Protección contra Corporación Colegio nombre reservado

nombre reservado

Corporación Colegio nombre reservado

Recurso de Protección Rol N°1909-2025.- La Serena, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en favor de su hijo adolescente nombre reservado, en contra de la Corporación Colegio nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, impugnando como arbitrario e ilegal el acto administrativo contenido en la resolución sancionatoria de 08 de octubre de 2025, dictada por la rectora del establecimiento educacional, doña nombre reservado, lo que vulneraría sus garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 2, 3 y 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el acto impugnado corresponde a la resolución dictada el 08 de octubre de 2025, notificada al recurrente por correo electrónico en la misma fecha, mediante la cual el establecimiento educacional declara que el alumno nombre reservado incurrió en infracciones calificadas como muy graves, previstas en el reglamento interno de convivencia escolar, específicamente en las letras a), j) y z) del punto 5.3 del Capítulo VIII, disponiendo como sanción la condicionalidad de la matrícula del alumno, decretando además la aplicación inmediata de los efectos asociados a dicha medida, entre ellos, la prohibición de participar en la gira de estudios a Alemania, programada entre los meses de febrero y marzo del año 2026, actividad académica ya organizada y financiada.

Indica que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en una denuncia formulada el día 23 de junio de 2025 por el apoderado de una estudiante del establecimiento, relativa a la supuesta difusión de imágenes íntimas sin autorización de ésta por parte de su hijo, por quien se recurre. Añade, que el propio establecimiento reconoce que los hechos denunciados habrían ocurrido aproximadamente dos años antes, cuando ambos involucrados eran menores de 14 años de edad. Sin embargo, el 27 de junio de 2025, se dispuso la apertura de un procedimiento conforme al protocolo de abuso o hecho de connotación sexual, instruyéndose una investigación administrativa interna.

Alega que ni el alumno ni su apoderado fueron notificados del inicio del procedimiento disciplinario, ni se les comunicó formalmente los hechos específicos investigados, ni los cargos que eventualmente se le imputaban. Además, durante el desarrollo de la investigación no se le informó oportunamente de la denuncia, ni de las diligencias practicadas, ni de los antecedentes reunidos, impidiéndosele conocer el contenido del expediente mientras este se encontraba en tramitación. Menciona que la única actuación en la que participó su hijo fue una declaración voluntaria, sin que existiera una formulación previa de cargos ni una instancia formal de descargos.

Añade que la investigación fue cerrada mediante resolución de 15 de agosto de 2025, dictada por la encargada de convivencia escolar, la cual habría concluido que la acción disciplinaria se encontraba prescrita, atendida la data de ocurrencia de los hechos. Dicha resolución fue posteriormente apelada por el denunciante, recurso que fue resuelto por la rectora del establecimiento mediante resolución de fecha 15 de septiembre de 2025, ocasión en la cual se revocó lo resuelto y se dispuso la aplicación de sanciones disciplinarias.

Sin embargo, al resolver la apelación del denunciante, la autoridad del establecimiento incorporó una nueva infracción de carácter sexual, prevista en la letra z) del Reglamento Interno, la cual no habría sido parte de la denuncia original, ni habría sido objeto de investigación específica durante el procedimiento.

Solicita acoger el recurso, se declare la arbitrariedad e ilegalidad del acto recurrido, se deje sin efecto la sanción disciplinaria aplicada, se disponga el restablecimiento de la situación académica del alumno y se adopten las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos fundamentales, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, el recurrido evacuó informe solicitando el rechazo del recurso.

Al respecto señala que los hechos que motivaron esta investigación consisten en que el estudiante nombre reservado, grabó, almacenó y difundió imágenes de contenido sexual respecto de la estudiante nombre reservado, las cuales exhibió a diversos compañeros de curso, según consta en la investigación realizada. Esta circunstancia se propició en un estado de vulnerabilidad de su compañera nombre reservado, que, si bien aparentemente consintió en la grabación de dicho material audiovisual, lo cierto es que la acción del estudiante, hijo de los recurrentes produjo en nombre reservado una vulneración gravísima a su imagen, indemnidad sexual, vulnerando su más íntima esfera, en cuanto a la honra, imagen e integridad física y psíquica. Esta circunstancia se habría materializado unos dos años antes de la denuncia, en que el estudiante, según consta en relatos y en el marco de los hechos acreditados, habría grabado y difundido imágenes de alto contenido explicito, a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, la cual fue posteriormente borrada.

Luego, sostiene que, sobre estos hechos, el colegio toma conocimiento el 23 de junio de 2025, a través de denuncia verbal del padre de nombre reservado, a partir esa fecha se dispone la apertura de protocolo respectivo, citando a los padres del infractor para el día 25 de junio de 2025, reunión a la que éstos no asistieron.

Acto seguido, informa que el 14 de julio se coordina con los padres del estudiante una reunión con la especialista para el 17 de julio, donde se dan los lineamientos del caso y se informa a los padres del protocolo vigente. En dicha reunión, los padres toman conocimiento del protocolo abierto y corre el plazo para presentación de descargos y prueba.

Además, el 22 de julio de 2025 el estudiante nombre reservado, presta declaración, dando testimonio de los hechos investigados en presencia de sus padres.

Menciona que el 15 de agosto de 2025 se entrega la resolución de la investigación a los padres, la cual primitivamente rechaza toda imputación al estudiante nombre reservado Sin embargo, el padre de nombre reservado, presenta recurso de apelación, el cual, previa revisión de los antecedentes es acogido, aplicando las medidas disciplinarias respectivas. Esta resolución es notificada al recurrente.

Así, la razón que llevó a rechazar primitivamente la aplicación de medidas disciplinarias fue por el hecho que el almacenamiento de videos e imágenes fue realizado 2 años antes de la denuncia. Sin embargo, con una mayor revisión de los antecedentes se estimó que dicho razonamiento fue erróneo, pues esta norma (artículo 86 de la Ley 20.529), que es decisoria litis para el caso concreto, no resultaba aplicable en la especie, siendo esta una facultad exclusiva de la Superintendencia de Educación, no existiendo disposición ni facultad del establecimiento educacional para declarar la prescripción de la sanción.

Añade que, independiente de cuando comenzaron los hechos, lo cierto es que el Colegio cuando tomó conocimiento de la denuncia, la normativa escolar y la suya propia contenida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, lo obligaba a abrir el protocolo respectivo, más aún considerando que el daño a la estudiante nombre reservado aún se seguía manifestando y que era muy probable que la exhibición de dicho material almacenado se siguiera produciendo a la fecha, lo cual, en definitiva, fue acreditado.

Agrega que, el apoderado no solo tuvo conocimiento desde el inicio del procedimiento respecto a la situación de su hijo, sino que en variadas oportunidades manifestó su preocupación justamente sobre los aspectos más relevantes que implica una declaración de condicionalidad de la matrícula, como es la asistencia a la gira de estudios, como también lo que respecta a la asistencia a actividades deportivas.

Por su parte, el apoderado también pudo incorporar prueba, la cual fue valorada al momento de resolver, consistente en informes psicológicos. Esto además se demuestra claramente con las actas contenidas de 17 de julio y 01 de agosto de 2025, en las cuales aparece el conocimiento que tenía el apoderado respecto de este procedimiento.

Puntualiza que no se le afectó el derecho a ser notificado, el derecho a bilateralidad de la audiencia, el establecimiento de un procedimiento previo, racional y anterior al establecimiento de los hechos, la imposición de una multa proporcional, considerando que, en definitiva, el recurrente señala hechos falsos y sustenta su recurso con argumentos que no se condicen con la verdad.

Referente a la garantía de derecho a la educación esta no se ve vulnerada, pues el estudiante no ha sido impedido ni amenazado de su derecho a recibir educación. Muy por el contrario, el colegio ha cumplido cabalmente el contrato de prestación de servicios educacionales, lo cual se demuestra en informes educativos referente a la asistencia y rendimiento del alumno.

Por último, pide rechazar el recurso de protección, con expresa condena en cosas Tercero: Que, como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, el recurso de protección de derechos constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye desde el punto de vista procesal, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos fundamentales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o, arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, quebrantando a uno o más de los derechos protegidos.

El carácter sucinto de la acción en examen, así como el hecho de dejar subsistentes las vías legales respectivas para discutir contenciosamente el asunto, impone- para su éxito- por una parte la existencia de un derecho indubitado; y, por la otra, que la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio del derecho, como ya se dijo, provenga de actos manifiestamente arbitrarios o ilegales que puedan establecerse sumariamente en el procedimiento normado por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia.

Cuarto: Que el acto arbitrario e ilegal que se denuncia en estos autos, consiste en la resolución de 08 de octubre de 2025, dictada por la rectora del Colegio nombre reservado, doña nombre reservado, la cual sanciona al estudiante, hijo del recurrente, con la declaración de condicionalidad de la matrícula, decretando además la aplicación inmediata de los efectos asociados a dicha medida, entre ellos, la prohibición de participar en la gira de estudios a Alemania, programada entre los meses de febrero y marzo del año 2026, por haberse acreditado cometer infracciones muy graves, según dispone el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, al obtener y difundir imágenes íntimas de la estudiantenombre reservado.

Quinto: Que, en sustento de su acción el recurrente acompaña los siguientes documentos: certificado de nacimiento del estudiante nombre reservado, hijo del recurrente; informe psicológico evacuado por el psicólogo clínico nombre reservado respecto del mismo, que da cuenta de su estado de salud mental y los graves efectos que le ha provocado el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida; resolución de 15 de agosto de 2025, dictada por doña nombre reservado, encargada de convivencia escolar, que resuelve decretar la prescripción de la falta investigada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 inciso 1° de la Ley 20.529 de Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación; resolución de 15 de septiembre de 2025, dictada por la rectora del Colegio nombre reservado, señora nombre reservado, que resuelve una apelación del denunciante y aplica sanciones disciplinarias; resolución de 08 de octubre de 2025, dictada por la rectora del Colegio nombre reservado, ya mencionada, que resuelve un recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente que confirmó las sanciones disciplinarias contenidas en la resolución de 15 de septiembre de 2025; notificación enviada por correo electrónico de 08 de octubre de 2025, mediante la cual se notificó al recurrente la resolución anterior, que se impugna mediante el presente recurso de protección; correo electrónico de 15 de septiembre de 2025, dirigido al Colegio nombre reservado, solicitando las copias de los antecedentes de la investigación, enviado por el recurrente a la encargada de convivencia escolar, y respuesta del Colegio nombre reservado, por correo electrónico de 15 de septiembre de 2025, informa la encargada de convivencia escolar que no está a cargo de la investigación y se pida las copias a doña nombre reservado; correo electrónico de 17 de septiembre de 2025, dirigido a doña nombre reservado del Colegio nombre reservado, solicitando las copias de los antecedentes de la investigación, y respuesta del Colegio nombre reservado, por correo electrónico de 17 de septiembre de 2025, donde la señora nombre reservado informa al recurrente que no está a cargo de la investigación y le recomienda dirigirse a la rectora nombre reservado; correo electrónico de 17 de septiembre de 2025, dirigido a la rectora, solicitando se remitan al recurrente las copias de los antecedentes de la investigación, y respuesta de ésta, por correo electrónico de 17 de septiembre de 2025, en el cual le indica que el día 22 de septiembre de 2025 le enviará la documentación requerida; correo electrónico de 23 de septiembre de 2025, dirigido al recurrente por doña nombre reservado, encargada de convivencia escolar del Colegio nombre reservado, en que le remite solamente la declaración de su hijo; certificado emitido por médico psiquiatra.

Sexto: Que, por su parte, la recurrida acompañó, junto a su informe, los siguientes documentos en apoyo a sus pretensiones: acta de denuncia e inicio investigación del protocolo respectivo; correo electrónico de citación al recurrente nombre reservado de fecha 24 de junio de 2025; acta de entrega de resolución con fecha 20 de agosto de 2025; correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2025; recurso de apelación del apoderado nombre reservado; resolución de fecha 15 de septiembre de 2025, dictada por la rectora del Colegio nombre reservado; notificación de resolución de fecha 15 de agosto de 2025 a nombre reservado, recurrente en estos antecedentes; informe confidencial de la víctima de agosto de 2025; notificación resolución de fecha 15 de septiembre de 2025, al apoderado, recurrente de autos y respuesta de él, correo electrónico de recurrente con fecha 23 de agosto de 2025; recurso de reconsideración del recurrente en contra de resolución de fecha 15 de septiembre de 2025; correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2025 del recurrente; cadena de correos de fecha 14 de julio de 2025; resolución de fecha 08 de octubre de 2025, que resuelve recurso de reconsideración del recurrente; reglamento Interno de Convivencia Escolar del Establecimiento. informe personalidad estudiante nombre reservado, correspondiente al primer semestre 2025; e, informe de notas y asistencia de estudiante nombre reservado, año 2025.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo expuesto por los intervinientes y documentos acompañados, la controversia planteada en el recurso, es el determinar si la sanción disciplinaria de la declaración de condicionalidad de la matrícula, como la prohibición de participar en la gira de estudios a Alemania, impuesta al estudiante nombre reservado, comunicada a sus padres el 08 de octubre de 2025, corresponde a una decisión tomada por el órgano competente y dentro de un procedimiento sancionatorio reglamentariamente establecido.

Octavo: Que, para dilucidar lo anterior es necesario recurrir a la normativa legal y reglamentaria aplicable, que rige las facultades disciplinarias al interior de los establecimientos educacionales. Al respecto cabe señalar que, el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, publicado en julio de 2010, cuya última versión es de julio de 2025, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de Ley N 1, de 2005, en su artículo 16 A, se introduce el concepto de buena convivencia escolar, señalando que esta corresponde a una coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. En tanto que en su artículo 16 B , se señala que: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.”

Por su parte en el inciso final del artículo 16 D, aparece que las autoridades del establecimiento, en caso que se vea alterada la buena convivencia escolar, por algún miembro de la comunidad educativa, deberán adoptar las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga.

Por otro lado, en el artículo 4° de Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1996, según última versión de versión de 2023, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, que fija los requisitos para que los establecimientos educacionales puedan impetrar el beneficio de la subvención, en su letra d), se dispone la exigencia de contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar, incluido el establecimiento, el que debe señalar: “… las normas de convivencia en el establecimiento, que deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes….”. Se expresa además que: “…Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.”., norma que en su inciso final señala que: “Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.”.

Noveno: Que, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento educacional Colegio nombre reservado, incorporado por la recurrida a la carpeta virtual, en el Capítulo II titulado De los Derechos y Deberes de Todos los Integrantes de la Comunidad Educativa, en el apartado 1 titulado Del Estudiante del Colegio nombre reservado, letra b), que trata de los derechos del estudiante, como complemento a los derechos consagrados en el artículo 10° de la Ley General de Educación, en el numerando 9, se consagra el derecho del estudiante al debido proceso, en caso de incurrir en faltas disciplinarias y derecho a la reconsideración de la medida disciplinaria adoptada en el marco de un proceso por faltas a dicho reglamento. En tanto que en la letra c), que dice relación con los deberes de los estudiantes del establecimiento, en el número 17 del complemento se señala que el educando debe asumir la responsabilidad de sus acciones, especialmente cuando estas constituyan faltas al reglamento interno escolar e impliquen la activación de un procedimiento y la aplicación de medidas formativas y/o disciplinarias. En el ejercicio de esta responsabilidad deberá informar con veracidad las situaciones en que se viese involucrado/a aportar oportunamente al esclarecimiento de las situaciones de conflicto tanto personales como de aquellas que ha tenido conocimiento.

Por su parte en el Capítulo VIII del mencionado reglamento, titulado Normas, Faltas, Medidas Disciplinarias y Procedimiento, luego de desarrollar el enfoque formativo de la convivencia escolar, las conductas esperadas de los estudiantes y del resto de la comunidad, el concepto de faltas al reglamento, en el apartado 5 se procede a su clasificación en atención a la gravedad de las mismas. Y, es así que, en el acápite 5.3, que se refiere a las faltas muy graves, entre otras, se encuentran las descritas en las letras a), f) y z). Señalándose en la primera que constituye falta muy grave: “Agredir física y/o psicológicamente, a algún integrante de la comunidad educativa, provocando lesiones o alto compromiso personal, ya sea de manera presencial o virtual.” En tanto que, en la segunda, se señala que lo es el: “Grabar y/o divulgar información, imágenes, audios o textos, en la que intervenga un estudiante, grupo de estudiantes, profesores o personal del Colegio a través de cualquier medio, que menoscabe la imagen, deshonre o provoque daño en la integridad psicológica de algún miembro de la comunidad o de la institución.”. Y, en la tercera se indica que la falta lo constituye el: “Realizar acoso o ataque de carácter sexual contra otro miembro de la comunidad escolar, aun cuando no sea constitutivo de delito”. En tanto que, en el apartado 6 se describen las medidas formativas, pedagógicas, de acompañamiento y disciplinarias en caso de infracción al reglamento, cuya aplicación de una u otras va a depender de la gravedad de la falta lo que tiene directa relación con el valor transgredido, sin que ellas sean excluyentes entre sí. Disponiéndose, que en caso que dichas medidas sean formativas disciplinarias, junto con el resto de las medidas de acompañamiento del estudiante, reparatorias y formativas, se va a activar el debido proceso escolar y una vez finalizado y procediendo según el caso, aplicar las medidas pertinentes.

Señalándose, además, que la decisión de aplicar medidas disciplinarias siempre será excepcional. buscando en la medida de lo posible la activación prioritaria de medidas de apoyo, formativas, y reparatorias.

En el apartado 6.4. de este capítulo VIII, que se refiere a las medidas disciplinarias que se podrán aplicar a los estudiantes de educación básica y media, dependiendo del tipo de faltas que se trate, entre otras, en su letra d) se refiere a la condicionalidad de matrícula, la que se define como una medida de advertencia de no renovación de la matrícula al estudiante frente al no cumplimiento de compromisos previos, ante faltas graves, muy graves o no cumplimiento de precondicionalidad. Se indica que esta medida la aplica la rectora y debe ser notificada a los apoderados y al estudiante, dejando registro de aquello, por medio del encargado de convivencia escolar y/o profesor jefe. Se señala que esta medida, se puede aplicar durante el transcurso del año escolar, debiendo ser evaluada al término de cada semestre, independiente de la fecha en la cual haya sido aplicada. Se establece, además, el deber de informar los momentos en que se evaluará los avances del estudiante respecto de los compromisos asumidos y una fecha de levantamiento de ésta, si es que cumple con lo acordado en la entrevista previa. Se informará que el estudiante tendrá el acompañamiento de su profesor jefe quien hará seguimiento de la medida y monitoreado por Subdirección de Ciclo respectivo.

En el apartado 7 del Capítulo VIII del Reglamento Interno se describe el procedimiento de aplicación general para toda falta que no tenga establecido un protocolo específico, el cual cuenta con cuatro fases.

La Fase 1, que se refiere al inicio del procedimiento dispone que quien tome conocimiento de la ocurrencia de una falta al reglamento, deberá informar al profesor jefe o al encargado de convivencia escolar en el caso de faltas graves o muy graves, quien deberá dejar registro en el libro de clases del estudiante.

Fase 2, que está relacionada con la recopilación de antecedentes y notificación a los apoderados, donde se dispone que este procedimiento se aplicará en la medida que no exista un protocolo específico para la conducta de que se tratase activará dicho protocolo, de lo contrario de otro modo se activa el presente procedimiento.

Cuando se trata de un proceso en que es parte un estudiante, se dispone que el encargado de convivencia deberá notificar personalmente al estudiante y a su apoderado la activación del procedimiento dentro del plazo de dos días, por cualquier medio oficial de comunicación escolar, la cual deberá contener la falta que activa el procedimiento, las posibles medidas y el proceso al que se enfrenta, con el objetivo de garantizar el derecho a ser escuchado, permitir la presentación de antecedentes, hacer descargos dentro del plazo de la indagación y garantizar el derecho a que solicite una revisión de la medida.

La Fase 3, sobre la indagación, tiene como objetivo lograr la certeza del hecho, sus responsables y el grado de participación del estudiante sometido al proceso disciplinario, siendo el responsable de esta fase el encargado de convivencia escolar, con facultades de delegación en alguno de los miembros del equipo de convivencia, de lo cual se debe dejar registro de esta delegación en la carpeta del estudiante.

Como principios rectores de esta fase se establece que en ella se debe actuar siempre de acuerdo a los principios del debido proceso y de presunción de inocencia frente a quien es acusado de la falta.

En esta etapa se contempla como posible entrevistar a los involucrados y otras personas que pudieran aportar antecedentes relevantes, como también a los apoderados a fin de informar de las etapas del proceso, su derecho a presentar pruebas y para solicitar o recibir antecedentes. Así como entrevistas a testigos, revisión de documentos, registros e inspección del lugar de los hechos.

Además, se puede solicitar la activación de medidas formativas y de acompañamiento al estudiante y/o evaluación profesional (interna o externa); solicitud de informes al profesor jefe o a otros funcionarios del colegio; y, en general todas aquellas acciones que se estimen necesarias y pertinentes para garantizar el debido proceso.

Se establece además un proceso de mediación, si ello fuere procedente. Y, asimismo, durante esta fase se podrán activar temporalmente, medidas formativas, pedagógicas o de acompañamiento a favor de los involucrados, pudiendo solicitarse la participación de la Comisión de Formación y Disciplina o equipo habilitado, si de la indagación se hace necesario.

Esta fase de indagación termina con la elaboración del informe de cierre que contendrá las acciones realizadas y la propuesta de medidas a aplicar según sea el resultado que arroje. Tendrá un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogables por 5 días hábiles en caso que se requiera para mejor resolver, desde que se tuvo conocimiento del hecho que motivó el procedimiento. Transcurrido este plazo, convivencia escolar informará el resultado de la indagación y la procedencia de medidas disciplinarias, reparatorias y formativas, según lo que arroje la aplicación de los criterios de resolución particular determinados en este Reglamento. Esta información deberá entregarla a l rectora del colegio en aquellos casos en que le corresponda a ella la aplicación de la medida disciplinaria. En caso contrario la información la entregará al apoderado y al estudiante; y, al equipo de convivencia escolar.

Si la fase de indagación no ha arrojado evidencia sobre la presencia de la falta o los responsables, el encargado de convivencia escolar o delegado, en el informe de cierre, expondrá esta situación y recomendará el cierre del proceso.

Para el caso en que la medida disciplinaria a aplicar sea la condicionalidad, no renovación de la matrícula y la expulsión, le corresponde a la rectora del establecimiento tomar la decisión, pudiendo solicitar la participación de la Comisión de Formación y Disciplina.

En la resolución, debe quedar constancia de los hechos, actuaciones y fundamentos que justifiquen la decisión adoptada (en el informe de cierre de la fase de indagación), la cual debe ser notificada al estudiante y apoderado por los medios oficiales de comunicación del Colegio, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde el cierre de la fase indagatoria, oportunidad en que, además, se les debe informar la posibilidad de solicitar la reconsideración de la medida.

En la Fase 5, se establece el recurso de reconsideración, el que garantiza a todos los intervinientes el derecho a recurrir en contra de la decisión sancionatoria, siempre y cuando la solicitud se funde en antecedentes nuevos o complementarios a los presentados en la fase indagatoria y/o análisis que no se tuvieron a la vista en dicho momento por causas justificadas, siendo el plazo para su interposición el de cinco días hábiles contados desde la fecha de notificación de la medida disciplinaria. Lo que debe hacerse por escrito, ante la rectora a quien le corresponde su conocimiento y resolución, teniendo un plazo máximo de cinco días hábiles para ello, contados desde la presentación del recurso, lo que debe ser notificado al estudiante y al apoderado por escrito, personalmente y/o a través de mail institucional, dejando constancia en el registro de observación del libro de clases del estudiante.

Décimo: Que, el reglamento interno del establecimiento cuenta con el Anexo Nº2 que establece un protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes y párvulos del Colegio nombre reservado, el que en su apartado 15.2, establece las acciones a seguir cuando se está frente a un abuso o hecho de connotación sexual contra un estudiante del colegio cometido por otro estudiante, en el cual en su primera etapa denominada Activación, contempla las acciones a seguir por quien recibe la develación, el que puede ser cualquier miembro de la comunidad escolar, quien debe dar aviso de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar quien es el encargado de activar el protocolo.

Cabe destacar que el procedimiento contemplado en este protocolo, dice relación con actividades de registro de la situación, comunicación a la familia para informar de la activación del protocolo y de las primeras acciones de contención, procurando resguardar la intimidad e identidad de los involucrados y las medidas de apoyo y protección al estudiante, tanto de carácter administrativas, formativas, pedagógicas y de apoyo psicosocial, tales como separación de los estudiantes, derivación interna, entrevistas con el apoderado para abordar un plan de apoyo, reuniones con el equipo docente para activar medidas de acompañamiento (tutorías, plan de trabajo u otras) con la finalidad de dar apoyo y contención y evitar nuevas agresiones.

En el evento de que se decida aplicar medidas disciplinarias una vez terminada la etapa de investigación, el apoderado y el estudiante deberán ser informados por escrito, por encargado de convivencia escolar, de la activación del protocolo de medidas disciplinarias a aplicar, dado que la situación es considerada como una falta gravísima, debiéndose dejar constancia del paso a paso del protocolo en la ficha de entrevista.

En el procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias respecto del estudiante agresor, se señala que realizada la indagación de los hechos y si procede aplicar medidas disciplinarias del reglamento interno, la Rectoría citará al estudiante y apoderado para informar la resolución, medidas e informará el derecho a solicitar la reconsideración de la medida, plazos y formalidades. Reconsideración que, en el caso de ejercerse, será resuelta por la Rectora, lo que debe ser notificado al estudiante y o apoderado.

Undécimo.- Que, tanto en la normativa legal mencionada, en especial el artículo 4° citado y en el reglamento interno, aparece que, en la actividad sancionatoria, el establecimiento debe ajustarse a un debido proceso, que en término del inciso décimo de las letra d) de la mencionada norma legal señala, si bien para, cuando se trata de aplicar las medidas de expulsión o cancelación, ésta debe adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

Misma mención al debido proceso se hace en el reglamento interno al tratar el procedimiento sancionatorio de aplicación general, según como ya se ha referido.

Cabe mencionar que fuera de lo indicado en la normativa legal citada, no se proporciona cual es el contenido de este concepto en materia disciplinaria de los establecimiento educacionales; tampoco lo hace, en este caso, el reglamento interno del Colegio nombre reservado, es por ello que a partir de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, que conociendo de recursos de protección sobre esta materia, la doctrina ha señalado, que el debido proceso, en el ejercicio de las facultades sancionatorias de los establecimientos educacionales, consiste en garantizar derechos fundamentales como la defensa, la imparcialidad y la transparencia en los procedimientos disciplinarios, asegurando que las sanciones sean justas y proporcionales, mediante notificación clara de cargos, derecho a descargos y a la producción de pruebas, como también el derecho al recursos, y decisiones motivadas, todo en un marco formativo y regido por el reglamento interno del colegio, protegiendo al estudiante de la arbitrariedad y respetando su interés superior, en su calidad de niño, niña o adolescente.

Conforme a lo señalado aparecen como elementos fundamentales del debido proceso sancionatorio en el ámbito educacional: el derecho a defensa y a ser oído, a través del cual se le asegura al estudiante la posibilidad de dar a conocer su versión de los hechos y ser escuchado; el deber por parte del órgano sancionatorio de informar de manera clara y precisa la falta imputada y las normas infringidas; el derecho a acceder a la prueba y con ello permitir tomar conocimiento del contenido de la misma y así quedar en facultad de controvertirla; además se debe conceder un plazo para que el estudiante presente sus descargos y pruebas de descargo; se debe asegurar que la autoridad que decide debe ser imparcial y no tener interés en el resultado; la resolución sancionatoria debe estar fundamentada y la sanción debe ser proporcional a la falta cometida; se debe consagrar el derecho a recurrir de la decisión ante instancias superiores; además el procedimiento debe respetar el principio de legalidad, esto es, que tanto las faltas y sanciones deben estar previamente establecidas en el reglamento interno y ser aplicadas conforme a la ley; por último, en todo el procedimiento se debe respetar la presunción de inocencia del estudiante investigado, es decir, no se le puede considerar culpable hasta que se establezca su responsabilidad en la resolución sancionatoria final.

Con lo anterior se asegura que las medidas disciplinarias sean pedagógicas y formativas, no arbitrarias ni meramente punitivas, en un procedimiento, donde el estudiante es un sujeto de derechos, no solo un objeto de sanción, alineándose con el interés superior del niño. (Debido Proceso en la Aplicación de Sanciones en Establecimientos Educacionales:

Análisis Normativo y Jurisprudencial, nombre reservado. URI: https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/196339 DOI: 10.58011/cdrz-0769 Colecciones Tesis Postgrado)

Cabe agregar, que lo señalado precedentemente se recoge en la Circular N°860 de 2018 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre el reglamento interno de los establecimientos educacionales, cuando refiriéndose a los principios que deben respetarse en los reglamentos interno, respecto del Justo y Racional Procedimiento, señala que: “Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N°3, inciso 6°, de la CPR.

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno.

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/196339 manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso”.

Duodécimo: Que, de la lectura de la resolución sancionatoria de 15 de septiembre de 2025, aparece que ésta se pronuncia, acogiendo la apelación del apoderado nombre reservado, respecto de la resolución de 15 de agosto del mismo año, que declaró la prescripción de la falta atribuida al hoy adolescente nombre reservado y que dice relación con la denuncia efectuada por el apelante, por la situación de vulneración de la intimidad de su hija a través de la exposición de fotos íntimas sin la autorización de ésta. A raíz de la cual se establecieron las medidas reparatorias a nivel formativo y emocional, disponiéndose el 27 de junio de 2025, la apertura del protocolo idóneo a tal efecto, esto es, el protocolo de Abuso o Hecho de Connotación Sexual Contra un Estudiante del Colegio (agresión en el contexto escolar por otro estudiante).

En base a las diligencias indagatorias consistentes en declaraciones de testigos (que no se singularizan); del estudiante nombre reservado; y de la estudiante afectada, se tuvo por acreditada la existencia de una infracción por parte del alumno denunciado, al haber difundido imágenes que le fueron enviados por la estudiante nombre reservado, hechos ocurridos hace dos años atrás cuando ambos eran menores de catorce años, lo que constituyó un acto de menoscabo que afectó la convivencia escolar.

Se pudo acreditar, que existió un envío bilateral de imágenes entre los alumnos, pero que no obstante ello, dada la difusión efectuada sin contar con el consentimiento de la estudiante se vio afectada la indemnidad sexual y dignidad de la alumna.

Se señala, además que, en el marco del procedimiento aplicable, de acuerdo al protocolo indicado, y teniendo presente que, por la edad de los involucrados, se está en presencia de conductas de connotación sexual y no de abuso, se comunicó a la Oficina Local de la Niñez de la comuna a fin de que solicitaran la medida de protección correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que, de acuerdo al protocolo aplicable, es posible imponer medidas disciplinarias, estimando que las conductas atribuidas al estudiante, constituían falta muy graves, específicamente las de las letras a) agredir física y/o psicológicamente, a algún integrante de la comunidad educativa, provocando lesiones o alto compromiso personal, ya sea de manera presencial o virtual; j) grabar y/o divulgar información, imágenes, audios o textos, en la que intervenga un estudiante, grupo de estudiantes, profesores o personal del Colegio a través de cualquier medio, que menoscabe la imagen, deshonre o provoque daño en la integridad psicológica de algún miembro de la comunidad o de la institución; y z) realizar acoso o ataque de carácter sexual contra otro miembro de la comunidad escolar, aun cuando no sea constitutivo de delito, es que se acoge el recurso de apelación; y, como consecuencia de ello, se declaró que el estudiante denunciado, efectuó las infracciones muy graves, contenidas en las letras a), j) y z) del punto 5.3. del Capítulo VIII del Reglamento de Convivencia Escolar, decretándose la condicionalidad de su matrícula, disponiéndose la imposibilidad de concurrir a la gira de estudios a Alemania. Se dispuso, además, la restricción temporal de participación en actividades extracurriculares; el que los profesores evitaran cualquier contacto académico entre la víctima y el agresor. Instando al estudiante, a través de sus apoderados, a borrar todo registro o contenido audiovisual que mantenga respecto de la estudiante; y, reforzar el plan de apoyo psicológico y socioemocional a la estudiante afectada.

En tanto que, en la resolución de 8 de octubre de 2025, que es el acto objeto del recurso y que se pronuncia sobre la reconsideración deducida por la parte recurrente respecto de la decisión que sancionó al adolescente por quien se recurre, haciéndose cargo de las alegaciones efectuadas, en relación a la no aplicación del artículo 86 de la Ley 20.529, referente a la imposibilidad de la Superintendencia de Educación de investigar un hecho cuando han transcurrido más de seis meses desde su ejecución, este argumento se desestima, por entender que esa norma resulta inaplicable en la especie, pues se refiere a la facultad legal de un órgano del Estado, para velar por el cumplimiento de la normativa educacional, facultad que no se extiende al establecimiento educacional, no siendo aplicable en la especie, por lo que los hechos a investigar no están prescritos, desde que si bien éstos, materialmente ocurrieron hace dos años, estos fueron denunciados en año lectivo de 2025, toda vez que, a juicio de los denunciantes, el daño se manifestó en esta época, y teniendo presente el deber de resguardo que el establecimiento debe disponer respecto de su alumnado, es que se tomó la decisión no sólo de aplicar el protocolo respectivo, sino que, además de aplicar las medidas disciplinarias, a fin de resguardar la vida, seguridad, e integridad de la afectada.

En cuanto a los argumentos en torno a la afectación del debido proceso, del análisis detallado de los antecedentes aparece que el padre recurrente pudo acceder al expediente completo desde el inicio de la apertura del protocolo, siendo notificado de los hechos de la denuncia, y pudiendo aportar prueba que esclareciera los hechos. Al respecto se hace referencia a la notificación de 25 de junio de 2025, en la cual se cita al apoderado a una reunión informativa, a la que no asiste. Señalando que el expediente fue enviado al apoderado cuando se requirió, no existiendo la afectación que alega.

Además, se señala que en la resolución de 15 de septiembre que se pronuncia sobre la apelación, respecto de los hechos acreditados en el proceso, no existen antecedentes nuevos aportados que no hayan sido conocidos con anterioridad por el apoderado, razón por lo que esta alegación, también se desestima, más aún, cuando no es efectivo que existan nuevos testimonios y nuevos medios probatorios.

Finalmente, respecto a los hechos acreditados, con las diligencias probatorias efectuadas, aparece que existe coherencia entre los dichos de la parte denunciante, denunciada y los testimonios ventilados en el marco del procedimiento, los cuales deben ser tomados con reserva y cautela pues fueron dispuestos por estudiantes menores de edad, referentes a una temática sensible, de la cual debe decretarse reserva.

Y es por todo ello que se resolvió rechazar la reconsideración deducida por el ahora recurrente nombre reservado.

Décimo tercero: Que según se colige de las normas reglamentarias descritas precedentemente, específicamente en las letras a), j) y z) del punto 5.3. del Capítulo VIII del Reglamento de Convivencia Escolar, constituyen falta muy graves: a) agredir física y/o psicológicamente, a algún integrante de la comunidad educativa, provocando lesiones o alto compromiso personal, ya sea de manera presencial o virtual; j) grabar y/o divulgar información, imágenes, audios o textos, en la que intervenga un estudiante, grupo de estudiantes, profesores o personal del Colegio a través de cualquier medio, que menoscabe la imagen, deshonre o provoque daño en la integridad psicológica de algún miembro de la comunidad o de la institución; y, z) realizar acoso o ataque de carácter sexual contra otro miembro de la comunidad escolar, aun cuando no sea constitutivo de delito, las que pueden ser castigadas, con cualquiera de las sanciones contempladas en el reglamento interno, que van de censura por escrito hasta la expulsión del establecimiento educacional, pasando por la condicionalidad de la matrícula, que fue la sanción que en definitiva se aplicó.

Décimo cuarto: Que, en cuanto al procedimiento sancionatorio que se debió aplicar en la especie, cabe señalar que, si bien existe un protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, dicho protocolo no está orientado a establecer un procedimiento para el caso de aplicar una medida disciplinaria, sino más bien, su objetivo está dirigido a establecer las acciones a seguir respecto de las medidas de resguardo, formativas y de reparación dirigidas a los estudiantes afectados, tanto de carácter psicosocial como pedagógico; y, la activación de las denuncias a los organismos respectivos, en el evento que los hechos sean constitutivos de delitos o bien se estime necesario la aplicación de una medida de protección.

La única referencia que se hace en ese protocolo al procedimiento disciplinario está en el punto 9 del apartado titulado Seguimiento e Indagación, donde se establece que: “Procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias (estudiante agresor) realizada la indagación de los hechos y si procede aplicar medidas disciplinarias del RIE, la Rectoría citará al estudiante y apoderado para informar la resolución, medidas e informará el derecho a solicitar la reconsideración de la medida, plazos y formalidades”. Punto que fue recogido en el fundamento Décimo tercero de la resolución de apelación que impuso la medida disciplinaria, de 15 de septiembre de 2025.

Y, en ese orden de cosas aparece que el procedimiento sancionatorio que se debía seguir en la especie, es aquel de aplicación general establecido en el apartado 7 Capitulo VIII del reglamento interno, al que ya se ha hecho referencia precedentemente. Y, ello es así, toda vez que el procedimiento disciplinario que se señala en el protocolo antes aludido, dice relación a las actuaciones de la Rectora, una vez tomada la decisión de su parte de la imposición de una medida disciplinaria.

Décimo quinto: Que, del mérito de todo lo expuesto precedentemente, los antecedentes allegados al recurso y lo señalado por los intervinientes, estos sentenciadores no han logrado adquirir la convicción de que en el pronunciamiento de la resolución que impuso en forma definitiva la sanción de condicionalidad de la matrícula al estudiante nombre reservado, se haya respetado el debido proceso, mediante la observación a cabalidad de las normas procedimentales que el propio reglamento interno del establecimiento educacional contiene, toda vez que no resulta posible advertir la existencia de una indagación racional de la situación fáctica denunciada, de las circunstancias que la rodeaban y la posibilidad de que el estudiante formulara sus descargos. Sino que tan grave decisión fue adoptada por la rectora del establecimiento, en una resolución aparentemente fundada del 15 de septiembre de 2025, que acogió una apelación interpuesta por el padre de la afectada, la que posteriormente fue confirmada por resolución de 08 de octubre de 2025, que desestimó la reconsideración efectuada por el padre del estudiante sancionado y hoy recurrente en estos antecedentes.

En efecto, el establecimiento educacional recurrido, ante el reproche de la recurrente que dice relación con la falta de notificación del inicio del procedimiento, señala que ello no es efectivo, toda vez que recibida la denuncia el 23 de junio de 2025, el establecimiento, al día siguiente citó a los apoderados, y en especial al recurrente, a una entrevista para el 25 de junio para informar la situación de su hijo, en relación a los hechos denunciados y notificar la apertura de la investigación.

Sobre este punto, en uno de los documentos signados con el N°5, de los antecedentes incorporados por la recurrida, aparece copia del correo electrónico de 24 de junio de 2025, enviado al padre del estudiante, en el cual se limita a citar al apoderado a una entrevista para el día siguiente, sin indicar el motivo de la misma. También se acompañó, en los documentos signados como N°4, acta de entrevista con apoderado del 25 de junio, donde se señala que el tema a tratar es la situación emocional del estudiante y el objetivo de la misma, es el de entregar información, sin que se precise el contenido de aquella. Donde, además, se deja constancia que los apoderados no asisten.

Cabe señalar que la recurrida, no acompañó ningún otro antecedente que diga relación con este asunto del debate.

De lo anterior se colige que el Colegio nombre reservado, no dio cumplimiento al contenido de la fase 2 del procedimiento sancionatorio de aplicación general contemplado en su reglamento interno, desde que parece que, por parte del encargado de convivencia, no hubo una notificación personal al estudiante y a su apoderado, de la activación del procedimiento sancionatorio; y, ante esa falta de notificación no tuvieron conocimiento de la falta atribuida, las posibles medidas y el proceso al que el adolescente se enfrentaba.

En cuanto al segundo motivo de reproche en que se sustenta la acción de protección y que dice relación con la falta de formulación de cargos y la falta de notificación de los mismos, la recurrida no hace ninguna argumentación al respecto, limitándose a señalar que el recurrente tenía conocimiento del procedimiento sancionatorio, basado en dos actas donde comparece el apoderado del estudiante denunciado; una, del 17 de julio de 2025 y la otra del 1 de agosto de 2025, contenidas en los documentos individualizados con el N°4. La primera referida a la situación emocional del estudiante y cuyo objetivo eran conocer su estado socio emocional; entrega de lineamientos y activación de protocolo; y, la segunda a la situación del estudiante a nivel académico, social y emocional, siendo su objetivo entregar retroalimentación al estudiante y entregar plan de acompañamiento académico y emocional.

Se observa que en ambas actas no se hace ninguna mención a los hechos investigados y por los cuales fue sancionado el estudiante, apareciendo que las actividades que ellas dan cuenta, están referidas a actuaciones pertenecientes al protocolo a aplicar por conductas sexuales, que buscan la prevención, reparación o acompañamiento de él o los estudiantes involucrados, que no son propias de un procedimiento disciplinario sancionatorio.

En este punto, se hace necesario consignar que en la especie, no hubo formulación de cargos, desde que el informe final, con el cual se pone término a la fase indagatoria, no fue evacuado tal como lo mandata el reglamento interno, sino que la encargada de convivencia escolar doña nombre reservado, quien tenía a cargo el proceso investigativo, desoyendo el mandato reglamentario, dictó la resolución no sancionatoria de 15 de agosto de agosto de 2025, que aparece en los documento signados con el N°1 aportados por la recurrida, por estimar que los hechos investigados estaban prescritos, obviando sin más la elaboración del informe final.

El informe final a que se refiere el reglamento interno, contempla dos alternativas; una, es la que de acuerdo al resultado de indagación conlleva la propuesta de sanciones; y, la segunda, para cuando la fase de indagación no ha arrojo evidencia sobre la presencia de la falta o los responsables, en cuyo caso se expondrá esta situación y se recomendará el cierre del proceso.

En ambos casos la decisión final le correspondía a la rectora del establecimiento, dado que en la especie se estaban investigando hechos constitutivos de faltas graves.

Ahora bien, esta resolución del 15 de agosto, dictada por quien no estaba facultada para ello, fue apelada por el padre de la niña afectada, para ante la rectora del establecimiento, quien acogiendo el recurso decidió imponer la sanción de condicionalidad de la matrícula para el niño infractor.

En esta resolución la rectora cometió diversas vulneraciones al debido proceso, entre ellas, el haber impuesto una medida disciplinaria, sin que existiera un informe final donde se hiciera una descripción de los hechos dados por establecidos y las medidas disciplinarias propuestas, lo que implicó que ni el estudiante ni su apoderado, tuvieran un conocimiento previo a la aplicación de la medida, de los hechos y sanciones cuya aplicación se solicitaba, no garantizándose así el derecho a ser escuchado, al no poder efectuar los descargos y de poder entregar los antecedentes para su defensa. En dicha resolución, se vulneró, además, el derecho del estudiante a ser juzgado dentro de un plazo razonable, toda vez que se le sanciona por hechos acaecidos con una anterioridad de dos años a la fecha de imposición de la sanción, cuando tanto la víctima como el victimario eran menores de catorce años, fundándose el castigo, en el daño que produjo en la niña afectada, la acción atribuida al estudiante, el cual se estima como permanente, dejando de lado la fecha de ocurrencia de los hechos, planteamiento que esta Corte estima incorrecto, desde que en la descripción de las faltas aplicadas, no aparece como elemento de ellas, la permanencia en el tiempo de los daños provocados por la acción a que aquellas se refieren.

Por otro lado, si bien ni en el reglamento ni en la circular citada precedentemente, se señala que debe entenderse por un plazo razonable, aparece como poco prudente o legítimo que se haya sancionado al estudiante después de dos años de acaecidos los hechos, cuando aquellos por la edad de los involucrados no revisten caracteres de delito.

Aparece, además, por las comunicaciones contenidas en los correos electrónicos, que se consignan en el archivo nominado como documento 13, entre el recurrente y diversos funcionarios del establecimiento educacional, que el apoderado del estudiante, después de infructuosos intentos, recién tuvo conocimiento en forma restringida de los antecedentes de la investigación, cuando ya la rectora había emitido su resolución sancionatoria, viéndose afectado, también de esta manera, el derecho del estudiante a ser escuchado e impedido de rendir prueba, al desconocer los hechos atribuidos y los antecedentes probatorios en base a los cuales se establecieron.

Décimo sexto: Que, lo dicho precedentemente es aplicable respecto de la resolución del 8 de octubre de 2025, en contra de la cual se recurre y que rechazando el recurso de reconsideración que mantuvo la medida disciplinaria impuesta, desde que si bien es acertado el razonamiento utilizado para rechazar las argumentaciones sobre la prescripción efectuada por el recurrente, al acudir al artículo 86 de la Ley 20.529, lo cierto es que al haber mantenido la decisión de condena, como ya se dijo, se vulneró el derecho del estudiante a ser sancionado dentro de un plazo razonable, más aún cuando se reiteren los argumentos de las resolución de 15 de septiembre, por los cuales se pretende justificar – erradamente- como ya se ha dicho, lo oportuno de la sanción basado en la permanencia de los daños originados a raíz de la acción atribuida.

Por último, conforme a lo razonado precedentemente, por el contrario, a lo señalado por la recurrida en cuanto que no se habría afectado el debido proceso por cuanto el recurrente habría tenido acceso al expediente completo desde el inicio del protocolo, siendo notificado de los hechos de la denuncia pudiendo incluso aportar prueba, ello no es efectivo.

Décimo séptimo: Que, todo lo expuesto precedentemente, conduce a esta Corte a estimar que la actuación de la recurrida, consistente en la aplicación de la sanción disciplinaria de condicionalidad de la matrícula del estudiante nombre reservado, al margen del procedimiento sancionatorio correspondiente, como se ha dicho precedentemente, el cual por lo demás, ante la gravedad de la sanción aplicada, aparece como un remedo de un procedimiento, toda vez que en el mismo, no se efectuó la instancia de formulación de cargos, como tampoco se otorgó la posibilidad de que se efectuaran los descargos correspondientes, convirtiendo en la práctica al órgano sancionador, esto es, la rectora del establecimiento educacional, en una comisión especial, que se erigió solamente para sancionar, sin otorgar la posibilidad al alumno del ejercicio de una adecuada defensa, apareciendo de todo ello que el sustento de la decisión de castigo, se encuentra en la sola voluntad de quien aplicó la sanción y no en hechos cuya existencia y participación se hayan acreditado en el transcurso de un procedimiento reglamentariamente tramitado, importando con ello que el obrar de la autoridad sancionatoria, sea un actuar arbitrario, efectuado, además, al margen de la propia reglamentación establecida, conculcando con ello la garantía contemplada en el inciso 4° del número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, resulta procedente acoger la acción constitucional deducida, como se dirá en lo resolutivo, siendo inoficioso el examen del resto de las garantías que el actor estima como vulneradas.

Décimo octavo: Que, las conclusiones anteriores, no se ven amagadas por el hecho que el padre del estudiante, haya hecho uso del derecho de reconsideración ante la rectora del establecimiento, toda vez que el conocimiento de esta instancia le corresponde a la misma autoridad que aplicó la sanción impugnada, circunstancia que en opinión de estos sentenciadores hace ilusorio el ejercicio al recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°4 inciso 3° y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido en contra de la Corporación Colegio nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado; y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la sanción de condicionalidad de la matrícula del alumno nombre reservado, adoptada el 15 de septiembre de 2025 y ratificada el 08 de octubre de ese mismo año. Como, asimismo, se deja sin efecto la prohibición de asistir a la gira de estudio a Alemania.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza.

Rol N°1909-2025 Protección.-