nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

I. Municipalidad de Coquimbo Recurso de protección Rol Nº1953-2025 La Serena, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ex funcionaria municipal, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, representada por su alcalde don Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de dictar el Decreto Alcaldicio N°2298 de 21 de agosto, confirmado por el Decreto Alcaldicio N°2225 del 14 de octubre, ambos del presente año, que la destituyen de su cargo, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°4 de la Constitución Política de la República.

Expone que el año 2011 ingresó a trabajar a la Municipalidad de Coquimbo, bajo modalidad de prestación de servicios, y desde octubre de 2016 fue nombrada en calidad de contrata, calidad que mantuvo hasta la fecha de su destitución.

Señala que producto del oficio reservado N°E82804/2025 de la Contraloría General de la República, se informó a la recurrida un listado de funcionarios que haciendo uso de licencia médica habían salido del país, instruyendo a esa entidad el inicio de un procedimiento disciplinario, que, en su caso, se dispuso mediante decreto exento N°662 del 29 de mayo del año en curso, luego de ser desacumulado el procedimiento general ordenado por Decreto Exento N°1386 del 23 de mayo del año en curso. Se le formularon cargos el 17 de julio, en los cuales se le reprochó haber salido del país estando con licencia médica, entre 3 al 8 de julio del 2024 hacia Argentina, y, entre el 18 al 22 de octubre del mismo año, hacia Perú. Mediante decreto N°2498 del 21 de agosto de esta anualidad, la autoridad comunal, aprobando el procedimiento disciplinario, le aplicó la medida de destitución por considerar que su conducta configura falta grave a la probidad. Luego presentó un recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Decreto N°2225 del 14 de octubre de 2025, lo que le fue notificado el 16 de octubre.

Añade que a la fecha de la notificación del decreto que rechazó su recurso y confirma la medida disciplinaria, se encontraba con reposo médico el que se extendió, en base a tres licencias médicas, desde el 11 de agosto al 30 de octubre.

Indica que el contexto temporal de la fiscalización de Contraloría que dio origen al procedimiento que terminó con su destitución, comprendió los años 2023 y 2024, en dicho tiempo se le instruyó por facultativos reposo por 77 días, en base a 8 licencias médicas en aquellos dos años, y el reproche se enmarca en dos licencias del 2024, una por 30 días, desde el 20 de junio y la otra por 11 días, desde el 16 de octubre, ambas del 2024.

Se refiere a la eficacia de los actos administrativos, pues indica que en periodo de elecciones presidenciales la potestad administrativa en materia disciplinaria se ve legalmente limitada. Indica que el artículo 53 de la Ley N°18.695 dispone que las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando afecten a funcionarios municipales, señalando que luego de su registro debe ser notificado para que surta efectos, sin perjuicio de las instancias recursivas administrativas y judiciales. Arguye que el decreto terminal del proceso administrativo correspondiente al N°2225 del 14 de octubre, que le fue notificado el 16 del mismo mes, no consta que se haya registrado dicha resolución ante el ente de control, por lo que, en cuanto ello no ocurra, el acto administrativo no cumple con los requisitos que el legislador ha exigido para su eficacia, por lo que al notificarla debió hacerlo del decreto registrado, para que, desde entonces su destitución surtiera efectos.

Destaca que los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336 De Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, disponen que desde 30 días antes y hasta 60 días después de la elección de Presidente de la República, y, también respecto de las elecciones ordinarias o extraordinarias dentro de las respectivas circunscripciones electorales, las medidas de destitución sólo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría y en virtud de las causales estatutarias. Indica que los procesos eleccionarios tuvieron como días de votación para presidencial y parlamentarias el 16 de noviembre, y la segunda vuelta presidencial, para el 14 de diciembre. Señala que el sumario que sustentó su destitución fue ordenado por la Contraloría, mas no instruido por ella, la resolución terminal no fue registrada ante el ente de control y, además, a la fecha de su notificación, estaba con reposo médico, por lo que dicha decisión, en cualquier caso, no podía surtir efectos sino desde el día hábil siguiente al término de su reposo, esto es, el 3 de noviembre, periodo en que ya estaba activa la limitación legal por las elecciones presidenciales.

Afirma que no se puede cuestionar el uso indebido de una licencia médica al momento de su otorgamiento, ni puede presumirse la existencia da mala fe en su obtención o utilización, máxime si mediante resolución exenta N°R-01-S-127271-2025 del 14 de septiembre del año en curso, emitida por la Unidad Jurídica de la Superintendencia de Seguridad Social, se aclaró que las personas con licencias médicas no pueden salir del país, a fin de permitir la adecuada fiscalización y control por parte de los organismos competentes, debiendo en casos en que ello ocurra rechazarse el reposo, es decir, no pagarse el reposo médico de acuerdo a lo que prescribe el artículo 55 del DS N°3 de 1984 del Ministerio de Salud. Señala que a la fecha de sus salidas del país con licencia médica no había claridad sobre la materia.

Señala no existir en el cargo formulado y el sustento de la sanción que sus licencias, más allá de su rechazo posterior al informe del ente de control, no hayan justificado sus inasistencias al trabajo, las que se encontraban justificadas a todo evento, de manera que la consecuencia o efecto de su ausencia para el servicio, no resulta relevante para su calificación, considerando, además, que al término de cada una de ellas regresó a sus funciones, en dicho sentido, tampoco le resulta imputables las opiniones o sensaciones que se hayan producido en la comunidad al conocer de los resultados de la fiscalización del ente de control, considerando que, no existe evidencia alguna que su actuar, haya afectado la honra o credibilidad de la recurrida.

Hace presente que el procedimiento que pretende sustentar su destitución tiene su origen en el informe de Contraloría y la información entregada por el departamento de policía internacional de la PDI, además se requirió información a la Superintendencia de Seguridad Social. Y que, la información de sus licencias, que mantiene la SUSESO, como la de sus viajes, corresponden a información privada, sujeta a las normas de la Ley N°19.628 y de la Ley N°20.285. Alega que, si bien los órganos del Estado deben actuar de manera coordinada y colaborativa, dichas gestiones no pueden, en caso alguno significar, por una parte, actuar fuera de sus atribuciones y competencias, y por otra, afectar los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto al certificado de viajes que emite POLIN, señala que la propia institución, de acuerdo con su normativa, es la que informa en su página web que, dicho documento no es de acceso público, por lo que solo puede ser solicitado por el titular, por algún tribunal o por un tercero, previa autorización del titular, y añade que sus viajes no se realizaron en el marco de su función pública ni con recursos públicos, pues, excepcionalmente, en dichos casos, la información se vuelve de acceso público, sin perjuicio del resguardo de los datos personales. Luego añade que, la información que la municipalidad tiene respecto de las licencias de quienes trabajan allí, es sólo para justificar la ausencia laboral, no estando autorizado un uso distinto.

Expone que la Contraloría obtuvo información de manera ilegal, desde que, en momento alguno de acuerdo con la normativa ya citada, se le solicitó autorización para compartir su información de viajes y licencias, para fines distintos a los establecidos en la normativa. Lo mismo respecto del informe de viajes que emitió PDI a solicitud del alcalde, quien por razones de objetividad e imparcialidad no puede intervenir en el desarrollo de un sumario, sino, hasta conocer la propuesta del funcionario investigador, por lo cual refiere que se produce la “doctrina del árbol envenenado”, en cuya virtud se establece que, si la fuente, el “árbol”, de donde procede la evidencia obtenida, está contaminada, entonces el “fruto” de ese “árbol” está igualmente contaminado, por lo tanto, las pruebas obtenidas con una actuación ilícita son igualmente ilícitas, y por ende nulas.

Entiende que el material obtenido de la declaración auto inculpatoria, arrancada en base a informes obtenidos de manera ilícita no son válidos como medio de prueba, pues al ordenamiento jurídico administrativo, se aplican, atenuados, los principios del derecho penal, en que, la sola confesión no es suficiente para aplicar alguna pena, o en este caso, sanción administrativa. Añade que los órganos públicos que tienen a su cargo bases de datos, como lo son la emisión de licencias y viajes fuera del país, no pueden entregarla sin autorización del titular para fines distintos a aquellos legales que les permiten mantener dicha información.

Hace presente que, de acuerdo a la normativa migratoria, especialmente aquella que regula las salidas e ingresos al país, no existe disposición alguna que impida la salida del país a quienes estén haciendo uso de licencia médica, sin perjuicio de la aclaración que hizo en septiembre de este año la SUSESO. Reitera que la información de la SUSESO Y POLIN, no es información a la que se pueda acceder respecto de cualquier persona, pues es información reservada, por lo acceder a ella solo en base a que detenta la calidad de funcionaria pública, afecta su igualdad ante la ley, desde que la normativa no hace distinción en cuanto al empleo que desempeñe la persona para efectos de acceder, salvo en los supuestos que en este caso no concurren, a información privada y sujeta a las normas del manejo de bases de datos y vida privada.

Sobre el cuestionamiento del mal uso de dos licencias médicas, desde que, durante su vigencia, salió del país, primero por 6 días, de una licencia de 30 días en junio, y luego, por 5 días, de una licencia por 11 días en el mes de octubre, ambas del año 2024, reitera que la municipalidad, como todo órgano público, debe actuar conforme al principio de legalidad o juridicidad, en dicho contexto el único órgano público que tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento o inobservancia de las licencias médicas es la COMPIN, y luego la SUSESO, de suerte que la Contraloría y la municipalidad carecen de habilitación legal para dichos menesteres, lo que trae como consecuencia que este procedimiento administrativo adolezca de nulidad de derecho público, al violentar los artículos 6° y 7° de la Constitución, pues las instituciones involucradas actuaron fuera del ámbito de sus competencias.

Agrega que, incluso, si la municipalidad hubiera estado habilitada por el informe de la COMPIN y/o de la SUSESO, el actuar de esa entidad vulnera los principios de reserva legal y tipicidad, cuyo sustrato se encuentra en el artículo 19 N°3 inciso 7° de la Constitución, aplicable en sede administrativa, el cual considera que tanto las conductas objeto de reproche funcionario deben haber sido materia de regulación por el poder legislativo, y en la especie, si bien es cierto que las sanciones administrativas se encuentran consagradas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, no es menos cierto que la conducta que se le reprocha -viajar fuera del país haciendo uso de licencia médica- no se encuentra dentro de las descritas en el artículo 62 de la Ley N°18.575, mismas que se relacionan con el inciso segundo del artículo 52 del mismo cuerpo normativo, y aun cuando dicho catálogo no sea taxativo, la infracción a la probidad administrativa exige que la conducta que se imputa se verifique en el ejercicio de sus funciones públicas, presupuesto fáctico que no ocurre en la especie, toda vez que el reposo prescrito por las licencias médicas resultan incompatibles con el ejercicio o cumplimiento contemporáneo o coetáneo de sus labores en esa municipalidad, por tanto, esa entidad carece igualmente de competencias y legitimidad para reprocharle conductas fuera del ámbito del ejercicio de sus funciones laborales, e inmiscuirse a su vida privada, sin su autorización. Destaca que, de no cumplir con las prescripciones del reposo médico, la sanción del usuario es la invalidación del subsidio por incapacidad laboral, es decir, la pérdida del pago por esos días de reposo, y que no se contemplan otras sanciones, ni por la entidad competente ni por otras.

Señala que resulta necesario analizar el contexto general que expuso el informe de la Contraloría General de la República, el que evidenció que 25.000 funcionarios de diversos órganos públicos en todo el país, salieron al extranjero estando con licencia médica. Indica que lo anterior evidencia que la mayoría de las personas desconocían que con licencia médica no se podía salir del país, pues si bien al emitirse una licencia se establece un lugar donde realizar la recuperación, no es menos cierto que la imposición del reposo obligatorio no puede significar afectar el derecho a la libertad personal y de desplazamiento, consagrada en el artículo 19 N°7 de la Constitución, y por tanto es solo una licencia médica y no un arresto domiciliario, por lo que concluye indicando que no se puede presumir su mala fe, y que, se está frente a un error común, así refiere que el error que recae sobre el conocimiento en torno a la antijuridicidad de la conducta dañosa puede ser esgrimido como causal de eximente de responsabilidad. Indica que nunca tuvo conciencia ni conocimiento de que estaba infringiendo alguna norma sanitaria, ni menos alguna obligación funcionaria, y que su desempeño funcionario ha sido intachable. Por lo anterior concluye que la recurrida no tiene las facultades para fiscalizar ni sancionar el uso o mal uso de una licencia médica, desde que, el propio artículo 52 del DS N°3, entrega competencia a la COMPIN para investigar las denuncias, entre otras materias, acerca del mal uso de licencias médicas.

En cuanto a la imputación de falta grave a la probidad, señala que la decisión municipal resulta arbitraria, desde que, no existiendo un catálogo taxativo de conductas que vulneren el referido principio, ni existiendo una categorización sobre la gravedad de las conductas, corresponde a la autoridad razonadamente determinarlas, lo que alega no haber ocurrido en este caso, pues no basta con solo decir o aseverar que una conducta implica una falta grave a la probidad, por lo que no cumple la resolución recurrida con las exigencias previstas en el artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880, desde que la destitución no se condice con la tipificación contenida en el artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, toda vez que para que se configure la causal de destitución se requiere que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa o se verifiquen algunos de los hechos consignados en la norma citada.

Indica que, en su caso, no se ha configurado específicamente ninguna situación que importe vulneración grave de la probidad, considerando su actuar de buena fe, la duración de sus licencias, el tiempo que estuvo fuera del país, y que, entre los años 2023 y 2024, que fueron los fiscalizados, hizo uso de 7 licencias médicas, 3 el 2023 y 5 el 2024, y solo en dos del último año indicado, salió momentáneamente del país, en búsqueda de opciones para la recuperación de mi salud. Refiere que el reproche de la recurrida es sobre una actividad realizada cuando se encontraba con licencia médica, sin que exista prueba de la irregularidad de ella, por tanto, no es posible estimar que supuestamente su licencia era falsa, que la obtuvo con el solo objetivo de viajar, que se haya afectado el funcionamiento municipal y su prestigio, lo que supuestamente configuró una falta grave a la probidad. Arguye que es arbitrario lo resuelto pues no consideró su irreprochable conducta anterior, si bien la reconoce, incluso la existencia de una anotación de mérito, simplemente no la considera, vulnerando el principio de proporcionalidad, que obliga, de acuerdo con lo indicado por el máximo tribunal (Rol 5830-2009, 21.247-2019), a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer. Y que, si bien la conducta puede ser objeto de corrección disciplinaria, no son de la entidad suficiente para aplicar la máxima sanción administrativa, lo que torna el acto en arbitrario y, además, vulneratorio de la igualdad ante la ley, garantizada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución, ello, en relación con otras personas que en situación similar o incluso superior han sido sancionadas con medidas menos gravosas.

Finalmente, hace presente que, conforme lo ha señalado el máximo tribunal en causa ROL 5889-2024, la licencia médica tiene el efecto jurídico de suspender la relación laboral, por lo que, por una parte, durante dicho periodo, no le son aplicables las normas estatutarias ni puede surtir efecto la decisión de su destitución.

Se refiere a los derechos conculcados con el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, indicando la igualdad ante la ley, pues la recurrida al aplicar una sanción como la destitución con infracción al principio de tipicidad, por cuanto se requiriere que la misma sea el castigo de una determinada “acción típica, antijurídica y culpable”, y que a consecuencia de dicho acometimiento ilícito pueda sustentarse la “sanción administrativa” lo que no ocurre en este caso, por falta de fundamentación de la resoluciones y la infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones, que no sólo constituye un acto arbitrario e ilegal al contrariar las disposiciones del Estatuto Administrativo al cual se encontraba adscrita, sino que, además, importa una vulneración del derecho de igualdad ante la ley que la Constitución garantiza a todas las personas. Luego se refiere a la igualdad ante la ley en la aplicación del derecho al debido proceso, pues en el presente caso, los fundamentos de la resolución que disponen la destitución, como del mismo modo la resolución que rechaza la reposición, existe una clara infracción al derecho al debido proceso administrativo, pues no se respetó el principio rector del concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad, por cuanto la ley es la encargada de establecer las conductas ilícitas que serán susceptibles de una sanción administrativa, con un grado de prescripción normativa suficiente que permita al particular conocer con la debida antelación las circunstancias concretas que la configurarán. Alega que, en el caso de marras, no se razonó debidamente la calificación de gravedad de la falta ni se consideraron atenuantes por lo cual la sanción no es proporcional, y no cumple con las garantías de ser un proceso racional y justo.

Por último, refiere encontrarse vulnerado su derecho al respeto y protección de su vida privada, desde que se accedió sin su consentimiento a información que tiene el carácter de reservada, haciéndose uso indebido por parte de la Administración de información que estaba en sus antecedentes para fines distintos, ya sea, control migratorio o justificación de sus ausencias laborales.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°2225 del 14 de octubre del año en curso, ordenando su reincorporación a la dotación municipal, por no haberse configurado una falta grave a la probidad, siendo la medida aplicada desproporcionada, pagando las remuneraciones del periodo en que estuvo separada de la recurrida. En subsidio, y siempre en el escenario de su reincorporación, se ordene o aplique, una medida disciplinaria acorde con los hechos. Y para el caso de rechazar el recurso se determine que su destitución no puede surtir efectos sino hasta 60 días después de la elección presidencial, ordenándose, su reintegro, y pago de remuneraciones, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Decreto alcaldicio N°2225 del 14 de octubre del año en curso; 2. Decreto alcaldicio N°2498 del 21 de agosto del año en curso; 3. Registro de licencias de los años 2023 y 2024; 4. Certificado emitido por la Directiva de la ASFUM; 5. Certificado emitido por la directora de Aseo y Ornato municipal; y 6. Registro licencias médicas, web “milicenciamedica.cl”

SEGUNDO: Que, a folio 8, comparece la abogada Carla Abarca Rojas, en representación de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que, de acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9, la Contraloría General de la República detectó que entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional incumplieron el periodo de reposo indicado en su licencia médica por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él, lo cual se tradujo en instrucciones concretas para la Municipalidad de Coquimbo mediante el Oficio Confidencial N°E82804/2025, donde se individualizaba a los funcionarios municipales implicados, entre los que figuraba la ex funcionaria municipal nombre reservado, e instruyó perentoriamente a la autoridad edilicia: "instruya de inmediato los procedimientos administrativos de rigor, destinados a determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas".

Alega la improcedencia del recurso, por no ser la vía idónea para impugnar lo resuelto por la entidad alcaldicia por medio de un sumario administrativo regulado en la Ley N°18.883, pues las normas que rigen estos procedimientos disciplinarios incorporan todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar la adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros, las autoridades competentes, los plazos para las actuaciones, las formalidades de las notificaciones, la formulación de cargos y su debida notificación, la amplia admisibilidad de los medios probatorios, la práctica de diligencias solicitadas y la manera de interponer los recursos que procedan en contra de las sanciones que se apliquen, lo que escapa de la naturaleza cautelar de la acción de protección; y además, señala que, resulta improcedente la acción pues la recurrente no busca procurar la defensa de derechos constitucionales sino más bien, busca controvertir el mérito de las actuaciones y decisiones adoptadas en el procedimiento disciplinario, frente a una supuesta falta de responsabilidad administrativa derivados de los hechos que fueron objetos del proceso disciplinario.

En cuanto al sumario administrativo, señala que el Alcalde de Coquimbo mediante decreto exento 1386, de 23 de mayo de 2025, instruyó el inicio de un sumario administrativo a fin de determinar la efectividad y existencia de funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo que hagan mal uso de licencias médicas, que hayan incumplido el reposo que les ha sido indicado a través de licencias médicas o han incurrido en otras conductas que hagan procedente el rechazo o invalidación de aquellas, por parte de los organismos competentes, así como establecer la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que pudieran resultar responsables. Indica que, atendido el volumen de información y funcionarios implicados, las investigaciones se fueron desagregando, por lo que mediante decreto alcaldicio N°669, de 29 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo respecto de doña nombre reservado, la que fue funcionaría a contrata, asimilado a grado 11°, del escalafón administrativo.

Expone que el 15 de julio de 2025, el fiscal instructor estimó procedente formular dos cargos a la Sra. nombre reservado, los que fueron notificados en la misma fecha. Luego, el 31 de julio de 2025, la inculpada evacúa sus descargos, incorporando prueba documental, y que, mediante decreto exento 2498, de 21 de agosto de 2025, se estimó procedente por el Alcalde de Coquimbo aprobar la vista fiscal, remitir los antecedentes a la COMPIN, a fin de que evalúe la pertinencia de la invalidación de las licencias, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 51, de la D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud; remitir los antecedentes al Ministerio Público, atendido que las circunstancia que rodean especialmente la obtención de una de las licencias médicas, pueden revestir caracteres de delito, en particular el sancionado en el artículo 202 inciso segundo, en relación al artículo 193 N°4, ambos del Código Penal, sin perjuicio de otra calificación que pudiere realizar el ente persecutor. Así se resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución a doña nombre reservado, funcionaría a contrata, asimilada a grado 11°, escalafón administrativo, de la Municipalidad de Coquimbo, contenida en los artículos 120 y 123 de la Ley N°18.883, por cuanto sus conductas, subsumidas en los cargos imputados, infringieron las obligaciones funcionarías contenidas en el artículo 58 de la ley 18.883, en específico las letras g) e i), en concordancia con el artículo 62 de la ley 18.575, numeral 8, configurando sus conductas graves infracciones al principio de probidad administrativa. Indica que, en contra del referido decreto, la funcionaría dedujo recurso de reposición, el cual fuera rechazado en todas sus partes mediante decreto alcaldicio 2225, de 14 de octubre de 2025, ratificando la medida expulsiva. Resolución que fuera notificada personalmente a la ex funcionaría el 16 de octubre de 2025.

Luego señala, que la recurrente incurre en un error conceptual al intentar equiparar el control sanitario y previsional de las licencias médicas con el ámbito de la responsabilidad disciplinaria, siendo que ambos responden a finalidades distintas y son ejercidos por autoridades diferentes. Indica que no se ha cuestionado la validez formal de la licencia médica cursada, sino que la finalidad con que fue utilizada, ajena a los fines para los cuales le fuera concedido dicho beneficio tendiente al restablecimiento de su salud, aspecto que tiene que ver directamente con el incumplimiento de sus obligaciones como funcionario público y no con los aspectos reglamentarios del uso de tal reposo.

Destaca que la instrucción de los sumarios se hizo a requerimiento expreso del ente controlador por lo que cobran relevancia los artículos 9 y 6 de la Ley N°10.336, la primera faculta a la Contraloría a solicitar datos e informaciones de otros servicios, cuya negativa puede ser sancionada, y a su turno la segunda norma, establece que las decisiones y dictámenes del organismo de control, en las materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, lo que encuentra su fundamento asimismo en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política, 2° de la Ley N°18.575, y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la citada Ley N°10.336.

Indica que, en el proceso disciplinario, se probó un patrón de conducta consistente en el incumplimiento deliberado del reposo médico mediante viajes al extranjero, lo cual quedó acreditado a través de múltiples episodios a lo largo del período investigado constatándose a través de registros migratorios y la propia declaración de la inculpada que salió del país en dos ocasiones a los países de Argentina y Perú. Por lo anterior se formularon dos cargos en contra de la recurrente, uno por cada salida del país, indicando que aquellas salidas dan cuenta de una conducta destinada a incumplir el reposo médico prescrito, y además de ausentarse del trabajo sin hacer uso del feriado legal o permiso administrativo correspondiente, utilizando por el contrario una herramienta destinada a la recuperación de la salud afectada, dando cuenta los antecedentes señalados, que fue utilizada para realizar un viaje al extranjero, y que las referidas conductas constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa, y a sus obligaciones funcionarias contenidas en el artículo 58, de la ley N°18.883, letra g), en relación a los artículos N°13, N°52 inciso segundo, el artículo 62, todos de la ley N°18.575, y el artículo 8 de la Constitución Política de la República.

Refiere que se argumenta que el decreto alcaldicio de destitución carece de eficacia, apoyándose en que el artículo 51 de la Ley N°19.880 establece la ejecutoriedad inmediata de los actos administrativos, pero a la vez exige el cumplimiento de requisitos específicos, indicando que el artículo 53 de la Ley N°18.695 ordena el registro de ciertas resoluciones en la Contraloría, lo cual sería un requisito de eficacia no cumplido en este caso. Además, alega que la aplicación de la sanción durante su reposo médico violaría lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336, los cuales restringen las destituciones en periodos electorales, y que su caso se enmarcaba en una ambigüedad normativa sobre licencias médicas. Respecto a estas alegaciones la recurrida señala que el artículo 51 de la Ley N°19.880 confiere eficacia al acto desde su notificación, sin subordinar este efecto al trámite de registro, el cual es una mera formalidad según el artículo 1 de la Resolución N°36 de 2025 de la Contraloría. Añade que el oficio N°E89569 de 2025 y dictámenes como el N°22.977 de 2012 y N°92.978 de 2016, precisan que una licencia médica no impide la notificación ni el procedimiento disciplinario.

En cuanto a la segunda alegación, imposibilidad de dictar una expulsión en periodo de elecciones, refiere que de acuerdo a lo señalado en el Oficio N°E64479, de 2025, que imparte instrucciones con motivo de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, se señala que, a contar del 17 de octubre de 2025, no pueden imponerse ni aplicarse medidas expulsivas, y en los antecedentes del procedimiento disciplinario se advierte que la sanción fue notificada a la parte interesada el 16 de octubre de 2025, teniendo eficacia a partir de esa fecha.

Finalmente, desestima la ambigüedad normativa alegada citando el Dictamen N°17.132 de 2018 de la SUSESO y el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que establecen la prohibición de viajes al extranjero durante una licencia médica sin causa terapéutica justificada.

Por otro lado, sobre el carácter de reservada de la información remitida por la Policía de Investigaciones y la Superintendencia de Seguridad Social, el cual indica haber sido un argumento de la reposición administrativa de la recurrente, que fue rechazado fundado en aquella información no era reservada, porque la Contraloría, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de fiscalización según lo dispuesto por el artículo 98 de la Constitución Política de la República y el artículo 9° de la Ley N°10.336, posee la atribución expresa de solicitar a cualquier órgano de la Administración todos los informes y antecedentes necesarios para sus investigaciones, y que esta potestad se impone incluso sobre normas de secreto o reserva, según el mismo artículo 9°, y se enmarca en una excepción legal prevista en el artículo 20 de la Ley N°19.628, que permite a los organismos públicos tratar datos personales sin consentimiento del titular cuando actúan dentro de su competencia, además la Ley N°21.719, que podría otorgar un mayor carácter privado a estos datos, aún no entra en vigencia al momento de los hechos. Por lo tanto, concluye que la Contraloría actuó dentro de sus atribuciones legales al requerir dicha información.

Afirma que la Municipalidad sí tenía competencia para sancionar administrativamente el supuesto mal uso de las licencias médicas, pues si bien la facultad de autorizar, rechazar o invalidar una licencia médica es privativa de la COMPIN o ISAPRE según el D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, el inciso final de su artículo 51 reconoce expresamente al empleador el derecho a adoptar "las medidas administrativas o laborales que estimen procedente" al verificar irregularidades. Indica que esta potestad se ejerce en forma independiente y complementaria, ya que la responsabilidad disciplinaria del funcionario por incumplir sus deberes es distinta de la invalidación del beneficio previsional, así lo confirma el Dictamen N°6.070 de 2012 de la Contraloría, que distingue entre la competencia de los organismos de salud y la atribución de la Administración para sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos.

Indica que la alegación de la actora de un error en cuanto no tenía conciencia de que una licencia médica impedía salir del país, no configura un error que exima su responsabilidad, así refiere que la jurisprudencia de la SUSESO, específicamente el Dictamen N°17.132 de 2018, estableció de manera pública, uniforme y previa a los hechos que los viajes al extranjero durante una licencia médica solo están permitidos si obedecen a un tratamiento médico prescrito, criterio que no se cumplió en su caso, por lo que indica que no existía un vacío ni tolerancia institucional, sino una norma clara y vigente. Y que, la conducta no se justifica por su supuesta generalización entre otros funcionarios, ya que la legalidad no se relativiza por el número de infractores, especialmente tratándose de un deber esencial de un funcionario público.

Comenta que la recurrente sostiene que su destitución es arbitraria porque no existe un catálogo taxativo de conductas que vulneren el principio de probidad, y que sus actos, viajes durante licencia médica, no encuadran en las causales graves del artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, además argumenta, que la probidad solo se infringe en el ejercicio activo de funciones públicas, no durante un reposo médico. Sobre lo anterior la recurrida expone que en el Decreto Alcaldicio N°2225, se determinó que su conducta constituye una transgresión objetiva y grave a este principio, basándose en hechos probados que revelan un apartamiento consciente y reiterado de sus deberes, incluyendo versiones contradictorias que minaron su credibilidad. Y aquel argumento de que la probidad solo rige en el ejercicio activo de funciones, no es tal, pues según la jurisprudencia administrativa, como el Dictamen N°77.441 de 2013 de la Contraloría, el principio de probidad exige a los funcionarios mantener una vida privada acorde con la dignidad del cargo, especialmente cuando sus actos ilegales socavan el prestigio de la institución, y la licencia médica no suspende esta obligación, ya que el vínculo funcionario y la fe pública que representa permanecen vigentes, por lo tanto, el uso fraudulento de una licencia para viajes personales al extranjero, al constituir una transgresión a la legalidad, afecta gravemente la probidad administrativa y justifica la sanción de destitución.

En cuanto a la falta de proporcionalidad de la sanción que alega la actora, invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema que exige congruencia entre la infracción y el castigo, señala que la autoridad municipal fundamenta la proporcionalidad en la gravedad del bien jurídico vulnerado, el principio de probidad administrativa, pilar de la confianza pública. Indica que la conducta, lejos de ser un error simple, consistió en actos presumiblemente deliberados para obtener un beneficio personal durante licencias médicas, lo que representa la antítesis de la probidad. La jurisprudencia administrativa vinculante de la Contraloría en sus Dictámenes N°53.223 de 2012 y 13.576 de 2013, establecen que, ante infracciones graves a este principio, la autoridad tiene el imperativo legal de aplicar la máxima sanción, destitución, sin margen para aplicar una medida menor o ponderar circunstancias atenuantes. Y en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad, como su conducta anterior irreprochable, el decreto alcaldicio reconoce que no registra medidas disciplinarias previas, no obstante, destaca como circunstancia agravante la reiteración de la conducta, viajes al extranjero en dos ocasiones distintas durante licencias vigentes, lo que descarta un mero descuido y evidencia un patrón deliberado. Además, señala que siguiendo instrucciones de la Contraloría Oficio N°E89569/2025 y dictámenes ya citados, se reitera que cuando la ley asigna una sanción específica para infracciones graves a la probidad, la autoridad disciplinaria está obligada a aplicarla, sin poder considerar atenuantes, por tanto, la destitución no es solo punitiva, sino necesaria para resguardar la fe pública y la integridad de la institución.

Menciona que la alegación de ausencia de mala fe no es tal, pues los antecedentes objetivos, como los informes de personal, demuestran que la recurrente no tenía días de feriado o permiso disponibles al momento de sus viajes internacionales durante las licencias médicas, siendo su cronología reveladora, pues obtuvo una licencia e inició un viaje a Perú apenas 48 horas después, una travesía logísticamente incompatible con la espontaneidad y el reposo médico, y que, su silencio estratégico en el recurso de reposición sobre este viaje, el hecho más grave, permite presumir la premeditación, y que la licencia fue utilizada como un subterfugio para un fin personal, configurando así una falta a la probidad. Añade que es errónea la premisa de que la licencia médica suspende el vínculo funcionario y sus deberes. Añade que, la jurisprudencia laboral invocada (Rol 5889-2024) es inaplicable, ya que la recurrente se rige por un estatuto de derecho público Ley N°18.883. El principio de probidad administrativa, consagrado en la Constitución y la Ley N°18.575, es permanente e indivisible mientras se mantenga el nombramiento. Señala que, la jurisprudencia de la Contraloría ha sido enfática en que este deber se extiende a la vida privada cuando afecta el prestigio del servicio.

Concluye indicando que los razonamientos expresados en el decreto exento N°2498, de 21 de agosto de 2025, como el decreto alcaldicio N°2225, de 14 de octubre de 2025, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°19.880 que establece las Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los Órganos de la Administración del Estado, especialmente su artículo 11°.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: Expediente Sumarial iniciado por Decreto Alcaldicio N°9669, Decreto Exento N°2498, de 21 de agosto de 2025, y decreto alcaldicio N°2225, de 14 de octubre de 2025. Y Ordinario N°7517, de 22 de octubre de 2025, del Director Jurídico, nombre reservado a Fiscalía Local de Coquimbo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: La recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio N°2225, de la Municipalidad de Coquimbo, de 14 de octubre de 2025, suscrito por su alcalde Alí Manouchehri, a través del cual, se rechaza su recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto de Alcaldía N°2298, de 21 de agosto de 2025, que aplica la medida disciplinaria de destitución, por haber vulnerado el principio de probidad administrativa. Sostiene la recurrente que dicho acto no se encuentra debidamente fundado y resulta desproporcionado, al no ponderar circunstancias atenuantes y la hoja de vida funcionaria.

SEXTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y, en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

En cuanto a la alegación que el acto no ha surtido efecto, habiéndose notificado la resolución que rechaza su reposición fuera del plazo establecido por el ente controlador en su oficio N°E64479, de 2025, por lo será desestimada aquella alegación.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso de la inculpada al examen del expediente, con presentación por parte de la recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, con revisión jerárquica posterior mediante recurso de reposición, cumpliéndose, así, las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N 18.883.

SÉPTIMO: Que, en ese mismo orden de ideas no cabe a esta judicatura, por la vía de la presente acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, máxime si el mismo ordenamiento jurídico contempla otras vías de impugnación, como el recurso de reclamación ante la propia Contraloría General de la República, de conformidad a lo previsto en la Ley N°10.336.

Por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que los hechos ilícitos administrativos imputados a la recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de licencias médicas, específicamente a Perú y Argentina, en más de una oportunidad y sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentran acreditados y fueron ponderados por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

OCTAVO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados, es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

Acordada con la prevención del Ministro Sr. nombre reservado quien concurre al rechazo, sólo en cuanto, la presente acción de protección no sería la vía idónea desde que se ventilan materias sobre derechos no indubitados, y se discute el mérito de resoluciones dictadas en un procedimiento sancionatorio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1953-2025 (Protección).