nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado

Contraloría General de la Región de Coquimbo Recurso de protección Rol Nº1880-2025 La Serena, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el tres de noviembre de dos mil veinticinco don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, profesor de historia y geografía, domiciliado en domicilio reservado, Región de Coquimbo, deduciendo recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO, por el acto ilegal y arbitrario consistente en legitimar la actuación del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Los Vilos, la que lo destituyó de su cargo como docente directivo del Colegio Diego de Almagro de la ciudad de Los Vilos, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, 3 y 16 de la Constitución Política de la República.

Expone que, en marzo de 2016, fue contratado por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Los Vilos como Jefe Técnico Pedagógico del Colegio Diego de Almagro, desempeñándose en esa función hasta julio de 2022 en calidad de contrata, y a partir del 01 de agosto de 2022, asumió la función de docente directivo con 44 horas semanales, conforme al Decreto Alcaldicio N°01817. Indica que el 31 de marzo de 2025, mediante Memorándum N°18/2025, el Director de la Escuela Diego de Almagro, le notificó la remoción de su cargo como Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica (UTP) e instruyó que asumiera funciones docentes a jornada completa (44 horas), posteriormente, el Director le solicitó realizar tareas de apoyo a la gestión, designándolo verbalmente como “Apoyo a la gestión, subvención SEP y convenio de desempeño”, sin embargo, señala que este cargo no existe formalmente en el organigrama institucional, lo que afecta su estabilidad laboral y profesional.

Señala que la recurrida mediante Dictamen N°E140390 de 2025, desestimó el segundo recurso de reposición interpuesto por su parte, sin considerar que la intervención del DAEM carece de respaldo legal, pues el artículo 34 C de la Ley N°19.070, Estatuto Docente, no otorga facultades al DAEM para destituir a un docente directivo, decisión que señala ser corroborada por el Memorándum N°18 de 2025, el que indica que la destitución fue por “órdenes del DAEM”, cuando no detenta las competencias para ello, lo que constituye una omisión arbitraria por parte de la Contraloría Regional. Añade que, la Contraloría no se ha pronunciado sobre el perjuicio económico y profesional derivado de la pérdida de la asignación de responsabilidad, equivalente al 20% de la remuneración básica nacional docente, lo que ha afectado significativamente sus ingresos desde abril a la fecha.

Se refiere a las garantías conculcadas, en primer término, la del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, que, en el caso de marras, se ha visto afectada pues refiere que el concepto de “cargo de exclusiva confianza” no debe interpretarse como un permiso para vulnerar los derechos laborales y constitucionales de los docentes directivos, ni justificar la omisión de procedimientos de evaluación o compensación, y en su caso fue destituido de su cargo sin causa legítima ni proceso formal que lo respalde.

En segundo lugar, refiere infringida su garantía constitucional del 19 N°3 Constitución Política, pues señala que la destitución fue adoptada sin notificación formal previa, sin fundamentos claros sobre la pérdida de confianza y sin darle la oportunidad de presentar descargos o pruebas, lo que vulnera el debido proceso y su derecho a defensa.

Por último, en relación a la garantía del artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, señala que la remoción de su cargo fue adoptada sin seguir el procedimiento adecuado, sin evaluación objetiva de su desempeño, ni respeto al procedimiento administrativo establecido en el Estatuto Docente, y que, el cambio unilateral de su función y de sus condiciones contractuales desde 2016 vulnera este derecho, ya que el DAEM no tiene competencia para destituir a un docente directivo.

Alega que, aunque sigue siendo parte de la planta docente, la pérdida de su cargo directivo y la asignación de responsabilidad han afectado sus condiciones laborales y económicas, por lo que solicita una compensación económica por los perjuicios derivados de su destitución arbitraria.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se disponga el término de su relación laboral, reconociendo que la modificación unilateral de sus funciones y condiciones contractuales habilita el ejercicio del despido indirecto, conforme a las causales del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, con el pago de las indemnizaciones legales correspondientes; disponer el pago de una compensación económica adecuada por los perjuicios económicos y profesionales derivados de la pérdida de la asignación de responsabilidad y las consecuencias de la destitución arbitraria; ordenar la asignación de un cargo equivalente en el organigrama institucional, conforme a sus postgrados y competencias, manteniendo las condiciones salariales y contractuales previas a la destitución y debidamente actualizadas; y ordenar la revisión de los procedimientos administrativos aplicados en el presente caso, instruyendo al DAEM de Los Vilos que adopte medidas para asegurar el respeto de los principios de legalidad, transparencia, estabilidad y debido proceso en futuras actuaciones similares.

Aclara a folio 12 que interpuso dos recursos de reposición. El primero, N°E140390, fue desestimado el 20 de agosto. El segundo fue también desestimado N°E185066 del 30 de octubre 2025, y que el segundo oficio y su fecha dan paso al recurso de protección.

Acompaña a su recurso a folio 3: 1.- Copia del Memorándum N°18/2025 de la Escuela Diego de Almagro; 2.- Copia del Dictamen N°E140390/2025 de la Contraloría General de la República; 3.- Documentación de remuneraciones y antecedentes que acreditan el perjuicio económico sufrido; 4.- Copia del Decreto Alcaldicio N°01817 de 2022 que subsana falta de decretos en 2020 y 2021, y designa como titular de la función y horas a partir de 1 de agosto de 2022; y 5.- Decretos alcaldicios del 2016, 2017, 2018, 2019.

SEGUNDO: Que, a folio 11, comparece la recurrida Contraloría Regional de Coquimbo, evacuando el informe ordenado.

Expone que el recurrente es un profesional de la educación, dependiente de la Municipalidad de Los Vilos, y que, mediante decreto alcaldicio N°1817, de 2022, se ratifica y reconoce la titularidad docente por 44 horas semanales en el Departamento de Educación Municipal. Asimismo, el referido acto administrativo le reconoce la cantidad de 44 horas semanales para desempeñar funciones como jefe de la Unidad Técnica Pedagógica en el establecimiento educacional Colegio Diego de Almagro, a contar del 1 de marzo de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. Luego, a través de memorándum N°18, de 17 de mayo de 2025, del director del Colegio Diego de Almagro, se le comunicó el término de su cargo de jefe de UTP, a contar del 31 de marzo de 2025, para posteriormente, asumir labores de docencia, por 44 horas semanales. Señala que en contra de dicha decisión, el señor nombre reservado interpuso un reclamo ante la Contraloría, por estimar que vulnera sus derechos laborales y su estabilidad en el empleo, concluyéndose, mediante el oficio N°E85598, de 27 de mayo de 2025, que el actuar de la Municipalidad de Los Vilos se ajustó a derecho, toda vez que, el artículo 34 C de la Ley N°19.070 previene que ese empleo es de exclusiva confianza del director del establecimiento educacional, facultándolo expresamente para determinar su cese, oficio respecto del cual presentó una solicitud de reconsideración.

Señala que, en el contexto recién referido, emitió el oficio N°E140390, de 2025 -que por la presente vía cautelar se busca impugnar-, rechazando la solicitud de reconsideración del actor, por cuanto advirtió que reitera los hechos denunciados en su primera presentación, los que fueron debidamente atendidos mediante el oficio N°E85598, de 2025, y no aportó nuevos antecedentes que permitan alterar lo resuelto y variar sus conclusiones.

Alega la extemporaneidad del recurso de protección, precisando que el oficio N°E140390, de 2025, que por la presente acción constitucional se busca impugnar, es del 20 de agosto de 2025, y fue notificado al recurrente esa misma fecha vía correo electrónico, y el presente recurso fue presentado el 03 de noviembre de 2025, por lo que arguye que ya había transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que el recurrente tuvo conocimiento de los hechos en que se funda. Aclara que si bien la presente acción cautelar ha sido interpuesta formalmente en contra del citado oficio N°E140390, de 2025, el acto que realmente se pretende impugnar es el oficio N°E85598, de 27 de mayo de 2025, pues el oficio de agosto no hizo sino desestimar la reconsideración presentada por el señor nombre reservado, en contra del oficio N°E85598, de 2025, por no aportar nuevos antecedentes que permitan alterar lo resuelto. Añade que, la reconsideración del oficio N°E85598, de 2025, notificado el día 28 de mayo de la misma anualidad, fue solicitada ante aquella Entidad de Control recién con fecha 17 de junio de 2025, esto es, una vez transcurrido con creces el plazo que establecido en el artículo 59 de la ley N°19.880. Por lo que solicita su rechazo por extemporáneo.

Luego alega falta de legitimación pasiva, pues si bien el actor recurre en contra del oficio N°E130959, de 2025, en virtud de la cual la Sede de Control rechaza la solicitud de reconsideración deducida en contra del oficio N°E85598, de 2025 - que rechazó el reclamo formulado por el recurrente en contra de la decisión del director del establecimiento educacional de disponer el cese de sus funciones como jefe de UTP, conforme el artículo 34 C, de la ley N°19.070- lo verdaderamente impugnado, es el memorándum N°18, de fecha 27 de marzo de 2025, del director del establecimiento educacional Diego de Almagro, que puso término a sus funciones como jefe de UTP de dicho establecimiento.

Indica que el precitado oficio N°E140390, de 2025, solamente se limitó a desestimar la solicitud de reconsideración presentada en contra del oficio N°E85598, de 2025, que, por su parte, rechazó el reclamo formulado por el señor nombre reservado, en contra de la decisión del director del establecimiento educacional contenida en el memorándum N°18, de 2025, y lo que pretende el actor mediante esta acción cautelar es que esta Corte declare que el cese de su calidad de jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica de la Escuela Diego de Almagro, vulnera sus derechos constitucionales, toda vez que esta actuación es la que le causaría un agravio, y no el pronunciamiento del Órgano de Control. Señala que lo anterior se confirma con las peticiones concretas del recurso, pues solicita se declare el término de la relación laboral, el pago de indemnización y de compensación económica, y que, además, se le designe en un cargo determinado, lo cual concierne a la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, la que no ha sido emplazada en autos.

Hace presente, que si bien el recurso de protección no es un contencioso administrativo, tanto la jurisprudencia como la doctrina han entendido que es asimilable a él, y como tal, es esencial el emplazamiento de la parte afectada con el juicio, es decir, el titular de un derecho o de un interés legítimo y propio susceptible de afectación en el proceso contencioso administrativo en cuestión, para una correcta formación de la relación jurídico procesal y así garantizar la defensa de los interesados. Por lo que indica que es esencial el emplazamiento de la municipalidad en su rol de sostenedor.

Indica que del tenor del recurso se advierte que el actor no busca obtener el restablecimiento de un derecho ni procurar la tutela urgente de garantías constitucionales amagadas, sino que lo pretendido es que por esta vía se ordene a la Entidad de Control disponer el término de la relación laboral; disponer el pago de una compensación económica adecuada por los perjuicios económicos y profesionales; ordenar la asignación de un cargo equivalente en el organigrama institucional y ordenar la revisión de los procedimientos administrativos aplicados en este caso, lo que dice relación más bien con una acción laboral de despido injustificado y una demanda de cobro de pesos, lo que excede el carácter cautelar de la presente acción, y que por lo tanto, el recurrente no posee un derecho indubitado afectados por un acto ilegal y/o arbitrario.

En cuanto al fondo del asunto, señala que el artículo 7° bis, letra a), de la Ley N°19.070, previene -en lo pertinente-, que, en el ámbito administrativo, los directores del sector municipal tendrán la atribución de designar y remover a quienes ejerzan, entre otros, los cargos de jefe técnico del establecimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 C de esa ley. A su turno, el artículo 34 C, inciso primero, del mismo texto estatutario -disposición agregada por la ley N°20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación-, preceptúa que los docentes que cumplan funciones de jefe técnico serán de exclusiva confianza del director del establecimiento educacional. Agrega el inciso final del mismo artículo, que, al cesar en sus funciones, en los casos en que los profesionales no hayan pertenecido a la respectiva dotación, como acontece en el caso en análisis, estos sólo tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y un mínimo de uno.

Refiere que, en atención que por expresa disposición legal, en la especie, se trata de un cargo de exclusiva confianza, por su propia naturaleza ello importa una limitación al derecho a la estabilidad en el empleo, pudiendo el director del establecimiento resolver la desvinculación de los servidores que haya designado para cumplir las funciones de jefe técnico, cada vez que hayan perdido su confianza, pudiendo investir a otros profesionales para desarrollar esas labores (aplica dictamen N°85.254, de 2014). En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 C de la ley N°19.070, es facultad del director del respectivo establecimiento educacional determinar su cese, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el inciso tercero de ese precepto, pudiendo el sostenedor optar entre que continúe desempeñándose en la dotación, en caso de que exista disponibilidad en alguna de las funciones referidas en el artículo 5° de dicho estatuto, o poner término a su relación laboral con la indemnización prevista al efecto (aplica dictamen N°E123752, de 2021).

Destaca que, en la especie, el sostenedor decidió mantener al señor nombre reservado, con sus mismas 44 horas semanales, por lo que su estabilidad no se ha visto afectada.

Indica que no se advirtió irregularidad en la adopción de la decisión por el director del establecimiento, por lo que se desestimó el reclamo, cuya reconsideración presentada por el recurrente, fue también desestimada mediante el oficio N°E140390, de 2025, que por el presente recurso se busca impugnar.

Por lo que solicita rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto.

Acompaña a su informe: 1.- Oficio N°E140390, de 2025, y su respectivo expediente administrativo; 2.- Oficio N°E85598, de 2025, y su respectivo expediente administrativo; 3.- Copia de correo electrónico de 20 de agosto de 2025, por medio del cual se notificó al recurrente, el oficio N°E140390, de 2025; 4.- Copia de correo electrónico de 28 de mayo de 2025, por medio del cual se notificó al recurrente, el oficio N°E85598, de 2025, de fecha 27 de mayo de 2025; y 5.- Dictámenes N°s, 85.254, de 2014; 11.218, de 2016; E123752, de 2021, todos de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que lo alegado por el actor es el Dictamen de la recurrida bajo N°E140390 de 2025, que desestimó el segundo recurso de reposición en contra de la remoción de su cargo como docente fundado en que el DAEM no cuenta con facultades para ello, y que el órgano contralor no se pronunció sobre el perjuicio económico y profesional derivado de la pérdida de la asignación de responsabilidad, equivalente al 20% de la remuneración básica nacional docente.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, ha de tenerse presente que actor alega la vulneración de garantías constitucionales con la dictación de la resolución bajo N°140390, la que fue notificada al recurrente en agosto pasado, según se desprende de los antecedentes allegados al recurso y sin que el actor haya invocado una fecha distinta y posterior en que conoció tal dictamen.

Sin perjuicio de haberse intentado el libelo en contra del pronunciamiento de octubre de la misma Contraloría -y que indica el recurrente para el computo del plazo- lo cierto es que se estima que las alegaciones de fondo van dirigidas a la decisión de la entidad, emitida meses antes y que este nuevo acto, a propósito de un nuevo requertimiento, solo tenía por objeto crearse un plazo para recurrir, pues se tratade las mismas alegaciones ya revisadas. Tan claro resulta lo anterior, que el acto de octubre nada agrega a aquel de agosto, por lo queno puede entenderse que este pronunciamiento sea un acto ilegal o arbitrario por no acogerse sus pretensiones, pues aquello ya había acontecido y sin que aquel haya sido obketo de debate.

Así las cosas, habiéndose presentado el recurso el 03 de noviembre de 2025, excede con creces el plazo de 30 días establecido por el Auto Acordado de tramitación de recursos de protección, por lo que deberá ser acogida como se dirá en lo resolutivo, no siendo necesario pronunciarse sobre las restantes alegaciones.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO, por extemporáneo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1880-2025 (Protección).