nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1926-2025.- La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Claudio Fernández Ramírez, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-UME- 139831-2025, de 13 de octubre de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 3 de febrero de 2025, por diagnóstico irrecuperable, lo que conculca los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que en el año 2019 se diagnosticó a la actora raquiestenosis lumbar, espondilolistesis degenerativa, foraminoestenosis múltiple, estenosis central lumbar media con radiculopatía única y evidencia electromiográfica de compromiso radicular S1 izquierdo e inestabilidad segmentaria.

Acota que, en el mes de marzo de 2022, asistió al médico y comenzaron sus licencias hasta el día de hoy, añadiendo que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez certificó su discapacidad física con movilidad reducida en un 43%.

Explica que el acto recurrido concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado no se encontraba justificado, lo que se basó en que según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no era posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología había sido declarada irrecuperable, añadiendo que el trámite de invalidez ejecutoriado el 14 de agosto de 2024, concluyó que existía un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 34% y que si bien reconocía la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, no serían suficientes para acceder a una pensión de invalidez en los términos señalados en el Decreto Ley N°3500, por lo que no se justificaría la prolongación del reposo más allá del periodo previamente autorizado de 900 días.

Refiere que lo argüido por la recurrida no corresponde a la realidad, pues la recurrente se encuentra en controles médicos constantemente en el Hospital de Coquimbo, resultando incomprensible la falta de prolijidad con la que se confirma el rechazo de las licencias extendidas, el que, por lo demás, es arbitrario e ilegal, por cuanto no se analiza ni menciona los antecedentes, certificados e informes médicos presentados en sede administrativa y, asimismo, no considera las características particulares de la paciente y su evolución.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución impugnada y, en su lugar, se acoja dicho reclamo, ordenándole autorizar las licencias médicas indicadas en el libelo y proceder derechamente al pago o, en subsidio, se le ordene disponer la práctica de todos los exámenes, peritajes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y concurrencia de la incapacidad laboral que originó el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin que con dichos resultados, proceda al pago de éstas, todo ello dentro de un plazo de 30 días hábiles administrativos, bajo apercibimiento que, de no cumplir lo ordenado dentro del plazo indicado, deberá proceder a autorizar y disponer el pago de las licencias indicadas, de plano y sin más trámite, todo ello sin perjuicio de cualquier otra medida que se considere necesaria para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Refiere el marco normativo que rige la materia, enfatizando que para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, como es el caso en comento, el sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez. En efecto, señala que el cuadro que aqueja a la actora ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo, conclusión que se basa en que las patologías presentadas han tenido un curso cronificado, mostrando en su evolución una incapacidad no temporal y, por ende, no susceptible de modificar con el reposo continuo que ha tenido, por tanto no corresponde otorgar los subsidios por incapacidad laboral de ese tipo, por cuanto no se cumple con el requisito básico de una licencia médica, que es la temporalidad de la patología.

Luego, respecto del rechazo de las licencias médicas reclamadas, indica que tal decisión se fundamentó en que el reposo prescrito no se encontraba justificado, dado que según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no era posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando la patología ha sido declarada irrecuperable. Añade que el trámite de invalidez ejecutoriado el 14 de agosto de 2024 concluyó un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 34%. Así, si bien se reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, aquellas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez en los términos señalados en el Decreto Ley N°3.500, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 900 días, circunstancias que fueron debidamente consignadas en la Resolución Exenta N°R-01-UME- 139831-2025, de 13 de octubre de 2025.

Insiste en que la actora presenta dictamen de invalidez ejecutoriado el 14 de agosto 2024, emitido por la Comisión Médica Regional, mediante el que se reconoce un 34% de menoscabo de su capacidad de trabajo, de forma tal que su patología se contrapone al carácter temporal de la licencia médica.

Finaliza exponiendo que los dictámenes impugnados encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, el que adjunta a su informe.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física, de igualdad y de propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contempladas bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta NºR-01-UME-139831-2025, de 13 de octubre de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 3 de febrero de 2025, por diagnóstico irrecuperable.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto en la resolución referida, aquella señala: “Que, ha recurrido con fecha 04 de julio de 2025 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 03 de febrero de 2025, por Diagnóstico irrecuperable.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable.

Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 14 de agosto de 2024 concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 34 %, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de más de 900 días.”

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, además de lo razonado en forma precedente, es un hecho asentado que luego de la emisión de las licencias cuyo rechazo por esta vía impugna, no se encontraba completamente afinado el rechazo a su pretensión de declaración de invalidez, en tanto aquello se habría verificado el pasado 15 de septiembre, según costa en la documentación allegada por la recurrente.

Así las cosas, es oportuno considerar que conforme a lo establecido en la Circular N°2C/234 de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, mientras dure el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se considere legalmente ejecutoriado, ya sea por las Comisiones Médicas Regionales o por la Comisión Médica Central, según proceda, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud, deben continuar autorizando las licencias y pagando los correspondientes subsidios por incapacidad laboral.

Por otra parte, la Circular Nº1463, de 12 de enero de 1996, de la Superintendencia, señala que si a la fecha en que quedó ejecutoriado el dictamen de invalidez del afiliado, éste se encontraba en goce de subsidios por incapacidad laboral, derivado de la misma patología invalidante, la respectiva pensión se devengará a contar desde el día siguiente al término de esa licencia médica.

De forma tal que, amén de lo razonado en forma precedente, aparece que la resolución dictada por la recurrida, impugnada en estos autos, resulta ser incluso contraria a las instrucciones sectoriales que se han establecido sobre la materia.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida carece del debido sustento, dejándola además en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiendo que se deja sin efecto la Resolución Exenta NºR-01-UME-139831-2025, de 13 de octubre de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas NRUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 3 de febrero de 2025 y, en su lugar, se resuelve que se autorizan dichas licencias, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1926-2025 Protección.