nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

nombre reservado

I. Municipalidad de Vicuña Recurso de protección Rol Nº1968-2025 La Serena, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA, representada por su alcalde don Mario Araos Carvajal, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de dictar el Decreto Alcaldicio N°4.380, de 16 de octubre de 2025, que rechaza reposición interpuesta en contra del Decreto Alcaldicio N°3.951, de 23 de septiembre de 2025, el que dispuso la sanción de término de su contrato de trabajo sin derecho a indemnización, fundada en la causal prevista en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo.

Expone que consta del Decreto Alcaldicio N°5363 que se desempeñó como funcionaria administrativa de la Unidad de Subvención Escolar Preferencial dependiente del Departamento de Educación Municipal desde el uno de julio de 2013, de forma ininterrumpida, hasta noviembre de 2023, cuando fue cambiada de sección a la Unidad de Jardines Infantiles, por una supuesta restructuración del departamento, pero refiere que el real motivo de su cambio fueron las diferencias que tenía con nombre reservado y nombre reservado, agrega que en el caso del primero incluso fue mencionado en informes de la ACHS como responsable de liderazgo disfuncional.

Prosigue relatando, que comenzó a desarrollar sus labores en la sección de Jardines Infantiles, y le fueron asignadas funciones que no estaban especificadas en su contrato, sin embargo, las realizó de igual manera, pero con serias conductas de maltrato hacia su persona por sus compañeros de sección, describiendo el maltrato de su compañera nombre reservado.

Refiere que se mantuvo un largo periodo con licencias médicas por un Trastorno de Ansiedad Generalizada con Agorafobia, desde diciembre de 2023 hasta julio de 2025.

Indica que en junio de 2025 estando con licencia médica la contactó el Director del Departamento de Educación de Vicuña, don nombre reservado, para solicitarle que sacara sus pertenencias de un escritorio, pues las llaves de los cajones las tenía ella, ya que enviarían el mueble a una escuela de la comuna, pero refiere que, al llegar a las dependencias del DAEM les son entregadas sus cosas y solicitan la entrega de las llaves, refiere que dentro de la caja que le entregaron venían sus cosas y basura lo que la sorprendió. Informa que en aquella fecha el DAEM estaba en proceso de traspaso a un SLEP.

Señala que el 30 de junio se comunicó con recursos humanos, para consultar a donde debía presentarse a trabajar, y la comunican con el abogado de la Municipalidad, quien estaría a cargo de ex DAEM, hasta que el alcalde designará una persona para ser la encargada de esa área, y este le señala que debe presentarse a las 8:30 horas en la oficina de personal para que le asignaran el área y lugar donde desarrollaría sus labores. Expone que, el jefe de personal le señala que nadie le había informado nada respecto de su situación, y que volviera al ex DAEM. Por tanto, concurrió al ex DAEM y el encargado la designó a la misma oficina de SEP en la cual estuvo más de diez años, no le dio labor ni orden de trabajo.

Relata que en un principio los funcionarios le cuentan que hay mucho trabajo por hacer, y ella manifiesta su voluntad en apoyar cualquier labor que se requiriera, en principio aquello fue bien recibido, pero al día siguiente se acercó a la oficina de finanzas, para preguntar por dónde empezaba, y le dicen que lo hará otra persona, y desde allí nadie más le dirigió la palabra, por lo que se mantuvo en su oficina sin hacer nada, nunca se le asignó trabajo o función. Señala varias situaciones en que se sintió humillada y no tomada en cuenta en su trabajo, pero de igual forma la hacían participar en reuniones, y que, no la incorporaron en una actividad de convivencia, y no le pagaron su aguinaldo en septiembre.

Añade que se instruyó un sumario en su contra, el cual a través de una breve investigación, determinó su despido por una supuesta falta a la probidad, por no haber respetado los términos del reposo prescrito por un médico que sólo la atendió una vez, y que no se ajustó al reposo que le prescribía su médico de cabecera, quien señala haber declarado el error del médico en el otorgamiento de la licencia, pero señala que el fiscal de forma dolosa ponderó un solo comentario respecto de otras patologías de base que padece de carácter ginecológico y gástrico. Indica que lo grave y vulneratorio está en la forma en que se le comunicó del sumario, pues indicaba que a través de una "denuncia bajo reserva de identidad" se supo el contenido y tipo de reposo señalado en su licencia médica, es decir vulnerando garantías constitucionales que protegen sus datos personales y sobre su situación de salud.

Cuestiona si aquella era una conducta digna de reproche, por qué no se hizo por conductos formales, indicando que la entidad legalmente habilitada para hacerlo nunca lo hizo, pues una variación en el régimen de reposo no puede entenderse como una falta de probidad en los términos que la recurrida pretende, igualándolo a los casos actualmente en la palestra como son aquellos de trabajadores que utilizaron sus licencias médicas para viajar al extranjero, y refiere que, son sólo las irreconciliables diferencias políticas que la distancian con la autoridad edilicia lo que motivó tramitar un sumario lleno de vicios procesales, con una ponderación de la prueba absolutamente sesgada a favor de la recurrida por parte del fiscal instructor. Finalmente, el 17 de octubre de 2025 fue notificada de la resolución que no da lugar a la reposición que interpuso por la resolución que ordenaba su desvinculación.

Alega que su despido es un claro acto de represalia en su contra por tener diferencias políticas irreconciliables con la actual autoridad edilicia de la comuna de Vicuña, don nombre reservado, en efecto, refiere que la breve investigación sumaria, la forma en que esta se inició, dan cuenta de forma inequívoca que una persona del municipio en una flagrante vulneración de sus derechos revisó sus antecedentes personales y médicos, además, la sesgada ponderación de la prueba por parte del fiscal instructor, la desestimación del testimonio de la médico tratante de su patología mental, se produce única y exclusivamente a causa de hechos imputables al empleador, constituyendo de paso un grave daño a sus derechos fundamentales como trabajadora.

Señala que los hechos relatados dan cuenta del encono y mala fe con que se ha procedido en su contra, configurando una causal tan grave como la falta de probidad no sólo para desvincularla, sino para también para perjudicar su futuro laboral, como acto de mayor venganza y represalia de parte del alcalde de Vicuña.

Sobre las garantías constitucionales infringidas con el actuar de la recurrida, se refiere a los derechos fundamentales garantizados en el artículo 485 del Código del Trabajo, su derecho de indemnidad como trabajadora, a la integridad física y psíquica, dado que se encuentra sufriendo consecuencias en su economía personal y familiar por el despido arbitrario e injustificado, dañando su integridad psíquica, siendo una situación de represalia en su contra por su militancia política distinta del alcalde. Añade vulnerada su libertad de trabajo y su protección, al tratar de manchar sus antecedentes laborales de manera injustificada, pues el tipo de despido aplicado le impide pedir empleo en otros lugares. Indica encontrarse vulnerado su libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, en este caso por sus ideas y militancia política conocida y aborrecida por el alcalde busca una causal espuria, mediante un proceso sumarial breve y lleno de irregularidades para poner término a su contrato de trabajo. Y por último señala infringido su derecho a no ser discriminada, pues la mala fe del empleador es clara, ya que, creó situaciones artificiosas como fue el relato de haber sido sorprendida en una actividad del club de huasos, a la que por recomendación médica para superar sus patologías mentales que el propio acoso recibido en su lugar de trabajo le produjo.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y que se declare como improcedente su desvinculación como trabajadora del municipio, y las demás medidas que sean necesarias y pertinentes para la reparación de sus derechos vulnerados, con costas.

Acompaña a su recurso: Copia correo electrónico que notifica la resolución que deniega reposición; copia de formulación de cargos; y copia de decreto alcaldicio que la vincula con el municipio como trabajadora del departamento de educación.

SEGUNDO: Que, a folio 6, comparece el abogado Elías Alcayaga Zumarán, en representación de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que la recurrente se desempeñaba como funcionaria municipal en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Vicuña, y su relación laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, inciso segundo, de la Ley N°18.883, se encontraba sujeta a las normas del Código del Trabajo. Añade que, mediante el Decreto Alcaldicio N°2.360, de 19 de junio de 2025, el Sr. Alcalde de Vicuña ordenó instruir una breve investigación destinada a determinar la eventual responsabilidad administrativa y/o laboral de la recurrente, con ocasión de los antecedentes contenidos en la presentación N°W054211-2024, y en el Oficio N°E36784/2025, de 06 de marzo de 2025, ambos emitidos por la Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Coquimbo.

Dichos antecedentes daban cuenta de un eventual incumplimiento del reposo total prescrito mediante licencia médica N°3-107464497-6, de 17 de septiembre de 2024.

Indica que, del mérito de la investigación sustanciada por el funcionario investigador designado, éste constató que la Sra. nombre reservado vulneró gravemente el principio de probidad administrativa, al infringir su deber de mantener reposo laboral total en su domicilio ubicado en domicilio reservado, durante el período indicado en la licencia médica del 17 de septiembre de 2024, pues dicha licencia otorgaba un reposo de 21 días por enfermedad o accidente común, comprendido entre el 16 de septiembre de 2024 y el 06 de octubre de 2024. Sin embargo, se estableció que el día 17 de septiembre de 2024 la funcionaria realizó actividades, remuneradas o no, en la inauguración de la ramada "La Chascona”, correspondiente a la Pampilla de San Isidro realizada en la localidad de San Isidro, comuna de Vicuña.

Señala que la conducta imputada quedó acreditada tanto por el reconocimiento expreso de los hechos efectuado por la propia funcionaria en su declaración, que rola a fojas 14 a 16 de la carpeta investigativa, reconocimiento que reitera en su escrito de formulación de descargos presentado ante el investigador designado, el cual rola de fojas 90 a 122, como asimismo, por un set de capturas de pantalla provenientes del perfil público de Facebook del ex alcalde de Vicuña, don Rafael Vera Castillo, de 19 de septiembre de 2024, pues dichas imágenes dan cuenta de la realización del evento “Pampilla de San Isidro 2024” y se encuentran incorporadas a fojas 70 y 71 de la carpeta investigativa.

Así refiere que, mediante Decreto Alcaldicio N°3.951, de 23 de septiembre de 2025, se aprobó el informe de breve investigación de 22 de septiembre de elaborado por el investigador designado, y se dispuso aplicar a doña nombre reservado la sanción de término de su contrato de trabajo sin derecho a indemnización, fundada en la causal prevista en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo. Finalmente, refiere que mediante el Decreto Alcaldicio N°4.380, de 16 de octubre de 2025, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la recurrente en contra del acto administrativo señalado en el párrafo precedente.

Alega que de una lectura detenida de lo solicitado por la actora se advierte que, en la práctica, esta equivale a una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo. Añade que, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha señalado que la acción de protección no es la vía idónea para la revisión de un acto administrativo dictado en marco de un procedimiento administrativo disciplinario, puesto que la potestad disciplinaria es privativa de la autoridad administrativa que ejerce la función disciplinaria de conformidad al artículo 63, letra d, de la Ley N°18.695, con relación a los artículos 124 y 126 de la ley N°18.883. (CS, Rol 13.288-2017; Rol 5.844-2016; y 15.204-2019.).

Concluye indicando que la acción constitucional de protección deducida no puede prosperar, por cuanto la controversia planteada excede con claridad el carácter urgente y cautelar que caracteriza este recurso, por cuanto la pretensión de la actora debe ser conocida en un procedimiento de lato conocimiento, que garantice plenamente los principios de contradictoriedad y debido proceso, permitiendo a las partes formular sus alegaciones y defensas, rendir prueba y recurrir de las resoluciones que se dicten en el marco de dicho procedimiento.

En cuanto al procedimiento administrativo disciplinario, señala que fue tramitado bajo la modalidad de una “breve investigación”, conforme lo disponen los Dictámenes N°18.884 de 2010, 54.831 de 2011 y 68.712 de 2015 de la Contraloría General de la República, los que han establecido que el personal de la Administración del Estado sujeto al Código del Trabajo se encuentra igualmente afecto a responsabilidad administrativa, la cual debe determinarse y hacerse efectiva precisamente a través de una breve investigación, debiendo respetar en todo momento el derecho fundamental al debido proceso, asegurando la correcta verificación de los hechos imputados, la determinación de la participación del funcionario, su derecho a ser oído, la posibilidad efectiva de defensa y la oportuna notificación de la sanción que eventualmente se imponga.

Comenta que a fin de evaluar la legalidad del procedimiento disciplinario, es indispensable analizar si en su tramitación se resguardaron las garantías propias del debido proceso respecto de la recurrente, y luego detalla las actuaciones de la carpeta investigativa para descartar la alegación.

Destaca que el estándar de convicción aplicable en el ámbito disciplinario no equivale al propio del Derecho Penal ni al de los procedimientos regidos por el Código Procesal Penal —esto es, “más allá de toda duda razonable"—. Por el contrario, tratándose de una manifestación del ius puniendi del Estado, el Derecho Administrativo Disciplinario opera bajo un estándar de verosimilitud suficiente, que exige ponderar las circunstancias concretas del caso y alcanzar un nivel razonable de certeza sobre la ocurrencia de los hechos investigados. Añade que, de la lectura del informe de investigación de 22 de septiembre de 2025, se advierte que el funcionario investigador ponderó adecuadamente la declaración prestada por doña nombre reservado, así como los documentos acompañados por la recurrente, considerando especialmente lo dispuesto en el artículo 55 letra a) del Decreto N°3, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional. Indica que la decisión de poner término al contrato de trabajo de la Sra. nombre reservado no responde al mero arbitrio del Sr. Alcalde de Vicuña ni constituye un acto contrario a derecho, por el contrario, dicha decisión es la conclusión lógica y fundada de un procedimiento investigativo completo, destinado a esclarecer hechos que comprometían gravemente la responsabilidad administrativa de la funcionaria por vulneración del principio de probidad administrativa.

Señala que, en mérito de los antecedentes expuestos, aparece con total claridad que el acto administrativo impugnado fue dictado dentro de la competencia de la autoridad, debidamente motivado y como conclusión de un procedimiento disciplinario válido, ajustado a la normativa aplicable y respetuoso del debido proceso. La sanción aplicada a la recurrente se sustenta en hechos objetivos acreditados —particularmente, el incumplimiento del reposo total prescrito en su licencia médica—, sin que exista indicio alguno de arbitrariedad, desviación de poder o represalia política que permita desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos.

Sobre la vulneración de garantías constitucionales, refiere que carecen de respaldo fáctico y jurídico, no se configura afectación a la garantía de indemnidad, a la integridad psíquica, a la libertad de trabajo, a la libertad de expresión ni al derecho a no ser discriminada, desde que el término del vínculo laboral obedeció exclusivamente a una conducta funcionaria constitutiva de falta grave a la probidad, por lo que las circunstancias del despido pueden ser conocidas y rebatidas en un juicio de lato conocimiento, el que deberá ser incoado ante el Juzgado de Letras del Trabajo que resulte competente.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe Carpeta investigativa del procedimiento administrativo disciplinario instruido mediante el Decreto Alcaldicio N°2.360 de fecha 19 de junio de 2025.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado es la arbitrariedad e ilegalidad del término de su contrato de trabajo por falta a la probidad, pues refiere que su desvinculación más bien obedece a una represalia en su contra por parte del Alcalde de la recurrida, en atención a su militancia política.

SEXTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, el término de su contrato de trabajo, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se advierta en éste algún tipo de censura o animadversión por la tendencia política de la actora, o que, se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso de la inculpada al examen del expediente, con presentación por parte de la recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

SÉPTIMO: Que, en ese mismo orden de ideas, y teniendo especialmente presente las garantías señaladas como vulneradas y lo pedido en definitiva a esta Corte, no cabe a esta judicatura, por la vía de la presente acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, máxime si el mismo ordenamiento jurídico contempla otras vías de impugnación, como sería una acción de tutela laboral en la sede respectiva, o incluso, el recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República, de conformidad a lo previsto en la Ley N°10.336.

OCTAVO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados, es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, todos ya individualizados.

Acordada con la prevención del Ministro Sr. Espinosa quien concurre al rechazo, sólo en cuanto, la presente acción de protección no sería la vía idónea desde que se ventilan materias sobre derechos no indubitados, y se discute el mérito de resoluciones dictadas en un procedimiento sancionatorio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1968-2025 (Protección).