nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA

nombre reservado

I. Municipalidad de Combarbalá Recurso de Protección Rol N° 1930-2017.- La Serena, ocho de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 17 de octubre del 2017 comparece don David Devoto Aracena, abogado, domiciliado en domicilio reservado, “por sí” (sic) y en representación de doña nombre reservado, ingeniera comercial, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, persona de derecho jurídico, representada por su Alcalde don Pedro Castillo Díaz, y conjuntamente en contra de la fiscal doña Silvia Cortés Gómez y del abogado don Alejandro Echeverría Jerez, ambos en su calidad de encargados jurídicos de la mencionada municipalidad, quienes suscribieron un documento en virtud del cual se suspendió a su representada del cargo.

Fundando el recurso señala que su representada asumió sus funciones en el municipio recurrido, en calidad de Directora de Administración y Finanzas y Jefa de Personal, a contar del 10 de enero del año 2017 y que sus funciones se encuentran establecidas en el artículo 27 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las que ha cumplido a cabalidad. Sostiene que la abogada doña Silvia Cortés Gómez, Jefa del Departamento de Educación, dispuso en forma ilegal y arbitraria, mediante un documento emitido el 6 de septiembre del 2017, del cual su representada solo tomó conocimiento al momento de su entrega personal por la recurrida nombre reservado, que en su calidad de fiscal de un sumario administrativo había dispuesto la suspensión del cargo, con la obligación inmediata de abandonar la oficina donde desarrollaba sus funciones, enterándose recién en esa fecha de la designación de la fiscal recurrido y de la iniciación del sumario en su contra, justificando tal decisión en la facultad contenida en el artículo 134 de la ley 18.883, y que se había adoptado para seguridad de la investigación. Refiere que dicho documento se encuentra firmado por Silvia Cortés Gómez como fiscal y don Alejandro Echeverría Jerez, en calidad de actuario, ambos abogados contratados por la Municipalidad de Combarbalá.

Hace presente que las medidas disciplinarias sólo pueden materializarse como consecuencia de la instrucción previa de alguno de los procedimientos establecidos para el efecto, como son, la investigación sumaria o el sumario administrativo, y ellas sólo pueden corresponder a eventuales responsabilidades que se deriven de hechos que han sido investigados y que fueron objeto de cargos en el respectivo procedimiento; sin embargo, vulnerando todos y cada uno de los requisitos establecido por la ley y en forma ilegal e injustificadamente, se ha notificado personalmente a su representada, con fecha “5 de Septiembre de 2017”, respecto de la suspensión del cargo, con las consecuencias que implica el tener que abandonar el lugar de su trabajo en forma abrupta y vergonzosa.

Agrega que para que el acto de un fiscal llegue a implicar una suspensión y que esta decisión sea legal, el sumariante no sólo debe actuar conforme a las normas especiales relacionadas con el procedimiento administrativo contenidas en el respectivo Estatuto Administrativo, sino que se debe respetar todo el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a este tipo de actuaciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República; que por tal razón y conforme lo dispone el artículo 82 letra a) de la ley 18.883, “les está prohibido al ejercer sus facultades atribuciones o representaciones de las que no están legalmente investidos o que no le hayan sido delegadas, en el caso se ha atribuido la señora Fiscal facultades que no les están permitidas por la Ley.” (sic) y que, además, le está prohibido realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Indica que en la especie la actuación de la fiscal recurrida ha atentado gravemente en contra de la dignidad de la recurrente.

Enseguida, luego de explicar lo que a su juicio constituyen las etapas de un sumario administrativo, refiere que en este caso la aludida fiscal sin siquiera dar a conocer antecedente alguno a la accionante, ha dispuesto su suspensión sin garantizar a todo inculpado un procedimiento disciplinario que le otorgue la posibilidad efectiva y concreta de defenderse. Añade que lo más grave es que la suspensión decretada se encuentra firmada por la fiscal y el abogado Jefe del DAEM de la Municipalidad quien ha actuado de asesor jurídico del Alcalde, “vulnerando todos los principios regulatorios de un sumario, excediendo sus facultades y dañando la dignidad de su representada.” (sic)

Que ante la ilegalidad de la suspensión de sus funciones la recurrente interpuso recurso de reposición ante el Alcalde del ayuntamiento recurrido, con fecha 7 de septiembre del 2017, sin que la autoridad haya emitido pronunciamiento alguno a la fecha de presentación del presente recurso.

Expone que la disposición de suspender a su representada, por no cumplir con las normas contempladas por la ley para la aplicación de la misma, vulnera sus derechos constitucionales contemplados en los artículos 7, 19 números 1°, 3° y 16 de la Constitución Política de la República, al haberse, además, transgredido las prohibiciones contempladas en el artículo 82 y lo dispuesto en el artículo 118 ambos de la ley 18.882. Adiciona que injustificada e ilegalmente se le está aplicando una suspensión de funciones, por quienes no tienen la competencia para ello, ya que la facultad contemplada en el artículo 134 de la ley 18.883, es posterior a un debido proceso, debiéndosele dado a conocer los cargos y sus fundamentos, para poder ejercer su defensa, por lo que la fiscal y actuario carecen de competencia y de jurisdicción; en consecuencia, afirma que a la recurrente se le está juzgando por una comisión especial, presumiendo responsabilidad en hechos respecto de los cuales ni siquiera ha tomado conocimiento ni ha sido interrogada, más aún sostiene que habiendo solicitado copia al Secretario Municipal don nombre reservado, se la negó indicándole que tenía instrucciones en tal sentido, circunstancia que agrava la situación y vulnera el principio del debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la igualdad ante la ley, porque toda persona en una situación similar son consideradas inocentes hasta que una sentencia firme y ejecutoriada demuestre lo contrario. Estima que la autoridad municipal y la fiscal en el ejercicio de una potestad administrativa no pueden incurrir en arbitrariedades y negarse a cumplir con sus obligaciones legales y disponer una sanción tan grave como la suspensión del cargo, fundados en la mera voluntad o capricho, lo cual vicia lo obrado, con la consecuencia de responsabilidad personal, ya que son los firmantes del documento que ha ordenado la suspensión de su trabajo. Reitera que la actuación de los recurridos vulnera la presunción de inocencia que la protege durante todo el procedimiento administrativo.

Prosigue señalando que en la especie no existe siquiera acto de imputación, pues las imputaciones que se formulen en el sumario deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma cómo ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa; que por tanto resulta entonces evidente, en este caso, “que se han incurrido por los sumariantes en vicios graves, tanto en el procedimiento, como en lo procesal.” (sic), explicando luego los fundamentos de tal aseveración.

Acota que la propia Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la Administración del Estado, contemplan la posibilidad de suspender de sus funciones y privar de parte de sus remuneraciones a los funcionarios que sean encontrados culpables en los sumarios administrativos, pero que la sanción debe ser aplicada en un sumario que ya esté firme y ejecutoriado.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y se ordene la anulación de los actos ilegales y arbitrarios, dejándose sin efecto la suspensión de sus funciones impuesta a la recurrente y se apliquen “a los responsables de tan errado proceder las máximas sanciones que ello amerite” (sic), decretándose, además, la reincorporación de la accionante a su labores y el pago de las remuneraciones que se le adeuden por el periodo de suspensión del cargo.

Que compare don nombre reservado, en representación de la Municipalidad de Combarbalá y evacuando el informe solicita el rechazo del recurso, con costas.

Señala, en primer término, que es evidente que la recurrente plantea sus alegaciones en relación al sumario administrativo incoado en su contra y la consiguiente medida preventiva de suspensión; que ambos actos fueron notificados personalmente con fecha 5 de septiembre del presente año, no obstante que la accionante reconoce que se le notificó con fecha 6 de septiembre siguiente; por lo que en ambos casos el acto administrativo impugnado por medio de la acción constitucional resulta extemporáneo, habiendo transcurrido en exceso el plazo para interponerlo, toda vez que el término fatal para deducir el recurso es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión arbitraria o ilegal reclamado como vulneratorio de garantías constitucionales, o desde que haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Sostiene que en la especie, de la propia declaración de la recurrente aparece que ésta tenía conocimiento efectivo del acto desde el 6 de septiembre del 2017, y que la acción cautelar fue interpuesta con fecha 17 de octubre del citado año, por lo cual el recurso de protección es absolutamente extemporáneo, motivo suficiente para que sea rechazado.

Refiriéndose al fondo de la acción constitucional, señala que la recurrente inició sus funciones en el municipio como Directora de Administración y Finanzas, y Jefa de Personal, a contar del día 10 de enero del año 2017; agrega que efectivamente se instruyó sumario administrativo en contra de la accionante y que mediante Decreto Nº 3.059/2017, se designó fiscal administrativa a doña Silvia Cortés Gómez, Jefa del Departamento de Administración Educacional Municipal, quién a su vez nombró como actuario del procedimiento al abogado Alejandro Echeverría Jerez.

Refiere que se informó por parte de la fiscalía administrativa, la aplicación de la medida preventiva de suspensión preventiva, en uso de la facultad legal contenida en el artículo 134 de la ley 18.883.

Precisa que el aludido procedimiento administrativo disciplinario se fundamenta en el informe evacuado por la Unidad de Control Interno del municipio que da cuenta de irregularidades de gravedad relacionadas con la recurrente, tales como ordenar al encargado de informática del municipio la modificación de sus registros de ingreso para que cambiara los horarios del mismo, por lo que ante la eventual falta administrativa que estos hechos pueden constituir, el Alcalde solo cumplió con su deber legal al ordenar la instrucción del sumario. Añade que la recurrente en partes de su presentación afirma que la medida de suspensión constituye una sanción, alegando falta de mérito, faltas al debido proceso y arbitrariedad; pero resulta un hecho indiscutido que en ningún caso la medida de suspensión preventiva constituye una sanción, lo que desprende de la sola lectura del aludido del artículo 134, norma refrendada por el Estatuto Administrativo, de lo que se infiere que se trata de una medida preventiva facultativa de carácter legal; indica que no es posible que en el caso de la recurrente no sea posible el instruir procedimientos administrativos disciplinarios, por cuanto todo funcionario municipal puede ser objeto de un sumario administrativo, con el objeto de determinar responsabilidades en hechos ocurridos en su calidad de funcionario, y de fijar sanciones disciplinarias en caso de ser considerado culpable de actuaciones irregulares, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 124 al 143 de la ley 18.883, dándose aplicación estricta en la especie al procedimiento establecido en la ley para investigar, existiendo, además, los recursos y medidas administrativas para que lo actuado pueda ser revisado y modificado si se produjo una ilegalidad formal o de fondo, ya sea por la vía de la reposición o del recurso de reclamación y revisión ante la Contraloría General de la República.

Luego, el informante asevera que es falso que la recurrente haya hecho abandono inmediato de su lugar de trabajo, de manera vergonzosa o abrupta, ya que la notificación del acto suspensivo fue al terminar la jornada, dentro de la oficina que la sumariada utilizaba, sin la presencia de otros funcionarios, añadiendo que, aún más, la recurrida quedó en la oficina y se retiró posteriormente, dejando la dependencia cerrada con llave, sin hacer devolución de ella hasta la fecha.

Expresa que la falta atribuida a la recurrente, en orden a haber solicitado al encargado de informática municipal la modificación de sus registros de asistencia horaria, eventualmente podría constituir una infracción grave al principio de probidad administrativa, ante lo cual resultaba imposible el no dar inicio a un procedimiento administrativo disciplinario, a fin de determinar la ocurrencia de los hechos imputados y si existe responsabilidad administrativa de la funcionaria.

Adiciona que de lo expuesto, todas las expresiones vertidas por la recurrente en cuanto a que la suspensión preventiva que se le notificó importaría una sanción legal, deben ser desestimadas, constituyendo tal aseveración un error evidente respecto de la naturaleza jurídica de la medida o bien, una total confusión.

En relación al alegato de la recurrente en orden a no haber tenido acceso a los antecedentes del procedimiento sumarial, el recurrido manifiesta que todo sumario administrativo es secreto hasta la etapa de formulación de cargos por expresa disposición del artículo 135 de la ley 18.883, de modo que dicha argumentación no resulta aceptable, más aún cuando ha tenido todos los recursos administrativos disponibles, agregando que no habiéndose formulado cargos no existe acusación alguna de hechos concretos que revistan caracteres de responsabilidad administrativa, por lo que es improcedente, toda alusión a presuntas inobservancias al debido proceso o al derecho de defensa. En cuanto a la reposición formulada por la recurrida, refiere que aun cuando la instrucción de un sumario administrativo no contempla tal recurso, de todos modos se le dio respuesta mediante ordinario N° 1.377/2017, en el cual se rechazó dicha reposición por carecer de fundamentos de hecho y derecho, además se le niega la solicitud de copias de lo obrado por el secreto de sumario legal, prescrito por el precitado artículo 135 de la ley 18.883.

En cuanto a las garantías constitucionales que la accionante estima conculcadas, esto es, las contenidas en los artículos 7, 19 números 1, 3 y 16 de la Constitución Política de la República, expone que la acción constitucional de protección no se encuentra concebida para amparar lo contenido en el artículo 7º de nuestra Carta Fundamental, así como tampoco lo establecido en los artículos 82 y 118 de la ley 18.882. Añade que la recurrente también argumenta que no se le ha respetado su presunción de inocencia, reconociendo que no existe siquiera acto de imputación, lo que es evidente por la incipiente etapa procesal del sumario administrativo; que respecto a los vicios de procedimientos y procesales que reclama, el informante sostiene que no es posible hacerse cargo de tales afirmaciones porque la accionante no los precisa.

Continúa el representante de la recurrida aduciendo que el libelo no sólo se basa en argumentaciones artificiosas, sino que se falta a la verdad, al extremo que la recurrente solicita que se le paguen “las remuneraciones que se le adeudan por el periodo suspendida del cargo”, no obstante que la suspensión preventiva hace legalmente improcedente la privación total o parcial de remuneraciones, de manera que sus remuneraciones han sido íntegra y oportunamente pagadas como se demuestra con la documentación de respaldo que se acompañan, consistentes en sus liquidaciones de sueldo y comprobantes de depósito.

Reitera que el contenido de un sumario administrativo esta resguardado por el artículo 135 de la ley 18.883, en tal circunstancia no resulta posible el dar a conocer su contenido, siendo secreto incluso para las partes hasta la etapa de formulación de cargos, por lo que el Alcalde del ayuntamiento no ha podido tener acceso al sumario, conocimiento que se le hará presente en la etapa de evacuación de informe fiscal.

Por otra parte, el recurrido manifiesta que no se observa cómo se vulnera, conculca o amenaza los derechos y garantías de los artículos 19 N° 1 y 4 y/o 16 de la Constitución Política de la República de Chile, ya que se ha obrado de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 124 a 143 de la ley 18.883, dándose aplicación estricta al procedimiento establecido en la ley para investigar, agregando que la ley contempla los recursos y medidas administrativas para que lo actuado pueda ser revisado y modificado, si se produjo una ilegalidad formal o de fondo, ya sea por la vía de la reposición o del recurso de reclamación y revisión ante la Contraloría General de la República. Añade que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos que se encuentran sometidos a normas y procedimientos preestablecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro de la esfera de sus atribuciones legales y, en consecuencia, bajo el imperio del derecho, estimando que la tramitación de este sumario contempla todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa de los inculpados.

Termina aseverando que el actuar de la fiscal y de la Municipalidad de Combarbalá se enmarca en el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, y, en ningún caso, puede ser calificada de arbitraria o ilegal como pretende la accionante.

La recurrida Municipalidad de Combarbalá acompañó los siguientes documentos; a) copia simple del Decreto N° 3059/2017, que dispuso la instrucción de sumario a la accionante; b) copia simple del Ord. N° 194 de fecha 28 de agosto del 2017, en virtud del cual el Director de Control del municipio recurrido informa al Alcalde de la comuna sobre las irregularidades en marcación de hora de entrada en sistema de asistencia de la recurrente; c) imagen digital de comprobantes de envío de respuesta a la presentación efectuada por la accionante; d) copia simple del Decreto N° 3434, mediante el cual el Alcalde de Combarbalá dispone el cambio del fiscal instructor; e) copia simple del Ord. 858, de fecha 28 de septiembre del 2017, remitido por la recurrida Silvia Cortés Gómez, solicitando que se proceda al cambio del fiscal; f) capturas de pantalla de la plataforma de Correos de Chile, que revelan la recepción por parte de la recurrente de la reposición por ella planteada; y, g) copia simple de las remuneraciones pagadas a la accionante correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2017.

Con fecha 31 de octubre del 2017, la recurrida doña nombre reservado, Jefa DAEM Combarbalá, informando el recurso, expone que mediante Decreto N° 3.059 emitido por el Alcalde de la referida comuna, fue designada en calidad de fiscal administrativa para instruir sumario administrativo en contra de la Directora de Administración y Finanzas del municipio de Combarbalá. Refiere que habiéndose constituido legalmente la fiscalía administrativa, procedió a nombrar como actuario al abogado del DAEM, don Alejandro Echeverría Jerez, en atención a su experiencia en la tramitación de procedimientos administrativo disciplinarios. Añade que de la revisión del informe emitido por la Unidad de Control Interno Municipal, en virtud del Ordinario 194, se observó que habiendo detectado dicha unidad de control eventuales irregularidades en las marcaciones de la funcionaria nombre reservado, en cuanto habría solicitado al encargado de informática modificaciones a sus registros de asistencia horaria, lo que reviste especial gravedad en su calidad de directiva, hicieron necesario, a juicio de la fiscalía administrativa, que se aplicara la medida preventiva de suspensión contemplada en el artículo 134 de la ley 18.883, ya que se estimó del todo adecuado para una correcta investigación, que la sumariada fuera suspendida, porque de resultar efectivo que en su calidad de directiva con autoridad jerárquica sobre el encargado de los registros de asistencia hubiera solicitado aquellas modificaciones sin ninguna autorización por parte del señor Alcalde, no ofrecía garantías de una adecuada investigación el que la sumariada se mantuviera en su cargo, con la eventual posibilidad de inferir directa o indirectamente respecto de funcionarios municipales bajo su nivel jerárquico, quienes deberían ser interrogados o se les solicitaría información relacionada directamente con la sumariada.

Sostiene que la única razón de la dictación de medida preventiva de suspensión, fue asegurar una debida y adecuada investigación de los hechos, añadiendo que resulta incomprensible que en el recurso interpuesto se refiera a una sanción o arbitrariedades, por cuanto la medida aplicada corresponde a una facultad legal que fue ejercida con total justificación según los antecedentes tenidos a la vista, teniendo en cuenta, además, que eventualmente los hechos pueden constituir una grave falta a la probidad administrativa ejecutada con abuso de jerarquía. Expresa, frente a las aseveraciones vertidas por la recurrente, que en la especie se ha actuado en estricto apego de la normativa, no siendo posible el aclarar errores de conceptos o interpretaciones erróneas de la recurrente.

Acota que la recurrente en una carta que denominada “reposición”, de fecha 7 de septiembre del 2017, en la cual formuló variadas expresiones injuriosas a la fiscalía administrativa, que resultaban inaceptables, por lo que tanto la recurrida como el actuario del procedimiento administrativo, solicitaron al Alcalde el cambio de fiscal, a fin de poder ejercer sus derechos y al mismo tiempo asegurar la debida imparcialidad que debe mantener toda fiscalía administrativa; y que habiéndose aceptado sus argumentos, se designó como nuevo fiscal a don Juan Pablo Adonis Álvarez, actual Jefe SECPLAN del municipio, a quien le hizo entrega del expediente sumarial.

Comparece, luego el recurrido don nombre reservado, limitándose a informar que su participación en el sumario administrativo solo consistió en actuar como ministro de fe en las actuaciones del mismo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrente doña nombre reservado, por intermedio de su apoderado, el abogado don David Devoto Aracena, recurre de protección en contra de la Municipalidad de Combarbalá, representada por su Alcalde don Pedro Castillo Díaz, de doña Silvia Cortés Gómez y de don Alejandro Echeverría Jerez, fiscal y actuario, respectivamente, del procedimiento administrativo disciplinario seguido a su respecto, reclamando como ilegal y arbitrario el acto por medio del cual se dispuso, en el aludido sumario administrativo, la medida de suspensión de sus funciones de Directora de Administración y Finanzas del referido municipio. Aduce que de dicha circunstancia y del inicio del citado procedimiento administrativo se enteró solo cuando fue notificada personalmente con fecha 5 de septiembre del 2017, agregando que para adoptar la decisión de aplicar la sanción de suspensión, el fiscal debe actuar conforme a las normas especiales relacionadas con el procedimiento administrativo contenidas en el respectivo Estatuto Administrativo, lo que no ha ocurrido en la especie, de modo que tal decisión vulnera sus derechos constitucionales contemplados en los artículos 7, 19 números 1°, 3° y 16 de la Constitución Política de la República, porque ha sido impuesta por quienes no tienen la competencia para ello, toda vez que la facultad contemplada en el artículo 134 de la ley 18.883, debe ser adoptada con posterioridad a un debido proceso, dándosele a conocer los cargos y sus fundamentos para poder ejercer su defensa. Luego la accionante añade que la fiscal y el actuario carecen de competencia y de jurisdicción; por tanto, se le está juzgando por una comisión especial, presumiendo responsabilidad en hechos respecto de los cuales ni siquiera ha tomado conocimiento ni ha sido interrogada, infringiéndose el principio el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la igualdad ante la ley, porque toda persona en una situación similar son consideradas inocentes hasta que una sentencia firme y ejecutoriada demuestre lo contrario.

CUARTO: Que informando la recurrida Municipalidad de Combarbalá, a través de su Alcalde, en primer término, solicita que se declare que la acción constitucional intentada ha sido presentada extemporáneamente, porque habiendo tomado conocimiento la recurrente del acto que estima ilegal y arbitrario el día 5 de septiembre del 2017, hasta la fecha de la interposición del recurso transcurrieron más de los treinta días que es el plazo que contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para deducirlo.

Enseguida, respecto del fondo pide su rechazo, aduciendo que el procedimiento administrativo disciplinario ordenado instruir en contra de la recurrente tiene como fundamento el informe evacuado por la Unidad de Control Interno del municipio, que da cuenta de irregularidades de gravedad, toda vez que la accionante ordenó al encargado de informática del municipio, la modificación de sus registros de ingreso para que cambiara los horarios del mismo, por lo que ante la eventual falta administrativa que estos hechos pueden constituir, el Alcalde solo cumplió con su deber legal al ordenar la instrucción del sumario. Añade en torno a la calificación de sanción que la recurrente atribuye a la medida de suspensión de sus funciones, que ello no es efectivo, según se desprende de la sola lectura del aludido del artículo 134 de la ley 18.883, norma concordante con el Estatuto Administrativo, disposición que permiten inferir que se trata de una medida preventiva facultativa de carácter legal; adiciona que en la especie se ha dado aplicación estricta al procedimiento establecido en la ley para investigar, existiendo, además, los recursos y medidas administrativas para que lo actuado pueda ser revisado y modificado, si se produjo una ilegalidad formal o de fondo. Precisa que la falta imputada a la recurrente, en orden a haber solicitado al encargado de informática municipal la modificación de sus registros de asistencia horaria, podría constituir una infracción grave al principio de probidad administrativa, ante lo cual resultaba imposible no dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario, a fin de determinar la ocurrencia de los hechos imputados y si existe responsabilidad administrativa de la funcionaria. Respecto de la argumentación de la recurrente en cuanto a no haber tenido acceso a los antecedentes del procedimiento sumarial, el recurrido manifiesta que todo sumario administrativo es secreto hasta la etapa de formulación de cargos por expresa disposición del artículo 135 de la ley 18.883, de modo que dicha alegación carece de sustento, agregando que no habiéndose formulado hasta la fecha cargos en contra de la funcionaria sometida a sumario, no existe acusación alguna de hechos concretos que revistan caracteres de responsabilidad administrativa, por lo que es improcedente toda las referencias a presuntas inobservancias al debido proceso o al derecho de defensa.

QUINTO: Que, por su parte, la recurrida doña Silvia Cortés Gómez informado en relación al recurso, refiere que mediante Decreto N° 3.059 emitido por el Alcalde de Combarbalá, fue designada fiscal para instruir sumario administrativo en contra de la Directora de Administración y Finanzas del municipio de Combarbalá y que habiéndose constituido legalmente la fiscalía administrativa, nombró como actuario al abogado del DAEM, don Alejandro Echeverría Jerez. Añade que de la revisión del informe emitido por la Unidad de Control Interno Municipal, en virtud del Ordinario 194, se observaron eventuales irregularidades en las marcaciones de la funcionaria nombre reservado, en cuanto habría solicitado al encargado de informática modificaciones a sus registros de asistencia horaria, lo que reviste especial gravedad en su calidad de directiva del municipio, circunstancia que hizo necesario la aplicación de la medida preventiva de suspensión contemplada en el artículo 134 de la ley 18.883, al estimarse adecuado para una correcta investigación, que la sumariada fuera suspendida, porque de resultar efectivo que en su calidad de directiva con autoridad jerárquica sobre el encargado de los registros de asistencia hubiera solicitado aquellas modificaciones sin ninguna autorización por parte del señor Alcalde, no había garantías de una apropiada investigación el mantener a la funcionaria en su cargo, ante la eventual posibilidad de inferir directa o indirectamente respecto de funcionarios municipales bajo su nivel jerárquico, quienes deberían ser interrogados o se les solicitaría información relacionada directamente con la sumariada. Por tanto, afirma que la única razón de la dictación de medida preventiva de suspensión, fue asegurar una debida y adecuada investigación de los hechos, sosteniendo que es incomprensible que en el recurso intentado se refiera a una sanción o arbitrariedades, por cuanto la medida aplicada corresponde a una facultad legal que fue ejercida con total justificación según los antecedentes tenidos a la vista, habiendo considerado, además, que los hechos podrían constituir una grave falta a la probidad administrativa ejecutada con abuso de jerarquía. Finalmente indica que en el caso sub lite ha actuado con estricto apego de la normativa, no siendo posible el aclarar errores de conceptos o interpretaciones equivocaciones de la recurrente.

Señala, finalmente, que frente a serias imputaciones formuladas en su contra y del actuario del sumario por parte de la recurrente, a objeto de ejercer sus derechos y asegurar la debida imparcialidad que debe mantener toda fiscalía administrativa, solicitó junto al actuario se designara un nuevo fiscal y que habiéndose aceptado sus argumentos, se designó a don Juan Pablo Adonis Álvarez, actual Jefe SECPLAN del municipio, a quien le hizo entrega del expediente sumarial.

SEXTO: Que, informado el recurrido don Alejandro Echeverría Jerez, se limitó a señalar que su participación en el sumario administrativo incoado en contra de la recurrente solo consistió en actuar como ministro de fe en las actuaciones del mismo.

SÉPTIMO: Que según reconoce expresamente en su libelo recursivo, la recurrente tomó pleno conocimiento de la iniciación del sumario administrativo ordenado instruir en su contra y de la medida de suspensión provisoria de sus funciones -circunstancia fáctica que estima ilegal y arbitraria y en que fundamenta la acción constitucional intentada- el día 5 de septiembre del 2017, cuando fue notificada personalmente de tales decretos, por lo que considerando, además, que la presente acción cautelar fue interpuesta el 17 de octubre último, se colige, en forma fehaciente, que entre las fechas señaladas, transcurrió en exceso el plazo de treinta días corridos que contempla el N° 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para deducir recurso de protección, por lo que solo procede su rechazo, por extemporáneo.

OCTAVO: Que, sin perjuicio, de lo concluido en el motivo precedente, conveniente resulta consignar que del mérito de lo expuesto por la accionante y la recurrida y de los antecedentes allegados a los autos por la Municipalidad de Combarbalá, como del contenido de la copia del sumario administrativo seguido en contra de la recurrente, tenido a la vista, elementos de convicción apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se logran establecer los siguientes hechos: a) que doña nombre reservado se desempeñaba como Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Combarbalá, a contar del 10 de enero del 2017; b) que mediante Ord. N° 194, de fecha 1 de septiembre del 2017, emanado del Director de Control de la referida municipalidad, don nombre reservado, se informa al Alcalde del ayuntamiento sobre irregularidades en marcación de horas de entrada en sistema de asistencia, señalando que de acuerdo al registro en sistema de asistencia de Reloj Control Biométrico, correspondiente al mes de agosto del 2017, se pudo verificar que la recurrente no registra marcación en la entrada los días 4, 7 y 9 de agosto del aludido año y que el día 10 del mismo mes no registra horario de entrada ni de salida, constatándose, además, que en el registro del sistema de movimientos manuales del indicado Reloj se modificaron los horarios de entradas de los señalados días 4 y 9 de agosto, por lo que sugiere instruir sumario administrativo, por constituir tal conducta una infracción grave a la probidad administrativa, de acuerdo al artículo 58 letra g) de la ley 18.883; c) que por Decreto N° 3.059, dictado por el Alcalde de Combarbalá con fecha 4 de septiembre del año 2017, se ordenó instruir sumario sobre irregularidades de horario de entrada en sistema de asistencia de doña nombre reservado, los días 4 y 9 de agosto del citado año, designándose fiscal para tal efecto a doña Silvia Cortés Gómez, Directora de Educación del municipio; d) que a su vez la mencionada fiscal, por resolución por resolución de fecha 5 de septiembre del 2017, designó como actuario a don Alejandro Echeverría Jerez, asesor jurídico de la DAEM.; e) que por resolución de esa misma fecha, la mencionada fiscal instructora, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la ley 18.883 y con el fin de lograr una mejor investigación de los hechos, dispuso la suspensión de sus funciones de Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Combarbalá, de doña nombre reservado, a partir de la fecha de su notificación y mientras dure el sumario administrativo: f) que por Decreto N° 3.434, de fecha 10 de octubre del 2017, dictado por el Alcalde del municipio de Combarbalá se procedió, a petición de la recurrida doña Silvia Cortés Gómez, a designar un nuevo fiscal, recayendo el nombramiento en la persona de Juan Pablo Adonis Álvarez Director de SECPLA, quien a su vez designó como nuevo actuario del procedimiento administrativo a doña nombre reservado; g) que el fiscal Juan Pablo Adonis Álvarez ratificó lo obrado en el sumario por la anterior fiscal, continuando con la investigación decretado diversas diligencias; h) que por resolución de fecha 26 de octubre del 2017, el Alcalde Subrogante de la Municipalidad de Combarbalá, aprobó el aumento del plazo del sumario administrativo seguido en contra de la accionante hasta el día 11 de enero del 2018, por existir diligencias pendientes; e, i) que, en fin, que el sumario se encuentra en actual investigación y que, por tanto, no se han formulado cargos en contra de la recurrente.

NOVENO: Que, asimismo, útil es recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales, el empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias; enseguida el artículo 126 del citado texto legal, previene que si por la naturaleza o gravedad de los hechos denunciados en contra del funcionario municipal así lo exigiere, el Alcalde deberá disponer la instrucción de un sumario administrativo, prescribiendo, además, en el artículo siguiente que tal sumario se ordenará por la mencionada autoridad, mediante decreto en el que designará, además, al fiscal que estará a cargo del mismo, mientras que en su artículo 128 prescribe que notificado el fiscal designado, éste nombrará un actuario, designación que deberá recaer en un funcionario de la municipalidad, quien tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las actuaciones del sumario; luego el artículo 133 del mismo cuerpo legal, previene que el fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite, agregando en sus incisos siguientes, que la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al afectado o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual tendrá un plazo de tres días, agregando que en casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el aludido plazo de instrucción hasta completar sesenta días, por decisión del Alcalde. Por su parte, el inciso 1° del artículo 134, establece que en el curso del sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva, precepto que resulta concordante, por lo demás, con lo dispuesto en el artículo 136 del DFL. N° 29 del año 2004 del Ministerio del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.884, sobre Estatuto Administrativo. A continuación el inciso 2° del artículo 135 de la ley 18.883 prescribe que el sumario será secreto hasta la formulación de los cargos, oportunidad en que dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asuma su defensa y, en fin que en su artículo 136 el precitado texto legal señala que el imputado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días desde la fecha de su notificación para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas.

DÉCIMO: Que, atendido los hechos consignados en el basamento octavo y los preceptos legales reseñados en la motivación precedente, no cabe sino concluir que la decisión de instruir sumario en contra de la recurrente, así como el acto administrativo impugnado y que ha servido como sustento fáctico a la acción constitucional deducida, vale decir, la suspensión provisoria de funciones de la accionante, además, de haberse adoptado en uso de sus potestades, esto es, ajustándose las respectivas autoridades -Alcalde y fiscal instructora- a la normativa legal, aparecen debidamente justificados, debiéndose tener en consideración, asimismo, que la revisión de la copia de sumario administrativo permite inferir que el procedimiento se ha desarrollado en los términos previstos en la ley 18.883 y que la investigación no se encuentra cerrada, por lo que no se halla en la etapa procesal prevista para adoptar la decisión de formular cargos en contra de la funcionaria recurrente, caso en el cual tendrá derecho a ejercer los medios de defensa que le franquea la ley. En consecuencia, no es posible advertir que las actuaciones de los recurridos hayan vulnerado las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, 3 y 16 de nuestra Carta Fundamental, como reclama la recurrente, siendo necesario, además, consignar respecto de la primera y de la tercera, que el apoderado de la accionante no ha formulado argumento coherente alguno respecto de la forma en que el acto recurrido le haya afectado el derecho a la vida o integridad psíquica, ni la libertad de trabajo o el derecho a su libre elección y contratación; y que, en relación a la segunda, en cuanto invoca la infracción al derecho al debido proceso (contemplada en el inciso 6° del numeral 3° del artículo 19 del texto constitucional), tal derecho no se encuentra contemplado dentro del catálogo de las garantías amparadas por el recurso de protección, en el artículo 20 de La Constitución Política de la República; y que, por otra parte, de las liquidaciones de sueldo acompañadas por el ente municipal, se desprende que las remuneraciones de la funcionaria sumariada, luego de haberse ordenado la suspensión de sus funciones, han sido enteradas por el ayuntamiento.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado David Devoto Aracena, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Coquimbo, representada por su Alcalde don Pedro Catillo Díaz, de doña Silvia Cortés Gómez y de don Alejandro Echeverría Jerez, con costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 1930-2017.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete. No firma la abogado integrante señora Badilla no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

En La Serena, a ocho de enero de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.