nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

nombre reservado

Dirección General de Movilización Nacional.

Recurso de protección Rol Nº 1941-2023 La Serena, ocho de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece GUSTAVO ADOLFO TORRES MENDOZA, Abogado y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL, organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, representado por su General de Brigada, director general Patricio Carrillo Abarzúa.

Indica que en la época en que el actor cursaba cuarto medio, concurrió al Cantón de Reclutamiento de la Región de Coquimbo, a consultar sobre su situación militar y posteriormente adjuntó a dicha institución una serie de documentos, dentro de los cuales se encontraba, un certificado médico el cual expresaba su condición cardiorrespiratoria por asma, un certificado de alumno para ingresar a la Universidad, un certificado de la Comisión Valech el cual acreditaba de forma legal parentesco de familiares prisioneros políticos en dictadura. Arguye que, tales antecedentes que le permitían eximirse del servicio militar obligatorio efectivamente se recibieron en su oportunidad por la recurrida, sin que se le haya entregado registro de la recepción.

Señala que posteriormente revisó la lista oficial de la convocatoria 2017 y que el actor no se encontraba en esa lista, por lo que entendió que el trámite había sido aceptado y se encontraba en definitiva excusado.

Indica que actualmente el actor se encuentra titulado de la carrera de Trabajo Social, y para efectos de obtener trabajo, se percata que no tiene su situación militar al día, por lo que concurrió en junio del año 2023 al Cantón de Reclutamiento, para intentar regularizar su situación, siendo informado por funcionarios militares que él se encontraba en calidad de infractor al Decreto Ley 2306 de 1978, en su artículo 78 y a su Reglamento complementario, es decir en condición de remiso, y por tanto debían efectuar la respectiva denuncia al Ministerio Publico.

Señala que posteriormente debió profundizar en su requerimiento a través de la OIRS (Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias) de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), y que a través de un correo electrónico de 3 de julio de 2023, se detalla que “se revisó los datos institucionales, verificando que no realizó ningún trámite en las fechas pertinentes para solicitar su exclusión de esa carga pública (…) razón por la cual se encuentra como infractor en los registros de esa alta repartición ministerial por haber cometido una infracción al Decreto Ley Número 2306 de 1978 y su reglamento complementario al no presentarse en la convocatoria del Regimiento N°1 Coquimbo el 08 de marzo de 2017. Consecuente con lo anterior, se informa que no es posible acceder a su petición considerando que esa Dirección General carece de facultades legales que permitan satisfacer sus requerimientos, debiendo concurrir al cantón de reclutamiento más cercano a su domicilio, a fin de interiorizarse del proceso de denuncia ante la Fiscalía en su contra.”

Sostiene que la respuesta aludida genera una vulneración de derechos del recurrente siendo una actuación arbitraria e ilegal ya que se le imputa toda la responsabilidad dando a entender que él no se presentó en tiempo y forma en el cantón respectivo.

Hace presente lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.992, norma que dispone que los parientes hasta el segundo grado en la línea recta y hasta el cuarto en la línea colateral inclusive, de las víctimas de violaciones a los derechos humanos individualizados en los documentos que se detallan están exentos de realizar el servicio militar obligatorio.

Señala que el actuar de la recurrida implica una vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley, ya que queda en evidencia que existiendo una norma expresa, según se desprende del artículo 17 de la Ley N°19.992, que contempla una hipótesis de exclusión del servicio militar al actor, el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal por cuanto debió haber aplicado la normativa vigente, y en razón de ello, haber tenido por excusado al actor de la realización del servicio militar.

En segundo término, arguye que se vulnera la garantía de la libertad de trabajo y su protección contemplada en el numeral 16 del artículo 19 de la carta fundamental, ya que por el actuar negligente de la recurrida, se establece un impedimento hacia el actor el cual está viendo limitada su libertad de contratación, ya que, al momento de postular a cualquier trabajo, no podrá entregar un certificado de situación militar al día.

Por lo expuesto solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida regularizar la situación militar del actor, con condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: Certificado de nacimiento; certificado de 19 de junio de 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos certificando la calidad de víctima de la dictadura militar de don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, nombre reservado, abuelo, bisabuelos y tío respectivamente del recurrente; pantallazo obtenido desde la página web de la Dirección General de Movilización Nacional indicando que la situación militar del actor; cadena de correos electrónicos del 22 de junio de 2023.

SEGUNDO: Que a folio 12, informa el recurso Patricio Carrillo Abarzúa, Director General de Movilización Nacional.

En primer término, aborda la naturaleza jurídica del servicio militar obligatorio señalando que el artículo 22 de la Constitución Política de la República establece que este constituye una carga pública y que, con respecto a su obligatoriedad, el Decreto Ley N°2.306 que fija normas sobre reclutamiento y movilización de las fuerzas armadas, como también su reglamento complementario.

Luego hace referencia a que conforme lo señalado en los artículos 72 y 73 del mencionado Decreto Ley N°2.306 se puede apreciar que junto a la obligatoriedad que caracteriza al servicio militar obligatorio, también existe un elemento sancionador para los ciudadanos que no cumplan con ese deber en las distintas etapas del proceso, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, tanto el Director General de Movilización Nacional como el personal que forme parte de esa Dirección General y que trabaja directamente en el proceso de reclutamiento deben denunciar el Ministerio Público los ciudadanos que no se presenten en las citaciones.

Luego y respecto a lo señalado en el artículo 17 de la Ley N°19.992, que contempla una situación de eximición del servicio militar, alega que tal causal no opera de manera automática y debe ser invocada por su beneficiario.

En cuanto a la alegación del actor de que al momento de aparecer en las listas de llamados a realizar el servicio militar obligatorio se presentó en el Cantón de Coquimbo en donde presentó antecedentes para excusarse, señaló que no consta en sus registros que se haya realizado por el actor algún trámite relacionado con la reclamación y/o modalidad alternativa de servicio militar durante el funcionamiento de la comisión especial de acreditación, y que conforme lo indica el artículo 1698 del Código Civil incumbe probar al actor la veracidad de sus afirmaciones, sin que baste con afirmar que en su oportunidad hizo la solicitud pertinente y que por lo demás, no señaló cuál trámite fue el que solicitó en su oportunidad.

Por lo expuesto descarta la vulneración de garantías que señala el recurrente e indica que no existe una actuación ilegal y/o arbitraria de su parte.

TERCERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que a través del presente arbitrio se reclama por el actor que la recurrida DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL incurrió en un acto ilegal y arbitrario al negarse a regularizar su situación militar y tenerlo por eximido de dicha carga legal, indicando que presentó las excusas pertinentes en el año 2017 y además se encuentra en la situación prevista en el artículo 17 de la Ley N°19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, alegando vulneración a los artículos 19 N°2 y 24 de la Constitución de la Política de la república.

Que la recurrida informó no tener registro de excusas presentadas por el actor en el año 2027, que respecto de encontrarse el actor en la situación prevista en la Ley N°19.992, que es una situación que debe ser alegada, y que en definitiva se encuentra actualmente en condición de remiso y que se efectuará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.

QUINTO: Que el Servicio Militar Obligatorio constituye una carga legal, y a su respecto el artículo 72 del Decreto Ley N°2306, que dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas establece que: “Los que no concurrieren a las citaciones que las autoridades de reclutamiento les hicieren para los efectos de su selección, serán infractores y sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en su grado mínimo”.

Por su parte, el artículo 73 del mismo cuerpo legal dispone: ”Los que fueren seleccionados y no se presentaren a reconocer cuartel para cumplir con el servicio militar, se considerarán remisos y sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en su grado medio.

Las personas de la categoría de disponibles que fueren convocadas y no se presentaren a reconocer cuartel para cumplir con el servicio militar, serán consideradas remisas y sufrirán la pena a que se refiere el inciso anterior.

Las personas de la categoría de disponibles destinadas a la Defensa Civil de Chile que no se presentaren, serán sancionadas con multas de cuatro a ocho unidades tributarias mensuales”.

SEXTO: Que a su vez, el recurrente alega que se encuentra en la situación prevista en el artículo 17 de la Ley N°19.992, norma que dispone lo siguiente: “Los parientes hasta segundo grado en la línea recta y hasta cuarto en la línea colateral, inclusive, de las víctimas de violaciones a los derechos humanos individualizadas en los anexos "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" y "Menores de Edad Nacidos en Prisión o Detenidos con sus Padres" de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y de aquéllas individualizadas como tales conforme a leyes posteriores, y que así lo decidan, estarán exentos de realizar el Servicio Militar Obligatorio.”

SÉPTIMO: Que, para efectos de acreditar sus asertos el actor acompañó entre otros documentos, su certificado de nacimiento y el de su madre, en el que consta tal vínculo de parentesco entre el actor nombre reservado y doña nombre reservado y que ésta última es hija a su vez de don nombre reservado y doña nombre reservado.

A su vez, acompañó certificados emitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que acreditan que don nombre reservado se encuentra calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados por la Comisión Asesora Presidencia para la Calificación de detenidos Desparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como comisión Valech II.

Además, se acompañó correo electrónico de fecha 27 de junio de 2023, en el que la recurrida indica haber recibido un certificado del Instituto de Derechos Humanos a fin de reingresar documentación presentada el año 2016 y 2017 al Cantón de Reclutamiento en La Serena, con el objetivo de regularizar su situación militar.

OCTAVO: Que en base a lo expresado y documentación acompañada por la recurrente es posible concluir que el actor está exento de la obligación de realizar el Servicio Militar Obligatorio por tener un parentesco en segundo grado en la línea recta con don nombre reservado quien figura como víctima en el listado de la Comisión Valech II, circunstancia que fue puesta en conocimiento de la recurrida.

NOVENO: Que, conforme a lo que se viene razonando, la conducta del organismo recurrido se torna ilegal y arbitraria, al desestimar la alegación que efectuó don nombre reservado de que se encuentra en una causal que lo exime de realizar el servicio militar obligatorio conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley N°19.992, lo que resulta palmario de la documentación acompañada, lo que implica una afectación a la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues implica una discriminación respecto de otras personas que se encuentran en la misma situación y a quienes sí se les aplicó la causal de exención, todo lo que lleva a acoger el presente arbitrio en los términos que se indica a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACION NACIONAL y, en consecuencia, se declara que la recurrida deberá, a petición de parte, regularizar la situación militar del actor considerando la causal de eximición establecida en el artículo 17 de la Ley N°19.992.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1941-2023 Protección.-