nombre reservado con BANCO INTERNACIONAL CHILE SA.

nombre reservado, nombre reservado

Banco Internacional y Otro.

Recurso de Protección Rol N° 1917-2020 La Serena, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, trabajador independiente y estudiante de derecho, domiciliado en domicilio reservado, Región de Coquimbo, interponiendo acción constitucional de protección en contra de BANCO INTERNACIONAL, Rut RUT reservado, empresa con giro de su denominación, con domicilio domicilio reservado, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, del mismo domicilio, y en contra de BANCO BICE, Rut RUT reservado empresa con giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, , del mismo domicilio, por el acto consistente en negarse a su solicitud de adquirir productos financieros en dichas entidades. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 4, 21 y 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

.Expone que desde principios del mes de octubre de 2020, se encontraba cotizando y evaluando la portabilidad para un crédito hipotecario que mantiene con el Banco Estado desde el año 2007, así como la apertura de una cuenta corriente. Agrega que acudió al Banco Internacional y al Banco Bice a fin de cotizar los productos que requería. Explica que al Banco Internacional fue adjudicada la licitación del otorgamiento del crédito estudiantil CAE que solicitó para proseguir sus estudios universitarios.

Añade que debido a su trabajo requiere continuamente de los Bancos para conseguir financiamiento para equipos de trabajo o capital, como para poder pagar en cuotas, arrendar una casa, oficina u herramientas, conseguir mejores condiciones de pago, para lo cual requiere de al menos una cuenta corriente personal para obtener tranquilidad, y no depender de la buena voluntad de terceros. Señala que en los últimos años ha dependido de la buena disposición de familiares, quienes le han facilitado sus créditos, tarjetas y cheques, para operar en el comercio y poder trabajar.

Asevera que estas circunstancias lo han dañado a nivel económico, y además lo perturban y dañan a nivel emocional por la angustia que experimenta derivada de no poder brindar a sus hijos un lugar propio donde vivir con su madre. Explica que es divorciando, y desea adquirir una propiedad para su bienestar, pero para ello se requiere de un Banco y tener una Cuenta Corriente para solicitar un crédito hipotecario. Asevera que los problemas comerciales que tuvo en el pasado, que ha logrado superar con el paso del tiempo, no pueden constituir un impedimento para reemprender o rehabilitarse financieramente. Argumenta que esto le genera un profundo sentimiento de ansiedad, humillación y menosprecio, ya que le ha costado tener antecedentes comerciales “limpios y deseables”, por lo que la denegación de la cuenta le provoca daño.

En cuanto a la recurrida Banco Internacional, expresa que el 08 de octubre de 2020, recibe respuesta de un ejecutivo respecto a la exigencia de renta para la solicitud de productos. Añade que el 05 de noviembre de 2020, le consulta al mismo ejecutivo si sus ingresos servirían para evaluar, a lo que este contesta el 09 de noviembre del mismo año que sí serían útiles. Prosigue indicando que el 09 de noviembre el ejecutivo le solicita mayores antecedentes y que complete un ‘estado de situación’, remitiendo al ejecutivo el mismo día los antecedentes requeridos y que consisten en boletas de honorarios, cedula de identidad, últimos dos formularios de impuesto a la renta, documento de estado de situación, e informe de deudas emitido por la Comisión para el Mercado Financiero. Respecto a este último instrumento, señala que en él se consignaría “…sin morosidad en más de 90 días, deuda vigente directa RUT reservado, Institución Financiera, Banco del Estado de Chile”.

Continúa su exposición, indicando que el 12 de diciembre de 2020 realiza consulta al ejecutivo respecto al avance su solicitud y tasas, recibiendo al día siguiente respuesta en que se le indica que su evaluación se encuentra rechazada por política del banco. Refiere que consultó al ejecutivo si podía solicitar únicamente la cuenta corriente sin el crédito, a lo que se le contesta el 16 de noviembre que por los mismos antecedentes de la evaluación anterior, se encuentra rechazada la solicitud.

Aduce que al momento de solicitar los productos al Banco Internacional se le consultó sobre requisitos, a lo que habrían respondido que sus antecedentes servían, tanto en lo relativo a renta como en cuanto a compromisos comerciales, en que no hay morosidades ni mantiene deudas. Agrega que en su respuesta final o carta de rechazo, el banco le indicó que no cumplía con las condiciones objetivas de contratación, las cuales no le habrían sido comunicadas oportunamente, ni se le impusieron como exigencia al realizar la solicitud. Esgrime que tales condiciones no se encuentran disponibles para consulta, ni fueron enviadas al iniciar su solicitud de productos, lo que, a su juicio, importa un hecho de discriminación, y una actuación arbitraria e ilegal, puesto que cumple con la renta exigida y con los antecedentes comerciales requeridos.

Plantea que la respuesta que obtuvo en paralelo por parte del Banco Bice, a la que se refiere más adelante, hacen presumir que el Banco Internacional mantendría acceso a un registro clandestino, no disponible al público ni a la Comisión para el Mercado Financiero, que consignaría una deuda no vigente de acuerdo al ordenamiento jurídico. Hace presente que no mantiene ninguna deuda vigente ni castigada con Banco Bice ni con Banco Internacional, y que nunca ha contratado con ellos en el pasado.

Respecto a la recurrida Banco Bice, expone que el 10 de noviembre recibió un correo electrónico de ejecutiva de la institución, en que se le indican requisitos para acceder a una cuenta. Precisa que en la misiva se le señala que los requisitos a que alude, serían los mismos pedidos para abrir una cuenta corriente, esto es, un análisis de riesgo del cliente en cuanto a deudas, sistema bancario, DICOM, traer USD 25.000 o equivalente en pesos para inversiones, para habilitar una línea de crédito de libre disponibilidad. Sostiene que el 12 de noviembre de 2020, remite correo a la ejecutiva en que le indica que no se encuentra moroso en entidades bancarias o comerciales, y que solo tiene una hipoteca vigente. Asevera que como respuesta, recibe un correo electrónico de la ejecutiva, en que le manifiesta que no puede ser cliente, puesto que no tiene líneas de crédito disponibles ni se encuentra bancarizado, además de registrar una deuda castigada que tuvo hace 3 años. Afirma que el 16 de noviembre de 2020, remite correo electrónico haciendo ver a la ejecutiva que sí se encuentra bancarizado pues posee un crédito hipotecario con Banco Estado, y que nunca ha tenido productos con Bice, ante lo cual la ejecutiva habría contestado que “…es en todo el sistema financiero de bancos, no precisamente con nosotros, es con otro banco.” “…Si realmente desconoces la situación, te recomiendo regularizar la información, ya que puede que no esté actualizada a la fecha. Esto se ve en chileatiende.cl y/o DICOM”.

Argumenta que ambas recurridas están en uso de un registro clandestino de carácter ilegal que no se encuentra disponible para consultas del público ni de la Comisión para el Mercado Financiero. Aduce que la norma pertinente sobre tratamiento de datos personales prescribe que estos deben ser eliminados o cancelados cuando carezcan de fundamento legal, hayan caducado o bien hayan transcurrido cinco años desde que la obligación se hizo exigible. Refiere que al no existir la información por la cual se rechazan sus solicitudes en ningún registro público o legal, la conducta de las recurridas es arbitraria e ilegal, puesto que no se aviene con la norma legal vigente, y genera una situación de discriminación al utilizar estos registros para negarse a abrir la cuenta.

Explica que se le denomina “castigo” a cualquier deuda que tenga 89 o más días de morosidad, y que conforme a su documentación financiera no tiene deudas de esas características. Asevera que la supuesta deuda de hace tres años, debería aparecer informada en la Comisión del Mercado Financiero y todas las bases de datos comerciales se encontraría habilitadas para publicarla. En razón de aquello deduce la existencia del registro clandestino e ilegal que denuncia.

Señala haber consultado sus antecedentes en la Cámara de Comercio y la Comisión del Mercado Financiero, en la que le confirmaron que no existen deudas castigadas asociadas a su persona, y en dichas entidades le habrían comentado de la existencia del registro paralelo que utilizan los bancos.

Reitera que el encontrarse en una base de datos de las anotadas características, constituye una vulneración a las disposiciones de la Ley N°19.628, y un acto de discriminación en su contra.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, estima que se viola en este caso la igualdad ante la ley, puesto que se niega sin fundamento plausible la apertura de cuenta corriente en los Bancos recurridos. Sobre el particular argumenta que no sería admisible que las recurridas pretendan ampararse en lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Bancos, esgrimiendo que se encuentran facultadas para decidir en forma discrecional si aceptan o rechazan las solicitudes de celebrar contratos de cuenta corriente, puesto que tal facultad no puede ser sinónimo de una acción arbitraria.

Afirma que se vulnera su derecho a la vida privada, y a la protección de sus datos personales, al utilizarse para fundamentar el rechazo a su solicitud de contrato de cuenta corriente, una base de datos ilegal.

Sostiene, asimismo, que se afecta su derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, por cuanto al figurar en ese registro se imposibilitan sus posibilidades de acceso al crédito, de contar con una cuenta corriente, de adquirir un inmueble propio o solicitar capital de trabajo, todo lo cual perturba su prestigio y seriedad comercial.

Finalmente, asevera que se vulnera su derecho a la propiedad puesto que al haberse visto impedido de acceder a crédito o a una cuenta corriente, se le priva de la posibilidad de adquirir un inmueble.

Solicita en definitiva se acoja la acción de protección, ordenándose a las recurridas abrir la cuenta corriente solicitada, eliminar todo antecedentes que se refiera a la deuda que se mantendría informada en forma clandestina, y de cualquier informe o registro llevado por dichas entidades, así como eliminar de sus nóminas y registros la deuda señalada, absteniéndose en lo futuro de remitir e informar la deuda referida en esta acción a cualquier registro público de información; o en subsidio, que se dispongan la medidas que se estimen procedentes por esta Ilma. Corte para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, la recurrida Banco Internacional informa solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes con costas. En primer lugar argumenta que una de las principales características de una acción como la presente es su carácter extraordinario, que deriva de la naturaleza propia del derecho que se pretende vulnerado. Arguye que, por consiguiente, debe existir violación flagrante de un derecho constitucionalmente protegido como para ameritar la intervención judicial inmediata. Refiere que para que una acción de esta naturaleza pueda prosperar se requiere que no exista otra forma de protección del derecho conculcado, lo que en el caso de marras no acontecería pues existen mecanismos jurídicos diversos de esta acción cautelar por medio de los cuales el recurrente puede perseguir la satisfacción de su pretensión. Al efecto, señala que del tenor de la acción deducida, se desprende que el principal objetivo perseguido por el actor es que el Banco realice la apertura de una cuenta corriente, lo que no sería constitutivo de una transgresión inminente, ilegal o perturbadora de tal urgencia que requiera acudir a esta acción. Puntualiza que la Ley de Protección al Consumidor establece un procedimiento administrativo para la tutela de derechos afectados al momento de presentarse alguna irregularidad en el acceso de una persona a la prestación de un servicio. Añade que también asiste al actor el derecho de acudir a la vía jurisdiccional establecida en los artículos 50 A y siguientes del mismo texto legal, y que en el caso de infracciones a las disposiciones de la Ley N° 19.628, la misma norma contempla un procedimiento por el cual reclamar de aquellas.

En cuanto a los hechos que se le atribuyen expresa que tras el análisis de los antecedentes financieros aportados por el recurrente, y de aquellos con que el Banco contaba, se le informa que se había rechazado su solicitud por no cumplir las condiciones objetivas de contratación. Explica sobre el particular que el recurrente no calificó para la contratación del producto debido a la política de ingresos necesarios y mínimos para evaluar su solicitud. Precisa que, además, al ser revisado el sistema propio del Banco, el recurrente arroja morosidades y deudas castigadas en el pasado crediticio reciente, viéndose reflejado además que el cliente no maneja ninguna línea de crédito disponible en la actualidad. En base a aquello, estima que no puede colegirse que se haya negado la apertura de una cuenta corriente de manera arbitraria, ilegal o discriminatoria. Aduce que además, se solicitó información relativa a sus impuestos a la renta de los años 2019 y 2020, apreciándose una importante baja de ingresos.

Argumenta que la Ley General de Bancos en su artículo 69, faculta e esas entidades a otorgar contratos de cuenta corriente, sin que tal facultad importe una obligación. Reitera que en este caso el cliente fue evaluado, determinándose que no cumplía las condiciones para acceder a la contratación del servicio, cuestión que constituye una práctica común de las entidades bancarias, pues tiene como objetivo garantizar el pago de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos bancarios futuros que este tipo de cuenta lleva consigo, evitando insolvencias que afecten a la institución y sus accionistas. De este modo, no existe en la actuación desplegada por su parte ninguna ilegalidad o arbitrariedad.

Prosigue negando la existencia de un registro histórico y clandestino, y asevera que no mantiene ni tiene acceso a un registro al margen de lo permitido por ley, obteniendo la información respecto de la situación financiera de sus clientes por la información aportada directamente por éstos o bien por información consignada en registros púbicos, y por tanto, legales.

Finalmente, argumenta que en el presente caso no existe un derecho preexistente de carácter indubitado, pues a ninguna persona asiste el derecho indubitado de exigir le sean otorgados productos bancarios.

TERCERO: Que, la recurrida Banco Bice informa solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes. Expone en primer lugar que el recurrente de autos ha intentado otras acciones de protección en que acusa deudas mal informadas, y la existencia de un registro histórico de deudas de carácter ilegal y clandestino que se compartiría entre los Bancos. Refiere que solo en el año 2020 se han identificado acciones de protección deducidas por el actor en los autos N°12919-2020, N°14143-2020 y N°93687-2020 todas conocidas por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Acto seguido, indica que Bice no cuenta con sucursal u oficina en la ciudad de La Serena, ni en la región de Coquimbo, lo que se ve corroborado por el hecho de que su parte fue notificada por exhorto diligenciado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago. Asevera que el recurrente se contactó vía web con Banco Bice para cotizar productos financieros, y al ser contactado por sus ejecutivos, indicó estar domiciliado en Quillota, motivo por el cual se le asignó para su evaluación un ejecutivo de la Sucursal de Viña del Mar. Refiere que no se logra vislumbrar cual sería el hecho que determina la competencia de esta Ilma. Corte en relación a Bice salvo por la voluntad del recurrente, por lo cual se reclama de la competencia.

Luego, niega conservar o haber consultado un registro ilegal, como señalara la recurrente. Expone que en noviembre de 2020, el actor tomó contacto vía web con Banco BICE, para cotizar no una cuenta corriente como señalase, sino que un producto financiero especial y particular denominado cuenta “BIA”, que combina una línea de crédito en función de determinados instrumentos de inversión, que son prendados a favor del Banco. Prosigue señalando que ante tal requerimiento del actor fue contactado por una ejecutiva especializada quien le remitió una presentación del producto y de los requisitos para acceder a él. Refiere que el recurrente señaló contar con inversiones en dólares con el Banco de Chile, además de acciones y otras inversiones en el extranjero. Asevera que la ejecutiva que atendió al recurrente, derivo sus antecedentes a evaluación por parte de un ejecutivo de la sucursal de Viña del Mar, sin que aquel consultase en momento alguno un supuesto registro clandestino o ilegal. Sostiene que lo sí fue revisado fueron los registros oficiales del sistema financiero, pudiéndose advertir que el recurrente no contaba con líneas de crédito aprobadas y vigentes, lo que resultaba esencial para el análisis del producto particular que estaba cotizando. Además, se revisó que el recurrente había tenido un índice de riesgo reciente de carácter negativo como se aprecia en el informe de Equifax que él mismo acompaña a su escrito.

Agrega que el hecho de haber mantenido el actor deuda morosas por más de tres años consta en documentos emitidos en el año 2020 y acompañados por él mismo a los expedientes de las acciones de protección que intentó ese año.

Esgrime como antecedente para rechazar la acción intentada que no existe motivo por el cual ella deba ser conocida por esta Ilma. Corte, atendido que el Banco no tiene sucursales, oficina ni ejecutivos en la región, ni mantuvo contacto con el recurrente en ella, quien además manifestó mantener domicilio en la región de Valparaíso, siendo las acciones de los ejecutivos del Banco realizadas en Viña del Mar y Santiago. Agrega que no ha remitido alguna comunicación a la región de Coquimbo, y los actos impugnados tampoco han de producir efectos en ella.

Aduce que en el presente caso no existe un derecho de carácter indubitado susceptible de ser resguardado por la vía de la acción cautelar de protección. Refiere que basta con negar la existencia del supuesto registro clandestino para que se deba rechazar el recurso, y se deje la discusión respecto a su existencia o falta de ella, para el correspondiente proceso declarativo. Lo propio estima que acontece con su controversia respecto a que el recurrente no cumple con condiciones objetivas de contratación para que este no pueda invocar un derecho indubitado. Argumenta que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sido consistente en señalar que basta que la recurrida contradiga el hecho, sin que exista prueba en sentido contrario, para que la acción no pueda prosperar.

Sostiene que en el presente caso es procedente rechazar la acción intentada por existir un procedimiento especial regulado en la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal para conocer hechos como los denunciados por el recurrente. Refiere que en particular los tribunales superiores de justicia han tenido ocasión de pronunciarse sobre la improcedencia de la acción de protección para discutir un amparo a los derechos consagrados en la Ley N° 19.628, máxime cuando la petición concreta envuelve una solicitud de declaración de derechos como acontece en la especie. Profundiza su argumentación indicando que para la discusión de una supuesta discriminación en las razones que motivaron el rechazo de la contratación de un producto financiero existe también un mecanismo de impugnación propio y específico contenido en la Ley N° 19.946 Reitera que en caso alguno mantienen ni ha utilizado el registro a que alude el actor, y que para evaluar las solicitudes de productos financieros acude principalmente a información proporcionada por el solicitante, información de carácter público e información proveniente del estado de deudores actualizado que elabora la Comisión para el Mercado Financiero.

Afirma que para evaluar solicitudes de cuentas corrientes u otros productos financieros utiliza principalmente información proporcionada por el propio solicitante, información pública y la información proveniente del estado de deudores actualizado que elabora la Comisión para el Mercado Financiero. Asevera que tal información es, a su vez, contrastada con las políticas de riesgo del banco, que se encuentran recogidas en las Condiciones Objetivas para la Contratación, que se encuentran informadas al público en general en su sitio web. Precisa que el recurrente no es ni ha sido cliente del Banco, por lo que resultaría imposible que pudieran suministrar sus datos a algún registro.

Referente al petitorio del recurso, asevera que no podría condenársele a dejar de informar y eliminar de sus registros datos o antecedentes de deudas del recurrente, pues aquel no ha sido jamás cliente del Banco. En cuanto a la solicitud de condenar a abrir una cuenta corriente, reitera que no fue aquello lo que solicitó el recurrente, sino un producto especial que implica una línea de crédito asociada a la inversión de títulos o valores prendados en favor del Banco. Sostiene que sería improcedente, a su turno, condenar al Banco a contratar un producto pues de acuerdo a la Ley General de Bancos la contratación es una facultad para esas entidades, y agrega, que conforme a la Ley N° 19.496, los proveedores tienen el derecho de rechazar la contratación cuando se funde en razones objetivas, como acontece en el presente caso. .

En cuanto a haberse vulnerado la igualdad ante la ley, niega que el Banco haya incurrido en un acto discriminatorio respecto al recurrente, pues se habría utilizado el mismo procedimiento de evaluación que se usa para todos los clientes, y que el rechazo a la contratación del producto hubiese acontecido de la misma manera con cualquier persona que tuviese los mismos antecedentes del recurrente. En lo relativo a haberse afectado la vida privada, insiste en que no ha comunicado dato alguno del recurrente, ni ha elaborado, conservado, o consultado un registro clandestino. En cuanto al derecho a desarrollar una actividad económica, indica que el recurrente ni siquiera ha expresado cual sería esa actividad, ni ha explicado las razones por las cuales los productos que pretendió contratar constituirían un insumo esencial para esa actividad, cuya ausencia impida su desarrollo, más considerando que el actor afirma en su recuso que mantiene productos en Banco Estado, e inversiones en el extranjero. En relación al derecho de propiedad, niega que exista alguna relación causal entre no poder comprar un inmueble, como sostiene el recurrente, con no poder acceder a cuentas corrientes. Releva, finalmente, que el propio libelo del actor señala que este cuenta con un crédito hipotecario en el Banco estado desde 2007, y quiere portarlo a otro banco, lo que demuestra que sí posee acceso al crédito.

CUARTO: Que tal como se adelantó, el banco BICE, en primer término opone la excepción de incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del presente nombre reservado, fundado en que no cuenta con sucursal u oficina en esta ciudad de La Serena, ni en la Región de Coquimbo, lo que se ve corroborado por el hecho de que su parte fue notificada por exhorto diligenciado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

QUINTO: Que al efecto cabe señalar, que de acuerdo al artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde estos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente..”

SEXTO: Que si el banco BICE no cuenta con sucursal u oficina en esta ciudad de La Serena, ni en la Región de Coquimbo, mal se puede atribuir a dicha entidad bancaria que en esta jurisdicción se haya cometido un acto o incurrido en una omisión arbitraria o ilegal o que dicho eventual acto u omisión hayan producido efectos en la misma, de manera que cabe acoger dicha excepción de incompetencia, omitiéndose pronunciamiento sobre el fondo de dicho nombre reservado interpuesto en contra de dicha entidad bancaria.

SEPTIMO: Que en relación al nombre reservado interpuesto en contra del Banco Internacional, cabe señalar que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio OCTAVO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que, es menester tener presente que por la naturaleza de la acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser manifiesta. Resulta además necesario el derecho cuya protección se reclame, ostente el carácter de indubitado, de manera que permita la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho.

DECIMO: Que, en ese contexto, del tenor del recurso y de los informes evacuados, y del análisis de los documentos allegados al proceso, no se ha logrado acreditar la existencia de los registros clandestinos o ilegales en que la recurrente basa sus alegaciones, habiéndose esgrimido además, por las recurridas, razones que, a priori, resultan plausibles conforme a las facultades legales que el ordenamiento jurídico otorga a las entidades bancarias, para denegar la contratación de los productos financieros que el recurrente reclama. De este modo, no se logra advertir en forma palmaria la afectación de garantías constitucionales que alega la recurrente, y que requieran de auxilio urgente por parte de esta Magistratura.

UNDECIMO: Que a mayor abundamiento, el orden jurídico vigente, contempla mecanismos propios de reclamación ante situaciones como las que se denuncian en la acción, tanto en lo referente al tratamiento de datos personales, como a las afectaciones a los derechos que al recurrente asisten en su calidad de consumidor, de forma tal que no resulta procedente que esta Corte entre a conocer del fondo del asunto debatido, por la vía de ésta acción cautelar de urgencia, por no constituir el mecanismo idóneo para tales fines.

DECIMO SEGUNDO: Que de esta manera, no encontrándose suficientemente acreditada la existencia de una actuación ilegal o arbitraria del recurrido Banco Internacional, ni apreciándose en la especie afectación a un derecho de carácter indubitado que deba ser cautelado en carácter de urgente, la presente acción constitucional deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve que:

I.- Que se ACOGE la excepción de incompetencia de esta Corte de Apelaciones de La Serena, opuesta por el BANCO BICE, para conocer del nombre reservado interpuesto en contra de dicha entidad bancaria, omitiéndose pronunciamiento respecto al fondo del nombre reservado interpuesto en contra de dicha entidad bancaria.

II.- Que SE RECHAZA el nombre reservado interpuesto por nombre reservado, en contra de BANCO INTERNACIONAL.

III.- No se condena en costas a la recurrente, por estimar que este tuvo motivo plausible para litigar.

Redacción del Fiscal Judicial, don nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad Rol N° 1917 - 2020 (nombre reservado).-