Protección contra Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros de la Cuarta Región - Coquimbo

nombre reservado, nombre reservado

Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros de la Cuarta Región de Coquimbo - Lincosur A.G.

Recurso de protección Rol N°1936-2025.- La Serena, once de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el doce de noviembre de dos mil veinticinco comparecen nombre reservado y Alonso Alberto Oyanedel Lanas, abogados, interponiendo acción de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, chileno, conductor profesional, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros de la Cuarta Región - Coquimbo - Lincosur A.g, Rut RUT reservado, representada por su presidente nombre reservado, chileno, transportista, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en inhabilitarlo perpetuamente de continuar su actividad laboral de conducir autobuses en la asociación gremial, afectando con ello sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°3, inciso séptimo y octavo, N°16 y N°26 de la Carta Magna.

Expone que, el recurrente se ha desempeñado en calidad de conductor en la línea transporte público de pasajero "Lincosur", desde el año 2015.

Indica que, con fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve fue condenado en causa Rit 861-2019, por delito de connotación sexual en el Juzgado de garantía de Coquimbo.

Señala que, con fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en causa 861-2019, complementó la sentencia condenatoria, resolviendo que se condena al sentenciado nombre reservado, en virtud del inciso 2° del Artículo 372 del Código Penal, por el delito reiterado de abuso sexual impropio, a la pena de inhabilidad de manera perpetua, para ejercer los cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbito educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Refiere que, con fecha 22 octubre de 2025, el directorio de asociación gremial de transporte público de pasajeros "Lincosur" comunicó verbalmente al recurrente, que a partir de esta fecha, lo inhabilita de continuar perpetuamente su actividad laboral de conducir autobuses en la asociación gremial, sosteniendo que con fecha 16 de septiembre del año 2025, se había extraído un certificado de consulta de inhabilidades para trabajar con menores de edad, del Registro Civil, la cual señala que el recurrente registra inhabilidades para trabajar con menores de edad.

Menciona que la asociación gremial se ampara en la Ley N° 20.594, invocado por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en causa 861-2019, quien ha complementado la sentencia estableciendo una inhabilitación legal para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Arguye que el soporte legal que invoca la asociación gremial para inhabilitar la calidad de conductor, acusa que el recurrente realiza su actividad en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, proveniente de la ley N° 20.594. Sin embargo, la asociación gremial realiza su actividad en el área del transporte público, no en el área del transporte privado ni en el área de la docencia. El recurrente es asociado-conductor en la línea de transporte LINCOSUR, y no tiene la calidad de docente, ni la asociación gremial presta servicios de transporte público o privado a colegios u otros institutos que transporten a menores de edad.

Agrega que, la Ley N° 20.594 establece una inhabilitación legal para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, centrándose en el contacto con menores de edad, especialmente en el ámbito educacional. Si el gremio de transporte no tiene como objeto o actividad principal una relación directa y habitual con menores de edad, la condena y la inhabilitación legal no impedirían automáticamente el ejercicio de la profesión de transportista en general, ni la pertenencia al gremio.

Sostiene que la asociación gremial ha infringido la garantía constitucional del artículo 19, número tres, inciso séptimo y octavo, que señala "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado" y "Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella".

Añade que la asociación gremial ha vulnerado el artículo 19 N° 16, de la libertad de trabajo y su protección. La negativa a renovar la calidad de conductor implica en los hechos una inhabilitación perpetua para ejercer la profesión de conductor en la línea del gremio fundamentado en una errónea aplicación de la ley. Tal medida constituye una restricción ilegítima a la libertad de trabajo, puesto que carece de sustento legal, ya que es dictada por autoridad administrativa sin competencia sancionatoria y contrariar los principios de proporcionalidad y rehabilitación que informan el sistema jurídico.

Menciona que la expulsión es arbitraria porque la facultad de expulsión debe estar expresamente contemplada en los estatutos del gremio, y debe ser adoptada por el órgano competente (Directorio o Asamblea) y con el quórum establecido en los estatutos. Se han vulnerado normas procesales, al ser notificada verbalmente su expulsión: no se citó al socio a una reunión para exponer los cargos y escuchar sus descargos; no se le notificó por escrito la decisión de expulsión dentro del plazo estatutario; no se le permitió apelar de la medida ante la Asamblea General.

Indica que el estatuto del gremio establece en su artículo 50 que los socios serán sancionados por las faltas que cometieren a sus deberes estatutarios con medidas disciplinarias que incluyen amonestación escrita, multa y expulsión. La expulsión se aplicará en casos específicos enumerados en las letras d1) a d4). El artículo 52 establece que la medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobado por el cincuenta más uno de los socios a la respectiva Asamblea. El debido proceso para expulsar al conductor impuesto por los estatutos no fue respetado por la institución.

Señala que se produce una discriminación arbitraria al aplicar una sanción (expulsión) sin que exista una causal legal o estatutaria que la justifique, dando un trato distinto al recurrente respecto de otros socios, vulnerando el artículo 19 N°2 de igualdad ante la ley.

Agrega que la expulsión sin una causal estatutaria clara y sin un procedimiento que permita al socio formular descargos y defenderse vulnera el derecho a un justo y racional procedimiento, vulnerando el artículo 19 N°3 de debido proceso.

Sostiene que la calidad de socio de una asociación gremial constituye un derecho de propiedad, el cual es privado o perturbado por la expulsión ilegal, especialmente si esta afecta su fuente de trabajo o los beneficios económicos derivados de la asociación, vulnerando el artículo 19 N°24 de derecho de propiedad.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso de protección, ordenando dejar sin efecto el dictamen de la asociación gremial que impide e inhabilita de modo indefinido la actividad laboral que realiza el conductor de autobuses en la asociación Gremial de Transportistas transporte público de pasajeros "Lincosur", del recurrente nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 5, evacuó informe la ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS DE LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que, en estricto cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la Ley N°21.733, y con el único propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso veintiséis del artículo 3° de la Ley N°18.969, la Directiva de Lincosur solicitó al recurrente en su calidad de conductor y asociado, que le proporcionara su Certificado de Antecedentes para Fines Especiales del Registro General de Condenas que acreditara que no se encontraba afecto por la inhabilidad establecida en el artículo 87 bis de la Ley de Tránsito, para remitirlo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Señala que, por disposición de la Subsecretaría de Transportes, para completar el formulario N°4 la Directiva realizó una consulta de inhabilidades para trabajar con menores de edad respecto al recurrente, a través del portal digital del Servicio de Registro Civil e Identificación, en donde consta que nombre reservado registra inhabilidades para trabajar con menores de edad.

Indica que el actuar desplegado por la Directiva no constituye en modo alguno una sanción, una inhabilitación ni una decisión expulsiva, sino el cumplimiento de una obligación legal impuesta por la Ley N°21.733.

Agrega que no es efectiva la afirmación del recurrente de que con fecha 22 de octubre de 2025, el directorio de Lincosur le habría comunicado verbalmente su inhabilitación perpetua para conducir autobuses en la Asociación. Esta aseveración se contradice con el documento de "vuelta por máquina", que demuestra la continuidad del recurrente conduciendo su vehículo de transporte de pasajeros entre el 01 de septiembre hasta el 02 de diciembre de 2025.

Menciona que no se ha iniciado ni requerido procedimiento sancionatorio alguno en contra del recurrente, no se ha citado a ninguna asamblea con ese objeto, y no existe disposición alguna de expulsión. Sostiene que el recurrente ha continuado conduciendo su vehículo de forma ininterrumpida en los recorridos de transporte público asignados, desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la fecha de emisión del registro de "vueltas por máquina" (02 de diciembre de 2025).

Arguye que en ningún momento la Directiva o la Asamblea de la Asociación han adoptado medida alguna que impida, prohíba o limite al recurrente conducir su vehículo o desempeñar su actividad laboral.

Refiere que el recurrente alega una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales porque la Directiva y la Asociación habrían aplicado la Ley N°20.594. Sin embargo, la Asociación ni su Directiva nunca ha invocado dicha ley como fundamento de su actuar ni para imponer sanción alguna. Los hechos realizados por la Directiva y la Asociación se han ceñido exclusivamente al cumplimiento de la Ley N°21.733.

Sobre la alegada vulneración del Artículo 19 N°2, señala que no existe acto alguno de la Asociación o de la Directiva que importe un trato discriminatorio o desigual hacia el recurrente. La Asociación no ha aplicado sanción de expulsión ni medida disciplinaria alguna en su contra. La actuación de la recurrida se ha limitado a un cumplimiento objetivo de las obligaciones legales impuestas por la Ley N°21.733.

Sobre la alegada vulneración del Artículo 19 N°3, señala que como no se ha iniciado procedimiento sancionatorio ni de expulsión en contra del recurrente, no existe actuación alguna de la Asociación que requiera la activación de las garantías propias del debido proceso.

Sobre la alegada vulneración del Artículo 19 N°16, señala que en los hechos, el recurrente ha ejercido dicho derecho de manera continua e ininterrumpida. Los documentos acompañados acreditan de manera fehaciente que no se ha interrumpido su relación laboral ni se le ha impedido al recurrente el desempeño de su actividad como conductor de transporte público de pasajeros. La eventual prohibición para conducir en el transporte público, en caso de configurarse los supuestos de la Ley N°21.733, emanaría de una decisión de la autoridad pública competente (el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), no de un acto voluntario o discrecional de la Asociación Gremial.

Sobre la alegada vulneración del Artículo 19 N°24, señala que la calidad de socio del recurrente no ha sido privada, perturbada ni amenazada por acto alguno de la Asociación ni de su Directiva. Actualmente, el recurrente conserva intactos todos sus derechos como asociado, incluido el libre ejercicio de su actividad laboral como conductor.

Concluye que la Asociación Gremial Lincosur ha actuado respecto del recurrente en estricto cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la Ley N°21.733. En ningún momento la Asociación y su Directiva ha adoptado un acto u omisión que tenga por efecto sancionar, inhabilitar o expulsar al recurrente de su condición de socio o de conductor. No existe acto de expulsión alguno en contra del recurrente en su calidad de asociado de Lincosur, ni se ha iniciado procedimiento interno que contemple tal medida.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, es relevante tener presente que el recurrente acciona en contra de la comunicación verbal realizada por el directorio de la asociación gremial de transporte público de pasajeros "Lincosur" con fecha 22 de octubre de 2025, mediante la cual se le habría informado que lo inhabilita de continuar perpetuamente su actividad laboral de conducir autobuses en la asociación gremial, fundado en que registra inhabilidades para trabajar con menores de edad según certificado extraído del Registro Civil con fecha 16 de septiembre del año 2025.

SEXTO: Que, del informe evacuado por la recurrida y de los documentos acompañados por ésta, particularmente el registro de vueltas por máquina, se constata que el recurrente ha continuado conduciendo su vehículo de transporte de pasajeros de forma ininterrumpida desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 2 de diciembre de 2025, esto es, incluso después de la supuesta comunicación verbal de inhabilitación del 22 de octubre de 2025.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, conforme al análisis realizado, no existe un acto concreto, determinado y actual que haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. En efecto, la alegada comunicación verbal de inhabilitación perpetua no se ha materializado en acto alguno, ni se ha impedido al recurrente el ejercicio de su actividad laboral como conductor, manteniéndose éste en pleno ejercicio de sus funciones hasta la fecha.

Asimismo, lo anterior se contradice con el sentido de urgencia y excepcionalidad propias de este recurso constitucional, destinado a restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el ejercicio de garantías constitucionales. La ausencia de un acto concreto lesivo, junto con la continuidad ininterrumpida del recurrente en sus funciones laborales, impide configurar el presupuesto fáctico que justifica la procedencia de esta acción cautelar, motivo suficiente para su rechazo por falta de oportunidad.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Asociación Gremial de Transportistas de Pasajeros de la Cuarta Región de Coquimbo - Lincosur A.G., por falta de oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1936-2025 (Protección).-