nombre reservado.ACON nombre reservado LOS PELAMBRES

nombre reservado.A.

nombre reservado Los Pelambres Recurso de Protección Rol N° 1970-2017.- La Serena, dos de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece el abogado don Rafael Areyuna Navarro, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado.A., sociedad del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado Los Pelambres, sociedad del giro de su denominación, representada por su gerente general don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, aduciendo que la recurrida, de manera arbitraria e ilegal, le ha vulnerado el legítimo ejercicio de los derechos de emprender y de propiedad, contemplados en los numerales 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Fundando el recurso señala que su representada es una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de minerales, y que con el objeto de desarrollar las actividades propias de su giro, tomó en arrendamiento la pertenencia minera “La Cubanita 1 al 16”, ubicada en el Cerro La Guitarra, Fundo Monte Aranda, comuna de Los nombre reservado, pertenencia que es de propiedad de don nombre reservado, quien la explotaba desde el año 2004, aproximadamente, continuando los trabajos iniciados por su padre. Agrega que dicho propietario nació en 1948, en el “Fundo Monte Aranda”, próximo a la mina “La Cubanita”, lugar desde el cual se desplazó durante toda su vida por el camino que cruza el mencionado fundo, el cual desde tiempos inmemoriales ha permitido conectar los asentamientos existentes al interior de dicho predio con la Ruta D 865, desde la cual se accede a la localidad de Caimanes.

Refiere que con el fin de realizar estudios de factibilidad del yacimiento, entre el año 2014 y finales del 2015, el personal de “nombre reservado.A. comenzó las visitas al sector de la aludida pertenencia minera, con un equipos de trabajo encabezados por los geólogos nombre reservado y nombre reservado, quienes realizaron múltiples visitas al yacimiento, tomando muestras y confeccionando un mapa geológico de la zona, precisando que dicho personal se trasladó desde la localidad de Caimanes hasta la mina “La Cubanita”, utilizando el camino que cruza el “Fundo Monte Aranda”, el que fue cerrado arbitraria e ilegalmente por la recurrida. Añade que habiéndose constatado la factibilidad de iniciar labores de extracción minera, con fecha 5 de enero de 2016, su mandante celebró con don nombre reservado un contrato de arriendo de la mencionada mina La Cubanita, con un plazo de vigencia hasta el 5 de enero del 2019, renovable. Adiciona que en virtud de este contrato el personal de su representada ingresó, sin dificultad ni control alguno, desde la Ruta D 865 hasta la mina “La Cubanita” durante todo el año 2016 y hasta la fecha en que la sociedad minera “Los Pelambres” procedió al cierre del domicilio reservado de septiembre de 2017; precisa que en este período y en conjunto con el propietario de la mina, se realizaron los procedimientos necesarios para obtener las autorizaciones de funcionamiento requeridas para su explotación de la mina, trámites que concluyeron con la obtención de parte de Servicio Nacional de Geología y Minería de las autorizaciones y permisos que facultan a su representada para explotar el yacimiento “La Cubanita”, por cuanto con fecha 21 de marzo del 2016, mediante Resolución Exenta N° 0410/2016, dicho servicio aprobó el proyecto de explotación subterránea “Mina La Cubanita”, explotada por el productor minero don nombre reservado, ubicada en la comuna de Los nombre reservado, Provincia del Choapa. Luego señala que el 21 de agosto del 2017, por Resolución Exenta N° 1153/2017 fue aprobado el proyecto de plan de cierre simplificado, total y definitivo, de la faena minera de la aludida mina; y, en fin, con fecha 1 de septiembre del mismo año y que por Resolución Exenta N°1247/2017, el Sernageomin aprobó el cambio de titularidad del proyecto de “Explotación Mina La Cubanita”, ubicado en el sector de Caimanes, comuna de Los nombre reservado, Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, a favor de “nombre reservado SA.”.

Sostiene, enseguida el accionante, que el hecho que motiva el presente recurso fue el cierre del camino de acceso a la mina “La Cubanita” efectuado por dependientes de la recurrida, que como ha señalado ocurrió el día 27 de septiembre del 2017, cuando don nombre reservado, administrador de faena de “nombre reservado.A.”, conjuntamente con don nombre reservado, gerente de operaciones de la misma empresa, intentaron acceder a la referida mina por el camino ubicado en el “Fundo Monte Aranda”, encontrándose con el portón de acceso cerrado con candado y que personal de la “nombre reservado Los Pelambres” les indicó que tenían prohibido el paso, por instrucciones de representantes de la recurrida, y que no podía ingresar más a la mina. Añade que el 29 de septiembre el dueño de la mina “La Cubanita”, don nombre reservado intentó ingresar a su propiedad minera, pero también se le impidió, circunstancia que “fue constatada por don nombre reservado ante la Cuarta Comisaría de Illapel, Subcomisaria de Los nombre reservado” (sic). Que, además, tal situación fue verificada con fecha 16 de octubre por el notario de Los nombre reservado, don Mario Garriga Gallegos, constatando que el portón de acceso al “Fundo Monte Aranda” se encuentra cerrado impidiendo el libre acceso a su interior.

Asevera que hasta la fecha de presentación del recurso se mantiene la prohibición impuesta a su representada, afirmando que la conducta de la sociedad recurrida es ilegal, porque el camino señalado tiene el carácter de camino público, calidad que debe presumirse, puesto que se encuentra por años y desde su construcción en uso público, por lo que se haya amparado por la presunción prevista en el artículo 26 del DFL. 850 de 1977, Ley de Caminos, que dispone que “todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido.”

Expresa el recurrente que el camino que atraviesa el “Fundo Monte Aranda”, permitiendo el acceso a la mina “La Cubanita” desde la ruta D-865 se había mantenido abierto a lo menos desde mediados del siglo veinte, época en que el padre de su arrendador efectuaba la explotación de la mina, agregando que desde que la recurrida adquirió el mencionado “Fundo Monte Aranda”, esto es, el año 2000, el camino se mantuvo abierto, permitiendo el acceso a los lugareños que habitan en el sector, a los dueños de pertenencias mineras del lugar y a toda persona quisiere transitarlo.

Indica que el cierre del camino realizado por la “nombre reservado Los Pelambres” es arbitrario, toda vez que de manera injustificada, ilegítima e unilateral, ha ejecutado un acto de auto tutela absolutamente contrario a nuestro ordenamiento, impidiendo de esa forma el ingreso al camino de acceso a las pertenencias mineras de la que la actora es arrendataria; que, asimismo es ilegal por cuanto tal cierre constituye una violación del artículo 26 del DFL. que dispone que “todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso público”.

Prosigue la recurrente señalando que la garantía del artículo 19 Nº 21 de nuestra Carta Fundamental consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y que con el actuar de la recurrida es evidente que dicha garantía se encuentra conculcada, por cuanto habiendo cerrado el camino de acceso a las pertenencias mineras “La Cubanita 1 al 16”, se ha visto impedida de extraer las materias minerales y de poder procesarlas para su venta. Enseguida, manifiesta que la garantía del artículo 19 número 24, se ha conculcado toda vez que la empresa minera “Los nombre reservado SA.” se ha visto privada de ejercer los atributos o facultades que son esenciales al dominio que detenta sobre su derecho de explotar las referidas pertenencias mineras, que mantiene en arrendamiento. Insiste en que el cierre del camino decidido unilateralmente por la recurrida, en un acto claramente arbitrario e ilegal, ya que la alteración de una situación de hecho ha conculcado las garantías aludidas. .

Finalmente, solicita se tenga por interpuesta la acción de protección, a fin que se ordene a la recurrida que reabra el camino de acceso a las pertenencias mineras “La Cubanita 1-16”, que atraviesa el “Fundo Monte Aranda”, ubicado en la localidad de Caimanes, comuna de Los nombre reservado, debiendo retirar los candados y toda otra limitación a su acceso y abstenerse de ejecutar cualquier otro acto que impida o moleste la circulación de la accionante por la vía de circulación señalada, con costas.

La recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) contrato de arrendamiento de concesión minera celebrado entre don nombre reservado y nombre reservado.A.; 2) Resolución Exenta N° 0410/2016 de fecha 21 de marzo del 2016, del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que aprueba el proyecto de explotación subterránea “Mina La Cubanita”, explotada por el minero don nombre reservado; 3) Resolución Exenta N° 1153/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, del Sernageomin, que aprueba el proyecto de plan de cierre simplificado, total y definitivo de la faena minera “Mina La Cubanita; 4) Resolución Exenta número 1247/2017 de 1 de septiembre del 2017, emanada del Sernageomin que aprueba el cambio de titularidad del proyecto de “Explotación Mina La Cubanita”, a favor de minera Los nombre reservado.A.; 5) Reinscripción de la manifestación “La Cubanita del 1 al 20”, a fojas 649 vuelta, N° 357, del Registro de Descubrimientos de Minas correspondiente al año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de Los nombre reservado; 6) Certificado de dominio vigente expedido con fecha 1 de junio del 2017 por el Conservador de Bienes Raíces suplente de Los nombre reservado, que da cuenta que la Concesión de Explotación de las pertenencias mineras denominadas “La Cubanita 1 al 16”, inscritas a fojas 277, número 68 del Registro de Propiedad de Minas del año 2012 se encuentra vigente a nombre de nombre reservado; 7) Contrato de compraventa de minerales celebrado entre nombre reservado y “Productos Químicos KIMS Ltda.”, suscrito por escritura pública de fecha 14 de mayo del 2004; 8) Cesión de derecho de proyecto de fecha 31 de mayo del 2017, suscrito ante el notario de Los nombre reservado, por don nombre reservado, en virtud del cual se cede a la empresa “nombre reservado.A.” el proyecto de explotación de Mina La Cubanita; 9) Constancia efectuada por don nombre reservado en la Cuarta Comisaría de Illapel, Sub Comisaría de Los nombre reservado, con fecha 29 de septiembre del 2017, que consigna que ese día no le fue permitido el acceso a la “Mina La Cubanita”, de su propiedad, ubicada el “Fundo Monte Aranda”, por guardias de seguridad de “nombre reservado Los Pelambres”; 10) Declaración de don nombre reservado, prestada ante el Notario de Los nombre reservado, con fecha 12 de Octubre de 2017; 11) Acta de inspección de fecha 16 de octubre de 2017, realizada por el Notario de Los nombre reservado, en la que se indica que el portón de acceso al camino interior del “Fundo Monte Aranda” se encuentra cerrado e impide el libre acceso al interior del predio; 12) Inscripción de fojas 659, N° 602 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los nombre reservado correspondiente al año 2000, correspondiente al dominio de “nombre reservado Los Pelambres” sobre el “Fundo Monte Aranda”, con certificado de dominio vigente de fecha 10 de octubre del 2017; y, 13) Plano del Instituto Geográfico Militar, correspondiente a la lámina CAIMANES, E-019 (31°45´-71°00´) Tercera edición 2011.

Comparece informando el recurso don Pablo Ortiz Chamorro, abogado, en representación de la recurrida, “nombre reservado LOS PELAMBRES”, y solicita su rechazo, con costas. Indica que la acción impetrada por la recurrente carece de sustento, por cuanto la accionante formula una presentación parcial de los hechos, pretendiendo desviar la atención de la materia central del conflicto, toda vez que “nombre reservado SA.” no tiene las autorizaciones, permisos, derechos y títulos necesarios para llevar a cabo las actividades que pretende realizar dentro del predio de propiedad de su representada, obviando señalar que ella y su personal han incurrido en actos abiertamente ilegales, que incluyen el acceso no autorizado al predio de dominio de la recurrida, la construcción de un camino clandestino en su interior causando daños a la propiedad, procediendo, además, a la corta y tala no autorizada de especies vegetales nativas, objeto de protección oficial. Agrega que, asimismo, en la especie no existe vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por cuanto sus acciones exceden con creces los límites de los derechos a desarrollar cualquier actividad económica lícita y el derecho de propiedad; en cambio la actuación de la empresa recurrida se ha ajustado a derecho y no puede ser calificada de arbitraria y menos ilegal, sosteniendo que las acciones adoptadas por “nombre reservado Los Pelambres” se fundan en el actuar ilícito de la accionante y en el cumplimiento de sus propias obligaciones ambientales y añade que, por otra parte, la acción constitucional no es la vía idónea para debatir las pretensiones de la recurrente. Señala que el recurso indica que el camino interior del “Fundo Monte Aranda” tendría el carácter de camino público, en circunstancias que el mismo no se encuentra enrolado y que la propia accionante ha reconocido su naturaleza de camino privado; que, además, omite toda mención al hecho que su personal ingresó ilegal y furtivamente al aludido fundo, iniciando la construcción de un camino clandestino, talando y deforestando la zona, sin contar con permiso de su propietario ni con las autorizaciones administrativas pertinentes. Adiciona que la recurrente centra su relato en los derechos que poseería para explotar el mineral “La Cubanita”, pero no señala que dicho mineral carece de servidumbre de tránsito minera que lo beneficie, vale decir, carece de un derecho real que lo habilite a transitar por el predio de su representada y menos está facultado para llevar a cabo la habilitación de una nueva ruta al interior de dicho predio, que corresponde a una propiedad de carácter privado, adquirido por la recurrente el 27 de junio del 2000 y que posee un acceso principal ubicado en el límite norte de la propiedad, al costado de la ruta rol D-865 Estación Las Vacas-Caimanes (Ruta D-865), emplazado en las coordenadas UTM 295.712 E - RUT reservado S. Precisa que la entrada al fundo cuenta con un portón eléctrico de acceso y una garita de vigilancia, la cual es operada por personal contratado por “nombre reservado Los Pelambres”. Hace presente que el portón que resguarda el acceso principal a la propiedad se encontraba instalado incluso desde antes de la adquisición de la propiedad por su parte y permite el ingreso a un camino que tiene el carácter de privado para el tránsito interior del “Fundo Monte Aranda”, agregando que la garita de control de acceso fue construida en 2015. Sostiene que el acceso al aludido fundo y el tránsito por su camino interior efectivamente es controlado por “nombre reservado Los Pelambres”, conforme con las facultades propias del dominio y que, por tanto, las personas que deseen ingresar al predio deben primero obtener autorización de su representada y registrarse con el personal de seguridad de la recurrida, dejando constancia del motivo de su ingreso y sus demás datos personales. Acota que estas medidas de control del acceso se han ejecutado de manera sostenida en el tiempo y desde el momento en que adquirió la propiedad del fundo. Reitera el informante que si se requiere acceder al predio, se debe remitir un correo electrónico o comunicación escrita a “nombre reservado Los Pelambres”, solicitando la autorización y los motivos de la visita, medidas que también eran ejercidas por los anteriores propietarios del predio, como consta en la declaración jurada de don nombre reservado, quien trabaja y habita en el interior del “Fundo Monte Aranda”. Agrega que, en consecuencia, no resulta efectivo que el mencionado fundo sea una propiedad cuyo acceso se realice de manera irrestricta, más aún cuando la misma recurrente ha operado en concordancia con estas medidas, reconociendo el carácter privado del predio y su camino interior.

Refiere que, a diferencia de lo indicado por la accionante, el camino interior del “Fundo Monte Aranda”, que conecta con la Ruta D-865, no tiene carácter de camino público; que de acuerdo al DFL. 850, se consideran públicos los caminos descritos en su artículo 24 que dispone que “Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Se considerarán, también, caminos públicos, para los efectos de esta ley, las calles o avenidas que unan caminos públicos, declaradas como tales por decreto supremo, y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a indígenas.”. Añade que, por tanto, solo gozan de esta caracterización los caminos que; 1.- correspondan a bienes nacionales de uso público; 2.- aquellos que hayan sido declarados públicos por decreto supremo; y, 3.- los que así sean designados en los planos oficiales de terrenos transferidos por el Estado a particulares. Que el camino interior que recorre el predio de la recurrida no cabe en ninguna de estas categorías, por lo que se trata de un camino de carácter privado, el cual no constituye bien nacional de uso público, no ha sido declarado como camino público por decreto supremo, ni corresponde tampoco a caminos designados como públicos en terrenos transferidos por el Estado; y por ende la faja del camino no es sino parte integral del terreno adquirido por su representada en el año 2000, tal como consta en la copia de la inscripción en el registro del Conservador de Bienes Raíces de Los nombre reservado. Además, al respecto, la recurrida indica que tampoco consta parte alguna del aludido fundo dentro del Catastro de Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales, ni ha sido declarado camino público por decreto supremo alguno, ni se encuentra enrolado ante la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en consecuencia, no ha pasado por el procedimiento descrito en el DFL. 850, para dar lugar a la declaratoria de camino público. Agrega que tampoco el camino figura en la Red Vial de la Región de Coquimbo, esto es, el mapa oficial de caminos y carreteras que conforman la red vial de caminos públicos de la región de Coquimbo.

Reitera que la ruta interior del “Fundo Monte Aranda” nunca ha estado entregada al uso público, como sostiene la recurrente, toda vez que el tránsito por su interior se encuentra reservado a quienes cuenten con autorización de la recurrida para desplazarse por el predio, más aun la propia recurrente ha reconocido el carácter privado del camino, al solicitar en ocasiones previas la autorización para transitar por su interior. Expresa el informante que la accionante pretende afirmar la naturaleza pública del camino sustentando tal pretensión en la presunción establecida en el inciso 1° del artículo 26 del DFL. 850, disposición que permite presumir el carácter público de un camino cuando se acredita un presupuesto de hecho, esto es, que el camino está o ha estado en uso público; no obstante, adiciona, que tal presunción simplemente legal, solo opera en el evento que se compruebe que el camino está o ha estado abierto al uso público, como lo ha consagrado la Excma. Corte Suprema que ha señalado que “el presupuesto fáctico que sirve de base para construir la presunción lo constituye la circunstancia de haber sido entregado al uso de la comunidad” (Sent. 25 nov. 2014, Rol N° 22.830-2014, considerando 10°). Al efecto, expone que el camino interior del “Fundo Monte Aranda” no está ni ha estado abierto al uso irrestricto de la comunidad, más aún, la recurrente no ofrece antecedentes fehacientes que permitan establecer el presupuesto de hecho que permite aplicar dicha presunción. Manifiesta que la recurrente acompañó una declaración jurada del titular de la pertenencia minera “La Cubanita”, don nombre reservado, quien afirma que el camino habría estado en uso público en fechas no determinadas; sin embargo, tales dichos se contradicen con la propia conducta del nombrado nombre reservado, por cuanto éste siempre ha solicitado autorización para ingresar al fundo de la recurrida y transitar por su camino interior a objeto de acceder a sus pertenencias mineras, reconociendo que el camino no ha sido entregado al uso público. Afirma, al respecto, que con fecha 8 de octubre del 2015, dicho titular de la pertenencia minera denominada “La Cubanita”, pidió autorización a “nombre reservado Los Pelambres” para acceder al predio y circular por su interior con el objeto de acceder a la pertenencia, en virtud de una misiva, la que reproduce en sus partes pertinentes, por lo que el actuar de nombre reservado es contradictorio con lo sostenido en su declaración jurada acompañada por la recurrente, por cuanto ha reconocido abiertamente que el camino interior del “Fundo Monte Aranda” es privado, solicitando permiso para acceder y circular por su interior. Por otra parte, asevera que la misma recurrente ha reconocido el carácter privado del referido camino, ya que ha solicitado autorizaciones a la recurrida para acceder y transitar por esa vía interior, toda vez que con fecha 13 de noviembre del 2014, “nombre reservado.A.” remitió una carta dirigida a “nombre reservado Los Pelambres”, por medio de la cual pedía autorización de ingreso al “Fundo Monte Aranda”, con el objeto de desarrollar labores en otra faena minera aledaña, la que transcribe en la parte pertinente.

Insiste la recurrida que el camino en cuestión ha revestido el carácter de camino privado de manera sostenida en el tiempo, toda vez que su acceso se encuentra restringido, existiendo cercos que delimitan sus límites, garitas y portones de acceso, de forma ininterrumpida, desde la adquisición de la heredad por su parte, en el año 2000, añadiendo que los propietarios anteriores del fundo también controlaron el acceso al predio, no otorgando el carácter de público al camino en momento alguno, lo que corrobora que dicha ruta no ha estado entregada al uso público y que la misma recurrente así lo ha reconocido, por lo que no procede aplicar en la especie la presunción del citado artículo 26 del DFL. 850.

Continúa el informante, por otra parte, aseverando que tampoco existe en la especie una servidumbre minera que beneficie al mineral denominado “La Cubanita” y que grave al predio de la recurrida, por cuanto ni “nombre reservado SA.” ni nombre reservado han celebrado contrato alguno que haya dado lugar a la constitución de una servidumbre al tenor del artículo 120 N° 3 del Código de Minería, en beneficio de la mina aludida; que asimismo, no existe sentencia judicial alguna que haya dado lugar a la constitución de servidumbre de tránsito en beneficio de la mina “La Cubanita” y que grave el “Fundo Monte Aranda”. Agrega que más aún el mencionado mineral no ha sido explotado desde el año 2009, vale decir, desde hace 8 años atrás, por lo que el accionante ni siquiera puede sostener que existe en el caso sub lite un uso continuo de los caminos interiores del “Fundo Monte Aranda”.

Sostiene, enseguida que no habiéndose constituido la servidumbre de tránsito minera al tenor del referido artículo 120 N° 3 del código del ramo, solo cabe concluir que la recurrente no tiene derecho alguno que le habilite a circular por el camino interior del fundo de la recurrida o a construir un nuevo camino en dicho predio.

Luego, señala que el hecho que dio origen a la controversia consiste en que durante el mes de septiembre del 2017, el personal de “nombre reservado SA.” ingresó al “Fundo Monte Aranda” de manera clandestina e ilegal, es decir, sin contar con la autorización de su propietaria, engañando al personal de seguridad, causando graves daños a la propiedad y a la flora del lugar. Indica que personal de la recurrente ingresó en varias ocasiones al fundo, sin el consentimiento ni autorización de la recurrida. mintiendo al personal de seguridad que resguarda el ingreso, señalando, al ser consultados respecto del motivo de su visita al predio, que su intención era visitar a don nombre reservado, quien trabaja y habita al interior del fundo y cuyas visitas se encuentran autorizadas para acceder al mismo; que de esta forma la sociedad minera accionante ingresó furtivamente una máquina retroexcavadora marca CASE, PPU GWJX 26-2, y otros equipamientos industriales, argumentando que estaban destinados a remover ciertos materiales de propiedad del Sr. nombre reservado, lo que consta en la declaración jurada prestada por don nombre reservado, quien forma parte del personal de seguridad que resguarda el acceso al “Fundo Monte Aranda”; que el engaño anotado fue descubierto el día 27 de septiembre, cuando quedó en evidencia que los sujetos eran parte del personal de “nombre reservado SA.” y que no tenían relación alguna con don nombre reservado, verificándose, además, que se pudo constatar que el verdadero motivo de su ingreso era la ejecución de obras clandestinas dentro del predio, vale decir, el ensanchamiento de parte del camino interior del fundo y la construcción de una ruta ilegal, provocando daños al predio y a su vegetación, ampliando los bordes y originando un talud de tierra y rocas removidas, además, de proceder a construcción una ruta clandestina de cerca de 400 metros de longitud y alrededor de 8 metros de ancho, todo ello, según reitera, ejecutadas sin el consentimiento de su representada y ni con autorización alguna.

Expone que la recurrente carece de todo derecho que le faculte a llevar a cabo la construcción de un camino en la propiedad de la recurrida, toda vez que no contado con servidumbre de tránsito minera que lo ampare y sin el consentimiento de “nombre reservado Los Pelambres”, las acciones ejecutadas no tienen fundamento legal alguno y son constitutivas de delito y se encuentran actualmente bajo investigación por el ministerio público.

Refiere el informante que atendidas tales acciones ilegales de la recurrente y su personal, su parte se vio en la obligación de restringir el acceso al predio al personal de “nombre reservado SA.” a partir del 27 de septiembre del año 2017, decisión completamente compatible con el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que le asiste a la recurrida con respecto al fundo.

Precisa, enseguida, que tras el ingreso ilegal al citado fundo, el personal de la recurrente causó daños importantes al predio y a su vegetación, toda vez que en el curso de la construcción del camino clandestino, “nombre reservado SA.”, llevó a efecto la remoción de tierra, el vertimiento de rodados y la tala ilegal de bosque nativo y formaciones xerofíticas, destruyendo diversas especies que detalla, añadiendo que resulta relevante destacar que la recurrente llevó a cabo la tala y destrucción de estas especies vegetales sin contar con plan de trabajo, plan de manejo, ni autorización simple de corta emanadas de CONAF, vulnerando lo previsto en la ley 20.283. Además, expresa que en el recurso la accionante omite toda mención al hecho que el “Fundo Monte Aranda” goza del carácter de Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, ni la circunstancia que el área está próxima a ser declarada Santuario de la Naturaleza.

Refiere que el personal de “nombre reservado SA.” ha reconocido la autoría de los daños antes descritos y la construcción del camino clandestino, a través de su representante legal, don nombre reservado, en reuniones sostenidas desde la ocurrencia de los hechos, entre el personal de minera “Los Pelambres” y la sociedad recurrente, agregando que el mencionado nombre reservado remitió correo electrónico al personal de la recurrida, con fecha 12 de octubre de 2017, en el que solicita se le permita ingresar al “Fundo Monte Aranda” para acceder a la pertenencia minera “La Cubanita” y en particular para retirar la maquinaria de sus contratistas que aún se encontraba en su interior y el 17 de octubre siguiente también por correo electrónico remitió la documentación relativa a su proyecto de explotación de la aludida pertenencia. Explica que los hechos descritos, esto es, el acceso ilegal, los daños al predio y la destrucción de especies vegetales, son actualmente objeto de una investigación penal iniciada por denuncia interpuesta por “nombre reservado Los Pelambres” ante la Fiscalía Local de Los nombre reservado, en la que se indagan los delitos de violación de morada, tala ilegal, daños y la falta contemplada en el art. 495 N° 12 del Código Penal, adicionando que el ente persecutor ya despachó orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la PDI.

Sostiene que, asimismo, la tala de formaciones xerofíticas y de especies arbóreas fue también denunciada por la recurrida ante la Directora Regional de CONAF, Región de Coquimbo, el día 6 de noviembre último, a objeto que los hechos sean indagados y se apliquen las sanciones correspondientes por las infracciones al reglamento de la ley 20.283, DS 93/2008.

Reitera que la recurrente a través de su propia conducta ha reconocido el carácter privado del camino interior del “Fundo Monte Aranda”, lo que ahora pretende desconocer, invocando sin fundamento la presunción del artículo 26 del DFL 850.

Señala la recurrida que los antecedentes expuestos demuestran que la accionante no ha cumplido con las normas legales que regulan la actividad económica que pretende ejercer, puesto que no cuenta con los permisos y derechos necesarios para ingresar al “Fundo Monte Aranda”, para hacer uso conforme a derecho de sus caminos interiores, para construir nuevas rutas en su interior, ni para llevar a cabo labores de tala de árboles y formaciones xerofíticas.

Añade que la recurrente invoca como fundamento de su acción una infracción al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, en los términos establecidos en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República; sin embargo, no le resulta posible invocar a dicha garantía, ya que la misma ha sido ejecutada en contravención a las normas legales que la regulan. Refiere luego que la accionante alega la vulneración al derecho a la propiedad, sosteniendo que las acciones de “nombre reservado Los Pelambres” le impedirían ejercer las facultades del dominio con respecto a la pertenencia “nombre reservado La Cubanita 1-60”; no obstante tal argumento excede el alcance del derecho de propiedad, por cuanto los derechos que detenta se refieren solo a aquellos que emanan del contrato de arrendamiento que celebró con el dueño de la pertenencia minera “La Cubanita”, por lo que ni siquiera tiene la propiedad sobre la pertenencia, vale decir, la recurrente únicamente tiene derecho a la explotación de la misma.

Insiste en que la legislación vigente prevé un mecanismo para habilitar el acceso a los titulares de pertenencias mineras, esto es, la constitución de servidumbres mineras de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 120 del Código de Minería en concordancia con su artículo 123.

Al respecto, el informante asevera que el recurso impetrado por la recurrente no es sino instrumental, aduciendo que no se trata de una acción destinada a restituir el acceso a un camino que se estima público, sino que se busca legitimar el ejercicio de una actividad económica ejercida sin los títulos, permisos y derechos que requiere, haciendo presente que desde la ocurrencia de los hechos, “nombre reservado Los Pelambres” ha participado en dos reuniones con el personal de la recurrente, en las que se le ha expresado que no existe objeción para que “nombre reservado SA.”, lleve a cabo la constitución de una servidumbre minera de tránsito, a objeto de regularizar el ejercicio de sus actividades extractivas en la mina “La Cubanita”.

Afirma la recurrida que la restricción del acceso al predio de su propiedad es una acción legal, porque está amparada por el derecho de dominio que detenta sobre el “Fundo Monte Aranda”, precisando que la prohibición de ingreso impuesta al personal de “nombre reservado SA.” constituye el correlato del legítimo ejercicio de las facultades del dominio que detenta “nombre reservado Los Pelambres”. Agrega que tal restricción tampoco es una acción arbitraria, porque está motivada, tanto por el actuar de la recurrente y su personal, como por el cumplimiento de las obligaciones ambientales que pesan sobre “nombre reservado Los Pelambres” en relación al “Fundo Monte Aranda”. En resumen, sostiene que el actuar de la recurrida no puede ser calificado en caso alguno como arbitrario ni ilegal, sino que se fundan en la conducta ilícita de la propia recurrente.

Por otra parte, la recurrida expone que la acción de protección tampoco es la vía idónea para resolver el conflicto de autos, toda vez que si “nombre reservado SA.” requiere la reapertura de un camino público supuestamente cerrado de manera ilegal, tendría entonces que ejercer la acción contemplada en el precitado artículo 26 del DFL. 850, que faculta a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas a llevar a efecto la reapertura y ensanche de caminos públicos que fueren cerrados de manera ilegal, añadiendo que tanto la Contraloría General de la República como la Excma. Corte Suprema han reconocido que el objeto de dicha norma es precisamente habilitar a la Dirección de Vialidad para llevar a cabo las acciones necesarias para obtener la reapertura de caminos públicos, citando al respecto el Dictamen N° 6037 del año 2000 del ente contralor y jurisprudencia de nuestro máximo tribunal.

Señala, entonces, que la norma del artículo 26 aludido está destinada a crear una acción en sede administrativa para obtener la reapertura de una ruta pública, no pudiendo el recurrente obviar el ejercicio de dicha acción, previo a la interposición de un recurso de protección, la que solo resulta procedente cuando las demás acciones hayan sido efectivamente agotadas.

Reitera la recurrida que la acción constitucional intentada por la accionante es improcedente, porque existe una acción administrativa que tiene precisamente por objeto obtener la reapertura de caminos públicos.

En fin, la recurrida asevera que en la especie no concurren los requisitos necesarios para hacer procedente la acción de protección, vale decir, la existencia de una acción u omisión lesiva de un derecho fundamental protegido, acción que debe ser ilegal o arbitraria; que los derechos a ejercer una actividad económica y el derecho de propiedad no avalan el actuar ilegal llevado a cabo la recurrente; por lo que las acciones de “nombre reservado Los Pelambres” no lesionan ni perturban derecho alguno de la accionante, porque se fundan en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y se adoptaron en respuesta al actuar ilícito de la recurrente.

La recurrida acompañó los siguientes documentos: 1) Declaración jurada de don nombre reservado, otorgada ante el notario de Los nombre reservado, con fecha 5 de diciembre de 2017; 2) Declaración jurada de don nombre reservado, otorgada ante el mismo notario, con fecha 7 de diciembre de 2017; 3) Copia del correo electrónico remitido por don nombre reservado, desde la casilla de correo electrónico correo reservado, de fecha 12 de octubre de 2017, dirigido al Sr. nombre reservado y otros, en el que se describe la intención de acceder al predio y se reconoce que la maquinaria existente al interior del predio pertenece a los contratistas de “nombre reservado SA.”; 4) Copia del correo electrónico remitido por el nombrado nombre reservado, desde la casilla de correo electrónico correo reservado., de fecha 17 de octubre de 2017, dirigido al sr. nombre reservado y otros donde se acompaña la documentación de respaldo del proyecto de explotación del mineral “La Cubanita”; 5) Documento adjunto al aludido correo de fecha 17 de octubre, consistente en el “Proyecto de Explotación Mina La Cubanita”; 6) Documento adjunto al mismo correo, consistente en el plano titulado “Plano Ubicación Faenas”; 7) Documento adjunto a dicho correo de fecha 17 de octubre, consistente en el plano titulado “Plano Ubicación Instalaciones”; 8) Documento adjunto al citado correo, consistente en el mapa que describe el croquis de acceso al mineral “La Cubanita”; 9) Copia de la denuncia efectuada por la recurrida ante la Directora Regional de CONAF, Región de Coquimbo, por las acciones realizadas por la recurrente; 10) Copia de la denuncia penal interpuesta por la recurrida ante la Fiscalía Local de Los nombre reservado, por los hechos ilegales atribuidos al personal de “nombre reservado SA.” en el predio de su propiedad; 11) Copia legalizada de la imagen extraída desde el mapa de la Red Vial Nacional, consignando la recurrida que de ella se aprecia que no existen caminos públicos al interior del “Fundo Monte Aranda”; 12) Copia de la inscripción de dominio del “Fundo Monte Aranda”; 13) Copia de set fotográfico consistente en 16 fotografías georreferenciadas, señalando la recurrida que en ellas se aprecia parte de los daños causados por la recurrente al predio de su dominio y a su flora; 14) Copia de la carta de fecha 8 de octubre de 2015, por medio de la cual don nombre reservado le solicitó autorización para acceder al fundo Monte Aranda; y, 15) Copia de la carta de fecha 13 de noviembre de 2014, en virtud de la cual la recurrente “nombre reservado SA.” solicita a “nombre reservado Los Pelambres” autorización de ingreso al “Fundo Monte Aranda”.

Con fecha 12 de diciembre del 2017, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrente “nombre reservado”, estima como ilegal y arbitrario la conducta desplegada por “nombre reservado Los Pelambres”, por cuanto con fecha 27 de septiembre del 2017 procedió a cerrar el acceso a un camino que atraviesa el “Fundo Monte Aranda”, de propiedad de la recurrida ubicado en la localidad de Caimanes, comuna de Los nombre reservado, y que conduce a la pertenencia minera “La Cubanita 1 al 16”, respecto de la cual la accionante tiene la calidad de arrendataria, en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado el 5 de enero del 2016, con el propietario de dicha pertenencia don nombre reservado. Precisa que el cierre al acceso del camino interior del mencionado fundo se concretó mediante la instalación de un portón que impide el libre desplazamiento de personal de “nombre reservado SA.”, en circunstancias que tal camino tiene el carácter de público, por encontrarse amparado por la presunción establecida en el artículo 26 del DFL. 850 -ley de Caminos del año 1977-, toda vez que ha sido usado desde mediados del siglo pasado, tanto por el padre de su arrendador, por el propio dueño de la pertenencia, así como por la sociedad minera recurrente desde el año 2014, por lo que el camino clausurado siempre ha estado abierto al uso público sin restricción alguna, situación que ha sido aceptada por “Mineras Los Pelambres”; y, en consecuencia, la sociedad recurrida modificó la situación pacífica que había beneficiado a la recurrente y a sus antecesores en el goce de la aludida mina “La Cubanita”, lo que constituye un acto de auto tutela contrario a nuestro ordenamiento que ha vulnerado las garantías contempladas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir, en primer término, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, puesto que el cierre del camino le ha impedido extraer las materias minerales desde la mina y de esta manera poder procesarlas para su venta; y, en segundo lugar, ya que se ha visto privada de ejercer los atributos que son esenciales al dominio, esto es, el derecho de explotar las pertenencias mineras que le fueron entregadas en goce, mediante el citado contrato de arrendamiento.

CUARTO: Que el apoderado de la recurrida “nombre reservado Los Pelambres”, informando el recurso, solicita su rechazo, en virtud de las consideraciones latamente consignadas en lo expositivo de este fallo. En síntesis, sostiene que que “nombre reservado SA.” no tiene las autorizaciones, permisos, derechos y títulos necesarios para llevar a cabo las actividades que pretende realizar dentro del predio de propiedad de su representada, y que ha sido el personal de la recurrente quien ha incurrido en actos ilegales, que incluyen el acceso no autorizado al predio de su dominio, la construcción de un camino clandestino en su interior, causando daños a la propiedad, procediendo, además, a la corta y tala no autorizada de especies vegetales nativas, objeto de protección oficial. Agrega que no es efectivo que el camino interior del “Fundo Monte Aranda” tenga el carácter de camino público, por cuanto no se encuentra enrolado y que la propia accionante ha reconocido su naturaleza de camino privado, añadiendo que fue el personal de la recurrente el que ingresó ilegal y clandestinamente al fundo de su dominio, iniciando la construcción de un camino, talando y deforestando la zona, sin contar con permiso de su propietario ni con las autorizaciones administrativas correspondientes. Adiciona que la mina “La Cubanita”, carece de servidumbre de tránsito minera que lo beneficie, esto es, no tiene un derecho real que lo habilite a transitar por el predio de “nombre reservado Los Pelambres”, adquirido por su parte el 27 de junio del 2000. Precisa que la entrada al fundo cuenta con un portón eléctrico de acceso y una garita de vigilancia, la cual es operada por personal contratado por la recurrida, portón que se encontraba instalado incluso desde antes de la adquisición de la propiedad y permite el ingreso a un camino que tiene el carácter de privado para el tránsito interior del “Fundo Monte Aranda”, agregando que el acceso al aludido predio y el tránsito por su camino interior efectivamente es controlado por “nombre reservado Los Pelambres”, de acuerdo con las facultades propias del dominio y que, por tanto, las personas que deseen ingresar al fundo deben obtener autorización de la recurrida y registrarse con su personal de seguridad, Refiere, asimismo, que estas medidas de control del acceso se han mantenido de forma sostenida en el tiempo y desde el momento en que adquirió la propiedad del fundo; que tales medidas que también eran ejercidas por los anteriores propietarios del predio, como consta en la declaración jurada de don nombre reservado, quien trabaja y habita al interior del “Fundo Monte Aranda”; por tanto, continúa, no es efectivo que el mencionado fundo sea una propiedad cuyo acceso sea libre, más aún cuando la misma accionante ha operado de manera concordante con dichas medidas, reconociendo el carácter privado del predio y su camino interior. Reitera que el camino interior del “Fundo Monte Aranda”, que conecta con la Ruta D-865, no tiene carácter de camino público, de conformidad a lo prescrito en el artículo 24 del DFL. 850, de acuerdo al cual solo gozan de esta característica los caminos que: 1.- correspondan a bienes nacionales de uso público; 2.- aquellos que hayan sido declarados públicos por decreto supremo; y, 3.- los que así sean designados en los planos oficiales de terrenos transferidos por el Estado a particulares; por lo que el tantas veces referido camino interior del fundo no cabe en ninguna de tales categorías, e insiste que se trata de un camino de carácter privado, ya que no constituye bien nacional de uso público, no ha sido declarado como camino público por decreto supremo, ni tampoco corresponde a caminos designados como públicos en terrenos transferidos por el Estado. Insiste que dicha vía interior del fundo de su propiedad nunca ha estado entregada al uso público, como pretende la recurrente, sustentando tal afirmación en la presunción establecida en el inciso 1° del artículo 26 del DFL. 850, que permite presumir el carácter público de un camino cuando se acredita un presupuesto de hecho, esto es, que el camino está o ha estado en uso público; sin embargo, explica que la presunción es simplemente legal y solo opera en el evento que se compruebe que el camino está o ha estado abierto al uso público, como lo ha consagrado la Excma. Corte Suprema en el fallo que indica. Añade que la pretensión de la accionante se contradice con la propia conducta del propietario de la pertenencia, don nombre reservado, quien siempre ha solicitado autorización para ingresar al fundo de la recurrida y transitar por su camino interior y acceder de esta forma a sus pertenencias mineras, reconociendo que el camino no ha sido entregado al uso público, toda vez que mediante una misiva de fecha 8 de octubre del 2015, el titular de la pertenencia minera “La Cubanita”, pidió autorización a “nombre reservado Los Pelambres” para ingresar al predio y circular por su interior con el objeto de acceder a la pertenencia, por lo que la conducta del nombrado nombre reservado resulta contradictoria con lo sostenido en su declaración jurada acompañada por la recurrente. Afirma la recurrida, por otra parte, que la misma accionante “nombre reservado SA.” ha reconocido el carácter privado del referido camino, ya que ha solicitado autorizaciones a “nombre reservado Los Pelambres” para acceder y transitar por esa vía interior, en virtud de una carta fechada el 13 de noviembre del 2014, pidiendo el permiso para ingresar “Fundo Monte Aranda”, con el objeto de desarrollar labores en otra faena minera aledaña.

Prosigue el informante aseverando que tampoco existe en la especie una servidumbre minera que beneficie al mineral denominado “La Cubanita” y que grave al predio de la recurrida, por cuanto ni “nombre reservado SA.” ni nombre reservado han celebrado contrato alguno que haya dado lugar a la constitución de una servidumbre al tenor del artículo 120 N° 3 del Código de Minería; que tampoco existe sentencia judicial alguna que haya dado lugar a la constitución de servidumbre de tránsito en beneficio de la referida pertenencia minera y que grave la heredad de dominio de “nombre reservado Los Pelambres.

Por tanto, señala que la recurrente carece de todo derecho que le faculte a llevar a cabo la construcción de un camino en la propiedad de la recurrida, toda vez que no contado con servidumbre de tránsito minera que lo ampare ni con su consentimiento, por lo que las ejecutadas por personal de la accionante no tienen fundamento legal alguno y son constitutivas de delito, encontrándose actualmente bajo investigación por el ministerio público.

QUINTO: Que del mérito de lo expuesto por el accionante y lo consignado en el informe de la recurrida, teniendo en consideración, además, el contenido de la documental allegada a los antecedentes, reseñada en la parte expositiva de este fallo, y apreciada de conformidad con las reglas de la sana crítica, se logran establecer los siguientes hechos: a) que el recurrente, esto es, “nombre reservado SA.” es arrendataria de la pertenencia minera denominada “La Cubanita 1 al 16”, ubicada en el cerro “La Guitarra”, “Fundo Monte Aranda” de la comuna de Los nombre reservado, en virtud del contrato de arrendamiento celebrado con el titular del dominio de dicha pertenencia, don nombre reservado, con fecha 5 de enero del 2016; b) que la accionante de protección pretende desarrollar en la pertenencia minera mencionada un proyecto de extracción de minerales; c) que la recurrida, vale decir, “nombre reservado Los Pelambres”, es propietaria del predio denominado “Fundo Monte Aranda”, ubicado en la comuna de Los nombre reservado, Cuarta Región, que adquirió de las sociedades “Ingeniería, Construcción y Excavaciones Bulnes Limitada”, “Empresa Constructora Los Héroes Limitada” e “Inmobiliaria Patagonia Limitada, mediante escritura pública suscrita el 21 de junio del año 2000; d) que el referido “Fundo Monte Aranda” posee un camino interior cuyo acceso se ubica en el límite norte de dicho predio y que conecta con la Ruta D-865, Estación Las Vacas-Caimanes; e) que el aludido camino interior del “Fundo Monte Aranda”, conduce, entre otros lugares, a la pertenencia minera “La Cubanita 1 al 16”, cuyo arrendatario es el recurrente; y, e) que el acceso al referido camino interior se encuentra controlado por la sociedad recurrida, contando para ello con un portón ubicado en el punto de ingreso y por guardias de seguridad que registran a la personas que deseen ingresar por dicha ruta.

SEXTO: Que, en cambio, no se arrimaron a los autos, elementos de convicción suficientes y útiles que permitan constatar, en forma fehaciente, en primer término, que el camino cuyo cierre se reclama hubiera estado destinado al uso público y que por ello deba presumirse que sea una vía pública en los términos del artículo 24 del DFL. 850, como pretende el accionante, toda vez que su sola aseveración y la declaración jurada que en tal sentido prestó su arrendador, don nombre reservado, se encuentra controvertida por la recurrida que niega absolutamente que tal camino tenga la calidad de público y por el contrario afirma que se trata de un camino privado, aseveración que resulta concordante con la declaración jurada formulada por don nombre reservado, residente del “Fundo Monte Aranda”, y además, por la carta fechada el 8 de octubre del 2015, mediante la cual precisamente el propietario de la pertenencia minera “La Cubanita 1 al 16” -el nombrado nombre reservado-, solicitó a “nombre reservado Los Pelambres” autorización para ingresar al mencionado predio con sus equipos y camiones para operar la mina y, asimismo, por la petición de la propia recurrente “nombre reservado SA.”, formulada por misiva de fecha 14 de noviembre del 2014, en virtud de la cual solicita autorización a la recurrida para acceder a otras pertenencias mineras, debiéndose tener presente, por otra parte, al respecto que en el libelo recursivo se reconoce expresamente que dicho camino se encuentra en el interior de la propiedad de la recurrida “nombre reservado Los Pelambres”; y, en segundo lugar, tampoco se incorporaron a los autos elementos de convicción destinados a demostrar que se haya constituido en favor de la recurrente una servidumbre de tránsito recaída sobre el referido camino.

SÉPTIMO: Que conveniente resulta conveniente recordar que por la naturaleza de la acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser evidente, siendo necesario que de la sola lectura de los antecedentes allegados aparezca una manifiesta privación de un derecho indubitado garantizado por la Constitución Política de la República, y que por ello requiere ser amparado mediante la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho; y, enseguida, asimismo, útil es dejar establecido que el recurso de protección está destinado a resolver situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

OCTAVO: Que, en el caso sub judice, necesario es consignar que del mérito de los expuesto por la accionante y la recurrida y del contenido de la instrumental allegada a los autos no es posible constatar la existencia indubitada de un derecho constitucional amagado o vulnerado por “nombre reservado Los Pelambres”, sino que resulta nítido que el conflicto que se ha suscitado se refiere a la existencia de diferencias relacionadas, en primer término, con la naturaleza jurídica del camino que el recurrente reclaman como clausurado y que, en su concepto, tendría el carácter de público, mientras que el recurrido asevera que se trata de una vía de circulación privada; y, en segundo término, con la existencia de algún título que jurídicamente habilite al accionante de protección para ocupar como vía de acceso hacia la pertenencia minera “La Cubanita 1 al 16”,la mencionada ruta interior, por cuanto preciso resulta acreditar que el mencionado camino se encuentra gravado con servidumbre de tránsito o que tenga calidad de público, en virtud de la presunción contemplada en el artículo 26 del DFL. 850 o bien que tanga tal condición en alguno de los términos señalados en el inciso 1° del artículo 24 de dicho texto legal, debate que no es procedente dilucidar por medio de este recurso constitucional, por no constituir la vía idónea, toda vez que no es posible en un procedimiento de esta clase, de carácter sumarísimo, sin período de discusión ni de prueba, decidir sobre materias de naturaleza complejas y técnicas, sobre las cuales en autos no existen evidencias claras, definitivas y concluyentes.

NOVENO: Que, en consecuencia, no encontrándose establecida la perpetración de un acto o de una omisión ilegal y/o arbitraria por parte de la recurrida, la acción constitucional deducida impetrada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto “nombre reservado SA.”, en contra de “nombre reservado Los Pelambres”, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 1970-2017.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministro titulares señor Fernando Ramírez Infante, señora nombre reservado y el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas. No firman los Ministros señora Maldonado y señor nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con feriado legal y haber cesado en sus funciones, respectivamente.

En La Serena, a dos de enero de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.