ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA PUERTO

Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera Servicio Local de Educación Puerto Cordillera Recurso de Protección Ro N°1887-2020 y Acumulada.

La Serena, cinco de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

1º Que en los autos Rol Nº 1887-2020 el abogado ALEJANDRO CACERES AGUIRRE, interpuso la acción constitucional de protección en favor de la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA PUERTO CORDILLERA, RUT RUT reservado, en contra de la Contraloría general de la República representada por su Contralor don JORGE BERMUDEZ SOTO y en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA, representado por nombre reservado por estimar que sus representados, se han visto amenazados y perturbados en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política del Estado, en virtud de haberse hecho efectivo el dictamen N°30.959. de fecha 13 de diciembre de 2018 mediante notificación realizada el 21 de octubre de 2020 y respecto de lo cual habrían tomado conocimiento la asociación y sus afiliados a partir del día 26 de octubre de 2020, oportunidad en que comenzó a notificarse a cada uno de los afiliados, en distintos días a partir de esa fecha, la resolución que determinó improcedente el pago de asignaciones pactadas en favor de los asistentes de la educación.

A fin de contextualizar la problemática que ha motivado la interposición de la acción cautelar constitucional, el recurrente explica que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Coquimbo en SESION EXTRAORDINARIA Nª 22 de fecha 9 de febrero de 2018, acordó una restructuración de las remuneraciones de los asistentes de la educación de la Municipal de Coquimbo, a partir del 01 de febrero de 2018, en consideración a tramos de antigüedad, aumentando su estructura de sueldo base, la que hasta la fecha se paga mensualmente, siendo los beneficiados 249 personas.

Señala, empero, que la Contraloría general de la República en su Dictamen Nºº 30.959 de diciembre de 2018 es del parecer que la antedicha asignación de reconocimiento a la trayectoria laboral no es procedente por no haberse cumplido por el ente edilicio con la obligación de informar al Ministerio de Educación sobre las remuneraciones de los asistentes de la educación que serán traspasados, conforme lo exigiría la ley 21.040 .- Para el recurrente, la asignación de reconocimiento no sería ilegal, la cual ha sido percibida por sus asociados desde el mes de febrero de 2018 hasta la fecha, sin interrupción y consentida tácitamente por el Servicio Local de Educación, que luego del traspaso de la Educación Municipal la continuó pagando sin ninguna interrupción, ingresando al patrimonio de cada una de las personas beneficiadas, constituyendo un derecho adquirido inmodificable para la Administración Pública, al quedar amparados por el Derecho de Propiedad además de la realidad laboral y los principios laborales que también rigen a los trabajadores de este SERVICIO LOCAL, y que el hecho que no se haya celebrado un anexo de contrato no quita la validez de las clausulas tacitas las cuales han operado para todos los efectos legales.

Agrega que la Municipalidad de Coquimbo, sí cumplió con la obligación de informar las remuneraciones de conformidad a la Ley 21.040.- Cita un fallo dictado en los autos RIT T-3-2018, caratulado "Asistentes Municipalidad de Tocopilla con nombre reservado", sin indicar de que Juzgado emana, a modo de ejemplo.

Explica que el beneficio que los asociados perciben se encuentra enmarcado dentro de lo que se denomina, en Derecho Administrativo, como una situación jurídica consolidada, cuya diferencia central con una mera expectativa es que en aquella existe certidumbre con respecto a que los efectos del estado de cosas en cuestión se producirán o que se desplegarán de manera plena y completa.

Agrega que también en la especie resultaría aplicable el principio de la confianza legítima sumado a que existió por parte del Servicio Local de Educación un reconocimiento tácito operando la teoría de los derechos adquiridos. Precisa que el Servicio Local de Educación y el Ministerio de Educación tomaron de igual forma conocimiento de esta asignación la cual no puede ser desconocida so pena de vulnerarse los derechos de los trabajadores que son la parte más débil de la contratación.

Refiere que la resolución de la Contraloría general de República junto con el dictamen de la contraloría regional de Coquimbo provoca un perjuicio a la persona de todos los beneficiados, personas que tienen la expectativa de mantener la asignación y /o aumento de sueldo base aludido y que por un hecho no imputable a ellos se les está privando de tal prerrogativa, vulnerando el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Política de la República y trae consigo un perjuicio económico para un grupo de personas.

Afirma que también en este caso se vulnera artículo 19 N° 16 de la Constitución, que garantiza la libertad de trabajo y su protección, y que consagra el principio que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.

Explica que esta garantía Constitucional es conculcada, cuando la Contraloría Regional ordena al Servicio Local de Educación suprimir la asignación por antigüedad, citando como argumento la circunstancia que la Municipalidad de Coquimbo no celebro anexos de contrato respectivos con el aumento de sueldo, sin embargo, a su juicio en la especie operaron las cláusulas tácitas en cada uno de los contratos de los trabajadores.

Concluye pidiendo en favor de todas las personas que componen la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA PUERTO CORDILLERA, que se deje sin efecto el Dictamen Nº 30.959 de fecha 13 de diciembre de 2018, decretando en definitiva que el beneficio otorgado por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo a los asistentes de la educación como reconocimiento a la antigüedad laboral es ajustado a derecho y se ordene al Servicio Local de Educación Puerto Cordillera seguir pagando la asignación otorgada.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Copia del Dictamen n.° 30.959 2.- Acta de sesión extraordinaria Numero 22 de febrero de 2018 3.- Copia de antecedente que acredita personería asociación 4.- Oficio del Servicio Local de Educación por medio del cual se notifica dictamen.

5.- Lista de socios afiliados a la asociación 6.- Documento que faculta a la recurrente en representación de la asociación a recepcionar las notificaciones.

2º Que por su parte, en los autos Rol Nº 1891 -2020, acumulados a la presente causa, conforme se ordenó con fecha 10 de febrero pasado, compareció doña nombre reservado, en representación de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la educación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, RUT RUT reservado, también interpuso acción constitucional de protección en contra de la Contraloría general de la República representada por su Contralor don JORGE BERMUDEZ SOTO y en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA, por estimar arbitrario e ilegal el Dictamen Nº 30.959 de fecha 13 de diciembre de 2018 afectando las garantías constitucionales de los numerales 24 y 16 de la Constitución .

Precisa que durante el mes de noviembre de 2020, los asistentes de la educación fueron notificados que a contar de dicho mes se les rebajaría, unilateralmente, la remuneración de acuerdo con lo señalado por la Contraloría en el antedicho dictamen, lo cual fue reiterado por la directora del Servicio Local recurrido quien informó el miércoles 11 de noviembre que, a partir del mes de enero de 2021, adicional a la rebaja antes referida, se descontaran de los sueldos de los asistentes de la educación los montos pagados por ese mismo concepto entre marzo de 2018 y octubre de 2020.

Expresa que todos los miembros del Servicio Local de Educación, que pertenecen a la Asociación de funcionarios recurrente, antes prestaban servicios en la Municipalidad de Coquimbo y desde el año 2006 iniciaron, con las diferentes administraciones del Departamento de Educación y del Municipio de Coquimbo, las gestiones para nivelar las remuneraciones de los asistentes de la educación, y durante el año 2017, producto de este trabajo, se acordaron los aumentos de remuneraciones a realizarse a contar del inicio del año escolar 2018, lo cual finalmente se concretó tomando en consideración la antigüedad en el cargo; y como en ese entonces se regían por el Código del trabajo, se realizaron los respectivos anexos de contratos, siendo suscritos por todas las partes involucradas.

Menciona que mientras se desarrollaba el citado proceso, con fecha 24 de noviembre de 2017, se publicó la ley 21.040, que crea el nuevo sistema de Educación Pública, que fin a la Educación Pública municipal, y cuyo artículo cuarto transitorio, dispuso el traspaso del servicio educacional que prestan las municipalidades, directamente o a través de las corporaciones municipales, a los Servicios Locales de Educación Pública creados de conformidad al artículo 16 de dicha ley, en la oportunidad, forma y condiciones establecidas en los artículos transitorios pertinentes.

En ese contexto normativo, agrega, se dictó el decreto N° 373, de 2017 del 28 de diciembre de 2017, del Ministerio de Educación, mediante el cual se fijó la denominación, ámbito de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación con las fechas en que iniciarán sus funciones el Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera, iniciando sus funciones con fecha 29 de diciembre del año 2017, asumiendo por el solo ministerio de la ley, el día 1 de marzo de 2018 todo el personal que cumplía con los requisitos, entre ellos los Asistentes de la Educación, según lo establece el artículo octavo transitorio, incisos primero y segundo, de la ley N° 21.040, sin embargo, luego de casi 10 meses de haber sido traspasados con todos sus derechos, y sin que mediara información previa alguna, tomaron conocimiento que la recurrida había solicitado un pronunciamiento a la Contraloría con el objeto de dejar sin efecto los aumentos de remuneraciones recibidos desde el mes de febrero por los recurrentes.

Hace presente que el referido Servicio Local aceptó, pagó y reconoció el derecho de los asistentes de la educación, sin que hasta el mes de noviembre de 2020 los haya cuestionado, existiendo una aceptación tácita del aumento, pero ahora, en base al dictamen 30.959, de la Contraloría General de la Republica, dispone la rebaja de las remuneraciones de los recurrentes y, en segundo lugar, solicita el reintegro de las sumas percibidas entre el período que va desde marzo de 2018 y octubre de 2019.

Argumenta diciendo que la recurrida carece de facultades legales para modificar unilateralmente sus contratos de trabajos, dada la naturaleza consensual del contrato de trabajo y sus modificaciones.

Explica que el dictamen N° 30.959, emanado de Contraloría, concluye que en conformidad al artículo 21° las municipalidades en relación a los asistentes de la educación, dispone que deberá enviarse al Ministerio de Educación una nómina de ese personal, que incluya el respectivo régimen legal y/o contractual, precisando el nombre, función que realiza, antigüedad, lugar en que se desempeña, situación previsional, remuneración desagregada y las asignaciones que le correspondan percibir, entre otros antecedentes que requiera la mencionada cartera ministerial, estableciendo el plazo de 1 mes para la entrega de dicha información al Ministerio; y que una vez entregado dichos listados, el empleador, en este caso el Municipio, queda limitado en sus facultades como empleador, es decir dicha norma modificaría y eliminaría la aplicación todas las normas laborales.

Aclara que posteriormente, la Contraloría corrige su interpretación, en el dictamen 46.540, cambiando el criterio de una condición, la emisión del informe, a un criterio de plazo, al señalar que se limita en el plazo mínimo de 6 meses previos al traspaso.

Aduce que lo anterior, hace inaplicable dicho dictamen a la situación planteada en el recurso, toda vez que el municipio no pudo contar con dicho plazo, por lo que no se encuentra en el supuesto plateado; que la argumentación de la Contraloría no se condice con el espíritu del legislador, dado que, si hubiese querido limitar las facultades del empleador y de las partes, en cuanto suscribir modificaciones contractuales, así lo hubiese establecido expresamente, y por otra parte al no existir texto expreso que así lo establezca, no se pueden limitar como lo interpreta la Contraloría, de manera arbitraria e ilegal; y además, que fue el propio legislador que reconoce que no existía limitación alguna, por lo que dicta normas, después de un año del traspaso de los recurrentes, para limitar y fijar los derechos con los que son traspasados los asistentes de la educación a los nuevos servicios.

Agrega que en todo caso la sanción para el caso que exista una modificación fuera de los plazos y condiciones fijados, es la oponibilidad, pero en ningún caso una nulidad de dichos actos.

Menciona que una segunda conclusión a la que arriba la Contraloría, es que en conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes Nos. 72.587, de 2009, y 87.462, de 2015, la antigüedad de un trabajador no tiene relación alguna con el desarrollo y evaluación de su labor en el servicio, interprtación que no sería correcta conforme el concepto de remuneración del Código del Trabajo.

Argumenta que todos los asistentes de la educación, se encuentran protegidos por diversas normas, que impiden que un acto de la naturaleza intentada por el servicio local pueda llevarse a cabo, citando al efecto el Código del Trabajo, la Ley 21.040 y la Ley N°21.109.

Refiere que este traspaso no puede implicar pérdida derechos, en conformidad a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la última ley ante citada que señala: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3 de la presente ley, los asistentes de la educación que sean traspasados a un servicio local no perderán sus derechos adquiridos y tendrán derecho a conservar las cláusulas del instrumento colectivo al que se encuentren afectos, según lo dispuesto en el artículo 325 del Código del Trabajo”.

Invocando la Ley 19.880, especificamente su artículo 53 denuncia que la recurrida no dio inicio, ni ha realizado ningún procedimiento de invalidación, sin perjuicio de que la misma norma fija un plazo de 2 años para realizar dicha invalidación, que en el presente caso se excede con creces.

Pide que se deje sin efecto el Dictamen n.° 30.959 de fecha 13 de diciembre de 2018 de la Contraloría General de la Republica y las notificaciones de descuentos realizadas por el Servicio Local Puerto Cordillera, y se decrete que el aumento de remuneraciones otorgado por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo a los asistentes de la educación, se ajusta a derecho.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1. Dictamen n.° 30.959 de la Contraloría General de la República.

2. Dictamen n.° 46.540 de la Contraloría General de la República.

3. Oficio del Servicio Local de Educación por medio del cual se notifica dictamen.

4. Certificado de directorio de la asociacion. 5. Lista de socios afiliados a la asociación.

3º Que evacuando el correspondiente informe respecto del recurso de protección ingresado con el Rol 1887-2020, el SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA, parte señalando que el referido recurso es extemporáneo por cuanto la parte recurrente tomó conocimiento del dictamen Nº 30.959 de la Contraloría General de la República, coetáneamente con su dictación, esto es, el 13 de diciembre de 2018 , respecto del cual no ejercieron recurso administrativo alguno ante dicho Órgano Contralor como tampoco alguna acción judicial, a fin de requerir que se deje sin efecto el dictamen en cuestión.

Precisa que otra Asociación de funcionarios Asistentes de la Educación del mismo Servicio Local, solicitaron la reconsideración del referido dictamen la cual fue desestimada por la recurrida Contraloría General de La República con fecha 03 de febrero de 2020 según dictamen Nº 2765, de modo que dado los efectos de aplicación general del mismo respecto de todos los asistentes de la educación dependientes de este Servicio Local, es del parecer que la recurrente de los autos ROL 1887-2020, también tomó conocimiento de éste dictamen que rechazaba la reconsideración en dicha fecha.

Agrega que la parte recurrente adjunta una certificación de entrega de notificaciones emitida por don nombre reservado, Encargado de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas de este Servicio Local de fecha 05 de septiembre de 2019 en la cual se certifica que a doña nombre reservado, Presidenta de la Asociación de funcionarios Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera “se les da entrega de las notificaciones emitidas por este Servicio, cual hace mención al dictamen Nº 30.959/18 con fecha 13 de diciembre de 2018, se adjunta lista de notificaciones entregadas a doña nombre reservado”.

Con este documento, a juicio del Servicio recurrido, se demostraría que la parte recurrente debidamente representada por su presidenta doña nombre reservado tomó conocimiento con fecha 05 de septiembre de 2019 del dictamen cuya impugnación se pretende y las correspondientes notificaciones para su cumplimiento, pero aclara que se suspendió la ejecución del dictamen por orden de la Contraloría General de la República según da cuenta oficio ordinario Nº 24.352 de fecha 06 de septiembre de 2019 hasta que se resolviera la reconsideración de dicho dictamen, la que fue rechazada según dictamen Nº 2765 en el mes de febrero de 2020, suspensión temporal que también era conocida por la parte recurrente.

Concluye que siendo manifiesto que esta acción constitucional está dirigida principalmente a impugnar un Dictamen de la Contraloría General de La República de fecha 13 de diciembre de 2018 y sus efectos consecuenciales, sería extemporánea conforme a los antecedentes antes resumidos, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos para el ejercicio de ésta, no pudiendo pretender la recurrente establecer como presupuesto para el ejercicio de esta acción que ha tomado conocimiento solamente con las notificaciones efectuadas por este Servicio a contar del 26 de octubre de 2020, ya que siempre estuvo en conocimiento del contenido del dictamen y de la ejecución del mismo lógicamente con antelación a dichas notificaciones, en a lo menos 3 oportunidades diversas.

Hace hincapié que con el documento presentado por la propia recurrente se acredita fehacientemente que tomó conocimiento de este dictamen y de sus efectos, en el peor de los casos, con fecha 05 de septiembre de 2019, por lo que habiéndose presentado este arbitrio con fecha 24 de noviembre de 2020, resulta que se ha excedido con creces el plazo de 30 días establecidos en el auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, y luego de citar doctrina en relación con la legitimación activa, expresa que la acción de autos ha sido ejercida en forma genérica por don nombre reservado, en favor de la Asociación de Funcionarios Asistentes de La Educación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera y sus asociados, sin realizar una singularización ni determinación precisa respecto de las personas por quienes se esta accionando, no pudiendo acreditarse el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman afectadas, careciendo consecuencialmente de la legitimación activa necesaria para accionar por esta vía.

Cita al efecto a modo ejemplar la sentencia ROL Nº 127.204-2020 de fecha 22 de octubre de 2020, dictada por la Excma. Corte Suprema.

Menciona que la recurrente adjunta un listado o nómina de personas con el cual pretende subsanar la falta de legitimación activa, pero de la sola lectura del arbitrio presentado se puede evidenciar la falta de determinación precisa de los beneficiarios de su acción constitucional, lo que consecuencialmente conlleva a que no se pueda acreditar el interés directo en las garantías constitucionales cuya afectación se reclama, resultando por ende esta acción estéril.

Refiere, en cuanto a la falta de legitimación pasiva, que el Servicio Local recurrido no es el autor del dictamen Nº 30.959 de la CGR, debiendo haber dirigido esta acción solamente en contra del Órgano Contralor, que emitió dicho dictamen en uso de sus facultades y atribuciones legales cuyos efectos se pretenden impugnar por ésta vía jurisdiccional, el cual tiene el carácter de obligatorio y vinculante para dicho Servicio Local que se encuentra sometido a la fiscalización de la Contraloría General de La República, constituyendo a su vez jurisprudencia administrativa que debe ser observada, todo lo anterior fundamentado en lo dispuesto en los artículos 6º,7º y 98 de la Constitución Política, artículo 2º de la ley 18.575 y 1º, 5º, 6º, 9º,16º y 19º de la ley Nº10.336 de la Contraloría General de la República.

Afirma que el Servicio Local recurrido sólo está dando cumplimiento a lo instruido en el dictamen impugnado por la CGR, el cual establece perentoriamente que este Servicio Local deberá adoptar las medidas conducentes para obtener el reintegro de las sumas indebidamente percibidas por concepto del aumento de remuneraciones de los asistentes de la educación traspasados, por lo que su incumplimiento o inobservancia significa necesariamente la infracción de los deberes funcionarios de quienes deban adoptar las medidas tendientes a darle aplicación, comprometiendo la eventual responsabilidad administrativa de la Directora Ejecutiva de dicho Servicio en caso de no ejecutar el dictamen.

Para el recurrido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20º de la Constitución Política de la República, la legitimación pasiva implica necesariamente que el Servicio Local hubiese incurrido en una actuación u omisión arbitraria e ilegal en contra de la parte recurrente, presupuesto que no se puede observar toda vez que sólo esta ejecutando el cumplimiento de un dictamen de la CGR el cual goza de la presunción de legalidad propia de los actos de la administración del Estado.

Sostiene que el ámbito de aplicación de la acción de protección se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad recaiga sobre derechos preexistentes e indubitados, impidiéndose que pueda emplearse, para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía, pero la Asociación recurrente pretende que se deje sin efecto el dictamen Nº 30.959 de fecha 13 de diciembre de 2018 de la Contraloría General de la República y que decrete en definitiva que el beneficio otorgado por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, se encuentra ajustado a derecho y ordene a dicho Servicio Local seguir pagando la asignación otorgada.

Explica que el dictamen Nº 30.959 resolvió la consulta realizada por Servicio Local recurrido sobre la legalidad del aumento de remuneraciones a la totalidad de los asistentes de la educación otorgado en el mes de febrero de 2018 por la Municipalidad de Coquimbo, ante lo cual la Contraloría General de la República realiza una interpretación de la normativa aplicable al caso particular indicando que el articulo 21º transitorio de la ley 21.040 impone a las Municipalidades la obligación de entregar al Ministerio de Educación toda la información que sea necesaria para el adecuado traspaso, y que respecto a los asistentes de la educación debía enviarse una nómina de ese personal, régimen legal de su contratación, nombre, función, antigüedad, lugar donde se desempeña, situación previsional, remuneración y asignaciones que les correspondiera percibir entre otros antecedentes que requiera dicho Ministerio.

Refiere que los Servicios Educacionales que sean traspasados el año 2018, como ocurrió con el caso de Servicio Local recurrido, la información requerida debía remitirse en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la ley, dictando un decreto alcaldicio acompañado de un inventario de bienes y nomina de personal, y que en el evento que el municipio no cumpla dicha obligación se configuraría la causal de notable abandono de deberes respecto del alcalde.

Menciona que el dictamen en cuestión señala que el párrafo 5º de las disposiciones transitorias de la ley 21.040, consagra un procedimiento especial, en el que se impone a las municipalidades, la obligación de informar al Ministerio de Educación sobre las remuneraciones de los Asistentes de la Educación que serán traspasados, siendo manifiesto que la voluntad del legislador fue conferir certeza jurídica acerca de las condiciones en que se verificará el traspaso del personal; y que de la documentación acompañada en aquella instancia, consta que la Municipalidad de Coquimbo a través de decreto alcaldicio Nº 2842 de fecha 27 de diciembre de 2017, habría informado sobre las remuneraciones del personal que seria traspasado, en circunstancias que el aumento de sueldo de remuneraciones de los asistentes de la educación fue aprobado en sesión del concejo municipal de 09 de febrero de 2018, fecha posterior a la de emisión del informe y restando sólo días para el inminente traspaso, el que se verifico como se expuso el 01 de marzo de 2018.

Explica que en razón de lo anterior, el órgano Contralor concluye que la decisión de la Municipalidad de Coquimbo no se adecuó al procedimiento de traspaso del personal, previsto en las disposiciones transitorias de la ley Nº 21.040 y agregando a su vez, que el régimen legal de los asistentes de la educación no permite un aumento de sueldo en base a criterios de antigüedad, criterio que tuvo en consideración la Municipalidad de Coquimbo y que la jurisprudencia administrativa ha dispuesto que las Municipalidades pueden convenir dichos aumentos de sueldos base a través de modificaciones a los contratos de trabajo y siempre y cuando dicho aumento sea una consecuencia de la valoración que se haga de las labores y no a criterios diversos como el empleado por la Municipalidad de Coquimbo, ordenando dicho dictamen al Servicio Local recurrido a adoptar las medidas conducentes para obtener el reintegro de las sumas indebidamente percibidas por concepto de beneficio pecuniario.

En base a lo explicado en su informe, el Servicio Local recurrido manifiesta la acción constitucional de protección no sería el medio idóneo para solicitar lo que pretende la parte recurrente, dado que esta no sería una vía para impugnar las funciones que el ordenamiento jurídico le ha entregado a la Contraloría General de la República, las que han sido ejercidas legítimamente por dicho órgano, ni para discutir aspectos de interpretación jurídica, ni menos una instancia de declaración de derechos, siendo una materia objeto de un juicio declarativo de lato conocimiento, y cita al efecto el criterio sustentando por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 06 de mayo de 2016, en causa ROL ICA 59522-2015, sobre Recurso de Protección; así como en la casusa ROL 321-2011 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San nombre reservado.

En relación a las garantías y derechos garantizados en la Constitución Política de la República, la parte recurrente es de la opinión de que en la especie no se ha afectado el derecho de propiedad consagrado en su artículo 19 N° 24, por cuanto la asignación en cuestión nunca ingreso al patrimonio de los recurrentes, puesto que la Ilustre Municipalidad de Coquimbo al realizar el aumento de sueldo base en una fecha posterior a la establecida en la ley 21.040, no se adecuó al procedimiento de traspaso de personal dispuesto en dicha ley careciendo de facultades y atribuciones para adoptar decisiones que alteren o modifiquen la información entregada al Ministerio de Educación con ocasión del traspaso de los servicios educacionales, ejecutando una actuación ilegal respecto de la cual malamente puede nacer o surgir un derecho indubitado como pretenden los recurrentes y que éste se radique en su patrimonio.

Respecto al Derecho a la Libertad de Trabajo y su protección establecido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución, asevera que tampoco se ha visto vulnerado ya que el dictamen sustenta su decisión principalmente en que el aumento de remuneraciones de los recurrentes fue realizado por la Municipalidad de Coquimbo con posterioridad a la etapa establecida en la ley Nº 21.040, siendo dicho aumento de remuneraciones ilegal por carecer de facultades y atribuciones legales para ejecutar esta acción.

Afirma que frente a lo alegado por la parte recurrente no existe una vulneración a esta garantía constitucional al ordenar la Contraloría General de la República a este Servicio Local el suprimir el pago del aumento del sueldo base, puesto que los derechos protegidos o cautelados con esta garantía tienen una finalidad y objetivos diversos a los que pretende atribuirle la parte recurrente, por lo que no existe relación alguna entre los bienes jurídicos protegidos con esta garantía constitucional con el supuesto actuar ilegal y arbitrario denunciado por los recurrentes, no esgrimiendo fundamento o razón alguna que permita evidenciar como el dictamen dictado por la CGR y sus efectos vulnerarían esta garantía constitucional.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

a. Dictamen Nº 30.959 de fecha 13 de diciembre de 2018, emitido por la Contraloría General de la República.

b. Dictamen Nº 2765 de fecha 03 de febrero de 2020, emitido por la Contraloría General de la República.

c. Oficio Nº 24.352 de fecha 06 de septiembre de 2019, emitido por la Contraloría General de la República.

4º Que, el SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA evacuando el informe respecto del recurso de protección ingresado con el Rol 1891-2020, también parte señalando que sería extemporáneo.

Para arribar a esta conclusión explica que la aludida asociación de funcionarios solicitó con fecha 29 de agosto de 2019 la reconsideración del dictamen Nº 30.959 la cual fue desestimada por la recurrida Contraloría General de La República con fecha 03 de febrero de 2020 según dictamen Nº 2765, dejándose constancia en este dictamen que la recurrente señala expresamente haber tomando conocimiento del mismo con fecha 21 de diciembre de 2018.

En lo demás la recurrida repite lo informado respecto del recurso ingresado ante esta Corte con el Rol Nº 1887-2020, y acompaña los mismos antecedentes, a excepción del Dictamen Nº 46.540 de fecha 27 de octubre de 2020, emitido por la Contraloría General de la República.

5º Que por su parte la Contraloría General de la República evacuando el informe respecto del recurso de protección ingresado con el Rol 1887-2020, expresa que el dictamen N° 30.959, de 13 de diciembre de 2018, atendió́ una consulta realizada por el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera sobre la juridicidad del aumento de remuneraciones a la totalidad de los asistentes de la educación, otorgado en febrero de 2018 por la Municipalidad de Coquimbo, incremento que fuera dispuesto en una fecha posterior al informe obligatorio que antecede el traspaso del Servicio Educacional y a pocos días de ser traspasado ese personal al mencionado Servicio Local, concluyendo que dicha Municipalidad no se ajustó a derecho al aumentar el sueldo base de los asistentes de la educación de esa comuna en una etapa posterior a la establecida en la ley N° 21.040, para informar al Ministerio de Educación sobre las remuneraciones de los funcionarios que serían traspasados, sin desmedro de que el régimen legal de tal personal no permite un aumento de los sueldos base de las características examinadas; y en base a lo anterior, ordenó al referido Servicio Local adoptar las medidas conducentes para obtener el reintegro de las sumas indebidamente percibidas, sin perjuicio de la facultad de los afectados para requerir la condonación de los valores pertinentes o el otorgamiento de facilidades para su restitución, de conformidad con el artículo 67, inciso cuarto, de la ley N° 10.336..

Menciona que ante una presentación de doña nombre reservado, presidenta, en esa época, de la misma asociación de funcionarios que recurre en autos, esta Entidad de Control desestimó la solicitud de reconsideración del referido dictamen N° 30.959, de 2018, a través de su similar N° 2.765, de 3 de febrero de 2020, reiterando lo antes expresado; y que la agrupación peticionaria tomó conocimiento el día 21 de diciembre del mismo año del Dictamen que ahora impugna, conforme se dejó expresa constancia en el primer párrafo del anotado dictamen N° 2.765 de 2020, y en consecuencia, existiría certeza de que el precitado dictamen N° 30.959, de 2018, fue conocido por la recurrente hace casi dos años, por lo que el plazo de treinta días para interponer el recurso de protección se encuentra largamente vencido.

Afirma que de conformidad con los artículos 18, letra b), y octavo transitorio, ambos de la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, corresponde al Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, y no al Organismo de Control, administrar los recursos humanos, financieros y materiales del servicio y los establecimientos educacionales de su dependencia, y por lo tanto, en ningún caso la Contraloría General de la República podría entenderse sujeto pasivo de la acción de autos, ya que no tuvo intervención en los actos del SLEP, por los cuales este último habría ordenado descuentos de remuneraciones.

En cuanto a la legitimación activa, expresa que el recurso de protección no es una acción general o popular que pueda interponerse por cualquier persona, incluido aquel que carece de un interés inmediato y directo comprometido; ni tampoco es abstracta o potencial, puesto que requiere, a lo menos, la concreción de una amenaza actual y real al legítimo ejercicio del derecho de alguien en particular, pero en la especie el señor nombre reservado concurre en autos indicando que lo hace en favor de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, sin mencionar expresamente los funcionarios por los cuales recurre, no reuniéndose, por tanto, los presupuestos que el constituyente tuvo en vista para la procedencia del recurso, y cita en abono a lo afirmado una sentencia de 11 de mayo de 2020, dictada en causa rol N° 44.067- 2020 y otra de 11 de diciembre de 2018, dictada en la causa rol N° 20.693-2018, ambas de la Excma. Corte Suprema.

Es del parecer que la pretensión del recurrente supone necesariamente la realización de un proceso de análisis e interpretación de la normativa que regula la materia y de las respectivas circunstancias de hecho que esta Institución Contralora tuvo en consideración para llegar a la conclusión cuestionada en el dictamen impugnado, de lo que se desprende claramente que no se está ante un derecho indubitado, presupuesto esencial de la acción cautelar de que se trata.

Explica que no es posible calificar de ilegal el dictamen N° 30.959, de 2018, puesto que sus conclusiones constituyen el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones; y tampoco resultaría arbitraria, ya que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, puesto que el dictamen impugnado fue emitido en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, a partir de una solicitud expresa del SLEP, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho. Cita al efecto el criterio expuesto por la Corte Suprema en su sentencia dictada en autos rol 40.314-2017.

En cuanto al fondo del asunto precisa que la Contraloría General es competente para interpretar las disposiciones del Código del Trabajo, pues, tratándose de funcionarios públicos, tiene carácter estatutario, y que de conformidad con los artículos 1° y 6° de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta CGR, corresponderá exclusivamente al Contralor General vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo, e informar sobre derechos a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con dicho estatuto, expresión esta última que comprende el régimen integral al que están sometidos los funcionarios públicos, cualquiera sea el nombre específico de los cuerpos legales que los rijan y la naturaleza del servicio en el que aquellos se desempeñen.

Hace presente que de conformidad con el artículo 4° de ley N° 19.464, el personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades se rige por el Código del Trabajo y por las normas especiales de la citada ley N° 19.464, con excepción de las materias relativas a permisos y licencias médicas, las que están afectas a las disposiciones de la ley N° 18.883, por ende al pronunciarse respecto a la legalidad del aumento de los sueldos base de los asistentes de la educación que, en esa época, dependían de la Municipalidad de Coquimbo, recayó́ sobre un asunto de carácter estatutario, materia que sería de aquellas respecto de las cuales el órgano contralor puede emitir dictámenes, acorde con la facultad constitucional para ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, y así lo ratificaría la jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 26.010, de 1986; 22.020, de 2006; y, 14.621, de 2017, que ha concluido que corresponde exclusivamente a la Contraloría General el control e interpretación de las disposiciones que rigen a los servidores públicos, aun cuando tengan como régimen estatutario el contenido en el Código del Trabajo.

Explica que el párrafo 5° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.040 consagra un procedimiento especial, en el marco del cual se impone a las municipalidades la obligación de informar al Ministerio de Educación sobre las remuneraciones de los asistentes de la educación que serán traspasados a un servicio local, y en este caso, aparece que la Municipalidad de Coquimbo, a través del decreto alcaldicio N° 2.842, de 27 de diciembre de 2017, habría informado sobre las remuneraciones del personal que seria traspasado, en circunstancias que el aumento del sueldo base en cuestión fue aprobado en la sesión del concejo municipal de 9 de febrero de 2018, data posterior a la de emisión del pertinente informe, y restando solo días para el inminente traspaso, el que se verificó el 1 de marzo de 2018, y por lo tanto, la decisión de la Municipalidad de Coquimbo no se adecuó al anotado procedimiento de traspaso del personal.

Menciona que dentro del contexto de una relación laboral de Derecho Públicos, regida por el Código del Trabajo, solo pueden hacerse valer aquellas estipulaciones que el órgano público empleador ha pactado en términos formales y explícitos, siendo por ende inadmisible en dicho ámbito estatutario contractual, la concurrencia de manifestaciones tácitas de voluntad del Estado y sus organismos, como pretendería la recurrente respecto de la “asignación de reconocimiento a la trayectoria laboral”; y que al como se manifestara en el dictamen impugnado es posible que un municipio convenga con los funcionarios en comento, mediante una modificación de los respectivos contratos de trabajo, un aumento del sueldo o sueldo base, en la medida que ello sea consecuencia de la valoración que se haga de las labores ejecutadas por tales servidores, y no en consideración, por ejemplo, al comportamiento funcionario o proveniente de una mera liberalidad, tal como lo resolviera, entre otros, el dictamen N° 87.462, de 2015, cuyo criterio aplicó el dictamen impugnado.

En este sentido precisa que es necesario tener en cuenta que la “trayectoria laboral” no decía relación con la valoración de las labores ejecutadas, sino que con los años de servicio prestados, es decir, la antigüedad, como queda claramente demostrado por el hecho de haberse otorgado, sin distinción, a la generalidad de los asistentes de la educación, y en consecuencia, la actuación de la Municipalidad de Coquimbo no solo se apartó del procedimiento de traspaso del personal a los servicios locales, sino que contravino una reiterada y uniforme jurisprudencia administrativa, conforme con la cual, en el contexto de la estricta normativa que rige la relación estatutaria de Derecho Público, los beneficios que es posible otorgar a los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, deben conformarse al concepto de remuneración que establece ese código y tener en cuenta la valoración de las labores ejecutadas.

Hace presente que el dictamen N° E46540, de 2020, precisó, en relación con la misma materia, que “las alteraciones contractuales que se pacten entre los servidores que serán traspasados y la respectiva municipalidad, no solo deben cumplir con los requisitos que la normativa legal contemple y con la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, sino que, además, no pueden significar una desviación de poder que tenga por objeto aumentar de manera injustificada los emolumentos que estos perciban y así mejorar sus condiciones con miras al próximo traspaso”, lo cual confirma el criterio adoptado en el dictamen que motiva la presente acción protectora.

En cuanto a la alegación de la recurrente, en el sentido de que se trata de un derecho adquirido, originado en un supuesto acuerdo tácito con la Municipalidad de Coquimbo, el ente contralor informante señala que en virtud del principio de juridicidad contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y 2° de la ley N° 18.575, las municipalidades no pueden acordar el entero de beneficios económicos -como el que la peticionaria reclama- , en situaciones no previstas por el ordenamiento jurídico, o con prescindencia del cumplimiento de los respectivos requisitos legales, todo ello en conformidad con el criterio del dictamen N° 63.002, de 2015.

También hace presente que los derechos adquiridos se definen por la doctrina como aquella consecuencia de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de la ley vigente al tiempo en que el hecho se ha realizado y que han entrado a formar parte del patrimonio de la persona, y que, en cambio, las simples o meras expectativas son las esperanzas de adquisición de un derecho fundado en la ley vigente y aún no convertidas en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley; y en este caso, no se ha podido incorporar válidamente el beneficio de que se trata al patrimonio de sus representados, por lo que resulta improcedente invocar eventuales derechos adquiridos.

Tampoco para el ente contralor podría aplicarse la tesis de la legítima confianza pues se trata de una situación que por su propia naturaleza no se encontraba consolidada, por cuanto los beneficiarios de la denominada “asignación de reconocimiento a la trayectoria laboral” pueden restituir los montos que percibieron indebidamente a fin de reparar el vicio en que se incurrió́, tal como ha concluido en el dictamen N° 91.854, de 2016; y en todo caso, agrega, la obligación de restituir sumas percibidas indebidamente tiene su fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, pues el pago recibido no se ajusta al ordenamiento jurídico.

En cuanto a los derechos fundamentales que se dicen vulnerados, expresa que la garantía constitucional sobre libertad de trabajo supone que las personas ingresan voluntariamente a los organismos de la Administración del Estado, pero que al hacerlo quedan afectas a todas las normas de carácter legal que en razón de dicho vínculo laboral les sean aplicables, por lo que no puede entenderse que el dictamen recurrido vulnere dicha garantía constitucional, y que la restitución de un beneficio percibido indebidamente por un funcionario no impide a este ejercer su cargo, por ende, no concurriría la pretendida afectación al derecho invocado; y en cuanto a la garantía del Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, relativo al derecho de propiedad es del parecer que para contar con la protección constitucional es necesario que el derecho reclamado ingrese al patrimonio del afectado, lo que no se cumpliría en la especie, además que, mal se puede alegar una protección al patrimonio y menos que se genere un perjuicio, si el pago no se encuentra ajustado a la ley y a la jurisprudencia administrativa recaída en ella, por lo que es dable sostener que respecto de las sumas que los servidores deben reintegrar, nunca han estado en ejercicio legítimo del derecho de propiedad.

Acompaña a su informe, los siguientes antecedentes:

a. Presentaciones contenidas en las referencias N°s. 42.006, de 2018; y, 199.618, de 2019.

b. Dictámenes N°s. 26.010, de 1986; 22.020, de 2006; 21.281, de 2009; 75.880, de 2014; 63.002 y 87.462, ambos de ambos de 2015; 14.621 de 2017; 30.959, de 2018; 2.765 y E46540, ambos de 2020 6 º Que, finalmente la Contraloría General de la República evacuando el informe respecto del recurso de protección ingresado con el Rol 1891-2020, repite los mismos fundamentos esgrimidos al evacuar el informe que le fuera requerido en los autos Rol 1887-2020, de esta misma Corte, adjuntando idénticos antecedentes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, contemplada en nuestro ordenamiento constitucional, tiene por objeto poner fin a actos u omisiones arbitrarias e ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chile y que se precisan en el artículo 20 de la misma Carta Fundamental.

Asimismo, esta acción cautelar de rango constitucional, se encuentra actualmente reglamentada en el TEXTO REFUNDIDO DEL AUTO ACORDADO SOBRE TRAMITACIÓN Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES de la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de Julio de 2015, modificado el fecha 21 de septiembre de 2018 Junio de 2007, que en cuanto a su interposición dispone perentoriamente que debe efectuarse en el plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En consecuencia, antes de entrar al conocimiento y decisión de fondo respecto a la presente acción cautelar, la cuestión formal de su interposición dentro del plazo señalado por el máximo tribunal, será el primer análisis y razonamiento a realizar, conforme al mérito de los antecedentes que obran en el expediente.

SEGUNDO: Que, en este caso, el acto que se estima vulneratorio de derechos fundamentales por parte de las dos Asociaciones recurrentes no es otro que el Dictamen Nº 30.959. de fecha 13 de diciembre de 2018, que se ha hecho efectivo por el SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA con fecha 21 de octubre de 2020. Así lo sostiene la recurrente de los autos ROL Nº 1887-2020.- Por su parte, la otra recurrente, en términos similares, pide derechamente que se deje sin efecto el referido Dictamen con el aumento de remuneraciones otorgado por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo a los asistentes de la educación, se mantenga.

En consecuencia, el acto tildado de ilegal y arbitrario, sometido a la revisión urgente de esta Corte, es precisamente el dictamen emitido por el Órgano Contralor, cuya ejecución o concreción, por parte del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA, se ha comenzado a hacer efectivo a partir de octubre del aciago año 2020.

Tal como ya se adelantó, el plazo fatal de interposición del recurso de protección se contabiliza desde “la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

En este punto es menester precisar que quienes han acudido a esta judicatura ejerciendo la acción del artículo 20 de la Constitución expresan hacerlo en nombre y representación de la respectiva ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA PUERTO CORDILLERA, y en consecuencia, como el acto impugnado es el Dictamen Nº 30.959 emitido el 13 de diciembre de 2018 por la Contraloría General de La República, cobra relevancia determinar, o como dice el Acta 95 de la Excma. Corte Suprema, “hacer constar en autos”, la oportunidad en que las Asociaciones recurrentes tuvieron noticia o conocimiento cierto de tal pronunciamiento cuya legalidad es cuestionada, por más que el objetivo de la acción cautelar incoada sea que sus afiliados no sean privados de la asignación de reconocimiento a la trayectoria laboral que han estado percibiendo, como consecuencia de la ejecución de dicho Dictamen.

Dicho de otro modo, aun cuando en fecha reciente cada afiliado de manera individual haya sido notificado del cese del pago de la antedicha asignación y de la obligación de restituir lo ya percibido, el plazo fatal para la interposición de los respectivos recursos debe contabilizarse a partir de la fecha en que las asociaciones recurrentes tuvieron noticia del Dictamen Nº 30.539.- TERCERO: Que, del examen del Dictamen 2765 de fecha 03 de febrero de 2020 de la Contraloría General de La República, acompañado por la recurrida Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, aparece que ante el ente Contralor se dirigió doña nombre reservado, presidenta de la Asociación de Asistentes de la Educación SLEP Puerto Cordillera (AFEM), solicitando la reconsideración del dictamen N° 30.959, de 13 de diciembre de 2018, precisándose que esa agrupación manifestó haber tomado conocimiento del acto impugnado “el día 21 del mismo mes y año.”

Además, en el mismo dictamen, aparece que la citada organización gremial en subsidio de la reconsideración formulada, solicitó la condonación de lo adeudado por concepto del aumento de remuneraciones a que alude dicho acto.

En consecuencia, conforme el mérito del documento antes analizado, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, no puede menos que concluirse que la ASOCIACIÓN recurrente representada en autos por doña nombre reservado tomó conocimiento del acto impugnado el 21 de diciembre de 2018, respecto del cual dedujo un recurso administrativo que le fue rechazado el 03 de febrero de 2020.

CUARTO: Que, en lo que atañe a la Asociación recurrente representada por doña nombre reservado, cobra relevancia el documento agregado al proceso denominado “Certificado de entrega de notificaciones” emitido por don nombre reservado, Encargado de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas de este Servicio Local de fecha 05 de septiembre de 2019, en el cual figura estampado un timbre de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación (AFAE), mediante el cual se certifica que a dicha Asociación de funcionarios representada por su presidenta doña nombre reservado se le hizo entrega de las notificaciones emitidas por dicho Servicio Local de Educación, el cual hace mención al dictamen Nº 30.959/18 con fecha 13 de diciembre de 2018”.

Así las cosas, el documento en cuestión, también apreciado de acuerdo a las reglas de la sana crítica, permiten constatar que la Asociación recurrente cuyo recurso tiene asignado el rol de Ingreso 1887-2020, tomó conocimiento del dictamen objeto de impugnación en estos auto, a lo menos, el 05 de septiembre de 2019.

QUINTO: Que, asentado en autos que las recurrentes tomaron conocimiento del acto impugnado el 21 de diciembre de 2018 y el 05 de septiembre de 2019, y habiéndose deducido el primero de los arbitrios constitucionales el 24 de noviembre de 2020, ingresado a esta Corte con el Rol 1887-2020; y el segundo, el 26 del mismo mes y año, Rol de ingreso 1891-2020, no cabe más que concluir que habiéndose excedido con mucho el plazo fatal de 30 días corridos para su interposición, sólo cabe el rechazo de ambos.

SEXTO: Que, sin perjuicio de la extemporaneidad que afecta a las dos acciones ejercidas, es necesario puntualizar que la acción cautelar de protección está encaminada a proteger intereses concretos de alguna persona o grupos de personas perfectamente identificados, que hayan sido objeto de privación, perturbación o amenaza de los derechos amparados por la Carta Fundamental, de modo que la legitimación activa requerida ya sea que se obre por sí o en favor de otros es identificar a los afectados que tengan un interés inmediato y directo comprometido, sin que sea admisible una defensa de intereses colectivos o difusos, dado que según se ha señalado debe estarse frente a accionantes o lesionados específicos o concretos.

No está demás señalar que cuando el ordenamiento jurídico ha querido proteger intereses colectivos lo ha señalado expresamente, como ocurre, por ejemplo, con el art. 2333 del Código Civil, en la Ley N° 19.496 que Establece Normas sobre Protección a los Consumidores (arts. 2 bis letra b), 7, 8 letra e), 11 bis, 24, 50 incisos tercero, quinto y sexto, y 51) y en la Ley N° 19.300 Orgánica Constitucional de Bases Generales del Medio Ambiente (arts. 53 y 54).

Ratifica lo concluido en el párrafo precedente que el DL 211 en su artículo 39 letra b), a propósito de las atribuciones del Fiscal Nacional Económico, expresamente le concede a éste último, la potestad de “Actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los Tribunales de Justicia, con todos los deberes y atribuciones que le correspondan en esa calidad.”

En la especie, ambas recurrentes hacen alusión a la defensa de los intereses de sus afiliados de manera indeterminada, no siendo suficiente para demostrar el interés directo e inmediato que se pretende cautelar, el utilizar la vía de adjuntar un listado de sus miembros, por cuanto los intereses subjetivos son directos, personalísimos e inherentes a individuos precisos y determinados, máxime si la materia de fondo sometida al conocimiento de esta Corte es eminentemente individual, por cuanto afecta a aquellos que han percibido la asignación tachada de ilegal por la Contraloría General de La República.

Por lo mismo, respecto de cada asistente de la educación afectado por la interpretación sostenida por el ente contralor, cobra relevancia lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en su parte pertinente, hace la prevención, que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a lo antes concluido se omite pronunciamiento respecto al fondo de ambos recursos.

Por estas consideraciones y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

QUE SE RECHAZAN, por extemporáneos, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado ALEJANDRO CACERES AGUIRRE, en favor de la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA PUERTO CORDILLERA, RUT RUT reservado, y el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA, RUT RUT reservado

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante don Jorge Fonseca Dittus.

Rol Nº 1887-2020 y acumulada. Proteccion.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro Suplente señor Jorge Corrales Sinsay, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado su cometido.