Protección contra MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE en razón del cierre y rechazo de su

nombre reservado, nombre reservado

Ministerio de Relaciones Exteriores Recurso de Protección Rol Nº 1922-2021.- La Serena, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diecisiete de octubre de dos mil veintiuno comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolana y de su hijo nombre reservado, venezolano, en contra del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE en razón del cierre y rechazo de su solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática.

Expone haber tomado la decisión de emigrar a Chile en búsqueda de un mejor futuro, dejando en Venezuela a su pareja con quien convivio 8 años y a su hijo, que fue criado por ella, es decir, emigró dejando a su familia en Venezuela.

Agrega que desde el año 2017, se encuentra trabajando regularmente en Chile, arrendó el inmueble donde vive actualmente y en el año 2018 ingresó su solicitud de visa definitiva al ministerio de nombre reservado.

Sin embargo, la solicitud de visa presentada por recurrentes en el mes de agosto de 2019, quedando a la espera de ser citados por el Consulado para la entrevista de rigor, fue rechazada hasta nuevo aviso por motivo de la pandemia, en el mes de noviembre de 2020, por lo mismo, presentó una carta reconsiderativa al Director general de asuntos consulares en Chile, para que revaluara la cancelación.

Precisa que mientras esperaba la citación por parte del Consulado, éste recibe, con fecha 11 de noviembre de 2020, un correo electrónico de carácter masivo enviado por Cancillería de Chile a todo aquel que se encontraba tramitando una solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática. Al conocer esta noticia, los recurrentes, consultando el estado de su solicitud a través del Sistema de Atención Consular, confirmaron que la misma había sido cerrada, dejándole como única alternativa el volver a realizar una nueva solicitud de visa, lo cual no resulta serio, legal ni razonable.

Puntualiza que el acto arbitrario e ilegal consistió en la notificación a través de correo electrónico masivo enviado el 11 de noviembre del año 2020 por parte de la Cancillería de Chile, en el cual se le informó que, debido a la prolongación del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus y a que se había excedido el plazo máximo para la finalización del procedimiento administrativo, la autoridad había decidido dictar acto terminal de todos los trámites de solicitud de visa de responsabilidad democrática y, en consecuencia, rechazaba y cerraba su solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática.

Indica que el cierre y rechazo de la solicitud de visa de los amparados les niega la posibilidad de ingresar a Chile y lograr la reunificación familiar, no obstante haber cumplido con las disposiciones y procedimientos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para la obtención de la Visa de Responsabilidad Democrática.

En efecto, el rechazo de su solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática no se debe al incumplimiento de la normativa migratoria chilena, pues los amparados precisamente se había sometido al trámite regular de solicitud de visa, encontrándose a la espera de la cita para la entrevista de rigor al momento de recibir el correo electrónico del día 11 de noviembre de 2020. Por lo tanto, no se entiende, que sin dictarse una resolución final debidamente fundada y sin haberse realizado aun la mencionada entrevista se rechace su solicitud argumentando que no se cumple con los requisitos para ingresar a territorio nacional.

Profiere que el correo electrónico enviado por Cancillería de Chile a los amparados vulnera las normas que regulan los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (artículo 41).

Destaca que en el correo electrónico recibido se indica en términos generales que posteriormente se remitirá un correo electrónico correspondiente a la resolución de rechazo, es decir, se altera además el procedimiento regular pues primero se envía la notificación de rechazo y luego se anuncia que se emitirá la resolución respectiva, lo que deja en indefensión a la parte afectada con este proceder pues le impide conocer pormenorizadamente las razones que motivan una decisión desfavorable a su pretensión.

Agrega que la necesidad de concluir dentro de plazo el procedimiento administrativo obedece al principio de celeridad que debe regir a la Administración, es decir, es para beneficio del administrado, por lo que adoptar una decisión genérica de rechazo justificada en la necesidad de concluir con el procedimiento lesiona el deber de fundamentación que se exige en la dictación de los actos administrativos.

En cualquier caso, sostiene que los fundamentos que el Ministerio de Relaciones Exteriores esgrime en el correo electrónico masivo tampoco son aplicables al caso del actor. En efecto, la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática del recurrente se encontraba en trámite, encontrándose a la espera del agendamiento de una cita por parte del Consulado para la entrevista de rigor. Sin embargo, so pretexto de la necesidad de finalizar el procedimiento administrativo y el cierre de fronteras dispuesto por la emergencia sanitaria abruptamente se le comunicó a los protegidos que su solicitud sería rechazada invocándose artículos de la Ley de Extranjería que no se condicen con la situación del amparado; en el correo electrónico se cita el artículo 63 N° 1 de la Ley N° 1.094 que establece normas sobre extranjeros en Chile, en relación con los artículos 2° y 15 N° 7 del mismo cuerpo legal y los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 102 que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus (2019-NCOV).

Aduce que no resulta razonable sostener que los recurrentes se encuentren afectos a una prohibición de ingreso como la del artículo 15 N° 7 de la Ley de Extranjería por no cumplir los requisitos de ingreso pues el amparado precisamente se había sometido al trámite regular de solicitud de visa, encontrándose a la espera de la cita para la entrevista de rigor al momento de recibir el correo electrónico del día 11 de noviembre de 2020. Por lo tanto, no se entiende, que sin dictarse una resolución final debidamente fundada y sin haberse realizado aun la mencionada entrevista se diga que no cumple con los requisitos para ingresar a territorio nacional.

Además, la cita que se hace al Decreto Supremo N° 102 tampoco resulta acertada, pues si bien por dicho Decreto se prohíbe el tránsito de extranjeros a territorio nacional –producto de la emergencia sanitaria– la norma ha sufrido y sufre diversas actualizaciones considerando además que el Consulado de Chile en Venezuela había vuelto a funcionar a partir del pasado 23 de noviembre de 2020, días después de haberse cerrado la solicitud del amparado.

Dentro de este contexto el cierre de fronteras causado por la emergencia sanitaria no constituye en caso alguno una medida definitiva sino que constantemente es evaluada por la autoridad y dentro de ese escenario, la visa podía hacerse efectiva cuando las fronteras volvieran a abrirse.

Además, el actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores vulnera el principio de la unidad familiar.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la decisión de cerrar y rechazar la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática del actor y ordenar a la recurrida, a través de la Sección Consular de Chile en Venezuela, citar a los actores sin más trámite a la entrevista de rigor, y cumplidos los requisitos establecidos otorgar la visa solicitada, emitiendo el salvoconducto respectivo en caso de que al momento de ser estampada la visa, el cierre de fronteras decretado en Chile continúe, con el fin de que puedan viajar a Chile y se materialice la reunificación familiar.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Certificado de antecedentes penales de nombre reservado; 2) Certificado de antecedentes penales otorgado en Venezuela de don nombre reservado; 3) Certificado de antecedentes penales otorgado en Venezuela de doña nombre reservado; 4) Carta de concubinato entre nombre reservado y doña nombre reservado; 5) Cédula de identidad chilena de nombre reservado; 6) Cédula venezolana de doña nombre reservado; 7) Contrato de arrendamiento; 8) Contrato de trabajo de nombre reservado; 9) Correo masivo enviado por Consulado de Chile en Venezuela; 10) Correo con citación a consulado; 11) Copia de pasaporte de los amparados; 12) Solicitud de permanencia definitiva de nombre reservado; 13) Certificado de cotizaciones previsionales de nombre reservado; 14) Partida de nacimiento nombre reservado; 15) Poder nombre reservado a nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior.

Expone, en lo pertinente, que el Estado de Chile, mediante el Decreto Supremo N° 104 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, el que ha sido prorrogado sucesivamente. Adicionalmente, a través del Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso -en lo que interesa- el cierre de todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros hacia el territorio nacional. Añade que, mediante el Decreto Supremo N° 500, de 2020, del mismo origen, se modificó el citado Decreto Supremo 102; dicha norma mantuvo el cierre de los restantes lugares habilitados para el tránsito de pasajeros hacia el territorio nacional (puertos terrestres, marítimos y aéreos), y que por tanto existió un periodo de al menos 8 meses en que el ingreso de extranjeros no residentes estuvo prohibido, por el cierre de los referidos terminales y pasos fronterizos que permitieran su ingreso al territorio nacional.

Por su parte, con fecha 13 de marzo de 2020, y a través del Decreto N° 4.160 de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela -y sus sucesivas prórrogas-, se estableció en ese país el estado de alarma para todo su territorio, en atención a las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales, la cual fue sucesivamente prorrogada.

Indica que la adopción de las normas por la República Bolivariana de Venezuela, tienen incidencia directa y necesaria en torno al otorgamiento de visas por parte del Estado de Chile en dicho país, pues si bien la solicitud puede iniciar telemáticamente el procedimiento de rigor, la revisión presencial de los documentos conexos a la petición es esencial y determinante para su resolución, por lo que ante las medidas dispuestas por las autoridades locales, no fue posible continuar la sustanciación del procedimiento de forma regular, atendida a la interferencia regulatoria de esas autoridades a partir de la declaración del Estado de Alerta.

En efecto, señala que cabe tener presente que, en conformidad al principio de escrituración contenido en el artículo 5º de la Ley N° 19.880 y en coherencia a lo previsto en el artículo 19 del mismo cuerpo normativo, el procedimiento administrativo sobre otorgamiento de visas reviste una naturaleza mixta -es decir, en parte requieren actuaciones que debe realizar presencialmente el interesado o los miembros de la Misión Consular y, por otra, constancias e informes por escrito o por vías electrónicas- por cuanto debe compatibilizarse con las regulaciones contenidas en el Decreto Ley N° 1.094 de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile; la Ley N° 18.340, que fija nuevo texto del Arancel Consular de Chile; el Decreto Supremo N° 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que aprobó el Reglamento de Extranjería; y el Decreto Supremo N° 172, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sustituyó el texto del Reglamento Consular. Lo precedente, es coincidente con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Gestión de Visas, aprobado por Resolución Exenta N° 4.432, de 28 de diciembre de 2017, por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Manifiesta que como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por Venezuela, el aludido Consulado General no pudo atender público de forma presencial entre los meses marzo y octubre de 2020, unido a la circunstancia de que se había dispuesto la prohibición de ingreso de extranjeros al país. Esta imposibilidad generó como resultado que se acumulara un importante número de solicitudes nuevas que - atendidas las circunstancias- no era posible tramitar. Posteriormente, luego de (a información recibida por la Cancillería venezolana, fue posible continuar con los trámites presenciales que las solicitudes de visa requieren, dando así continuidad a la revisión física de los documentos y la citación de las personas que ello conlleva, observando en todo momento las normas que Venezuela ha establecido al efecto y considerando las limitaciones que posee el Consulado General de Chile en Caracas para atender a público, teniendo especialmente en cuenta las capacidades humanas y estructurales limitadas de la citada Representación Consular.

De esta manera, conforme a la información contenida en la documentación anexa, esa Dirección General tuvo que optimizar los recursos humanos disponibles y, de esta manera, sobre la base de las prioridades dispuestas por esa jefatura, debió atender la contingencia derivada del brote mundial del SARS- CoV-2, con preferencia a la atención de los connacionales en el exterior.

De esta manera, aun cuando los servicios consulares se fueron prestando, incluyendo la tramitación de las solicitudes de visas y vistos de turismo, no hay que desconocer que estas circunstancias extraordinarias - tanto de fuerza mayor como de caso fortuito- relativizan o atenúan los mandatos de optimización que se derivan de los principios de eficiencia y eficacia a que se aluden en el inciso segundo del artículo 3º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, más aún si se toman en cuenta los medios humanos disponibles y de las medidas adoptadas por las autoridades de Venezuela y Chile, dentro del contexto del brote mundial de! SARS-CoV-2.

Refiere que corresponde, en segundo lugar, analizar la naturaleza jurídica del correo electrónico que fuera enviado al recurrente de autos, para poder resolver si efectivamente constituye un acto terminal del procedimiento administrativo en torno a la solicitud de la Visa de Responsabilidad Democrática (en adelante también “VRD”). En este sentido, en apreciación de esa Dirección General, el correo electrónico -según el suscrito ya ha declarado en diversas oportunidades- no constituyó más que la comunicación de un cierre o suspensión informática, debido a la necesaria priorización de labores que tuvo que efectuar esa Secretaría de Estado, debido a la crisis sanitaria mundial que ha generado el virus SARS-CoV-2, gatillando las circunstancias extraordinarias que han alterado el normal funcionamiento del servicio.

En concreto, dichas circunstancias extraordinarias produjeron la amplia congestión en la tramitación de permisos consulares, con busca esclarecer que el Ministerio de Relaciones Exteriores pudo ver que no podría dar una pronta respuesta a los muchos procedimientos de solicitud de visa abiertos ante los Consulados de Chile en Venezuela, llevando a que el inevitable y extendido silencio de la autoridad competente a este respecto pudiese construir la expectativa de obtener una respuesta favorable -ignorando con ello las dificultades existentes tanto en Chile como en Venezuela-, es por esto que, junto al correo enviado, se comunicó públicamente la priorización de la tramitación de las VRD de reunificación familiar, las que siguen tramitándose con normalidad, atendidas las situaciones de extrema necesidad que las mismas abrigan.

Así las cosas, el correo electrónico no debe ser considerado como acto administrativo terminal, por cuanto el mismo constituye una sola comunicación para atender la situación general de caso fortuito o fuerza mayor.

Destaca que aún no existe una decisión contenida en una resolución que le corresponde adoptar a la autoridad consular y para el objeto de que surta efectos el acto administrativo que aún no se ha dictado (sea que tenga un resultado favorable o desfavorable con respecto a un interesado), aquél debe ser notificado en los términos que franquea el artículo 46 y 47 de la Ley N° 19.880.

En este orden de consideraciones, la autoridad administrativa dotada de poder de decisión para resolver las visas de residencia -incluyendo la VRD-, es el jefe de la representación consular competente, en conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la Ley N° 21.080, en concordancia a lo establecido en los artículos 1º y 4º de la Ley N° 18.340; el inciso primero del artículo 6º del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior; los artículos 12, 15, 16, 17 y 36 del Decreto Supremo N° 597, de 1984, del Ministerio del Interior; los artículos 3º, 9º y el Capítulo XXV del Decreto Supremo N° 172, de 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta manera, la comunicación en cuestión carece de identidad con la noción de acto administrativo.

Entiende que ordenar la continuación de la tramitación de la VRD solicitada por el recurrente es del todo ineficaz, por cuanto dicha tramitación aún persiste hasta el día de hoy, considerando las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor antes anotadas. En segundo lugar, si se ordenare el otorgamiento de la VRD al recurrente -si así lo hubiera solicitado- resultaría en una omisión de relevantes requisitos legales, ya que las restricciones sanitarias existentes tanto en Chile como en Venezuela hacen imposible tanto para los requirentes como para el Estado cumplir con las exigencias que establece la normativa nacional para el otorgamiento de este tipo de visado.

Luego, refiere que el derecho alegado por la recurrente no es indubitado. En efecto, por haber presentado la solicitud de VRD, el recurrente o por quien actúa en su favor no adquiere el derecho a obtener dicha visación para residir en Chile. El requirente está sometido a cumplir ciertas condiciones objetivas que dispone la normativa citada en los capítulos anteriores, para obtener eventualmente la autorización por parte de la autoridad consular competente. El único derecho que se configura para el administrado por haber presentado una solicitud de VRD ante el Consulado respectivo. es el de obtener una respuesta por parte de la autoridad consular, la que podrá ser eventualmente impugnada por las vías legales o administrativas correspondientes.

A continuación, hace presente que el Oficio Circular N° 17, de 29.01.21, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que imparte instrucciones para priorizar en el otorgamiento de visas de reunificación familiar para haitianos y de responsabilidad democrática, en su punto f), inciso final, señala, "en ese contexto y teniendo en consideración la importancia que el tema significa, es que se ha dispuesto una priorización para la tramitación de las solicitudes de reunificación familiar que los nacionales venezolanos y haitianos que cumplen con los requisitos señalados en este documento presenten. Dicha priorización significa que, mientras se encuentren vigentes los estados de excepción constitucional tanto del país del cual el solicitante de la visa al que este instrumento se refiere, como en Chile, SÓLO se tramitarán los tipos de visación referidos en este instrumento, lo cual prioriza la tramitación de estos visados en los casos de cónyuge, conviviente civil o hijos menores de edad de venezolanos residentes en Chile.

Por estas consideraciones solicita rechazar, en todas sus partes, la presente acción constitucional.

Acompaña los siguientes documentos: 1.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 13 de marzo de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.160; 2. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 12 de abril de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.186; 3. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 12 de mayo de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.198; 4.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 11 de junio de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.230; 5. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 15 de julio de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.248; 6. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 8 de agosto de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.260; 7. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 6 de septiembre de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.286; 8. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 10 de octubre de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.343; 9. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 8 de noviembre de 2020, donde se incluye el Decreto N° 4.366; 10. Resolución Exenta N° 4.432, de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre Manual de Procedimientos de Gestión de Visas, del 29 de diciembre de 2017; 11. Resolución Exenta Nc 2.087 del 18 de abril de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Califica documentos de viaje vencidos de nacionales venezolanos como documentos de viaje de análoga naturaleza en los términos y vigencia que se indica e imparte instrucciones generales que señala; 12.

Circular Pública N° 61 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, de fecha 16 de marzo de 2020; 13. Sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 de la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 11510-2021; 14.

Sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 de la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 11512-2021; 15. Publicación en Diario nombre reservado. 82 de 1 de abril de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica el Decreto Supremo n° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), y extiende su vigencia; 16. Publicación en Diario nombre reservado. 99 de 28 de abril de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que extiende vigencia del Decreto Supremo n° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Segundad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV); 17. nombre reservado. 124 de 25 de mayo de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que extiende vigencia del Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV); 18. Publicación en Diario nombre reservado. 139 de 10 de junio de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica el Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), y extiende su vigencia; 19. Publicación en Diario nombre reservado. 152 de 25 de junio de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que extiende vigencia del Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para ei ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Nuevo Coronavirus (2019-NCOV); 20. Publicación en Diario nombre reservado. 179 de 13 de julio de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que extiende vigencia del Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Nuevo Coronavirus (2019-NCOV); 21. Publicación en Diario nombre reservado. 190 de 22 de julio de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica el Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Nuevo Coronavirus (2019-NCOV). y extiende su vigencia; 22. Publicación en Diario nombre reservado. 221 de 27 de agosto de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica el Decreto Supremo N° 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Nuevo Coronavirus (2019-NCOV), y extiende su vigencia; 23. Decreto N°245 de 27 de septiembre de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica el Decreto Supremo N°102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Nuevo Coronavirus (2019-NCOV), y extiende su vigencia; 24. Copia de Oficio Circular 17 de 29.01.21 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que imparte instrucciones para priorización en el otorgamiento de las visaciones de residencia temporaria de reunificación familiar y de responsabilidad democrática.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes y las alegaciones de las partes, aparece que el atentado que se denuncia corresponde a la decisión adoptada por la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, de no haber acogido a tramitación la visa responsabilidad democrática, respecto de las personas a favor de quien se recurre.

SEXTO: Que, para la resolución de la presente causa es atinente el artículo 27 de la Ley N° 19.880, aplicable a la actividad de la Administración, el que, conforme a las reglas generales, dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. La norma anterior deja clara la admisión del caso fortuito o la fuerza mayor en materia administrativa.

SEPTIMO: Que, del mérito de estos antecedentes, consta que la autoridad recurrida ha desatendido el deber de continuar la tramitación de la visa de responsabilidad democrática de la amparada, asilándose en la modalidad de atención por la pandemia sanitaria; sin embargo, dicha situación de fuerza mayor no puede perjudicar a los peticionarios, ya que se trata de un hecho imprevisto y excepcional.

OCTAVO: Que, en este ámbito ha de tenerse además presente que en el caso particular nos encontramos con la aplicación del principio de reunificación familiar reconocido en el artículo 9 de la Ley N° 20.430, así como el deber de resguardo de la familia que dispone el inciso final del artículo 1 de la Constitución Política de la República, impone al Estado de Chile, y el interés superior del niño que se encuentra en el extranjero.

NOVENO: Que, así, de acuerdo con los antecedentes, el no haber acogido a tramitación la visa de responsabilidad democrática respecto de los recurrentes, se torna arbitrario e ilegal, y debe ser considerado como una perturbación al derecho de igualdad ante la ley, toda vez que la comunicación impugnada atenta contra la homogeneidad que se debe dar a la tramitación de las solicitudes por parte de la administración, alterando la misma por causas no imputables a los actores, lo cual torna procedente acoger el arbitrio impetrado, en los términos que se consignarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en favor de nombre reservado, venezolana y de su hijo nombre reservado, venezolano, en contra del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, sólo en cuanto se ordena a la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, otorgar sin más trámite una cita para que los recurrentes presenten la documentación pertinente ante el Consulado de Chile en Caracas, a fin de concretar el estampado de sus visas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1922-2021 (Protección).-