nombre reservado con POLICIA DE INVISTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de Protección Rol N° 1897-2020.- La Serena, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 30 de noviembre de 2020, comparece nombre reservado, chileno, Comisario, grado 8°, de dotación de la nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada legalmente por don nombre reservado, Prefecto Inspector, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expresa ser Oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, ostentando el cargo de Comisario, Grado 8°, con 24 años y 10 meses de servicios; actualmente, destinado a la nombre reservado.

Relata que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 55 del D.F.L. N°1 de 1981 que Aprueba el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en armonía con lo previsto en el Decreto N°28 del año 1981, que aprueba el Reglamento de Calificaciones de La Policía de Investigaciones de Chile, fue objeto de evaluación, calificación y clasificación funcionaría del período agosto 2019 a julio de 2020, calificándolo en Lista 2 y, posteriormente, por una decisión arbitraria de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones, se consideró modificar la evaluación a Lista 3, incluyéndolo, de paso, en la lista de eliminación (Lista 4 mala) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del D.F.L. N°1 Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que el 02 de octubre de 2020, fue notificado de una supuesta decisión de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones de Chile, dictada sin respetar el ordenamiento jurídico en su integridad, como subyace de los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile y, como lo ha señalado la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N°7.744 del año 2000, puesto que no existiría ningún decreto supremo, ni menos aún, alguna resolución conforme a derecho, ya que, de existir o haberse dictado, se habría singularizado adecuadamente en el Acta de Notificación, a fin de entender que la decisión adoptada por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones de Chile, se ha materializado respetando el ordenamiento jurídico, tal y como lo ha señalado en diversos dictámenes la Contraloría General de la República de Chile.

Asevera que la emplazada sólo consideró una medida disciplinaria en su Hoja de Vida para reevaluar su calificación, modificándola en una lista inferior o de mérito menor.

Dicha medida disciplinaria consiste en “DOS DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, que le fue aplicada por Resolución PRI N°283-2019 de fecha 01 de noviembre de 2019, de la Brigada de la cual forma parte, modificando los siguientes factores:

“a).- Factor 1 "Espiritu de Cuerpo", baja la calificación primitiva de nota 6 a nota 4.

b).- Factor 2 "Disciplina", baja la calificación primitiva de nota 5 a nota 4...” (sic)

Hace presente que el artículo 36 del Decreto N°28 del año 1981, que aprueba el Reglamento de Calificaciones de La Policía de Investigaciones de Chile, otorga a la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de esa institución, la facultad para modificar una calificación funcionaria; sin embargo, aquella no puede ser antojadiza ni arbitraria, sino que necesariamente debe expresar los fundamentos, tal como lo exige el mismo cuerpo normativo.

Agrega que el Dictamen N° 030832N18 de 12 de diciembre de 2018, emitido por la Contraloría General de la República de Chile, precisa que “la exigencia de fundamentar sus acuerdos implica que tales organismos evaluadores deben enunciar los motivos específicos y circunstancias precisas que han considerado para rever la calificación de un funcionario determinado...", añadiendo que en el caso sub-lite esto no ha ocurrido, lo que transforma la decisión en caprichosa, arbitraria e ilegal, al dictarse la modificación de la calificación sin observar la norma legal vigente.

Refiere que la emplazada no explicó los estándares de evaluación ni el marco comparativo, para llegar a un razonamiento lógico que permita justificar fundadamente los motivos para reevaluarlo en los Factores 1 y 2 respectivamente, infringiendo con ello el artículo 46 de la Ley N° 19.880, sin respetar las disposiciones emanadas del órgano de control a través de los Dictámenes N°54.131 de 2007, N°44.597 de 2008 y, N° 25.098 del año 2015, que prevén y exigen que los fundamentos, "deben ser concretos y precisos, y necesariamente contener el detalle de los mismos".

Hace hincapié en que presentó el respectivo recurso de reclamación, agregando que la recurrida, a través del Acta de Notificación de Calificación y Clasificación, de fecha 09 de noviembre de 2020, se vulneran sus garantías constitucionales del artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que a través del acta de notificación ya individualizada, notificada el 10 de noviembre de 2020, se reconoce expresamente la falta del acto jurídico por el cual se dispuso su recalificación a Lista 3 y luego, re-encasillar en lista 4 (mala), cuando se esgrimió que "relacionado con que a la fecha, no existiría un Decreto o una Resolución y que por ello la cédula de notificación del acuerdo de la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, adolecería de un vicio, se hace presente que el Decreto 28, Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 06 de mayo de 1981, artículo 47°, señala que las calificaciones y clasificaciones quedarán ejecutoriadas, una vez que la Junta de Apelaciones haya puesto término a sus funciones, resolviendo todos los recursos de apelaciones que se hubieren interpuesto, agregando que el D.F.L 1 Estatuto de la Policía de Investigaciones de Chile, Art. 71 b) señala que los decretos supremos que dispongan los retiros de Oficiales se cursarán sin otro antecedente que un certificado del Jefe de la Jefatura".

Insiste en que la interpretación torcida y desajustada que hace la institución recurrida, cuando la norma expresa del inciso 3° del artículo 3 de la Ley N°19.880 de Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de Los Órganos de La Administración del Estado, ordena que “Los actos administrativos tomarán la forma de Decretos Supremos y Resoluciones”.

Señala que habiéndose acreditado fehacientemente la falta o inexistencia de un Decreto o Resolución, tal como se ventiló en el Acta de Notificación, concluye que el acto jurídico presenta un vicio de nulidad. Agrega, que si se trata de un acto jurídico, no se debe omitir ningún requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor de estos mismos, en consideración a la naturaleza de ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1682 del Código Civil, situación que finalmente lleva a concluir inequívocamente que el acto administrativo adolece de nulidad, citando los artículos 6 y 7 de nuestra carta fundamental.

Afirma que se representó la vulneración del principio NON BIS IN IDEM, al advertir que un mismo hecho estaba siendo considerado en más de un factor de sus calificaciones con el propósito de rebajar el puntaje en forma desproporcionada y arbitraria, para perjudicarlo y también provocar a consecuencia de esto, el cambio de Lista de clasificación a una más desfavorable, incurriendo la institución emplazada, en otro error jurídico que termina por vulnerar sus derechos constitucionales, Sostuvo que coherente con el aforismo jurídico que dice relación con que en el Derecho público solo es posible hacer aquello expresamente permitido, no es lícito considerar una medida disciplinaria dos o más veces para calificarlo.

Puntualiza que el principio que se expresa, si bien es aplicable a la materia penal, se encuentra reconocido en el ordenamiento administrativo, en especial, por el Dictamen N°28.223 de fecha 22 de junio de 2007 emitido por la Contraloría General de la República.

Dicho principio, dice, no sólo opera cuando se condena dos veces a un mismo sujeto por el mismo hecho, sino que tiene un alcance más amplio, ya que, representa más que una concreción de la prohibición de exceso que se deriva del principio de proporcionalidad, añadiendo que no será licito considerar dos veces un mismo hecho o valorar la misma propiedad de un hecho para agravar la falta y proceder a la modificación de las calificaciones, constituyendo así, una contravención de esta prohibición de exceso, precisando que no existe ninguna otra sanción administrativa ni anotación de demérito dentro del periodo de evaluación.

Recalca que la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones de Chile, le ha proporcionado un trato diferente y por lo tanto discriminatorio, al no respetar el ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, ha infringido el Derecho Constitucional vertido en el artículo 19 N° 2, "Igualdad ante la Ley", al establecer diferencias arbitrarias en perjuicio del recurrente además, el N° 3 "La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos", al ser sentenciado por una comisión especial como la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones de Chile y, se ha amenazado el derecho constitucional del N° 24 del artículo previamente citado, por cuanto la incorporación del recurrente a una Lista mala, como es la Lista 4, conlleva estar incluido en la Lista anual de retiros y, por tanto, afecta de paso, el único ingreso remuneracional que posee, más aún, cuando carece de otro título que pudiera explotar en la vida privada para solventar y mantener a su familia.

Luego de las citas constitucionales solicita a esta Corte, que atento al mérito de sus alegaciones, se resuelva acoger el recurso de protección y declarar: que se debe dejar sin efecto el acto jurídico ya aludido, y mantenerlo en Lista 2 como inicialmente se encontraba calificado y clasificado por su jefatura directa, todo lo anterior con condena en costas.

Acompaña: Acta de Notificación de Calificación y Clasificación de fecha 09 de noviembre de 2020;

Cédula de Notificación de Calificación y Clasificación de fecha 02 de octubre de 2020; Copia del Decreto N° 28 del 06 de Mayo de 1981, y una imagen de radiograma N° 492 de fecha 24.11.2020.

SEGUNDO: Que, con fecha 05 de enero último, informando la recurrida por medio de escrito del abogado Omar Castro Torres, peticiona que el recurso de marras sea rechazado.

En primer lugar alega que la acción proteccional es improcedente para el conflicto que nos ocupa pues no es una nueva instancia administrativa.

Indica que esta acción de protección está reservada para restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales urgentes, que no es el caso, desprendiéndose de la sola lectura del libelo que lo pretendido por el recurrente es ajeno a la finalidad de la protección, atendida su naturaleza cautelar.

En cuanto al fondo del recurso y la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido la Policía de Investigaciones de Chile al considerar, dentro del proceso calificatorio, la Medida Disciplinaria de “DOS DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, señaló que el artículo 4 del Decreto Nº 28, de fecha 6 de mayo de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional Subsecretaría de Investigaciones, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile dispone: “En la calificación, deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere.

Sin embargo, las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado. En ningún caso un mismo hecho podrá considerarse en más de un proceso calificatorio. El mismo procedimiento se seguirá en las sanciones aplicadas sin Sumario o Investigación Sumaria.”

Sobre el particular, manifiesta que su representada sólo consideró las sanciones administrativas una vez que esta se encontraban afinadas y notificadas, conforme al mandato legal.

Luego de poner de manifiesto la estructura jerarquizada y disciplinada de la institución que representa, y refiriéndose a los procesos de evaluación, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones y en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 28, de 1981, refiere que la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo. La evaluación comprende tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario, evidenciadas en el transcurso del período a calificar.

Explica que la clasificación corresponde a la lista de selección que acuerda la Junta respecto de un funcionario, precisando que las listas en que pueden clasificarse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile son las siguientes: Lista 1, de Mérito; Lista 2, Buena; Lista 3, Regular; y Lista 4, Mala.

Expone que el citado Decreto Supremo previene, en su artículo 81, que la calificación se realizará basada en los conceptos contenidos en la hoja de vida anual del funcionario y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto, agregando en su artículo 35, que en el conocimiento, estudio y valoración de las calificaciones, que corresponde a las Juntas Calificadoras, se deben analizar: a) las calificaciones; b) los recursos de reclamación que se hayan presentado; y c) los antecedentes que lleguen a su conocimiento o que hayan solicitado especialmente.

Señala que el artículo 62 del D.F.L. Nº 1, de 1980, Estatuto del Personal de la PDI, establece que la Junta de Apelaciones estará integrada por el Director General, que la presidirá, y dos representantes del Poder Judicial, designados por la Corte Suprema, de entre las cuatro primeras categorías del Escalafón Primario. Para conocer de los recursos de apelación que interpongan los Oficiales Subalternos, se integrarán a dicha Junta los Prefectos Inspectores Policiales.

Finalmente, hace presente que el régimen estatutario que se aplica al personal de la Policía de Investigaciones de Chile es de carácter legal, ya que es la ley la que regula la situación de los funcionarios y señala la forma cómo nace y se extingue su relación con el Estado, razón por la cual el presente sistema no tiene origen ni naturaleza convencional, ni tampoco importa una sanción, ya que es el legislador quien determina por completo los derechos y obligaciones que son efecto de esa relación.

Añadió que según los preceptos indicados y lo dictaminado por la Contraloría General de la República, las actuaciones en esta materia se ajustaron estrictamente a la normativa que rige al efecto, especialmente al Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, resolviendo dicha Institución conforme a derecho.

Respecto a las facultades que detenta la recurrida en este procedimiento calificatorio, señaló que éstas son de naturaleza discrecional y que se conciben como la potestad de obrar libremente por la Administración sin que su conducta esté previamente determinada por la regla de derecho, agregando que esta discrecionalidad se configura cuando la ley o el reglamento dejan a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, en la medida en que esa decisión se haya dictado razonablemente.

Refiere que tratándose de su inclusión en Lista Anual de Retiros, la letra c) del artículo 71 del Estatuto del Personal señala: “La lista anual de retiros del personal de Oficiales se formará sucesivamente con:

a) Los clasificados en Lista N° 4;

b) Los que hayan sido clasificados por segunda vez consecutiva en Lista N° 3;

c) Los clasificados en Lista N 3, y d) Los clasificados en Lista N° 2”.

En relación a lo anterior señala que en el artículo 37 del Reglamento de Calificaciones, se establece que, revisada y determinada la calificación definitiva del funcionario, las Juntas efectuarán la clasificación que le corresponda, según las pautas siguientes: “(…) b) En la Lista Nº 2, Buena, quedarán los funcionarios cuya nota de calificación sea igual o superior a 5”.

Menciona que para los factores 1 Espíritu de Cuerpo, 2 Disciplina, 3 Reserva Funcionaria, 4 Aptitud de Mando, 5 Respeto a la Dignidad Humana, 6 Ética Profesional, 15 Capacidad de Planificar, 16 Capacidad de Control y 17 Responsabilidad de Mando, se requerirá obtener nota mínima 5.

Al respecto, precisa que el funcionario recurrente en los factores Espíritu de Cuerpo y Disciplina, ha obtenido una nota 4, por lo que no cumplió con los requisitos establecidos en la letra del artículo 37 del referido Reglamento de Calificaciones, siendo calificado finalmente en Lista 3, Regular.

Asevera que la Policía de Investigaciones de Chile dio estricto cumplimiento a la ley y a su Reglamento de Calificaciones, y que los órganos colegiados han ejercido en forma racional y objetiva sus potestades con el objeto apreciar el comportamiento funcionario del periodo de calificación correspondiente, el que se ha ponderado cualitativa y cuantitativamente, debiendo tenerse presente que los antecedentes consignados en su hoja de vida se reflejan en cada factor evaluado, conformando un cúmulo de antecedentes que permiten calificar la carrera funcionaria, sin alterar la autonomía del órgano calificador.

Sobre las garantías que se estimaban vulneradas, sostiene en primer lugar, que dado que se ha invocado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, debió acreditar también el recurrente cómo pese a encontrarse en una situación idéntica a otra persona, recibió por parte de la autoridad un trato diferenciado que lo perjudicó, cuestión que no sucedió, ya que no se advierte algún caso igual mencionado en recurso de protección, en que se haya tratado a otra persona de manera diferente. Sobre el mismo indica que es requisito esencial para impetrar la vulneración del artículo 19 N° 2 que exista un trato desigual en circunstancias iguales.

En segundo lugar, y en lo referido a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, del numeral 3° del precitado artículo, sostiene que el recurrente se equivoca al sostener una vulneración al debido proceso, toda vez que el recurso de protección ampara esa garantía cuando se refiere a la existencia de una comisión especial que juzgue arbitrariamente a una persona, añadiendo que no es el caso de marras, haciendo presente que en todo momento se ha respetado un procedimiento reglado.

En tercer lugar, y refiriéndose al derecho de propiedad, expresa que la Corte Suprema ha sido categórica en señalar que no existe tal propiedad, excluyendo del Derecho Constitucional al empleo público, reconduciéndolo como corresponde al artículo 19 N° 17 de ésta, numeral que no goza del amparo constitucional extraordinario del Recurso de Protección, restringiendo de esta forma la excesiva amplitud reconocida al derecho constitucional de propiedad, reduciéndolo únicamente al ámbito de los bienes.

Acompaña: (1) Informe de Calificación del período del “01.AGO.019 al 31.JUL.020”; (2) Hoja de Vida Anual; (3) Notificación de Calificación y Clasificación, de fecha “09.NOV.020”, de la Junta de Apelaciones; (4) Notificación de Calificación y Clasificación, de fecha 02 octubre de 2020, de la Junta de Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, según se ha expuesto, el recurrente señala que el acto reprochado como arbitrario e ilegal consiste en que fue objeto de evaluación, calificación y clasificación funcionaría, correspondiente al período comprendido desde agosto de 2019 a julio de 2020, siendo calificado en Lista 2 y posteriormente mediante una decisión arbitraria de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones, se modificó la evaluación a Lista 3, incluyéndolo en la Lista de Eliminación (Lista 4 mala) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, agregando que la recurrida para reevaluar su calificación sólo consideró una medida disciplinaria consistente en “Dos Días de Permanencia en el Cuartel”, que le fue aplicada por Resolución PRI N°283-2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, de la Brigada de la cual forma parte, añadiendo que representó la vulneración del principio Non Bis In Idem al advertir que un mismo hecho estaba siendo considerado en más de un factor de sus calificaciones con el propósito de rebajar el puntaje y provocar el cambio de lista, señalando como derechos conculcados los contemplados en el artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que atendido lo expuesto por el recurrente y la recurrida y los antecedentes que se han aportado a esta Corte, se han logrado establecer los siguientes hechos:

a) Que la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones de Chile, por el período comprendido desde agosto de 2019 a julio de 2020, por unanimidad de sus integrantes, resolvió calificar al recurrente con Nota 6,0 y clasificarlo en Lista 3 Regular, en atención a la Medida Disciplinaria de “Dos Días de Permanencia en el Cuartel”, aplicada mediante Resolución PRI N° 283-2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, de la nombre reservado, por haber llegado retrasado el día 19 de noviembre de 2019, al servicio encabezado por la Brigada antes señalada, destinado a realizar dos entradas y registros al cual debía presentarse a las 7,30 horas, arribando al complejo a las 7,50, percatándose el Subprefecto nombre reservado, Jefe de esa Brigada especializada, que el demandante se encontraba con hálito alcohólico, resolviendo excluirlo de la diligencia ya que se encontraba a cargo de uno de los carros que participarían en la intervención, infringiendo con ello el Reglamento de Disciplina de la Policía de Investigaciones de Chile.

b) Que la Junta antes señalada, en mérito de los antecedentes que registra el recurrente en su Hoja de Vida Anual, resolvió evaluarlo en los siguientes Factores como sigue:

Factor 1 “Espíritu de Cuerpo” baja nota de 6 a 4 conforme a la medida disciplinaria que se le aplicó, precisando que queda acreditada su inobservancia en el cumplimiento del deber, misión y objetivo institucional, señalándose que alcanza un grado aceptable en el factor.

Factor 2 “Disciplina” baja nota de 5 a 4 de acuerdo a la medida disciplinaria que registra en su Hoja de Vida Anual, indicándose que queda acreditado que incurrió en las faltas contempladas en el Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, señalándose que alcanza un grado aceptable en el factor.

c) Que en los demás Factores de Calificación, correspondientes a “Aptitud de Mando”, “Capacidad Funcionaria”, “Criterio”, “Iniciativa”, “Asistencia y Puntualidad” y “Capacidad para Planificar”, el reclamante mantuvo la nota propuesta por su Jefe Calificador.

d) Que la Junta de Apelaciones, coincidiendo con el criterio utilizado por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones de Chile, por unanimidad de sus integrantes, con fecha 09 de noviembre de 2020, resolvió rechazar el recurso interpuesto por el demandante, quedando definitivamente calificado con nota 6,00 y clasificado en Lista 3 Regular, informando, además, que se haría efectivo su alejamiento de la institución, en las condiciones y plazos establecidos en el artículo 66 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

SEPTIMO: Que para dilucidar la controversia, asumiendo las limitaciones propias de su extensión probatoria, corresponde determinar si la facultad que se arroga la recurrida de haber evaluado y calificado al recurrente con nota 6,00 y clasificado en Lista 3 Regular durante el período comprendido desde agosto de 2019 a julio de 2020, incluyéndolo en la Lista de Eliminación (Lista 4 mala) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, por las razones que ha señalado la Junta Calificadora, tiene sustento de oponibilidad formal, luego determinar si ello se encuadra en los parámetros de legalidad y proscripción de la arbitrariedad con la confrontación de los derechos cuyo amparo se exige por esta vía.

OCTAVO: Que no se advierte de qué manera la facultad que se arroga la recurrida de calificar al recurrente de la manera que lo ha hecho, podría ser calificada de arbitraria e ilegal, toda vez que la entidad demandada se limitó a ejercer las prerrogativas que le han sido asignadas por la ley.

En efecto, el artículo 4°, del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dispone:

“En la calificación, deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere. Sin embargo, las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado. En ningún caso un mismo hecho podrá considerarse en más de un proceso calificatorio. El mismo procedimiento se seguirá en las sanciones aplicadas sin Sumario o Investigación sumaria”.

Es preciso señalar que la recurrida dio estricto cumplimiento a la ley, calificando al funcionario conforme a su reglamento, considerando la sanción administrativa que se le había aplicado de “Dos Días de Permanencia en el Cuartel”, mediante Resolución PRI N° 283-2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, una vez que esta se encontraba afinada y debidamente notificada al reclamante.

Por su parte, el artículo 4°, inciso 2°, del Reglamento antes señalado, prescribe: “Las faltas administrativas establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrá considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado”, y el artículo 13, dispone que una sanción constituye un antecedente del que se deja constancia en la Hoja de Vida Anual.

Acorde con lo señalado en el artículo 8°, inciso primero, que establece que la calificación se basará en los conceptos contenidos en ese documento, es posible inferir que la medida disciplinaria que se reclama forma parte de los datos que corresponde sean ponderados en la evaluación del funcionario.

NOVENO: Que, a su vez, el artículo 1° del Decreto Ley N° 2460, Ley Orgánica de la Policía e Investigaciones de Chile, señala que esta es una institución policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto.

Por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, prescribe que “El personal de Policía de Investigaciones de Chile -institución permanente del Estado dependiente del Ministerio de Defensa Nacional e integrante de las Fuerzas de Orden- es esencialmente profesional, jerarquizado, obediente y no deliberante y estará sometido al Reglamento de Disciplina respectivo”.

DECIMO: Que la Policía de Investigaciones de Chile, tiene una estructura jerarquizada y disciplinada, particularidades propias del Servicio que se ven refrendadas en el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado mediante DFL N° 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el sistema de calificaciones y clasificaciones del personal entre otras materias de relevancia para el personal institucional.

UNDECIMO: Que, según se desprende del mérito de los antecedentes acompañados al proceso, el recurrente fue calificado y clasificado con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 53 a 67 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y en el Reglamento de Calificaciones de la institución, aprobado por Decreto Supremo N° 28 de 1981 del Ministerio de Defensa Nacional, procedimiento reglado y permite al afectado hacer valer sus planteamientos en las diversas instancias contempladas al efecto.

Debe tenerse presente que los artículos 54 y 55 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y el artículo 2° del Decreto Supremo N° 28 de 1981, establecen que la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario en el ejercicio de su cargo, la que comprende el desempeño en el trabajo y sus condiciones personales evidenciadas en el transcurso del período a calificar.

A su vez, el artículo 81 del citado Decreto Supremo, previene que la calificación se realizará basada en los conceptos contenidos en la Hoja de Vida Anual del funcionario y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto, agregando en su artículo 35, que en el conocimiento, estudio y valoración de las calificaciones, que corresponde a las Juntas Calificadoras, se deben analizar: a) las calificaciones; b) los recursos de reclamación que se hayan presentado; y c) los antecedentes que lleguen a su conocimiento o que hayan solicitado especialmente.

DUODECIMO: Que, acorde con las disposiciones legales citadas, debe estimarse que la facultad de la recurrida de haber evaluado y calificado al recurrente con nota 6,00 y clasificarlo en Lista 3 Regular, por su comportamiento funcionario durante el período comprendido desde agosto de 2019 a julio de 2020, incluyéndolo en la Lista de Eliminación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, por las razones que se señalan en la Resolución de la Junta de Apelación, de fecha 09 de noviembre de 2020, que confirmó los fundamentos que la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, tuvo en consideración para evaluar el desempeño del reclamante, rebajando la nota del Factor 1 “Espíritu de Cuerpo” de 6 a 4 conforme a la medida disciplinaria que se le aplicó de “Dos días de permanencia en el Cuartel”, precisando que quedaba acreditada su inobservancia en el cumplimiento del deber, misión y objetivo institucional, y disminuyendo la nota del Factor 2 “Disciplina” de 5 a 4 de acuerdo a la medida disciplinaria que registra en su Hoja de Vida Anual, indicándose que quedaba acreditado que incurrió en las faltas contempladas en el Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, se enmarca dentro de las facultades que le han sido otorgadas por las disposiciones normativas antes analizadas, en orden a asegurar la idoneidad profesional de los funcionarios sometidos a su control, normas que sustentan la decisión concretada en las resoluciones antes mencionadas.

DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia, al no haberse acreditado un acto ilegal ni arbitrario por parte de la reclamada, supuesto necesario para verificar la supuesta afectación de las garantías fundamentales denunciadas como quebrantadas, solo cabe rechazar el presente recurso de protección.

DECIMO CUARTO: Que no obstante de las razones dadas para el rechazo de este recurso y como observación aparte, a mayor abundamiento, debe considerarse que este procedimiento cautelar constitucional es excepcional y exige derechos indubitados y lo pretendido por el recurrente no es amparar el legítimo ejercicio de un derecho no disputado, sino cuestionar las facultades de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes de la Policía de Investigaciones de Chile, situación que no corresponde conocer en un procedimiento cautelar como el actual.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1897-2020 Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Suplente señor Jorge Corrales Sinsay, el Ministro Suplente señor Iván Corona Albornoz y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. No firma el Ministro señor Corrales, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.