Protección contra Dirección General de Movilización Nacional

nombre reservado

Dirección General Movilización Nacional Recurso de Protección Rol N° 1951-2017.- La Serena, trece de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Recurre de protección doña Ana Rosa Zepeda Zepeda en representación de don nombre reservado, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, representada por su Director General, General de Brigada don Carlos Ricotti Velásquez, por haber emitido en forma arbitraria e ilegal la Resolución Exenta Nº 003358 de 09 de agosto de 2017, la que resolvió cancelar el permiso de transporte de armas de caza, la inscripción como deportista y la inscripción vigente de la escopeta marca FAUSTI STEFANO, dos cañones calibre 12, serie Nº B 40325, la cual figura en los registros de la recurrida, con la novedad “robada”; de la escopeta marca WINCHESTER, dos cañones calibre 12, serie Nº PK-537192E; del rifle marca MAGTECH, dos cañones, calibre 22, serie Nº edd149060; de la escopeta marca BERETTA 682 GOLD E, dos cañones calibre 12, serie RO 1736 S; y, de la pistola marca Smith and Wesson, calibre 40, serie Nº HBL0934, todas con domicilio en domicilio reservado (SIC), por no cumplir el recurrente con lo dispuesto en los artículos 83, 85 inciso final, 148 y 150 del Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, sobre “Control de Armas”, ordenándose que entregara las armas de forma voluntaria para su destrucción o se reemplazaran las inscripciones por nuevas a nombre de la persona que designare el recurrente, quien deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos contemplados en el artículo 5º de la citada ley.

Sostiene que el acto señalado precedentemente afecta el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que los hechos que motivaron la resolución que reclama por esta vía, consisten en que el día 10 de mayo de 2016 dejó olvidada su escopeta de caza marca Beretta 682 Gold E, calibre 12, de dos cañones, serie Nº RO17365, en la camioneta que era conducida por nombre reservado, de propiedad de nombre reservado. Dichas personas, junto a nombre reservado son fiscalizados el mismo día y detenidos por posesión y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, incautándose la escopeta marca Beretta, y dándose inicio a la causa bajo el RIT 1251-2016, en el Juzgado de Garantía de Ovalle, por esos hechos y posteriormente continuando bajo el RIT 216-2017 del Tribunal de Juicio Oral de Ovalle, resultando en definitiva absueltos los tres imputados referidos por los cargos formulados, ordenándose la devolución de las especies incautadas a su propietario.

Sostiene que en paralelo, al día siguiente a la detención antes referida, él es objeto de una fiscalización de la Autoridad Fiscalizadora 018 de Ovalle, denunciándose por los fiscalizadores al Ministerio Público, que no mantenía en su poder la escopeta marca Beretta 682 Gold E calibre 12, 02 cañones, serie N° RO17365 de uso de caza, infringiendo los artículos 85, 149 y 150 del Reglamento Complementario de la Ley N° 17.798, haciendo presente que el recurrente no tenía permiso de transporte vigente por lo que debía mantener el arma de fuego en el domicilio declarado, según consta en el reporte de la recurrida. Sostiene que por dicha denuncia se inició la causa RUC 16004600141-k en la Fiscalía de Ovalle no siendo citado a declarar hasta el momento de la interposición del recurso.

En razón de lo expresado precedentemente, se suspendió por la Autoridad Fiscalizadora N° 018 de Ovalle, mediante resolución N° 9000/06 de 20 de octubre de 2016, las inscripciones registradas en la base de datos de la Dirección General de Movilización Nacional a nombre del recurrente, consignándose en dicha resolución que se tomó conocimiento de la detención de tres individuos, quienes fueron sorprendidos por vecinos amenazando a otros y efectuando disparos en la vía pública con la escopeta marca Beretta, inscrita a nombre de nombre reservado. Estableciéndose en su parte resolutiva que el recurrente no contaba con la idoneidad suficiente para la tenencia o posesión de armas de fuego.

Posterior a aquello, el recurrente presentó un escrito con fecha 04 de noviembre de 2016, interponiendo un recurso de reposición y en subsidio jerárquico, a lo que se resolvió suspender sólo la inscripción de la escopeta marca Beretta 682 Gold E, calibre 12, 2 cañones, serie N° RO 1765, ID N° 823184, por el periodo que demore la tramitación de la cancelación definitiva, por existir antecedentes fundados que acreditan un cuidado negligente inexcusable en la tenencia de la señalada arma de fuego suspendida. Se dispuso que se elevaran los antecedentes para el conocimiento del recurso jerárquico intentado en subsidio a la Dirección General de Movilización, con el fin de requerir la cancelación definitiva de la referida escopeta.

Indica que con fecha 09 de agosto 2017 mediante resolución Exenta N° 003358 de la recurrida, notificada con fecha 28 de septiembre de 2017, se resolvió cancelar el permiso de transporte de armas de caza, la inscripción como deportista y la inscripción vigente de la escopeta marca Fausti Stefano, la que figura en los registros como robada, de la escopeta Winchester, del rifle marca Magtech, de la escopeta marca Baretta y de la pistola Smith and Wesson, fundándose la resolución en no cumplir con lo dispuesto en los artículos 83, 85 inciso final, 148 y 150 del Reglamento Complementario de la Ley 17.798, agregando que el mismo día de la notificación hizo entrega voluntaria de las armas, según consta en Acta de Entrega Provisoria de Armas de Fuego.

Refiere que el recurrente a la fecha de los hechos, era socio del “Club deportivo de pesca, caza y tiro al vuelo Limarí”; y, que cuenta con la autorización de la recurrida para el transporte de armas de fuego y las armas autorizadas son dos, rigiendo dicha autorización hasta el 12 de febrero de 2017 y siendo su permiso el número 4889798, otorgado por la Autoridad Fiscalizadora de Ovalle. Expone que a la fecha de fiscalización por parte de personal de la A.F. N° 018 de Ovalle, el arma había sido incautada, actuando de mala fe el personal de la Autoridad Fiscalizadora ya que al presentar la denuncia, señala que el recurrente no tenía permiso de transporte vigente, por lo que debía mantener el arma en el domicilio declarado, lo que es falso. Agrega que cuenta con permiso de caza menor, otorgado por el Ministerio de Agricultura /Servicio Agrícola Ganadero, válido hasta el 31 de diciembre de 2016.

Indica que la resolución es arbitraria e ilegal y que afecta la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Expone que es arbitraria por cuanto la sanción impuesta es desproporcionada, lo que se evidencia en que se solicitó por la Autoridad Fiscalizadora la cancelación definitiva de la escopeta marca Beretta y al concluir el proceso por la Dirección General de Movilización, el que además excedió los plazos, se resuelve cancelar además de la inscripción de la escopeta, su calidad de deportista, el permiso de transporte de armas y las inscripciones vigentes de las demás armas de fuego. En cuanto a la ilegalidad expone que se configura cuando la Dirección General de Movilización, conociendo de un recurso jerárquico interpuesto respecto de la resolución de la Autoridad Fiscalizadora, emite la resolución recurrida contrariando los dictámenes de la Contraloría General, que ha resuelto que entre esos organismos no existe control jerárquico. En cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, expone que los derechos de los deportistas de caza menor o de tiro al vuelo, en cuanto cumplan los requisitos legales, se les otorga por la autoridad competente los permisos respectivos de caza menor y transporte de armas, incorporándose tales derechos a su patrimonio, constituyendo un derecho incorporal protegido por el derecho de propiedad. Por tanto, indica, la cancelación del permiso de transporte, de la inscripción como deportista y de la inscripción de sus armas de caza, es una vulneración a su derecho de propiedad, pudiendo incluso verse afectadas especies muebles.

Finalmente solicita que se deje sin efecto la citada resolución y/o se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias esta Corte para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, con costas.

Acompaña copias de los permisos para transporte, caza, diploma de participación en campeonato, copia de denuncia de 12 de mayo de 2016, copias de las resoluciones que cita en su recurso, copia de acta de deliberación de la causa RIT 216-2016, copia del acta de entrega de las armas y copia del Dictamen N° 84938 de la Contraloría General de la República.

El Director General de Brigada, don Carlos Ricotti Velásquez, en representación de la recurrida evacúa informe, señalando que con fecha 11 de mayo de 2017 y a raíz de una denuncia previa, personal de la Autoridad Fiscalizadora N° 018 de Ovalle concurrió al domicilio del recurrente con la finalidad de fiscalizar las armas de fuego inscritas por él. Indica que la denuncia previa consistió en que se informó a Carabineros que el 10 de mayo cerca de las 22:00 horas, dos camionetas se detuvieron en un sector de la comuna de Ovalle, y de una de ellas bajo un individuo con una escopeta, se produce una discusión y se escuchan disparos y ambos vehículos huyen del lugar. En atención a la denuncia, se fiscalizó a la camioneta descrita y se percatan que el conductor portaba un arma de fuego, no exhibiendo las correspondientes autorizaciones, luego se comprobó que correspondía a una escopeta marca Beretta, inscrita a nombre del recurrente. Agrega que ahora al concurrir al domicilio del recurrente para los efectos de fiscalizarlo, se constató que faltaban dos de las cinco armas autorizadas, dos habían sido denunciadas como robadas por el recurrente, en los años 2010 y 2012, siendo esta última recuperada en procedimiento policial y comprobando, además, que la escopeta Beretta ya individualizada, no se encontraba en el domicilio autorizado para su tenencia, ante lo cual el fiscalizado expresó que el día lunes 09 de mayo habría salido a cazar con unos amigos dejando el arma y las municiones olvidadas en el vehículo de nombre reservado, consecuente con lo anterior se procedió por la Autoridad Fiscalizadora mediante Resolución Exenta Nº 9000/06 de 20 de octubre de 2016, a la suspensión de las inscripciones autorizadas, fundado en la infracción del inciso 3 del artículo 5 de la Ley Nº 17.798 en relación con el artículo 83 del Reglamento complementario, ya que el recurrente no mantuvo el debido cuidado y diligencia necesaria en la tenencia de las armas y municiones autorizadas, lo que permite establecer que no reúne la idoneidad suficiente para la tenencia de armas de fuego. Ese mismo razonamiento respecto de la falta de idoneidad se mantuvo en la Resolución N° 9000/07 de 22 de noviembre de 2017, también de la Autoridad Fiscalizadora, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que suspendió primitivamente sus derechos.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad de la Resolución Exenta Nº 003358 de la Dirección General de Movilización Nacional, indica que el mal uso o el descuido en el empleo de las armas autorizadas, constituye en sí mismo un riesgo para la seguridad, por lo cual, el incumplimiento de las obligaciones legales relativas a la tenencia, transporte o resguardo de las armas y municiones autorizadas, independientemente de si existe un resultado producto de dichas acciones, ponen en riesgo un bien jurídico protegido por la normativa, que es la seguridad, por lo que existe motivación en el acto administrativo recurrido, siendo dicha motivación objetiva y razonable, no existiendo atisbo de arbitrariedad.

Sostiene que en el ejercicio de sus obligaciones en cuanto a la supervigilancia y control en materia de control de armas, ha mantenido un criterio coherente, constante y uniforme respecto a la importancia de la tenencia responsable de armas de fuego y el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos tanto para la inscripción como para mantener la tenencia de armas, por lo cual en los casos en que se ha acreditado el mal uso, abandono, desviación, facilitación a terceros o incumplimiento grave de las obligaciones establecidas para la tenencia de armas, se ha estimado que son suficientes para considerar la pérdida de idoneidad del usuario, tal y como ocurrió en este caso, en el que además el arma fue abandonada con municiones en poder de terceros respecto de los cuales no se sabe si tienen la aptitud física y síquica para estos fines, agregando que en el caso de las armas de caza, nunca deben transportarse cargadas, por razones de seguridad.

Refiere que lo fallado en el proceso penal nada tiene que ver con el ámbito administrativo, ya que en dicho juicio se determinó por el Tribunal que había duda razonable respecto de quién habría efectuado el disparo con el arma en cuestión, por lo que se resolvió absolver a los tres imputados, no advirtiéndose en qué medida lo obrado en el proceso penal permitiría establecer que su decisión es arbitraria, ya que, además, se encuentra establecido que el arma se encontraba fuera del lugar autorizado para su tenencia, lo que constituye una infracción a las obligaciones del tenedor, unido a que fue dejada al interior de un vehículo en la vía pública, hecho que no se condice con ninguna de las medidas de seguridad exigidas para mantener un arma de fuego y además fue pesquisada en virtud de una denuncia de un tercero que observó disparos en la vía pública, no existiendo por parte del recurrente ninguna denuncia respecto del extravío del arma.

Indica, en cuanto a la ilegalidad descrita en base a que no se podía conocer del recurso jerárquico interpuesto contra la resolución dictada por la Autoridad Fiscalizadora, que la resolución recurrida es la Resolución Exenta N° 003358 de 09 de agosto de 2017 dictada por la Dirección General de Movilización, en uso de las atribuciones y potestades establecidas por el legislador, en cuanto denegar, suspender, condicionar y cancelar las autorizaciones y permisos otorgados en conformidad a la ley N° 17.1798 y su reglamento complementario. Así, expresa que en dicha resolución, no se resolvió el recurso jerárquico, sino que fue dictada en uso de las atribuciones legales a las que se hace referencia, ejerciendo una facultad que le es propia, agregando que el recurso jerárquico, fue remitido a la Autoridad Fiscalizadora Regional para su conocimiento.

Añade que el artículo 1° de la Ley Nº 17.798 dispone que el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Movilización, está a cargo de la supervigilancia y control de las armas, expresando en su inciso segundo que actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras, estableciéndose en su artículo 5 A, la facultad de dicho organismo para cancelar las autorizaciones otorgadas ante el incumplimiento sobreviniente de las obligaciones y requisitos establecidos en la ley, lo que demuestra que se actuó dentro del principio de juridicidad y previa constatación del incumplimiento.

Hace presente que el recurrente confunde las atribuciones de la Dirección General de Movilización, con aquellas que corresponden a la Autoridad Fiscalizadora y expone por último que la resolución Nº 003358 no fue objeto de recursos administrativos, no agotándose dicha vía en forma previa al recurso de protección que intenta.

Con fecha 13 de noviembre se trajeron los autos en relación.

Con fecha 15 de noviembre la recurrente acompaña reporte de armas de 11 de mayo de 2016 y oficio 395 de la Fiscalía Local de Ovalle.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye desde el punto de vista procesal, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos fundamentales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o, arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, quebrantando a uno o más de los derechos protegidos.

El carácter sucinto de la acción en examen, así como el hecho de dejar subsistentes las vías legales respectivas para discutir contenciosamente el asunto, impone- para su éxito- por una parte la existencia de un derecho indubitado; y, por la otra, que la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio del derecho, como ya se dijo, provenga de actos manifiestamente arbitrarios o ilegales que puedan establecerse sumariamente en el procedimiento regulado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

TERCERO: Que el acto que el recurrente ha estimado como ilegal o arbitrario, lo hace consistir en el hecho que con fecha 9 de agosto de 2017, la Dirección General de Movilización Nacional, representada por su Director General, General de Brigada don Carlos Ricotti Velásquez, emitió la Resolución Exenta Nº 003358, por medio de la cual se resolvió cancelar el permiso de transporte de armas de caza, la inscripción como deportista y la inscripción vigente de la escopeta marca FAUSTI STEFANO, dos cañones calibre 12, serie Nº B 40325; de la escopeta marca WINCHESTER, dos cañones calibre 12, serie Nº PK-537192E; del rifle marca MAGTECH, dos cañones, calibre 22, serie Nº edd149060; de la escopeta marca BERETTA 682 GOLD E, dos cañones calibre 12, serie RO 1736 S; y, de la pistola marca Smith and Wesson, calibre 40, serie Nº HBL0934, todas situadas en el domicilio de domicilio reservado, por no cumplir el recurrente con lo dispuesto en los artículos 83, 85 inciso final, 148 y 150 del Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, sobre “Control de armas”, ordenándose que entregara las armas de forma voluntaria para su destrucción o se reemplazaran las inscripciones por nuevas a nombre de la persona que designe, quien deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos contemplados en el artículo 5º de la citada ley.

Indica que la resolución es arbitraria e ilegal y que afecta la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Expone que es arbitraria por cuanto la sanción impuesta es desproporcionada, lo que se evidencia en que se solicitó por la Autoridad Fiscalizadora la cancelación definitiva de la escopeta marca Beretta y al concluir el proceso por la Dirección General de Movilización, el que además excedió los plazos, se resuelve cancelar además de la inscripción de la escopeta, su calidad de deportista, el permiso de transporte de armas y las inscripciones vigentes de las demás armas de fuego. En cuanto a la ilegalidad expone que se configura cuando la Dirección General de Movilización, conociendo de un recurso jerárquico interpuesto respecto de la resolución de la Autoridad Fiscalizadora, emite la resolución recurrida contrariando los dictámenes de la Contraloría General, que ha resuelto que entre esos organismos no existe control jerárquico.

En cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, expone que los derechos de los deportistas de caza menor o de tiro al vuelo, en cuanto cumplan los requisitos legales, se les otorga por la autoridad competente los permisos respectivos de caza menor y transporte de armas, incorporándose tales derechos a su patrimonio, constituyendo un derecho incorporal protegido por el derecho de propiedad. Por tanto, indica, la cancelación del permiso de transporte, de la inscripción como deportista y de la inscripción de sus armas de caza, es una vulneración a su derecho de propiedad, pudiendo incluso verse afectadas especies muebles.

CUARTO: Que, evacuando el informe, el representante de la recurrida, en cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad, que le atribuye el recurrente a la Resolución Exenta Nº 003358,señala que el mal uso o el descuido en el empleo de las armas autorizadas, constituye en sí mismo un riesgo para la seguridad, por lo cual, el incumplimiento de las obligaciones legales relativas a la tenencia, transporte o resguardo de las armas y municiones autorizadas, independientemente de si existe un resultado producto de dichas acciones, ponen en riesgo un bien jurídico protegido por la normativa, que es la seguridad, por lo que existe motivación en el acto administrativo recurrido, siendo dicha motivación objetiva y razonable, no existiendo atisbo de arbitrariedad.

Sostiene que en el ejercicio de sus obligaciones en cuanto a la supervigilancia y control en materia de control de armas, se ha mantenido un criterio coherente, constante y uniforme respecto a la importancia de la tenencia responsable de armas de fuego y el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos tanto para la inscripción como para mantener la tenencia de armas, por lo cual en los casos en que se ha acreditado el mal uso, abandono, desviación, facilitación a terceros o incumplimiento grave de las obligaciones establecidas para la tenencia de armas, se ha estimado que son suficientes para considerar la pérdida de idoneidad del usuario, tal y como ocurrió en este caso, en que el arma fue abandonada con municiones en poder de terceros respecto de los cuales no se sabe si tienen la aptitud física y síquica para estos fines.

En cuanto a la ilegalidad descrita por el recurrente en base a que no se podía conocer del recurso jerárquico interpuesto contra la resolución dictada por la Autoridad Fiscalizadora, refiere que la resolución recurrida es la Resolución Exenta N° 003358 de 09 de agosto de 2017 dictada por la Dirección General de Movilización, en uso de las atribuciones y potestades establecidas por el legislador, en cuanto denegar, suspender, condicionar y cancelar las autorizaciones y permisos otorgados en conformidad a la Ley N° 17.1798 y su reglamento complementario. Y, que en ella no se resolvió el recurso jerárquico a que se refiere el recurrente, el cual fue remitido a la Autoridad Fiscalizadora Regional para su conocimiento.

QUINTO: Que en relación a las alegaciones efectuadas por los intervinientes, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°17.798 Sobre Control de Armas, dispone que la Dirección General de Movilización Nacional, estará a cargo de la supervigilancia y control de las armas y, demás sustancias y elementos de que trata dicho texto normativo, quien actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan, en los términos previstos en la ley citada y en su reglamento.

Por su parte en el artículo 5° del mismo texto legal, se establece la obligatoriedad de la inscripción a nombre de su poseedor o tenedor - ante las autoridades controladoras - de toda arma de fuego que no sea de aquellas cuya posesión y tenencia se encuentre prohibida según lo establecido en el artículo 3° del mismo texto legal. En tanto que en el inciso 3° del citado artículo, se dispone que la inscripción sólo autoriza a su poseedor o tenedor, para mantener el arma en el bien raíz declarado, correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se pretende proteger. Todo cambio del lugar autorizado deberá ser comunicado por el poseedor o tenedor de un arma inscrita a la autoridad fiscalizadora correspondiente.

Se agrega en la norma que el cumplimiento de lo anterior sólo podrá ser verificado por las autoridades fiscalizadoras mencionadas en el citado artículo 1° dentro de su respectiva jurisdicción, y por los funcionarios de Carabineros de Chile. Disponiéndose, además, que el poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma, a las autoridades fiscalizadoras, de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 5° en análisis, presumiéndose que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, en caso de negativa de aquél a mostrarla. Y, si ella no es exhibida, se efectuaran las denuncias correspondientes, con el objeto de que se investigue la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 11 o 14 de la misma ley.

En ese mismo artículo, se dispuso que las personas que al momento de inscribir un arma ante la autoridad fiscalizadora, se acrediten como deportistas o cazadores tendrán derecho, en el mismo acto, a obtener un permiso para transportar las armas y municiones autorizadas que utilicen con esas finalidades, que se otorgará por un período de dos años y no autorizará a transportar las armas cargadas en la vía pública.

Estas normas están replicadas en términos muy similares en los Artículo 83, 85, 148 y 150 del Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas contenido en el Decreto Supremo N° 83 del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 22 de febrero de 2007, que son las reglas que en definitiva está sustentada la decisión sancionatoria contenida en la Resolución Exenta N°003358 objeto de la acción en análisis En tanto que el artículo 5° A, que se refiere a los requisitos que debe reunir el tenedor o poseedor de una arma de fuego, para que se le otorguen las autorizaciones pertinentes, en su inciso penúltimo, dispone que si, por circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un arma inscrita pierde las aptitudes consignadas en la letra c) de la misma norma – esto es, el acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir, y que posee una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas - o bien es condenado por crimen o simple delito o es sancionados en procesos relacionados con la ley de violencia familiar, circunstancias, éstas, previstas en las letra d) y f) respectivamente del artículo en análisis, la Dirección General de Movilización Nacional deberá proceder a cancelar la respectiva inscripción, reemplazándola por una nueva a nombre de la persona que el poseedor o tenedor original señale y que cuente con autorización para la posesión o tenencia de armas.

Cabe consignar al respecto, que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por los intervinientes, el recurrente no se encuentra en ningunas de las hipótesis descritas precedentemente, todas las cuales dicen relación con la pérdida de la idoneidad requerida para ser tenedor o portador de armas de fuego, que fue la circunstancia que tuvo en vista la autoridad recurrida para aplicar las sanciones que da cuenta la resolución exenta, tantas veces citadas.

En el artículo 5° B, se establece la sanción de una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, para el poseedor o tenedor de un arma inscrita que la tenga en un lugar distinto de aquel declarado para estos efectos, o que se negase a la exhibición del arma según lo señalado en el citado artículo 5° o que no diese cumplimiento a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 5º A, esto es, el deber de acreditar cada cinco años que cumple con los requisitos de aptitud física o psíquica compatible con el uso de armas. Se dispone, además, que la multa se impondrá por la Dirección General de Movilización Nacional mediante acto administrativo fundado. Se señala que en caso de reincidencia, la multa se elevará al doble y la Dirección General de Movilización Nacional procederá a la cancelación de la inscripción.

Por otro lado, cabe mencionar que el artículo 11 de la Ley en comento, sostiene que los que teniendo el permiso para su posesión o tenencia, portaren o trasladaren armas de fuego de las señaladas en la letra b) del artículo 2º fuera de los lugares autorizados para su posesión o tenencia y sin alguno de los permisos establecidos en los artículos 5º y 6º serán sancionados con una multa administrativa de 7 a 11 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la sanción será la cancelación del permiso. La misma norma establece que cancelado el permiso, el sancionado dispone de cinco días hábiles para hacer entrega de las armas respectivas a la Dirección General de Movilización Nacional, la que procederá a su destrucción; y, que transcurrido dicho plazo sin que se hayan entregados las armas, su posesión, porte o tenencia se considerarán ilegales y serán sancionados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º de la referida ley.

SEXTO: Que en ese orden de cosas, se observa en la Resolución Exenta N° 00358, que sirve de base a la presente acción de protección, que la conducta que se reprocha al recurrente, se hace consistir en que en la fiscalización efectuada en su domicilio, por la autoridad fiscalizadora, el día 11 de mayo de 2017, con el fin de determinar el estado de las cinco armas que registra el Sr. nombre reservado, se pudo constatar que dos de estas le habían sido robadas, que la escopeta marca Baretta, calibre 12, serie N° R01736S ID N° 823184, no se encontraba en el domicilio declarado; y, que no mantenía permiso de transporte de armas vigentes, infringiendo con ello los artículos 83, 85, 148 y 150 del Reglamento Complementario, infracciones que están recogidas en los artículos 5° de la Ley 17.798 No obstante lo anterior, se sanciona al Sr. nombre reservado, con la cancelación del permiso de transporte de armas de caza; de la inscripción como deportista; y, de la inscripción de todas las armas inscritas a su nombre en la Dirección General de Movilización Nacional, con excepción del arma que aparece como robada a su dueño, respecto de la cual se dispuso mantener su situación, produciendo efectos la cancelación en el evento que aparezca o sea recuperada; y respecto de la escopeta Baretta, se dispuso, también mantener su situación hasta que el tribunal respectivo alce la medida de incautación. Disponiéndose, además que el recurrente debía entregar las armas de fuego en forma voluntaria para su destrucción o reemplazar las inscripciones por nuevas a nombre de una persona designada por éste, la cual, de todas maneras, debería cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el citado Artículo 5°A.

Es decir, la autoridad recurrida impuso al Sr. nombre reservado, una sanción que no está contemplada para las conductas que le fueran atribuidas, ya que la misma, según lo señalado en las normas citadas precedentemente (Artículo 5°A), sólo está prevista, para aquella hipótesis en que el portador o tenedor de una arma de fuego inscrita haya perdido, por circunstancia sobreviniente, la idoneidad requerida para ser tenedor de armas de fuego, Ia cual sólo dice relación con las aptitudes físicas a psíquicas que lo habilitaban para ello, o con las circunstancias de no haber sido condenado por crimen o simple delito, o bien sancionado en procesos relacionados con la Ley de Violencia Intrafamiliar, condiciones, que como ya se adelantara no concurren en la especie.

En este caso, según el proceder imputado al recurrente, correspondía sancionarlo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 17.798, y que por tratarse de una primera infracción, al no existir antecedente alguno acerca de una probable situación de reincidencia, sólo era posible condenarlo a una pena de multa, no correspondiendo imponerle las cancelaciones de su permisos y menos, exigir el deber de entregar las armas en forma voluntaria para su destrucción sino se reemplazaban las inscripciones en la forma descrita precedentemente.

SÉPTIMO: Que, así las cosas y conforme a lo reflexionado, aparece que la Dirección General de Movilización, al dictar la Resolución Exenta N° 003358, de fecha 09 de agosto de 2017, si bien no por las circunstancias alegadas por el actor, ha incurrido en una ilegalidad, al aplicar una sanción distinta a la establecida en el Artículo 11 citado precedentemente, imponiéndole una más gravosa, consistente, en definitiva en una eventual destrucción de las armas objeto de la fiscalización, lo que vulnera el derecho fundamental contenido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez, que ello conlleva un detrimento patrimonial para el actor, al hacerlo perder ilegítimamente el dominio sobre bienes de su propiedad, todo lo cual lleva necesariamente a acoger la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, la acción de protección deducida por la abogada doña Ana Rosa Zepeda Zepeda, en representación convencional de nombre reservado, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, quien deberá dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 003358 de fecha 9 de agosto de 2017, debiendo disponer lo pertinente, conforme a los hechos dados por establecidos en los fundamentos de dicha resolución.

Redacción del ministro suplente, señora Jorquera.

Rol N° 1951 -2017.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señora nombre reservado y el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza.

En La Serena, a trece de diciembre de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.