nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°196-2024.

La Serena, seis de marzo dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don nombre reservado, cédula de identidad nacional extranjero N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones de Chile, representado por nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la falta de respuesta sobre su solicitud de permanencia definitiva presentada el 15 de mayo de 2023. Esta omisión representa una violación al principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República y reforzado por los artículos 24 y 27 de la Ley N°19.980.

Alega que, además, esta inacción afecta directamente su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, dado que vive con la incertidumbre de saber cuándo podrá concretar hechos tales como casarse, tener una casa propia y acceder a un crédito hipotecario.

El recurrente sostiene que ingresó a Chile en el año 2022 por paso habilitado y decidió establecerse y desarrollar su proyecto de vida en el país, iniciando el trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Manifiesta que a pesar de las indicaciones iniciales del Servicio de Migraciones en que le señalaron que el trámite podría demorar hasta seis meses, han pasado nueve meses sin resolución.

Explica que la falta de información clara sobre el avance del proceso y la dificultad para interpretar las etapas en la web del servicio evidencian una violación al principio de transparencia y publicidad establecido en la ley 19.880.

Agrega que, al no contar con un cédula de identidad vigente se ha visto coartada y postergad su libertad de acceder a distintas instituciones tanto públicas como privadas, ya que se encuentra inmerso en un trámite tardío y demorado, limitando la capacidad de contratar servicios, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar productos bancarios, solicitar créditos, a postular a mejores oportunidades laborales, solicitar licencia para conducir, suscribir documentos ante Notarios, entre otros, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley, estando en una situación permanente de afectación y vulneración antes las limitaciones, todo producto de no tener resuelta su solicitud, requisito para poder renovar mi cédula de identidad, que, si bien es cierto, el contar con una solicitud de visa en tramitación los mantiene en estado regular dentro del país, no es menos cierto que en un sentido pragmático no corresponde a la realidad de quien se encuentra en esta situación, la que afecta a derechos fundamentales en su libre desarrollo y ejercicio.

Destaca que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9, 14, 23, 24 y 27 de la Ley 19.880, y destaca los principios de celeridad, economía procedimental en virtud de los cuales la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios y conclusivo conforme al cual todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.

Cita jurisprudencia y solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña a su presentación: 1.- comprobante envío de solicitud de permanencia definitiva, 2.- comprobante residencia definitiva en trámite, 3.- copia de cédula de identidad para extranjeros, 4.- comprobante pago de derechos, 5.- certificado de antecedentes y 6.- comprobante vigencia de contrato de trabajo.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción.

Solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva del recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto sostiene no puede obviarse la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en causas ROL 115064-2022 y 115368-2022 ambas de fecha 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que, dado la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que “esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada”.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados (sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido afirma que el recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que, no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por el recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto al fondo del recurso señala que don nombre reservado, solicitó ante esa autoridad con fecha 15 de mayo de 2023, el beneficio de permanencia definitiva, bajo el ID N° 64689288 y que el 02 de junio de 2023, la solicitud avanza a etapa RESOLUTIVA.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, no se evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, en los términos que aduce el recurrente, toda vez que consta que la solicitud de residencia definitiva fue realizada recién con fecha 15 de mayo de 2023, encontrándose con fecha 2 de junio de 2023 en etapa resolutiva.

Así las cosas, en consideración a la fecha de solicitud de la residencia definitiva, en este caso particular, no se advierte en su tramitación una dilación excesiva que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, máxime considerando que es un hecho público y notorio la crisis migratoria que ha afectado al país este último tiempo, lo que ha generado un aumento de trabajo de los organismos administrativos vinculados al tema, lo que permite concluir que las garantías fundamentales invocadas por el recurrente, no se ven, en este caso, conculcadas, desde que no importa una discriminación en contra de quien recurre en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han presentado solicitudes ante la autoridad migratoria ni una afectación a su integridad física y psíquica.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°196-2024 (Protección).