nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado, nombre reservado

Municipalidad de Ovalle Recurso de protección Rol Nº1939-2025 La Serena, seis de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, asistente de la educación, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de derechos fundamentales en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, corporación de derecho público, RUT: RUT reservado, representada legamente por don nombre reservado, ingeniero civil industrial, en su calidad de Alcalde de la ciudad de Ovalle, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como arbitrario e ilegal consistente en no pagar de manera íntegra el bono de incentivo al retiro y las diferencias de recálculo asociados a la bonificación por antigüedad previsto en la Ley N° 20.964, actuar que vulnera sus garantías fundamentales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que ingresó a trabajar para la Municipalidad de Ovalle en el año 1993, como asistente de la educación, en el establecimiento educacional D-166, antiguamente Escuela N°2 de Niñas y actualmente Escuela Helene Lang de la ciudad de Ovalle.

Luego, refiere que postuló oportunamente al beneficio de incentivo al retiro conforme a la Ley N° 20.964, presentando la solicitud de retiro programado en el año 2021. Añade, que en dicho proceso recibió la ayuda de doña nombre reservado, funcionaria encargada de dichos tramites, quien le confirmó que su retiro estaba conforme para el mes de octubre de 2025. Añade que, incluso, la Municipalidad organizó incluso una ceremonia de despedida por su retiro en octubre de 2025.

Sin embargo, expone que el 10 de octubre de 2025, asistió al área administrativa en compañía de su hija, con la intención de suscribir su finiquito. No obstante, indica que lamentablemente se enteró que el cheque emitido para el pago, tanto del bono de “Incentivo al retiro” como el bono de “bonificación de antigüedad”, mantenían un monto muy inferior al que realmente corresponde.

Ante dicha situación, afirma que el Alcalde citó a una reunión, en la cual comunicó que extendería su contrato hasta el 30 de noviembre de 2025 de forma unilateral, lo que fue comunicado a través de ORD N°786 de fecha 13 de octubre de 2025, emitido por el Jefe del Departamento de Educación Sr. nombre reservado, circunstancia que unilateralmente lo obligó a reintegrarse a las funciones que mantenía en dicho establecimiento educacional, pese a su falta de voluntad y a que la relación laboral ya se encontraba terminada de hecho.

Señala que, en definitiva, la recurrida no le ha entregado una respuesta concreta respecto del pago del incentivo al retiro y, en cuanto a la bonificación por antigüedad, sólo se reconoce un monto inferior que no corresponde al cálculo correcto, justificando la falta de pago en una supuesta negligencia de la funcionaria encargada de la tramitación, manteniendo el asunto supeditado a un sumario administrativo, por su presunta responsabilidad.

Sin embargo, alega que la negativa de la recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto cumple todos los requisitos legales para acceder al incentivo al retiro y a la bonificación por antigüedad y no puede verse perjudicado por errores o negligencias imputables a funcionarios municipales.

En cuanto a las garantías fundamentales infringidas, señala que dicho actuar vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Carta Política, toda vez que la recurrida está otorgándole un trato discriminatorio, respecto de otros funcionarios que sí accedieron al beneficio, imputándole consecuencias de una negligencia ajena.

Asimismo, señala que se vulnera su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, al privarlo del bono de incentivo al retiro y del pago íntegro de la bonificación por antigüedad previsto en la Ley N° 20.964, los que forman parte de su patrimonio.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando el pago inmediato y sin más trámite del monto de 320 U.F., o el monto que determine el tribunal, por concepto de bono de incentivo al retiro, más intereses y reajustes legales, o que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, se evacuó informe por la Municipalidad de Ovalle, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso de protección, afirmando que la acción fue presentada fuera del plazo legal de 30 días, ya que no se precisa claramente cuándo ocurrió el acto u omisión que se reclama.

En cuanto al fondo, indica que el recurrente ingresó a la educación municipal en 1993 como asistente de la educación.

Postuló al beneficio de retiro voluntario de la Ley N° 20.964 el 5 de enero de 2021, declarando en el punto N°4 del formulario su decisión de renunciar voluntariamente, para acogerse a retiro voluntario según las disposiciones de la mencionada Ley. Asimismo, refiere que su postulación fue aceptada dentro de los cupos 2021, mediante resolución del Ministerio de Educación, comunicándosele formalmente en mayo de 2023.

Posteriormente, el recurrente firmó renuncia voluntaria e irrevocable el 27 de junio de 2023, ratificada ante ministro de fe municipal, conforme a las disposiciones de la Ley N°20.964 y su Reglamento.

No obstante, refiere que el 24 de septiembre de 2025, mediante Resolución Exenta N°10704, la División Jurídica del Ministerio de Educación fijó los recursos a transferir a la Ilustre Municipalidad De Ovalle en el marco de la Ley N°20.964, correspondiente a los cupos del año 2021. En dicha resolución es el Ministerio de Educación y no la Ilustre Municipalidad de Ovalle, quien estableció que al recurrente no le correspondía el pago de la denominada “Bonificación Adicional por Antigüedad”, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 20.964.

Por lo anterior, señala que el 06 de octubre de 2025 se notificó al actor el término de relación laboral y el monto a percibir por concepto de bono de incentivo al retiro. Dicho monto equivale a la mitad de la bonificación por retiro voluntario, según lo establece el artículo 12, letra d) del reglamento aprobado por Decreto N°366 de 2017 del Ministerio de Educación.

De esta forma, afirma que no es efectivo que la Municipalidad de Ovalle haya incurrido en algún actuar ilegal o arbitrario, dado que el recurrente cumplió 65 años el 12 de octubre de 2019, por lo que correspondía que presentara su postulación a los beneficios entre el 2 de enero y el 31 de julio de 2019, para efectos de acceder a la de totalidad de la bonificación por retiro voluntario y a la bonificación adicional por antigüedad según lo establecido en la Ley y su Reglamento. Sin embargo, del respectivo formulario se puede establecer que realizó su postulación recién el 05 de enero de 2021, esto es, cuando tenía 67 años, por lo cual, vio reducida a la mitad su bonificación por retiro voluntario, y no tuvo derecho a percibir la bonificación adicional por antigüedad, según disposiciones estrictamente legales.

En el mismo sentido, aduce que la Municipalidad se limita a pagar los montos transferidos por el Ministerio de Educación, añadiendo que desde el pasado 10 de octubre de 2025, los recursos del bono por incentivo al retiro se encuentran a disposición del recurrente para que firme su finiquito y retire su cheque por la suma correspondiente.

Por otra parte, sostiene que no es efectivo que se haya prorrogado la relación laboral de manera unilateral por parte del Municipio, toda vez que la relación laboral aún se encuentra vigente y con carácter de indefinido según las disposiciones del Código del Trabajo.

Finalmente, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la pretensión planteada por el actor, la que excede el ámbito de un recurso de protección y es propio de un juicio de lato conocimiento.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, previamente, en lo referente a la alegación de extemporaneidad de la recurrida, aquella será desestimada, teniendo presente que lo reclamado por el recurrente corresponde a la presunta omisión de la Municipalidad de Ovalle, en orden a no pagar de manera íntegra el bono de incentivo al retiro y las diferencias de recálculo asociados a la bonificación por antigüedad previsto en la Ley N° 20.964, actuar que corresponde a una omisión que persiste en el tiempo. De manera que, conforme a ello, se aprecia que la acción ha sido presentada dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

SEXTO: Que, en cuanto a la primera exigencia del recurso de protección, cabe señalar que una acción arbitraria implica un proceder caprichoso, carente de razonabilidad, una falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna con la lógica y la recta razón. Por tanto, es lógico suponer y concluir que un acto fundado y de acuerdo a la ley no puede ser calificado de arbitrario. Por otra parte, una acción o proceder es ilegal cuando no se atiende a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SÉPTIMO: Que, es preciso consignar como hecho no controvertido entre las partes, la circunstancia que el actor postuló a los beneficios materia del recurso el 05 de enero de 2021, es decir, con 66 años de edad, cumpliendo los 67 en octubre del mismo año 2021.

Luego, resulta oportuno tener presente que el artículo 8 del Reglamento de la Ley N°20.964, señala: “Los trabajadores que presten servicios en las instituciones señaladas en el artículo 2º de este reglamento, que cumplan con los requisitos para tener derecho a la bonificación por retiro voluntario y, en su caso, la bonificación adicional por antigüedad, deberán postular en los procesos de asignación de cupos que señala el párrafo siguiente. De no postular en los plazos establecidos, se entenderá que renuncian irrevocablemente a dichos beneficios”.

Que, asimismo, el artículo 12 del cuerpo legal en análisis, dispone en sus literales b) y d) lo siguiente: “Los beneficios a que tendrán derecho los hombres y las mujeres asistentes de la educación a que se refiere el artículo anterior, serán los siguientes: (…) b) Los hombres trabajadores indicados en la letra b) del artículo anterior que participen del proceso de postulación a la bonificación por retiro voluntario en el año en que cumplen los 65 años de edad, y hagan efectiva su renuncia en el plazo indicado en el artículo 27 de este reglamento, tendrán derecho a la totalidad de la bonificación por retiro voluntario que les corresponda, y a la bonificación adicional por antigüedad regulada en el Título III de este reglamento, siempre que cumplan con los respectivos requisitos. (…) d) A su vez, las mujeres y los hombres asistentes de la educación del artículo anterior que participen del proceso de postulación a la bonificación por retiro voluntario en el año en que cumplen los 67 años de edad sólo tendrán derecho a percibir la mitad de la bonificación por retiro voluntario que corresponda, siempre que cumplan con los respectivos requisitos”.

OCTAVO: Que, por consiguiente, de las normas legales traídas a colación, se desprende que, atendido que el actor cumplió los 65 años el 12 de octubre de 2019, para acceder a la de totalidad de la bonificación por retiro voluntario y a la bonificación adicional por antigüedad, era necesario que presentara su postulación entre el 2 de enero y el 31 de julio de 2019. Sin embargo, atendido que presentó su postulación en enero de 2021, vio reducida a la mitad su bonificación por retiro voluntario, y no tuvo derecho a percibir la bonificación adicional por antigüedad, conforme a las normas legales y reglamentarias pertinentes.

Así las cosas, acorde a los antecedentes expuestos en forma precedente, no resulta posible predicar un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, toda vez que aquella se ha limitado a dar aplicación a lo resuelto por el Ministerio de Educación, conforme a las normas legales y reglamentarias que prescribe la Ley N° 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación. De tal suerte, es que no se advierte un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida, razón por la cual, tampoco se advierte alguna vulneración a los derechos fundamentales que se invocan en el libelo, lo que indefectiblemente lleva al rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1939-2025 (Protección).