nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1946-2024 La Serena, catorce de enero de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado y Lillo, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado licencias médicas otorgadas a la actora por un total de 330 días a contar del 13 de agosto de 2023, por reposo no justificado. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que desde inicios del año 2022 la actora presenta un diagnóstico por “trastorno depresivo recurrente” y que se encuentra en tratamiento farmacológico para superar su enfermedad. Señala que, además de las licencias por salud mental que ahora reclama, la recurrente igualmente presenta periodos de reposo prolongados por dolencias de orden físico, tales como “Síndrome Manguito rotador derecho”, y que, debido a la negativa de la recurrida a autorizar el pago de licencias, se vio en la necesidad de recurrir de protección ante esta Corte de Apelaciones, la que ordenó el pago del subsidio respectivo en sentencia dictada en causa Rol N°44-2022.

En cuanto a las licencias médicas objeto de la presente acción, refiere que estas fueron rechazadas por Compin, siendo aquella decisión confirmada por SUSESO en su Resolución Exenta N°R-01-UME-158177-2024, de 09 de octubre de 2024, en la que esgrimió que “los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 1236 días de reposo ya autorizados. No es posible establecer consistencia entre el rol terapéutico de la extensión del reposo, la intensidad del cuadro descrito y su abordaje clínico.”. Agrega que la recurrente solicitó la reconsideración de lo resuelto, siendo su petición rechazada mediante Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-177429-2024, de 15 de noviembre de 2024, en que la SUSESO argumenta que “Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, el artículo 59, de la Ley N°19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos. Que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 09/10/2024, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 16/10/2024, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora. Que, en la resolución que se pretende impugnar, se indica expresamente el plazo para interponer Recurso de Reposición, en el último párrafo del Resuelvo. Que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N°19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Que, no se acompañan antecedentes que den cuenta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil. Que, una vez iniciado el plazo de 5 días, este discurre sin interrupciones hasta consumarse, por lo que solo queda declarar el Recurso de Reposición como extemporáneo.”:

Afirma que la recurrida ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a su condición de salud que fueran acompañados, y no ha expresado la razón por la cual aquellos no serían aptos para justificar las licencias médicas que se reclaman. Acusa que el acto administrativo adolece de falta de motivación, infringiendo el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, además de haberse incurrido en otros vicios procedimentales que desarrolla en su escrito. Sostiene, además, que la decisión de rechazar por extemporánea la solicitud de la actora constituye un acto arbitrario en tanto confunde la interposición de un recurso de reposición con la solicitud de reconsideración.

Manifiesta que la recurrida, en definitiva, actúa en forma arbitraria e ilegal al no cumplir con su deber de motivar los actos administrativos cuestionados, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la vida e integridad física de la actora al privarle de ejercer el derecho de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud. Agrega que, además, se vulnera su derecho de propiedad por cuanto se le priva de percibir el respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, ordenar se deje sin efecto la resolución que confirma el rechazo de las licencias reclamadas y, en su lugar, ordenar su pago, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida SUSESO solicitando el rechazo de la acción intentada con costas.

Alega, en primer lugar, la improcedencia de la acción de protección, pues el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio de las anteriores alegaciones, informa en cuanto al fondo, detallando el marco regulatorio del derecho a licencia médica, y señalando respecto a la situación de la actora que su reclamación en contra de lo resuelto por Compin fue rechazada previo estudio de los antecedentes, el que llevó a concluir que su reposo no se encontraba justificado. Detalla que la recurrente interpuso reclamo en contra de lo resuelto por Compin Coquimbo el 15 de octubre de 2024, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N°R-01-UME-158177-2024, de 09 de octubre de 2024, en la cual se indicó que “el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 90037290-6, 91291311-2, 92646339-K, 94488454-8, 95942942-1, 97590832-1, 98752042-6, 99781827-K, 102143578-K, 103519919-1, 104358118-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 1236 días de reposo ya autorizados. No es posible establecer consistencia entre el rol terapéutico de la extensión del reposo, la intensidad del cuadro descrito y su abordaje clínico”. Prosigue indicando que el 28 de octubre de 2024 la actora interpuso recurso de reposición en contra de esta última resolución, arbitrio que fue desestimado a través de Resolución Exenta NR-01-UNAAD-177429-2024 de 15 de noviembre de 2024, por no haberse aportado nuevos antecedentes que ameriten otro estudio y pronunciamiento por parte de los especialistas de la SUSESO, y por advertirse que la reposición se interpuso de forma extemporánea.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado, según lo indicado precedentemente, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes tenidos a la vista.

Niega, finalmente, que la actora tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ambos expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la recurrida.

QUINTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta NR-01-UNAAD-177429-2024 de 15 de noviembre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 90037290-6, 91291311-2, 92646339-K, 94488454-8, 95942942-1, 97590832-1, 98752042-6, 99781827-K, 102143578-K, 103519919-1, y 104358118-6, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar la licencia médica, se consigna que “Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, el artículo 59, de la Ley N°19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos. Que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 09/10/2024, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 16/10/2024, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora. Que, en la resolución que se pretende impugnar, se indica expresamente el plazo para interponer Recurso de Reposición, en el último párrafo del Resuelvo. Que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N°19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Que, no se acompañan antecedentes que den cuenta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil. Que, una vez iniciado el plazo de 5 días, este discurre sin interrupciones hasta consumarse, por lo que solo queda declarar el Recurso de Reposición como extemporáneo.”.

SEXTO: Que, en primer término, cabe desechar aquellos argumentos de índole formal planteados por la SUSESO en su última resolución exenta dictada en el procedimiento administrativo, pues aun cuando se sostenga que la solicitud de reconsideración o de reposición se haya intentado en forma extemporánea, no se ha acreditado la efectiva fecha en que la recurrente habría sido notificado del acto terminal que ésta impugnó en sede administrativa, lo que impide tener por justificada tal conclusión.

Luego, respecto a la falta de aportación por parte del interesado de elementos de juicio que justifiquen un nuevo estudio de los antecedentes, aquella alegación igualmente debe ser desechada pues la exigencia de incorporar informaciones no tenidas en vista previamente para fundar el recurso administrativo dentro del mismo procedimiento no se encuentra contenida en norma legal alguna y resulta menos atendible aun teniendo en consideración que, según se desarrollará en los considerandos siguientes, la recopilación de aquellas informaciones necesarias para evaluar la viabilidad del reposo médico recae en la propia entidad recurrida, por lo que no habiéndose cumplido con aquella carga legal no es procedente que ésta pretenda omitir una nueva ponderación cuando no ha agotado los medios que la ley pone a su disposición para el cumplimiento de las funciones que le son propias.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar éste la viabilidad de su reposo temporal. Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología buscar uno y otro profesional del área de especialidad que corresponda, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, conviene tener presente que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud establece que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de éste. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

NOVENO: Que, en este caso específico, además se advierte del estudio del expediente administrativo que la recurrida vincula el reposo prescrito por las licencias médicas materia de este recurso con aquellas previas originadas en dolencias de orden físico y que fueron, en su momento, rechazadas por la recurrida y autorizadas por sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones en la causa Rol N°44-2022. Pues bien, tratándose de dichas otras licencias médicas, se aprecia que dentro de las razones esgrimidas por SUSESO para desestimar el reposo se encuentra el carácter permanente de las dolencias que aquejan a la actora.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, toda vez que de lo expresado en el acto administrativo y la vinculación que la recurrida realiza con las licencias médicas previas, no es posible encontrar razones coherentes que motiven al órgano administrativo para desestimar el reposo prescrito.

Esta conclusión surge al advertir que lo argüido por la recurrida en la resolución impugnada -y ratificado en su informe- en el sentido de que no sería procedente autorizar la licencias médicas por contar el paciente con un dictamen de invalidez inferior a 50% de menoscabo de su capacidad de trabajo no se ajusta a una interpretación lógica de la normativa aplicable, ni se aviene con los principios inspiradores de la seguridad social, pues se pretende por la recurrida que el paciente continúe trabajando con su capacidad residual al no ser su dolencia de una entidad tal que le imposibilite trabajar de forma permanente -lo que a su vez supone no otorgarle una pensión de invalidez- al tiempo que se le impide hacer uso del reposo derivado de una incapacidad laboral de tipo temporal y percibir el subsidio asociado al mismo.

La anterior constatación necesariamente lleva a calificar la decisión como ilegal y arbitraria, en tanto aquella no cumple con el deber de fundamentación exigible de conformidad a la Ley N°19.880 y deviene antojadiza en la medida que, en último término, descansa en un argumento de tipo circular (a saber, no cabe conceder pensión de invalidez por no encontrarse el actor impedido de seguir trabajando, y no se autoriza el pago de subsidio por reposo transitorio porque presenta una incapacidad permanente), y por tanto carente de lógica.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

Además, como se ha señalado precedentemente, no resulta coherente la forma en que la Administración del Estado responde a las solicitudes del recurrente, pues mientras por una parte deniega el acceso de una pensión de invalidez definitiva causada por una enfermedad determinada, rechaza igualmente el subsidio asociado al reposo temporal relacionado a la misma dolencia, lo que demuestra una actuar contradictorio y que redunda en perjuicio para el ciudadano, el que, en definitiva, no puede acceder a ninguna de las opciones que el sistema de seguridad social contempla para ir en apoyo de los trabajadores aquejados por enfermedad.

DUODÉCIMO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida por la recurrida.

Adicionalmente, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

DÉCIMO TERCERO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, la que ha considerado en la causa Rol N°157.728-2022 -entre otras- que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

DÉCIMO QUINTO: Que, por último, es un dato imposible de soslayar que en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a la recurrida la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede –o no- el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, la recurrida no ha dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable del trabajador al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Es por ello que, al resolver, esta Corte lo hará con sentido de realidad, en tanto se estima necesario decretar la realización de dichas pericias – al haberse discutido la procedencia del reposo- y, en caso de incumplir la orden judicial en el plazo fijado, deberá proceder al pago de las licencias objeto del recurso Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia del recurso.

II.- Que SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social solo en cuanto se dispone que la recurrida SUSESO deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, determinándose desde ya que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, debe proceder la emplazada a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámites, el que deberá verificarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

III.-Que, no se condena en costas a la recurrida por no haber sido íntegramente vencida.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1946-2024 (Protección).-