los que han sido acogidos.

Sobre la conculcación de garantías fundamentales se refiere en primer término al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la que se infringe con el actuar del recurrido al exponerla a través de redes sociales, ante miles de personas, lo que ha afectado su integridad psíquica. En cuanto al derecho al respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia, señala que se vulnera al haberse difundido relatos carentes de toda veracidad, mediante redes sociales, sin el consentimiento de la actora, infringiendo gravemente el derecho a la honra y, con ello, el “buen nombre” que el entorno tenía de la recurrente, no contando con herramientas necesarias para desacreditar el contenido de dichas publicaciones, dada su rápida difusión y menos lograr que dejen de ser difundidas. Por último, en cuando al derecho de propiedad, en relación a la propia imagen, resulta conculcado, toda vez que, se utilizó la imagen de la recurrente para ser difundida en redes sociales con imputaciones en su contra.

Finalmente solicita se acoja el recurso, y se ordene al recurrido la completa y definitiva eliminación de todas las publicaciones realizadas en las páginas de Facebook, Instagram, Tik-Tok o por cualquier otro sitio web similar y/o red social, que afecten la imagen y honra directamente y que fueron expuestas en el recurso, así como igualmente se le ordene directamente a Facebook, Instagram, Tik-Tok, la eliminación de los motores de búsqueda de cualquier información al respecto de estas publicaciones. y; que, se ordene al recurrido se abstenga en el futuro de realizar y compartir, por cualquier vía, estas y otras publicaciones referidas a la recurrente y su familia, a fin de restablecer el imperio del derecho y cesar el acto ilegal y arbitrario en el cual ha incurrido él recurrido, con condena en costas.

Acompañan a su recurso: Set de capturas de pantalla de publicaciones de Facebook, Instagram y Tik-Tok realizadas por el recurrido.

SEGUNDO: Que, a folio 11, el dieciséis de enero pasado, previo apercibimiento al recurrido a folio 9 de la carpeta digital, se ordenó por la Sala tramitadora prescindir del informe del recurrido, decretando autos en relación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con declarar ilegales y arbitrarias las publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y Tik-Tok, las cuales se indica haber realizado el recurrido con la finalidad de “funar” a la recurrente y denostarla públicamente, al parecer por no saber superar la ruptura entre los dos. Añade que las publicaciones se encuentran vigentes en las redes sociales, infringiendo las garantías constitucionales de la recurrente, integridad psíquica, honra y derecho a su imagen.

SEXTO: Que, con el mérito de los antecedentes incorporados en esta causa, particularmente, de los pantallazos de las redes sociales adjuntados por la actora, es posible concluir que se han realizado diversas publicaciones en distintas redes sociales públicas con frases como “nombre reservado sinvergüenza pide dinero prestado incluso invierte en drogas para la venta la funaremos”, “Cuidado con las personas que compren en esta joyería con esta veneca nombre reservado es una sinvergüenza estafadora que tienen trabajando, se le funa por deber una deuda que no quiere pagar, además de que pide prestado e invierte con gente que vende drogas, antes trabajaba en un negocio donde un haitiano al cual le robaba, también donde va deja cola, prontamente se subieran más fotos para que la reconozcan en todo Coquimbo, vive con gente ilegal en Chile que han entrado por la frontera a la mala y vienen a hacer solo daño a este país”, entre otras frases, todas ellas con la fotografía de la recurrente, además desde la cuenta de Instagram “nombre reservado_alcayaga_” se han enviado mensajes a doña nombre reservado que dejan ver el motivo de la represalia del recurrido en contra de la actora, el que tendría su origen en una supuesta deuda.

SÉPTIMO: Que, una de las actividades atribuidas en el recurso se ha efectuado en las redes sociales, que son públicas para quienes forman parte de ella e incluso en este caso públicos para toda persona que acceda al buscador Google. Consecuentemente, no es realizada de manera inocua. Por el contrario, evidencia una intención, encuadrándose en lo que suele llamarse “funa”, término utilizado por la página, expresión que grafica una denuncia destinada a buscar adhesión pública al repudio a una conducta, que se atribuye a una persona, como una suerte de sanción social a su respecto y no como una forma de informar.

La Excelentísima Corte Suprema se ha referido a esta conducta expresando que “no es otra cosa que un llamado a la violencia y al repudio, un acto de auto tutela que es contraria el ordenamiento jurídico” (Rol N°2682-2019).

Asimismo, es relevante considerar en este tipo de materias que, en la actualidad, las redes sociales han permitido una extraordinaria velocidad de propagación de este tipo de publicaciones, las que importan un sometimiento al escarnio público fundado en la visión unilateral que es presentada por el emisor y, por consiguiente, el iniciar una “funa”, no es un acto meramente informativo, sino que pretende el descrédito del sujeto pasivo de la misma. De hecho, las publicaciones llaman a tomar parte de acciones “públicas y sociales”.

OCTAVO: Que, sin perjuicio del derecho a la crítica que tiene toda persona y, por cierto a la información y a emitir opinión, nada de aquello puede implicar insultos que puedan menoscabar a otros (las publicaciones profieren insultos e imputan un actuar delictual), por lo que la imputación de hechos deshonrosos, por parte de una persona en contra de otra por medio de las llamadas redes sociales afecta, sin duda alguna, los derechos de las personas imputadas, en particular su derecho a la honra, resguardado por el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto el derecho a la honra, esgrimido en el libelo y amparado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política, garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas, a través de la garantía previamente indicada.

Así también ocurre en el ámbito internacional, en el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas prescribe en su artículo 12 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Por su parte la Convención Americana, Pacto de San nombre reservado Rica, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N°1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y en su artículo 11 N°1 establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; en su número 2, que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; y en su número 3°, que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Por su parte, el derecho a información importa tanto obtenerla como entregarla, es decir, lograr conocer el contenido de hechos o circunstancias de toda persona y autoridad y, la segunda, permite exponer situaciones de manera objetiva e imparcial. Luego, el derecho a manifestar libremente la opinión alcanza a cubrir los dichos de situaciones en que el emisor haya tomado parte o ha tenido conocimiento de éstas, sin que, en las expresiones vertidas, pueda afectarse la honra de terceros. Es ahí justamente en donde confluyen ambas garantías, protegidas por la carta fundamental: puedo opinar, sin proferir insultos, improperios u otras palabras que denosten la honra de un sujeto. Y es justamente lo contrario lo que ocurrió en el caso en análisis.

NOVENO: Que lo recién expuesto, no impide que quien se sienta afectado por lo que suponga hechos agraviantes que le hayan perjudicado, inicie las acciones jurisdiccionales que estime de rigor, pero no cabe otorgar a nadie el derecho de juzgar y condenar por sí, mediante una imputación imposible de refutar, y además de amplia difusión, hechos reprochados y reprochables a nivel social, porque eso implica no solo un acto de autotutela sino, precisamente, porque no permite ninguna defensa, y además, difundidos de manera masiva.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, cabe acoger el presente recurso y ordenar derechamente al recurrido que se abstengan de publicar y masificar información que denoste la honra de la actora.

Parece pertinente, en este momento, afirmar que, en un Estado de derecho, como es nuestro país, el orden social se estructura mediante una organización de los poderes fácticos. En lo que aquí corresponde, se priva a las partes del derecho a juzgamiento de personas, facultad-deber que es entregado al órgano denominado Poder Judicial quien debe conocer los asuntos que son sometidos a su comprensión, resolverlos y hacer ejecutar lo decidido, incluso por la vía compulsiva si fuera necesario. De esta forma, el generar espacios de juzgamiento o escarnio público no solo socava las bases esenciales de una sociedad civilmente organizada, sino que importa distraer esfuerzos importantes para obtener justicia ante probables hechos ilícitos, cuyas sanciones deberán dictarse en el contexto de juicios contradictorios, en los que ambas partes intervengan en igualdad de condiciones y previa satisfacción de estándares de credibilidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado, quien deberá eliminar dentro de quinto día las publicaciones descritas en el recurso, y además, deberá abstenerse de realizar en lo sucesivo publicaciones con contenido escrito o fotográfico en deshonra o descrédito del recurrente y su familia, en las redes sociales Facebook, Instagram, Tik Tok u otras redes sociales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1970-2025 (Protección).