nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA Y OTRO

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y otro.

Recurso de protección Rol Nº194-2025.- La Serena, cinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado interponiendo acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. Solicita la protección de sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, alegando vulneración por parte de las entidades recurridas.

Señala que el suscribió un crédito social el 18 de abril de 2008, mediante pagaré folio 042000268989, por un monto total de $5.262.539, otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana. La obligación debía solucionarse en 59 cuotas mensuales de $135.282, venciendo la primera el 31 de mayo de 2008.

Indica que, debido a cambios laborales y dificultades financieras, no pudo continuar con el pago de las cuotas pactadas. Consecuentemente, la CCAF La Araucana inició gestión preparatoria de la vía ejecutiva el 25 de octubre de 2010, en causa RIT C-8462-2010 ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, la cual finalmente se archivó por falta de notificación al deudor.

Menciona que, entre noviembre y diciembre de 2024, la Caja de Compensación Los Andes incluyó en su nómina mensual de retenciones previsionales el nombre del recurrente con un descuento de $128.578, bajo la nomenclatura "CCAF La Araucana". Este descuento se fundamentó en el denominado "Acuerdo Intercajas", sistema de colocaciones de crédito social mediante una Central de Riesgo Financiero que permite a la caja acreedora ubicar deudores y acordar la recaudación con la caja donde se ha incorporado el deudor.

Argumenta que el proceder arbitrario e ilegal de las recurridas vulnera la garantía de igualdad ante la ley, estableciendo una situación de desventaja, distinta y precaria respecto de otros deudores civiles. Mientras que a otros deudores se les debe demandar en tribunales ordinarios para obtener el pago de un crédito, las recurridas han obviado este procedimiento, amparándose presuntamente en la ley de cajas de compensación para proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una deuda que, además, se encontraría prescrita.

En apoyo de esta argumentación, cita jurisprudencia de la E. Corte Suprema (Rol 68.700-2016) que declaró procedente acoger un recurso de protección en casos similares, señalando que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo unilateralmente un beneficio legal para un cobro inoportuno de una deuda respecto de la cual había mostrado desinterés.

Asimismo, invoca el fallo de la I. Corte de Apelaciones de Temuco (Rol 5127-2016), que estableció que el artículo 22 de la Ley 18.833 es aplicable solo a deudas exigibles, no transformando las obligaciones en imprescriptibles, rigiendo las disposiciones del Código Civil sobre prescripción como medio de extinguir obligaciones.

Añade que el descuento ilegal y arbitrario de su remuneración constituye un acto de autotutela que vulnera su derecho de propiedad. Argumenta que la falta de notificación previa sobre la determinación del descuento y la ausencia de explicación sobre los montos establecidos constituye una vulneración a la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

En este sentido, cita jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago que ha identificado reiteradamente la arbitrariedad en el cobro ejecutado por cajas de compensación, declarando la instrumentalización del estatuto contenido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, donde las entidades han efectuado un uso desmedido del derecho de cobro oportuno. Además, invoca fallo de la E. Corte Suprema (Rol N°6118-2018) que estableció que el proceder arbitrario de la recurrida vulnera la legítima expectativa del recurrente de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, afectando la esencia de la garantía prevista en el artículo 19 N°24 de la Constitución.

Adicionalmente, cita la sentencia de la E. Corte Suprema (Rol N°13.080-2018) que concluyó que los descuentos practicados no estaban respaldados por antecedentes justificatorios, configurando un beneficio forzado unilateralmente como medio alternativo al cobro judicial, originando una garantía de pago improcedente.

Sostiene que las recurridas han ejercido abusivamente la facultad establecida en la ley de cajas de compensación, procediendo de manera extemporánea y sorpresiva sin la necesaria racionalidad y fundamento. Argumenta que no se han informado ni acreditado los antecedentes judiciales que puedan sostener un descuento por una deuda de más de 15 años de antigüedad.

Solicita que se declare admisible el recurso de protección y, conociéndolo, se acoja íntegramente, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho. Específicamente, requiere que se ordene a las recurridas abstenerse de realizar o hacer realizar por terceros cualquier descuento en sus liquidaciones, todo ello con condenación en costas.

Finalmente, solicita orden de no innovar para cautelar inmediatamente la integridad de los derechos fundamentales invocados, evitando descuentos en las remuneraciones mientras se sustancia y resuelve la acción de protección interpuesta.

Acompaño a su recurso los siguientes documentos: 1. Nómina mensual de retenciones previsionales emitido por la Caja de Compensación Los Andes. 2. Certificado créditos vigentes emitido por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

SEGUNDO: Que, a folio 22 evacua informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Precisa que, según consta en sus sistemas, el señor nombre reservado mantiene en calidad de moroso el crédito N°042-000268989, otorgado el 18 de abril de 2008, por la suma de $5.262.539. Existiendo el crédito moroso, se mandató a Caja Los Andes para proceder al cobro mediante descuento directo al empleador del deudor, Sociedad de Profesionales nombre reservado y Asociados.

Refiere la naturaleza jurídica de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Conforme al artículo 1° de la Ley N°18.833, estas entidades constituyen corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto exclusivo es la administración de prestaciones de seguridad social, incluyendo los créditos sociales dentro de las prestaciones de bienestar social.

Añade que, el Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del 2023, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, define los créditos sociales como beneficios de bienestar social consistentes en préstamos de dinero orientados a satisfacer necesidades del trabajador y pensionado afiliado, abarcando materias como vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación y contingencias familiares.

Argumenta el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, que prescribe la obligación del empleador de deducir de la remuneración lo adeudado por prestaciones de crédito social, estableciendo que dichos descuentos se rigen por las mismas normas aplicables a las cotizaciones previsionales. Esta disposición se complementa con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reitera la obligación patronal de efectuar, retener y remesar los descuentos correspondientes.

Indica además el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 establece la obligación de los empleadores de declarar y enterar los descuentos dentro de los diez primeros días del mes siguiente al devengo de las remuneraciones. Esta normativa se articula con el artículo 58 del Código del Trabajo, que faculta al empleador para deducir de las remuneraciones los impuestos, cotizaciones de seguridad social, cuotas sindicales y obligaciones con instituciones de previsión.

Menciona los principios fundamentales del derecho contractual, específicamente los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil. En este orden de ideas, se sostiene que la deuda existe y puede ser cobrada conforme a derecho, salvo que haya prescrito el derecho de cobrarla mediante declaración judicial de prescripción, o que haya operado alguno de los modos de extinguir las obligaciones establecidos en el artículo 1.567 del Código Civil, circunstancias que no han acontecido según se argumenta.

Destaca el Dictamen 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que en casos donde han transcurrido más de cinco años desde el último pago, la obligación patronal de continuar efectuando descuentos subsiste mientras no se declare judicialmente la prescripción, conforme al artículo 2493 del Código Civil, que exige alegación expresa de la prescripción.

Adicionalmente, invoca jurisprudencia de la E. Corte Suprema, específicamente la causa Rol 61.103-2024 del 02-04-2025, donde los ministros Matus y Simpértigue confirman que el mecanismo de cobro del artículo 22 de la Ley N°18.833 se encuentra ajustado a derecho, destacando que no se establece plazo de caducidad para su ejercicio y que su finalidad es facilitar el cobro de créditos contra un fondo social destinado a financiar prestaciones de seguridad social.

Concluye argumentando que Caja La Araucana no ha vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, particularmente el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución. Sostiene que no existe traspaso ilegal al dominio del deudor ni expropiación de su remuneración, toda vez que el cobro se funda en normativa que asegura el pago efectivo de créditos sociales con evidente carácter social, constituyendo prestaciones de seguridad social cuya modalidad de descuento facilita el cobro de dineros prestados contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Solicita el rechazo de la acción de protección, argumentando que los descuentos realizados no son arbitrarios ni injustificados, toda vez que las obligaciones existen y se mantienen vigentes al no existir sentencia que declare su extinción.

TERCERO: Que, a folio 24, evacua informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Expone que, a partir de noviembre de 2024, inició el proceso de cobro de retenciones denominado "Descuento Intercajas". Específicamente, la Caja de Compensación La Araucana solicitó gestionar descuentos a nombre del recurrente, quien se desempeña como trabajador de la empresa Puentes y Asociados Ltda.

Precisa que, hasta la fecha del informe, no ha recibido remesas por este concepto. Consecuentemente, se establece que el afiliado debe concurrir directamente a la Caja de Compensación La Araucana, donde se habría originado la deuda, para obtener mayores antecedentes, toda vez que dichas entidades no proporcionan información detallada a otras instituciones debido al carácter privado de la relación entre las Cajas y el señor nombre reservado.

En cuanto al marco normativo aplicable, fundamenta su actuación en el "Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar", convenio celebrado entre las Cajas de Compensación con fecha 15 de abril de 2013. Este contrato de mandato y prestación de servicios tiene por objeto permitir que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas. Asimismo, el convenio faculta a la Caja acreedora para acordar con la institución a la cual se ha incorporado el deudor la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. Este instrumento contractual ha sido suscrito también por la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y encuentra su fundamento legal en el artículo 19 N°7 de la Ley 18.833, que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

Añade que, la cuarta cláusula del convenio establece que se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien asumió la responsabilidad de los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema. Esta entidad actúa por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, velando por el cumplimiento de los procesamientos generados con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria exclusivamente para los fines del convenio.

En este contexto, cada Caja de Compensación se ha obligado a proveer la información necesaria directamente al operador SINACOFI en su calidad de mandataria delegada. Dicha información se basa en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, particularmente aquellos contenidos en los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero.

Señala que la información requerida incluye antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo establecido en las Circulares N°2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos mensualmente a la SUSESO por cada una de las Cajas, constituyendo la base sobre la cual el sistema efectúa los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

Expresa que, en el marco normativo descrito, Caja Los Andes actuó a requerimiento de la Caja de Compensación La Araucana como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente. En esta calidad, informó al empleador la existencia de la deuda y requirió su descuento en la remuneración, conforme a los términos del artículo 22 de la Ley 18.833.

Fundamenta la diputación para recibir el pago en los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, los cuales se limitan a aplicar las reglas comunes del mandato. Consecuentemente, el pago de la cuota de crédito social descontada extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera al deudor hasta la concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, dado que se efectúa a la persona diputada para el cobro mediante simple representación.

Para sustentar la legalidad del sistema, invoca jurisprudencia de la E. Corte Suprema. Específicamente, la sentencia de fecha 21 de abril de 2020, dictada en el recurso ROL 31756-2019, que confirmó el rechazo del recurso de protección ROL 1401-2019 de la I. Corte de Apelaciones de Temuco. En dicha sentencia, el máximo tribunal estableció que "la actuación coordinada de ambas recurridas para el cobro del crédito social en la forma ya referida, se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado 'Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar', acordado conforme lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social." Solicita rechazar la acción constitucional interpuesta, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido en relación con los hechos expuestos.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que para resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el hecho de haber efectuado la recurrida descuentos en la remuneración de la recurrente fundados en la existencia de un crédito social anterior, y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que no se discute que las Cajas recurridas al amparo de la Ley 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, en virtud del artículo 22 que lo “adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, sin embargo, este beneficio debe ser aplicado oportunamente.

En efecto, no fue cuestionado por las recurridas que el 18 de abril de 2008, le fue otorgado un crédito social al recurrente, el que fue pactado en 59 cuotas mensuales de $135.282, venciendo la primera el 31 de mayo de 2008.

Tampoco fue controvertido el hecho de que la CCAF La Araucana inició gestión preparatoria de la vía ejecutiva el 25 de octubre de 2010, en causa RIT C-8462-2010 ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, la cual finalmente se archivó por falta de notificación al deudor.

Entonces, el beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley 18.833 ya citado resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre la fecha de otorgamiento de los créditos y la que se efectúa el cobro, a través del mecanismo de descuento denominado Proyecto Intercajas, y considerando especialmente que la recurrida acreedora había optado por la vía judicial para el cobro en el año 2010, lo que lo hace más arbitrario el descuento al recurrente, ya que por propia voluntad dejó de lado este cobro judicial, por lo que la actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial del descuento de sus remuneraciones, deviene en antojadiza.

Así, constituye el actuar de las recurridas un retraso desleal, mismo que supone el ejercicio inadmisible de un derecho propio, que tiene lugar cuando su titular ha permanecido inactivo durante un período significativo sin hacer valer dicho derecho, de modo que el sujeto pasivo se ha confiado y podía confiar en que el derecho en cuestión ya no iba a ser objeto de ejercicio en el futuro. Se produce, por tanto, un retraso desleal que se erigirá en obstáculo al ejercicio del derecho. “Miranda Núñez, nombre reservado. “La Teoría del Retraso Desleal”. Revista Jurídica Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2021.Vol. 3, p. 86-95)

SÉPTIMO: Que la conducta de las Cajas recurridas constituye un acto arbitrario, que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que se priva al recurrente de una parte de sus remuneraciones, al retenérsele indebidamente parte de sus emolumentos, al requerir la caja de compensación La Araucana y al ejecutarlo la de Los Andes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, con costas, la presente acción constitucional interpuesta en favor de don nombre reservado, debiendo la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, abstenerse de perseguir el pago del crédito social en cuestión de las remuneraciones del recurrente mediante retenciones, asimismo, deberá devolver aquellas que ha efectuado por tal motivo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°194-2025 Protección.-