nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA SERENA

nombre reservado, y Otros Universidad de La Serena Recurso de protección Rol Nº1956-2021 (y acumuladas)

La Serena, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos estudiantes de pregrado de la carrera de Odontología de la Universidad de La Serena, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LA SERENA, institución del giro de su denominación, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, chileno, constructor civil, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la medida que les fue comunicada mediante correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2021, denominado “desmovilización”, por un caso probable de Covid-19, el que a juicio de los recurrentes afecta sus garantías fundamentales del derecho a la educación garantizado en el artículo 19 Nº10 de la Constitución; el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº24; su derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria, garantizado en el artículo 19 Nº2; el derecho a la honra e imagen personal del artículo 19 Nº4; y el derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica de la persona, garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política.

Los recurrentes señalan que el día viernes 22 de octubre de 2021, a las 5:27 PM, se les comunicó vía correo institucional que existía un caso probable de COVID-19. Dicho correo, llevaba como asunto el nombre “desmovilización”, y en él se les explicó que por haber asistido a una simulación clínica el día miércoles 20 de Octubre con una alumna que tuvo contacto con un tercero con síntomas, se les desmovilizaba a todo un grupo clínico de 29 alumnos, y se les establecía una cuarentena desde ese momento, por orden de la Epidemióloga de la Universidad, por lo que no podrían asistir a la Clínica Asistencial Docente de la Universidad, hasta que el resultado de la persona estuviera disponible y fuera negativo. Hacen presente que dicha “desmovilización”, sólo afectaba a alumnos, no a docentes ni funcionarios, y que tampoco especificaba tiempo de duración ni la fecha de inicio.

Explican que la clase del día miércoles 20 de octubre, donde se produjo el supuesto “contacto estrecho”, era una clase de “simulación clínica”, en donde se utilizan todos los elementos de protección personal: mascarilla KN95, antiparras, escudos faciales, pecheras y guantes desechables. Que, además de eso, se cuenta con recesos de ventilación de 30 minutos y se desinfectan los box clínicos, que son individuales y no comparten espacios. Asimismo, indican que no se realizan atenciones de manera corrida, y se desinfectan las superficies antes, durante y después de los procedimientos.

Luego, refieren que la persona que había tenido contacto con el tercero que presentaba síntomas, se realizó una prueba de antígeno para COVID-19, el cual arrojó un resultado negativo, y de igual forma se realizó una toma de muestra PCR, obteniendo el día sábado 23 el resultado también negativo. Explican que lo anterior, les fue informado por la misma persona afectada, de forma directa por WhatsApp, quien les avisó que además había informado a la Universidad vía correo. Finalmente, ese día no recibieron información alguna desde la universidad, por lo cual se les mantuvo en el estado de desmovilizados.

Agregan que el domingo 24 de octubre, en horas de la noche se les envió un correo por la universidad, en el cual se les informó que seguían sin poder asistir a clases, aun cuando el PCR era negativo. Y se les dispuso mantener las medidas de desmovilización por ser posibles “contactos estrechos”, por sugerencia de la SEREMI y por orden de la comisión COVID de la Universidad, en circunstancias que no existe categoría en ningún protocolo sanitario, ni de la universidad ni del MINSAL, que establezca una persona como “riesgo para la salud pública” o como “contacto estrecho” de un PCR negativo.

El lunes 25 de octubre a las 13:42 horas, se les envió un correo en que se les informó que a pesar del resultado negativo, nuevamente la carrera se encontraba realizando consultas con el Comité de vigilancia Covid-19 de la Universidad, por lo que continuaban desmovilizados.

Luego, el día martes 26 de octubre se le informó vía Whatsapp a una de sus compañeras que la comisión COVID-19 señaló que nuevamente había enviado consultas a la SEREMI de cómo actuar, siendo que el resultado PCR del “caso supuesto” era negativo, por lo que continuaron desmovilizados y sin información hasta la presentación del recurso.

Explican que, con motivo de esta medida, se les ha impedido el ingreso a la Clínica Odontológica Asistencial Docente de la Universidad de La Serena, la atención a pacientes, y la continuidad normal de sus estudios presenciales.

Hacen presente que cualquier actividad clínica que se pierde por este tipo de decisiones no es recuperable para la Universidad, siendo que son ellos mismos quienes niegan el acceso. Además, que las condiciones para aprobar las asignaturas siguen siendo las mismas para todos los alumnos independiente que tengan menos sesiones clínicas y menos tiempo de trabajo, esto es en base a requisitos clínicos, es decir, acciones que se realizan. Y con menos sesiones obviamente no podrán realizar la misma cantidad de acciones por falta de tiempo.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alegan que se ha visto afectado su derecho a la educación, garantizado en el artículo 19 Nº10 de la Constitución, al negar su acceso a la Universidad, aun cuando el probable caso COVID-19 resultó en un PCR negativo, y con ello también se afecta su derecho de propiedad sobre tal derecho, de conformidad al numeral 24 del artículo 19, al no cumplir la Universidad con su obligación de impartir docencia.

De igual forma, alegan vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria, garantizado en el artículo 19 Nº2, dado que docentes y funcionarios no fueron afectados con las disposiciones arbitrarias de no poder concurrir a sus funciones laborales, siendo que se comparten los mismos espacios en conjunto con los alumnos y en Chile no existen grupos privilegiados ante ninguna situación de este tipo.

También sostienen que se vulnera su derecho a la honra e imagen personal del artículo 19 Nº4 de la Constitución, ya que con motivo de esta situación tuvieron que cancelar con tan solo horas de anticipación a pacientes que estaban citados para los días lunes 25 y martes 26 de octubre, lo que afecta de manera directa su seriedad ante los pacientes, desacredita su imagen y la confianza que proyectan sobre ellos.

Adicionalmente, en el caso de la recurrente nombre reservado, alega que también se ha visto afectado su derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica de la persona, garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, ya que indica que las medidas de la Universidad y la consiguiente cancelación de las atenciones de los pacientes, la han afectado psicológicamente, no pudiendo conciliar el sueño y mostrando progresivamente su cuerpo signos de stress y algunos de depresión, debido a que los pacientes, que cada alumno debió ubicar y convocar, no logran comprender la paralización de las actividades de práctica, ni tampoco la falta de certeza respecto a cuándo podrían volver a realizar dichas actividades, personas con las que cuenta y debe contar para poder terminar su ciclo académico y finalmente egresar de la carrera.

Por tales antecedentes, solicitan que se acoja la acción deducida, y que se ordene a la recurrida a reanudar las clases de práctica, que se les garantice la recuperación efectiva con atención de pacientes con una clínica adicional a las que ya quedan de semestre académico disponible donde puedan atender a los pacientes que estimen conveniente, que se deje constancia que éstas se recuperarán y tendrán igualdad de condiciones respecto a sus compañeros en cuanto a la cantidad de sesiones clínicas que disponen para trabajar y el mismo número efectivo de semanas de trabajo, que aquellos otros grupos que no se afectaron.

SEGUNDO: Que, comparece informando don Julio Landaeta Pastene, abogado, en representación de la UNIVERSIDAD DE LA SERENA, quien expone que con fecha 22 de octubre de 2021, se informó desde la dirección de la carrera de Odontología a la Comisión Covid de la univerisidad, que una estudiante de cuarto año de la carrera había sido notificada a su correo electrónico de ser un contacto estrecho de un paciente con covid 19 positivo.

Dentro de la información entregada por la estudiante, indicó que el martes 19 de octubre asistió al práctico de cirugía en la clínica de odontología, asignatura que cuenta con otros 29 estudiantes, y compartió muy directamente con otro compañero, indicando que utilizó elementos de protección personal durante toda la jornada, al igual que su compañero, aunque sin describir detalladamente qué elementos de protección personal.

El viernes 22 de octubre se le indicó a la estudiante que no podía asistir a la clínica odontológica, que debía esperar resultado PCR y guardar la correspondiente cuarentena que establecía la autoridad sanitaria. Luego, a las 16:00 horas se envió correo electrónico por parte del Director de Odontología a los representantes del Centro de Estudiantes de la Carrera de Odontología avisando que se realizaba tal envío a solicitud de la Comisión Covid de la universidad por presentarse caso probable y se informó la desmovilización de la sección que compartió con el caso en cuestión. Aquella comunicación se hizo llegar a los alumnos del mencionado nivel por correo electrónico el día 22 de octubre a las 17:27 horas, señalando que la sección de alumnos debía estar desmovilizados preventivamente, según establece el protocolo COVID-19/ULS, el cual señala cómo se debe actuar frente a un caso probable o contacto estrecho.

Nuevamente, el referido viernes 22 de octubre, alrededor de las 17:49 hrs., la Comisión Covid-ULS, se entrevistó nuevamente con la estudiante, la cual señaló que los síntomas en ella habrían comenzado el día 16 de octubre con congestión nasal, y que este cuadro evolucionó de la misma manera hasta el día 21 de octubre. Por lo que la Comisión estimó que el día que ella se presentó a la asignatura de cirugía, esto es, el martes 19 de octubre, ya contaba con estos síntomas. Asimismo, el día que se produjo la notificación por parte de la SEREMI de Salud a la estudiante (no a la Universidad) esta ya tenía otros síntomas, tales como: dolor de cabeza, cansancio, congestión nasal y escalofrío en la noche. Esto permite inferir que ese día ya tenía tres síntomas que, según la clasificación de “caso probable por nexo epidemiológico”, debía ser considerado como tal en las conductas a seguir por la universidad, a pesar de los resultados posteriores de PCR, de conformidad a la normativa que estaba vigente en ese momento y que definía lo que se entendía por “caso probable”.

Añade, que según el relato de la estudiante, al momento de la entrevista por parte de la Comisión Covid aquel viernes 22, ella señaló que el jueves 20 se realizó test de antígeno el que dio cuenta de un resultado negativo. Sin embargo, la citada Comisión no tuvo acceso a esa información de manera formal.

Indica que al no tenerse claridad de las personas con quienes tuvo contacto estrecho la estudiante, ni por cuánto tiempo, y la imposibilidad de determinar que todos estuvieran con los respectivos elementos de protección, apoyaron la decisión de cumplir con la indicación de desmovilización preventiva a los hogares de los compañeros de la estudiante, la cual se efectuó el día 22 de octubre a las 14:46 hrs. De todas formas, se decidió escribir a la SEREMI de Salud de la cual nunca recibieron notificación o indicaciones antes de su correo.

Señala que el día siguiente, esto es, el día 24 de octubre, a las 17:33 hrs., se recibió respuesta de la autoridad sanitaria de la Región de Coquimbo (SEREMI de Salud), la que indicó que se procedería a realizar una evaluación médica a la Alumna para corroborar diagnóstico de caso Probable y, por otro lado, se sugirió que los compañeros de la alumna realizaran cuarentena preventiva.

Luego, el martes 26 de octubre y frente a la consulta formulada por mail desde la carrera de Odontología, respecto al retorno de los estudiantes desmovilizados, se indicó que fueron desmovilizados desde el día viernes 22 de octubre, según sugerencia de SEREMI y que el día jueves 28 cumplirían los 7 días que indicaba la normativa ministerial para las personas vacunadas, lo que fue confirmado con la SEREMI mediante correo electrónico.

Explica que el viernes 28 se procedió por parte del director de Odontología a comunicar formalmente a los estudiantes el término de la cuarentena preventiva mediante correo electrónico, en el cual se les informó que podían retornar a partir del viernes 29 de octubre a sus actividades académicas habituales. Añade que el día 02 de noviembre, los estudiantes aludidos retornaron a sus actividades académicas habituales sin dificultades reportadas y a sus asignaturas correspondientes.

Enfatiza que los estudiantes del octavo nivel que fueron desmovilizados de manera preventiva, se encontraban próximos a comenzar atención de pacientes en la clínica odontológica (cada dos estudiantes atienden 4 pacientes diarios, es decir a personas externos a la clínica), es decir los 29 estudiantes de haber habido algún riesgo de contagio entre ellos podrían haber, una semana después, contagiado a 120 personas que asisten a atenciones odontológicas de manera habitual en búsqueda de mejoras de su salud bucal, lo que se suma como motivo de justificar la desmovilización preventiva, para cortar cadenas de transmisión de haber existido.

Luego, sostiene que el acto denunciado como ilegal y arbitrario corresponde a la comunicación dirigida a 29 alumnos del octavo Nivel de la carrera de Odontología por parte del Director de aquella, la cual se transmitió por mail el día viernes 22 de octubre del presente año a las 5:27 PM, utilizando para ello el correo institucional, el cual se denomina “desmovilización”, debido a la existencia de un caso probable de COVID-19, y por el cual se les impedía hacer ingreso a las dependencias de la Clínica Asistencial Docente, además de recomendarles realizar cuarentena preventiva.

No obstante, sostiene que en el fondo los recurrentes ejercen su acción contra la Resolución Exenta N°944 del Ministerio de Salud, de fecha 30 de septiembre de 2021, publicada en el Diario Oficial el 1 de octubre de 2021, institución que no es parte en este Recurso.

Sin embargo, explica que la Universidad no ha hecho otra cosa que aplicar la normativa vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, siendo además curioso que personas que se encuentran en proceso de formación académica en una carrera correspondiente al área de la salud, cuestionen la aplicación para sí de normativa dictada por la autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales y reglamentarias, las que están reguladas en el DFL Nº1 del año 2005, del Ministerio de Salud, y las normas pertinentes del Código Sanitario.

Considera que debe descartarse la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la implementación de la orden que contiene el correo electrónico de fecha 22 de octubre dirigido a los 29 alumnos que compartieron con la estudiante, pues la medida se fundó en la normativa dictada bajo el alero del Estado de Emergencia, contenido en el Decreto Nº4 de fecha 5 de febrero de 2020 y sus modificaciones, cuyas medidas se han visto justificadas con el fin de prevenir y evitar la propagación de la enfermedad. En este sentido, sostiene que hay un adecuado equilibrio de medios a fines en dicha normativa y su posterior aplicación por un servicio público, como es el caso de la Universidad que integra, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº18.575 la Administración del Estado. De lo anterior se sigue que todas las medidas extraordinarias y dinámicas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluyendo la restricción en cuestión, han sido adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que detenta la Administración y otorgadas por el ordenamiento jurídico, lo que permite disipar cualquier imputación de ilegalidad o arbitrariedad, pues la universidad sólo dio cumplimiento de una orden dictada por la autoridad sanitaria con competencia en la materia y que dicha medida se encuentra debidamente fundada.

En virtud de lo anterior, solicitó tener por evacuado el informe, rechazando el recurso de protección, con condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador.

CUARTO: Que de acuerdo a lo informado por la recurrida, el viernes 28 ésta comunicó a los estudiantes el término de la cuarentena preventiva mediante correo electrónico, en el cual se les informó que podían retornar a partir del viernes 29 de octubre a sus actividades académicas habituales, retorno que se materializó el 2 de noviembre del año en curso.

QUINTO: Que en razón de lo antes establecido, aparece que el mismo asunto que ha servido de fundamento al presente recurso de protección ha cesado, de manera que sólo es posible desestimar la presente acción.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, el acto recurrido tiene su fundamento último en el numeral 10 del punto IV, del Capítulo I de la Resolución Exenta N°994 de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, que establece el “cuarto plan paso a paso”, referido específicamente al aislamiento de personas en razón de experimentar un contacto estrecho, por lo que el acto cuestionado carece de la ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuyen.

SÉPTIMO: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZAN, sin costas, los recursos de protección interpuestos, a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, en contra de la Universidad de La Serena.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1956-2021 (Protección).-