nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1968-2024.- La Serena, dieciséis de enero dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta NºR-01-S-182776-2024, de 26 de noviembre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 2 de julio de 2024, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, de 36 años, fue diagnosticada con “artritis idiopática juvenil (espondiloartritis juvenil), refractaria a tratamiento convencional, acortamiento de isquiotibiales y síndrome miofascial”, añadiendo que atendido que el procedimiento de infiltración no fue eficaz, su tratamiento fue cambiado por medicamentos, manteniéndose con licencia médica hasta septiembre de 2024, debiendo realizar sesiones de kinesioterapia motora, atenciones que se realizaron en el policlínico de reumatología del Hospital San Pablo de Coquimbo.

Indica que las licencias médicas que han sido presentadas por la actora con anterioridad a las que son materia de la presente causa han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo e incluso la extendida de manera posterior a la reclamada, se encuentra autorizada y pagada, de manera tal que no existe razón médica objetiva que avale el actuar de la recurrida.

A continuación, explica que por la presente acción reprocha el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 2 de julio de 2024, rechazo que carece de una adecuada fundamentación que explique, al menos con mediana claridad su conclusión, considerando el hecho que ha sido aprobada justamente la licencia médica siguiente a las que por este acto se reclama, yendo en contra de las instrucciones contenidas en la Resolución Exenta Nº306, de 20 de julio de 2019.

Refiere que además de ser arbitraria e injustificada, la resolución que por esta vía se impugna genera graves consecuencias económicas para la usuaria, dado que al generarse islas en el pago de sus cotizaciones previsionales, producto del rechazo de las licencias médicas, se causa un perjuicio en el pago de las licencias que se vayan autorizando en el futuro, pues lo serán por un menor monto.

Expresa que presentó recurso de apelación ante la recurrida, la que por dictamen NºR-01-S-182776-2024, de 26 de noviembre de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas por reposo no justificado, acto que dispone que “Esta conclusión se basa en que, en las situaciones en que las Comisiones Médicas respectivas le han fijado a un afiliado al Sistema del D.L. Nº3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, se pueden autorizar licencias hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido la Resolución Nº C.M.VC. 13793/2023, de fecha 15/11/2023, ejecutoriada con fecha 06/12/2023, por medio de la cual se le ha reconocido a la Sra. nombre reservado un 33% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar la solicitud de pensión de invalidez.

Que en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de la licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que la trabajadora era portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en las resoluciones de invalidez rechazadas. Que, sólo en la medida que la interesada cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación”.

Afirma que se encuentra acreditada la arbitrariedad al omitir considerar en su evaluación el hecho que la actora ha iniciado un segundo trámite de pensión de invalidez que aún se encuentra en trámite y que ya cuenta con un dictamen de la Comisión Médica de la Región de Coquimbo que establece un menoscabo en su capacidad de trabajo del orden de 33%.

Sobre el particular agrega que el propósito del subsidio laboral por enfermedad es cubrir las necesidades del trabajador mientras se encuentra en estado de necesidad por enfermedad, de manera tal que, si se ha dado inicio a un trámite de pensión de invalidez, lo justo resultaría que en tanto no se dicte la resolución definitiva, su reposo por enfermedad sea cubierto por el subsidio laboral.

Argumenta que el razonamiento de la recurrida es arbitrario, pues pretende dejar a la trabajadora que padece de una enfermedad en un estado de abandono total.

Esgrime que el actuar de la recurrida no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos. Así, estima que resulta lógico que para proceder al rechazo de una licencia médica, el órgano fiscalizador deba efectuar una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente, partiendo de la base que la licencia médica cuestionada ha sido otorgada por médicos especialistas, previa atención y evaluación del profesional.

Expone que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante, siendo improcedente esgrimir como argumentos de rechazo la falta o insuficiencia de antecedentes aportados por aquél.

Menciona que la conducta del órgano recurrido constituye una conculcación al derecho a la vida e integridad física, pues la priva de ejercer el derecho a gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud; y al de propiedad, toda vez que le impide obtener el subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deben autorizar, disponiendo su pago. En subsidio, se disponga que la recurrida, dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, cumpla con realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas; dicte el correspondiente acto administrativo terminal que autorice -o no- el pago del subsidio asociado a las licencias médicas reclamadas; en su caso, pague el monto del subsidio que corresponda; informe a esta Corte de Apelaciones el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas, de manera que, en caso de no cumplir con ellas, proceda a autorizar el pago de las licencias médicas, de plano, sin más trámite y sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución Exenta NºR-01-S-182776, de 26 de noviembre de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social; 2. Informe Médico de 2 de diciembre de 2024, emitido por la Dra. María G. Guasamucaro C, reumatóloga, del Hospital San Pablo de Coquimbo; 3. Copia de la constancia de pago de la Licencia Nº18389303; 4. Dictamen Nº005.4355/2023, de 2 de agosto de 2023, de la Comisión Médica Región de Coquimbo; 5. Dictamen Nº005.1813/2024, de 26 de abril de 2024, de la Comisión Médica Región de Coquimbo; 6. Certificado de 16 de septiembre de 2024, emitido por don nombre reservado, Presidente de la Comisión Médica IV Región; y 7. Certificado de 2 de septiembre de 2024, emitido por la Dra. María G. Guasamucaro C, reumatóloga, del Hospital San Pablo de Coquimbo.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social, alegando, en primer lugar, la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas, exponiendo el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal.

Luego, señala que la recurrente reclamó ante la Superintendencia en contra de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, que rechazó las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 02 de julio de 2024, por reposo no justificado, reclamo que fue resuelto mediante la Resolución Exenta NºR-01-S-182776-2024, de 26 de noviembre de 2024, la que concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado.

Refiere que arribó a dicha conclusión, ya que se evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, no susceptible de mejorar con reposo médico, por lo que se está frente a una incapacidad de carácter permanente, en cuyo caso no procede autorizar licencias médicas.

Acota que es menester señalar que el criterio general sostenido por la Superintendencia de Seguridad Social ha sido el de no autorizar las licencias médicas en que la patología tiene carácter irrecuperable, en consideración a que es un beneficio esencialmente temporal, cuyo objeto es ayudar a la persona trabajadora a recuperar su salud y permitirle reincorporarse a sus labores habituales, criterio que se desprende de los artículos 1, 2, y 7 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, Agrega que la Superintendencia de Pensiones, a través de sus comisiones médicas del Decreto Ley N°3.500, de 1980, ha emitido un dictamen de invalidez mediante la Resolución N°C.M.C. 13793/2023, de 15 de noviembre de 2023, ejecutoriada el 6 de diciembre del mismo año, por medio de la cual le ha reconocido a la actora un 33% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez. Sobre el particular, señala que sólo en la medida que la interesada cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, se podría revisar nuevamente su situación.

Afirma que la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos.

Señala que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y el de propiedad, de las que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra Resolución Exenta NºR-01-S-182776-2024, de 26 de noviembre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 02 de julio de 2024, por reposo no justificado.

Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, en las situaciones en que las Comisiones Médicas respectivas le han fijado a un afiliado al Sistema del D.L. N°3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, se pueden autorizar las licencias hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido la Resolución N° C.M.C. 13793/2023, de fecha 15/11/2023, ejecutoriada con fecha 06/12/2023, por medio de la cual se le ha reconocido a la Sra. nombre reservado un 33% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez.

Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que la trabajadora era portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en las resoluciones de invalidez rechazadas.

Que, sólo en la medida que la interesada cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación.”

SÉPTIMO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

OCTAVO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DÉCIMO: Que, además de lo razonado en forma precedente, es un hecho asentado que la recurrente presentó un segundo trámite de pensión de invalidez, pronunciamiento que no se encuentra terminado.

Así las cosas, es oportuno considerar que conforme a lo establecido en la Circular N°2C/234 de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, mientras dure el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se considere legalmente ejecutoriado, ya sea por las Comisiones Médicas Regionales o por la Comisión Médica Central, según proceda, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud, deben continuar autorizando las licencias y pagando los correspondientes subsidios por incapacidad laboral.

Por otra parte, la Circular Nº1463, de 12 de enero de 1996, de la Superintendencia, señala que si a la fecha en que quedó ejecutoriado el dictamen de invalidez del afiliado, éste se encontraba en goce de subsidios por incapacidad laboral, derivado de la misma patología invalidante, la respectiva pensión se devengará a contar desde el día siguiente al término de esa licencia médica.

De forma tal que, amén de lo razonado en forma precedente, aparece que la resolución dictada por la recurrida, impugnada en estos autos, resulta ser incluso contraria a las instrucciones sectoriales que se han establecido sobre la materia.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida carece del debido sustento, dejándola además en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I. Que, SE RECHAZA, las alegación de improcedencia de la acción de protección.

II. Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiendo que se deja sin efecto Resolución Exenta NºR-01-S-182776-2024, de 26 de noviembre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 02 de julio de 2024, y, en su lugar, se resuelve que se autorizan dichas licencias, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1968-2024 Protección.-