Protección contra Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez

nombre reservado

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Recurso de protección Rol N°1914-2025.- La Serena, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°00989/2025, de 5 de noviembre de 2025, que rechazó la solicitud de 22 de octubre del presente año, en orden a dejar sin efecto la Resolución Exenta N°00944/2025, de 20 de octubre de 2025, que lo designa como sustanciador en un proceso sancionatorio, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley N°21.302, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 14, 15, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes del recurso que fue notificado del acto que lo designa como sustanciador en el procedimiento sancionatorio instruido por Resolución Exenta N°00944/2025, de 20 de octubre del presente año, para investigar hechos vinculados al proyecto RVA Madre Carmen, perteneciente al colaborador acreditado Fundación del Instituto de Capacitación y Padre Hurtado.

Expone que envió solicitud para que se deje sin efecto la designación como sustanciador, esgrimiendo el fuero de dirigente gremial que ostenta y en base al principio de legalidad y protección de la función sindical.

Indica que mediante la resolución por esta vía impugnada se rechazó la petición, ordenando la autoridad tener por aceptado el cargo de sustanciador, otorgando un plazo máximo de veinte días para la investigación.

Explica que el acto es ilegal y arbitrario, por cuanto vulnera lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.296, respecto del fuero que protege a los dirigentes gremiales y la prohibición de asignar nuevas funciones si ellas no cuentan con la aceptación escrita del dirigente afectado.

Refiere que la asignación en de estas nuevas funciones afecta su integridad como dirigente gremial, pues interfieren con la representación gremial que mantiene y queda expuesto a eventuales traslados fuera de la ciudad en la que normalmente las ejerce.

Culmina solicitando se deje sin efecto Resolución Exenta N°00989/2025, declarando que no procede la designación como sustanciador en el proceso sancionatorio incoado por el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia en contra del colaborador, por no contar con su expresa autorización escrita, las garantías fundamentales vulneradas con la Resolución Reclamada, con costas.

Acompaña al recurso instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece el recurrido Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, reseña antecedentes de derecho respecto del procedimiento sancionatorio establecido en la Ley N°21.302 y de los lineamientos estatuidos en la Resolución Exenta N°319, de 31 de marzo de 2025.

Señala que los fundamentos expuestos por el actor para el cambio en la designación como sustanciador no se subsumen en las causales contempladas en el numeral 9.3.3 de la aludida resolución y que ésta no implica un cambio permanente en las funciones habituales, sino que constituye una labor accesoria y temporal propia de un procedimiento sancionatorio, que corresponde al ejercicio de las facultades administrativas del servicio establecidas por la ley, de forma tal que la medida adoptada no vulnera su fuero gremial ni afecta el ejercicio de su representación sindical, en tanto no implica traslado, disminución de remuneraciones ni alteración de su jornada habitual.

Luego, resalta el carácter excepcional de la acción de protección y hace presente que el actor pretende abstraer el caso de marras de la competencia de la Contraloría General de la República, toda vez que controversias como la de la especie corresponden al ente de control por expresa disposición de la Ley N°10.336, a lo que adiciona que el recurrente carece de un derecho indubitado.

Finaliza afirmando que no existe en la especie acto ilegal ni arbitrario alguno, en tanto la resolución impugnada fue dictada por la autoridad competente y se encuentra debidamente fundamentada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el acto administrativo impugnado –Resolución Exenta N°989, de 5 de noviembre de 2025– fue dictado por la Directora Regional de Coquimbo, dentro del ámbito de funciones, la que aparece debida y expresamente motivada. A lo anterior, cabe adicionar que no dispone una asignación de funciones permanente que modifique los servicios para los que fue contratado el actor, ni le impone un traslado de su lugar de trabajo, sino que sólo se pronuncia sobre una petición de eximición de asumir una carga funcionaria legalmente impuesta, consistente en su designación como sustanciador, en un procedimiento breve, puntual y transitorio.

Refuerza dicha consideración el hecho que la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia contempla en su artículo 8, dentro de las funciones del Director Regional, dictar las resoluciones e instrucciones, tanto generales como específicas, necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección Regional y de los programas de protección especializada que se ejecuten en su región, de conformidad con las resoluciones e instrucciones dictadas por el Director Nacional. Así, es dable concluir que la decisión impugnada resulta ajustada a derecho, ya que fue dictada por la autoridad, dentro de la órbita de sus funciones, se encuentra debidamente fundada, con mención expresa de los motivos que la sustenta, velando por el correcto funcionamiento de la Dirección Regional, sin afectar los derechos fundamentales reclamados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1914-2025 Protección.