nombre reservado con SUPERINTEDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 1895-2023.- La Serena, uno de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés comparece nombre reservado, interponiendo Recurso de Protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en particular respecto de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-86492-2023, dictada con fecha 29 de junio de 2023.

Expone que en el mes de marzo 2022, comenzó a sentir taquicardias, dolor agudo en pecho, sensación de falta de respiración, intensos dolores de cabeza, mareos, fatiga extrema, sensación de hormigueo en distintas partes del cuerpo y sensación de muerte inminente, por lo que consultó varias veces en servicios de urgencia, descartándose en esas oportunidades urgencia vital. En dichas consultas, le sugirieron que acudiera a distintos especialistas para evaluación, entre ellos, se atendió con médicos especialistas en cardiología, neurología y psiquiatría, quienes la enviaron a realizar exámenes médicos entre ellos: electrocardiogramas, ecocardiogramas, holter de presión y ritmo, TAC de tórax, TAC de cabeza y varios exámenes de laboratorio.

Indica que durante este mes de marzo 2022, se emitió su primera licencia médica por un cardiólogo, dicho reposo comenzó el 18 de marzo 2022, por un diagnóstico inicial de trastorno ansioso secundario, luego se logró determinar que su afección era un síndrome de disautonomía posterior por infección por covid-19, el que padeció en febrero del año 2022.

Refiere que a medida que los días pasaban, y comenzaron a entregar sus resultados de los exámenes practicados, y en los resultados no encontraron un origen concreto de su sintomatología, saliendo en su mayoría normales o levemente alterados. Aduce que claramente su angustia fue en aumento, pues, los médicos no encontraban una respuesta a sus síntomas. El psiquiatra le recetó Altruline 50 mg/día y le comenzó a derivar a tratamiento de psicoterapia. Paralelamente, el neurólogo le recetó una serie de medicamentos, entre ellos: Naproxeno Sódico 550 mg a fin de controlar el dolor de cabeza, Melinerv, para controlar la ansiedad y señaló que la disautonomía debiera cesar con el tiempo. No obstante, el médico cardiólogo no le recetó fármacos por encontrarse embarazada y porque consideró que la sintomatología debía ser temporal.

Relata que en el mes de mayo 2022, durante su progresiva recuperación de la disautonomía, tuvo una recaída fuerte, sumándose a la pérdida de su embarazo a las 9 semanas de gestación ocurrida en el mes de abril, afectándola mucho emocionalmente. Lamentablemente, a sus síntomas se le añadieron: dolores físicos crónicos y ataques de angustia o pánico. Los dolores comenzaron en manos y pies, similar a una quemadura, ardor, hipersensibilidad a cualquier tipo de roce, presión y/o cambios de temperaturas, sensación de descargas eléctricas. Seguido a estos síntomas comenzó a sentir dolores musculares en todo el cuerpo y debilidad muscular general, la sensación de hormigueo se mantuvo y comenzó a sentir pinchazos en el cuerpo, parestesias en espalda y extremidades.

Indica que el especialista neurólogo le solicitó una serie de exámenes de laboratorio generales y para evaluar enfermedades de tipo autoinmune, RMN cérvico dorsal y electromiografía. Nuevamente los resultados no encontraron un origen concreto a su sintomatología, saliendo en su mayoría normales o levemente alterados.

Aduce que todos los síntomas que comenzó a padecer, empezaron a alterar las actividades de la vida diaria, al sentir dolor en sus manos, le dificultaba hasta vestirme, ya que cualquier tipo de presión le generaba un dolor insoportable. Por el empeoramiento de su condición tampoco pude retomar sus funciones laborales como hubiese deseado, pues entre el dolor, el cansancio, la falta de concentración y la angustia, honestamente no podía concentrarse en sus actividades laborales, como tampoco el dolor me lo permitía.

Añade que este aumento de síntomas también afectó el que pudiera ocuparse de sus hijos. Por ello, tuvo que cambiarse de domicilio repentinamente de Santiago a Coquimbo para poder ser ayudada por familiares, eso la llevó a tener que cambiar a su hijo mayor, de 10 años, abruptamente de colegio en medio del año escolar y separarme de su marido que por motivos de trabajo siguió residiendo en Santiago. Producto de los dolores físicos su movilidad se vio reducida, y la mayor parte de los días los pasó en reposo en cama.

Señala que durante el mismo mes de mayo 2022, su psiquiatra modificó el diagnóstico inicial realizado en marzo 2022, de “trastorno ansioso secundario asociado a síndrome de disautonomía” a “trastorno de ansiedad generalizada con crisis de pánico”. Al ser modificado su diagnóstico, también fue alterado su tratamiento farmacológico de Altruline 50 mg/día, recetado en marzo, a Duloxetina, inicialmente 30 mg/día recetado en mayo, aumentada a 60 mg/día en julio y 90 mg/día en agosto. Adicionalmente, también le recetó Rize 5 mg/día desde mayo y durante crisis de pánico.

Paralelamente, el médico neurólogo le recetó Pregabalina 75 mg/día desde mayo para dolores de tipo neuropático en manos y pies y Dacam rapi-lento, para los dolores físicos crónicos. Por la persistencia de los dolores, aumentó la dosificación de Pregabalina de 75 mg/día a 150 mg/día desde agosto.

Manifiesta que desde que comenzaron sus síntomas de dolor físico se caracterizaron por manifestarse en brotes que fueron fluctuando en intensidad con periodos de tiempo en que sintió comenzaban a mejorar para luego volver a padecerlos con mayor intensidad a pesar del tratamiento farmacológico. Destaca que el dolor nunca llegó a menguar a un nivel en que pudiera recuperar su funcionalidad o vida normal.

En el mes de agosto, a sus brotes se le fueron sumando otros síntomas, comenzando a sentir dolor en articulaciones, esto es, manos, hombros, cadera, pies, incluso le costaba moverse, y dolor en garganta, tan intenso que hubo días que se le dificultaba poder tragar la comida, y también se le sumó un intenso dolor de espalda en la zona cervical-dorsal de forma casi permanente. Todo ello, junto con la persistencia del dolor en manos, cabeza, cansancio extremo y problemas para poder concentrarse. Por el empeoramiento físico que fue viviendo, su angustia y desesperanza fueron profundizándose, empeoraron sus problemas para conciliar el sueño, y mientras dormía, muchas veces despertó repentinamente con ataques de pánico. Sumado a lo anterior, de manera involuntaria, perdió alrededor de 10 kilos, eso también le preocupó mucho porque no entendía la razón y porque llegó a pesar 46 kilos, por lo que el ver su condición física también le era muy angustiante.

Adicionalmente al dolor, le angustiaba mucho no tener un diagnóstico definido, a pesar de haber sido atendida por varios especialistas, y un tratamiento para su enfermedad para poder recuperar su vida y se sintió incomprendida por la mayoría los especialistas, quienes en su mayoría le indicaban que el origen de todo su padecimiento se debía a un trastorno de tipo emocional, y que debía ser tratado únicamente con especialista psiquiatra. El dolor crónico inexplicable y el empeoramiento de sus síntomas físicos me sumieron en un círculo vicioso de profundización de la angustia y desesperanza, y a consecuencia de esto sus dolores fueron intensificándose cada vez más.

En mes de septiembre 2022, tuvo que concurrir a médico general por urgencia de aumento de síntomas, quien recetó, Cam por el dolor de garganta, betametasona 0,25 mg y Dexclorfeniramina maleato 2 mg por 7 días, más Celecoxib 200 mg junto con Doloten para los dolores generales, paracetamol 325 mg y tramadol clorhidrato de 37,5 mg, por 1 mes, e indicación de continuar uso si dolores persistían.

Añade que dada la persistencia de los síntomas y a su empeoramiento en brotes, el especialista neurólogo la derivó a médico reumatólogo, quien le solicitó un examen de análisis de sensibilidad térmica por el dolor en manos, el cual resultó normal. Posteriormente le diagnosticó con síndrome de COVID prologando, y le recetó omega 3, vitamina D y Coenzima Q10. Reumatólogo le señaló que aún no se han establecido las causas que originan el síndrome que padece, por lo tanto, aún no se cuenta con exámenes para detectarlo ni con un tratamiento definido para su rehabilitación. Sin embargo, también le señaló que patología es de carácter temporal, provocada por la infección, y debiera ir mejorando con el tiempo de rehabilitación. Por lo anterior le derivó para tratamiento con kinesiólogo y fisiatra por los dolores y le recomendó seguir tomando los fármacos recetados para paliar el dolor por el resto de los especialistas que ya la evaluaron.

Ya en octubre 2022, por cómo fue evolucionando su enfermedad, el especialista psiquiatra le diagnosticó depresión, y le recetó Lamictal 25 mg en un comienzo para su tratamiento, aumentando dosis a 200 mg paulatinamente.

Su Médico psiquiatra notificó GES por depresión en mayores de 15 años, el cual está activo y se encuentra en tratamiento. A su vez, el Especialista Médico Integral designado por Isapre que comenzó a atenderla por GES confirmó diagnóstico de depresión moderada, mantuvo el mismo tratamiento farmacológico que especialista psiquiatra le ha indicado y recetó adicionalmente Reflexan 10 mg/día, por 15 días y luego para SOS, para los dolores cérvico-dorsales.

Finalmente, 13 de octubre 2022, la ingresaron al Programa de “Garantías explícitas en salud”.

En mes de diciembre, especialista psiquiatra también le señaló que el síndrome post covid que padece podía ser tratado por GES por la patología 87 Rehabilitación sars cov-2, el cual fue activado ese mismo mes, y se encuentra en curso.

Refiere que el tratamiento farmacológico, junto con el tratamiento de psicoterapia y las atenciones de kinesioterapia fueron ayudando a su rehabilitación. La ayudó sobre todo el cambio de terapeuta psicóloga que comenzó a atenderla a partir del mes de septiembre, quien enfocó tratamiento en cortar con círculo vicioso del dolor-angustia. Producto de ello, en mes de diciembre experimentó un alivio considerable a sus dolores físicos crónicos, que, aunque persistían, habían comenzado a disminuir progresivamente.

A fines de diciembre 2022, lamentablemente se reinfectó con covid, lo cual provocó un retroceso en su mejoría, cayendo, nuevamente, en una crisis de angustia y recrudecimiento de todos los síntomas tantos físicos como nerviosos, por tal motivo le recetaron diazepam 2mg por día y Brexpiprazol 1 mg por día y Palexis de 50 mg, 1 comprimido cada 12 hrs., por 5 días por intensificación de síntomas dolorosos.

Actualmente, continúa asistiendo a psicoterapia con psicóloga asignada por el GES, kinesioterapia y médico integral buscando su rehabilitación, esta última le recetó probióticos y una dieta para reparación intestinal. No obstante, lo anterior, por el tiempo que se ha extendido su enfermedad, su psiquiatra me recomendó “conversar con mi empleador para poner término a la relación laboral por mutuo acuerdo”. Debido al estrés que le ha significado estar todo este periodo enferma y sin subsidios por el rechazo de sus licencias médicas, sintió que no tuvo más alternativa y esto ya se concretó. Por lo anterior la licencia folio 13791875, de fecha del 13 de febrero al 14 de marzo 2023, será la última emitida para la patología que está sufriendo.

Profiere que con fecha 29 de junio de 2023, recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, quien emitiendo la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-86492-2023, por la Unidad Médica, resolvió:

“Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que se restablece la continuidad del reposo ya autorizado previamente.

Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado.”

Sostiene que como se puede verificar en su historial de licencias médicas, siempre ha concurrido a trabajar, y si está enferma, no es necesario que un médico le recomiende reposo alguno; sus licencias médicas anteriores fueron por embarazos, y el respectivo postnatal, pero no constan mayores licencias médicas que den cuenta de un comportamiento carente de ética. Lamentablemente, ahora necesita que le autoricen dichos documentos, pues, esta sin una relación laboral vigente, sin ingresos por sus licencias médicas rechazadas, y debiendo asumir un enorme costo con su medicación.

Indica que de la simple lectura de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-86492-2023, se puede verificar que el criterio para justificar el rechazo de las licencias médicas que expresa la Superintendencia esta sostenida simplemente en un criterio superficial, pues se acompañaron informes del médico tratante, cuya especialidad es psiquiatría, sin que se haya hecho una evaluación de fondo de los diagnósticos realizados por el médico tratante que implica una fundamentación debida de lo resuelto. Además, se realizó la derivación al Programa de “Garantías explícitas en salud”, tanto GES depresión resistente y GES rehabilitación COVID, que realmente dan cuenta de que su sintomatología está asociada a un cuadro grave, tal como lo señaló latamente, y comenzó kinesioterapia focalizada en disminución de dolor crónico, además fue derivada a Fisiatra. A mayor abundamiento, comenzó con psicoterapia desde abril 2022, y sigue en tratamiento hasta la fecha. En septiembre cambió de profesional por una que enfocaba el tratamiento en control de ansiedad-crisis de pánico y sobrellevar el dolor crónico.

Desde el mes de febrero 2023 tuvo que comenzar tratamiento de psicoterapia con una nueva psicóloga asignada por GES DE DEPRESIÓN.

Aduce que las expresiones contenidas en los actos recurridos como son la sola mención a que “el informe médico aportado” son de suyo infundadas porque no expresan ni manifestación las razones en las cuales se sustentan tanto desde el punto de vista factico como técnico dichas decisiones emanadas del órgano administrativo, dejando a su parte en la indefensión en orden a poder controvertirlas, atendida la ausencia de reales argumentos.

Hace presente que las resoluciones indicadas ni siquiera hacen una alusión específica y directa al a los antecedentes tomados en cuenta para fundar su resolución, sino que se limita a expresar que ratifica lo señalado por la COMPIN y a “los antecedentes tenidos a la vista”, es decir, con el solo mérito de la existencia de ANTECEDENTES y sin hacer evaluación o ponderación alguna de los mismos se decide ratificar el rechazo de la licencia.

Así las cosas, la sola alusión de “que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”, no puede estimarse como fundamento de hecho valido del rechazo, por cuanto la resolución recurrida no da cuenta de cual o cuales son las razones de hecho en él consignadas que legitiman a la recurrida para mantener el rechazo, lo que indudablemente deja a la recurrente en la más absoluta indefensión al estar imposibilitada de poder controvertir los argumentos en que aparentemente se sustenta el acto administrativo en cuestión.

Así las cosas, los actos administrativos recurridos son ilegales, en cuanto es contrario al ordenamiento jurídico porque vulnera e infringe flagrantemente los artículos 3 y 40 y siguientes de la Ley Nº 19.880 sobre procedimiento Administrativo y el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3/84 del Minsal, al ser un acto administrativo infundado tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones médicas en que sustenta la ratificación del rechazo, tanto desde el punto de vista factico, en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión, ya que ellos en definitiva se omiten de plano.

Los actos recurridos son además arbitrarios, en cuanto no han sido adoptados con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo con los hechos, sobre todo en la respuesta infundada que se confiere a la peticionaria.

En efecto, para fundar el rechazo no se aportan por parte del órgano de la administración recurrido verdaderas razones que justifiquen conclusión alguna, menos aún aporta los antecedentes objetivos en que se sustenta, idóneos para refutar el diagnostico de un médico especialista, reiterado como elemento de apoyo para los efectos de la apelación, motivo por el cual puede ser calificado como un acto arbitrario, meramente subjetivo, que no permite un control racional por parte del administrado.

Hace presente que es el propio Ministerio de Salud en su “Guía clínica depresión en personas de 15 años y más”, quien señala que “no existe evidencia sobre criterios clínicos que deben ser considerados para determinar la duración de un reposo debido a un trastorno depresivo”, luego malamente, la recurrida puede estimar como prolongado un reposo, que de acuerdo a lo que sostiene el propio Ministerio, no existirían criterios clínicos para determinar la duración del reposo debido a una depresión.

Hacer presente que tomó conocimiento del acto ilegal y arbitrario ejercido por la superintendencia recurrida mediante un correo electrónico, enviado a su casilla personal correo reservado el día 29 de junio de 2023, por intermedio del cual se adjunta la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-86492-2023, dando cuenta aquello que se encuentra dentro del plazo de 30 días para deducir la presente acción de protección.

Respecto de la garantía constitucional vulnerada, señala que corresponde sin lugar a dudas al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental ya que el rechazo de las licencias médicas por parte de las recurridas, importan la privación a un derecho, a la justa retribución monetaria contemplada expresamente en la ley. En segundo lugar, el perjuicio se ha circunscrito al “no pago” de las licencias en cuestión, lo que más allá de las prestaciones de seguridad social que puedan o no haberse concedido, lo cierto es que influye directamente en su patrimonio, atributo de la personalidad garantizado mediante lo expresamente dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, derecho contemplado en el catálogo del artículo 20 del texto constitucional.

También invoca la garantía del artículo 19 N° 1 de nuestra Carta Fundamental, resultando evidente que el hecho de encontrarse imposibilitada de trabajar por un periodo largo de tiempo, sin recibir la contraprestación económica que le corresponde, afectó su integridad física y psíquica. En esta circunstancia, hace presente que el no pago de las licencias médicas no solo impactó su situación económica y patrimonial previamente alegada, sino que, afecto de manera directa su tratamiento médico, arriesgando continuar con los tratamientos medicamentosos debido a su alto valor, aumentando su afectación emocional y psíquica. Es evidente que no puede estar sin el pago de sus subsidios de incapacidad laboral, porque con ese dinero, puede continuar pagando las consultas con los especialistas, además de la medicación que se requiere para casos graves de patologías, como la suya.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la resolución arbitraria e ilegal recurrida, ordenando a la Superintendencia de Seguridad Social disponer se pague sus licencias médicas ya individualizadas, fundándose en los antecedentes acompañados, o, en su defecto, que se practiquen las pericias médicas que correspondan por un profesional médico especializado e imparcial con el objeto de determinar la procedencia del pago de las licencias médicas, sin perjuicio de las demás providencias que estimen pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de la Resolución Exenta N° R-01-UME-86492-2023; 2. Copia de la licencia médica N° RUT reservado, emitida por la psiquiatra Dra. nombre reservado, por 21 días, a partir del 13 de octubre 2022; 3. Copia de la licencia médica N° RUT reservado, emitida por la psiquiatra Dra. nombre reservado, por 21 días, a partir del 03 de noviembre 2022; 4. Copia de la licencia médica N° RUT reservado, emitida por la psiquiatra Dra. nombre reservado, por 21 días, a partir del 24 de noviembre 2022; 5. Copia de la licencia médica N° RUT reservado, emitida por la psiquiatra Dra. nombre reservado, por 30 días, a partir del 15 de diciembre 2022; 6. Copia de la licencia médica N° RUT reservado, emitida por la psiquiatra Dra. nombre reservado, por 30 días, a partir del 14 de enero 2023; 7. Copia de la Resolución médica de la Isapre, respecto de la LICENCIA N°: 3-RUT reservado, por 21 días, a partir del 13 de octubre 2022; 8. Copia de la Resolución médica de la Isapre, respecto de la LICENCIA N°: RUT reservado, por 21 días, a partir del 03 de noviembre 2022; 9. Copia de la Resolución médica de la Isapre, respecto de la LICENCIA N°:RUT reservado, por 21 días, a partir del 24 de noviembre 2022; 10. Copia de la Resolución médica de la Isapre, respecto de la LICENCIA N°RUT reservado, por 30 días, a partir del 15 de diciembre 2022; 11. Copia de la Resolución médica de la Isapre, respecto de la LICENCIA N°RUT reservado, por 30 días, a partir del 14 de enero 2023; 12. Copia de la Resolución de la Compin de Coquimbo, respecto de la LICENCIA N°: 3-RUT reservado, por 21 días, a partir del 13 de octubre 2022; 13. Copia de la Resolución de la Compin de Coquimbo, respecto de la LICENCIA N°: RUT reservado, por 21 días, a partir del 03 de noviembre 2022; 14. Copia de la Resolución de la Compin de Coquimbo, respecto de la LICENCIA N°:RUT reservado, por 21 días, a partir del 24 de noviembre 2022; 15. Copia de la Resolución de la Compin de Coquimbo, respecto de la LICENCIA N°RUT reservado, por 30 días, a partir del 15 de diciembre 2022; 16. Copia de la Resolución de la Compin de Coquimbo, respecto de la LICENCIA N°RUT reservado, por 30 días, a partir del 14 de enero 2023; 17. Copia de informe médico de fecha 20 de febrero 2023, emitido por Dra. nombre reservado, que da cuenta del diagnóstico de “Crisis de pánico, trastorno de ansiedad generalizada”. Solicita Psicoterapia semanal, y derivación a Fisiatra kinesioterapia focalizada; 18. Copia de informe médico de fecha 19 de abril 2023, emitido por Dra. nombre reservado, que da cuenta del diagnóstico de “Crisis de pánico, trastorno de ansiedad generalizada”. Solicita Psicoterapia semanal, y derivación a Fisiatra kinesioterapia focalizada; 19. Copia de certificado médico de Dr. nombre reservado, internista reumatólogo, de fecha 09 de noviembre 2022; 20. Copia de informe sicológico de fecha 12 de septiembre 2022, emitido por la sicóloga doña nombre reservado; 21. Copia de formulario de constancia información al paciente ges de fecha 13 de octubre 2022, por depresión en personas de 15 años y más f32.1 - episodio depresivo moderado; 22. Copia de documento de Formulario de Confirmación Diagnóstico y Tratamiento para GES por Tratamiento depresión Moderada, de fecha 28 de noviembre 2022; 23. Copia de formulario de constancia información al paciente ges de fecha 25 de noviembre 2022 para REHABILITACIÓN SARS COV-2.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, evacua informe en cuanto al fondo. Hace presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-40810-2023, la interesada recurrió a su representada el día 14 de marzo de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado,RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 221 días a contar del 16 de junio de 2022 emanado de la ISAPRE CONSALUD S.A., por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta NºR-01-UME-84342-2023, de 26 de junio de 2023, previa solicitud de informe de parte de su representada, y del estudio de los antecedentes del caso, ese Servicio concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que se restablece la continuidad del reposo ya autorizado previamente.

Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia instruye a la COMPIN para que oficie a la ISAPRE ordenando la autorización de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, y mantener lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

En relación a la presente Acción de Protección, indica que la Isapre Consalud S.A. citó a la recurrente a Peritaje Médico con especialista interconsultor el día 2 de mayo de 2022, el cual fue realizado por el profesional nombre reservado, médico psiquiatra, quien informó lo siguiente en relación a la situación de la Sra. nombre reservado:

“Con base en lo dicho por la persona evaluada y lo observado durante esta evaluación me permito emitir la siguiente observación: Compromiso clínico moderado con detrimento leve en funcionalidad instrumental actualmente. El reposo indicado estuvo justificado y cumplió su rol terapéutico. Por su funcionalidad actual, considero está en potencial capacidad de reintegro al momento de esta valoración”.

Por otro lado, el día 20 de junio de 2023, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en relación a la situación de la Sra. nombre reservado:

“Fundamentos de la resolución: 10831906-213511952-013174457-912961385-812656231-412378994-611872530-111638002-111213970-2 Mujer de 35 años, sin información de actividad laboral. Acumula 126 días de permiso autorizado por patología psiquiátrica IMT febrero 2023, describe sintomatología ansiosa secundaria a disautonomia post covid, describe evolución de cuadro clínico y estudio secundario, indica tratamiento farmacológico, descripción de impacto en funcionamiento global EEAG 50-60, sin plan de retorno laboral claro. Médico psiquiatra, acredita psicoterapia. Adjunta informe de atención en urgencia febrero 2022, cursando embarazo en dicho periodo de 6 semanas, con síntomas de disautonomia post infección covid. Peritaje 02.05.2022 diagnostica Trastorno de ansiedad no especificado + Trastorno de pánico, EEAF 65, con indicación de reintegro laboral al día de evaluación. LM RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado autorizar por continuidad Resto se sugiere rechazar, si elementos clínicos que justifiquen extensión de reposo”.

Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado al recurrente por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esa Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de doña nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-86492-2023, de 26 de junio del año en curso, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechaza el recurso impetrado por la actora respecto lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referida previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre la paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando a la paciente en una situación compleja, en que debe ser ésta quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos el informe evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

Similares consideraciones cabe efectuar respecto del peritaje efectuado por la Isapre a la actora, el cual, atendida su antigua data, no se considera como un instrumento idóneo para acreditar la situación de salud actuar de la protegida.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos. En caso que la recurrida no realice el peritaje en el plazo previamente dispuesto, deberá proceder derechamente al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Se deja constancia que el presente fallo ha sido dictado en consonancia con lo resuelto en la causa Rol Ingreso Corte 1920-2023 (Protección).- de esta Corte, causa no acumulada pero respecto de la cual se dispuso vista una en pos de otra.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1895-2023 (Protección).-