nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de Protección Rol N° 188-2024.- La Serena, veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos y Considerando:

Primero: Que, el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro compareció Pablo Martínez Zúñiga, abogado, quien dedujo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, médico cirujano, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (en adelante Compin), por haber aplicado a su representado sanciones de multa y suspensión de la facultad de emitir licencia médica, en un procedimiento administrativo viciado. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrida solicitó, mediante correo electrónico de 04 de enero de 2024, la entrega de informes médicos, ficha clínica, copia de bono o de boleta atención, relativos a 50 pacientes atendidos por el actor. Agrega que el 15 de enero del mismo año el recurrente recibe un segundo aviso en que se reitera la solicitud de información respecto a los 50 pacientes antes señalados.

Sostiene que, dada la enorme cantidad de información que se le requería, sólo pudo recabar la información y tenerla disponible para aportarla a Compin a través de su página web a pocas horas del vencimiento del plazo otorgado. Indica que mientras el actor se disponía a subir la información a través de la plataforma web del servicio, se percató de que éste exigía actualmente un nuevo requisito consistente en incorporar la información a través de un formulario denominado ‘informe de fiscalización’, respecto del cual nada se le había comunicado con anterioridad. Afirma que, debido a lo anteriormente expresado, no pudo cumplir con el envío de información dentro del plazo otorgado, y refiere que al ingresar a la plataforma ‘Medipass’ el 02 de febrero del presente año, se percató que fue sancionado con la suspensión de la emisión de licencias médicas y el pago de una multa de $646.660 pesos.

Refiere que, a pesar de que la sanción fue aplicada, sin que se le notificara previamente algún acto administrativo, el recurrente pagó la multa el 04 de febrero pasado. Prosigue señalando que el 12 de febrero, al ingresar el actor nuevamente a la plataforma ‘Medipass’, toma conocimiento de que se aplicó una nueva sanción, de la cual tampoco ha sido notificado válidamente, y adiciona que su defendido concurrió a la Compin de La Serena, entidad en la cual únicamente le otorgaron un correo electrónico al cual podía remitir los informes faltantes dentro de un plazo de 15 días.

Hace presente que a la fecha de interposición del recurso ya se encuentran subidos a la plataforma web de Compin todos los informes requeridos por esta, y acusa que el procedimiento llevado a cabo por la recurrida adolece de ilegalidad al no haberse notificado los actos administrativos mediante los cuales se aplicaron las sanciones antes referidas por alguno de los medios previstos en la Ley N°19.880. Manifiesta, además, que el procedimiento contraviene los artículos 4 y 10 de la ley antes citada al no haberse otorgado al recurrente la posibilidad de contradecir los hechos por los cuales resultó sancionado, formular alegaciones o bien aportar la prueba que este considerarse pertinente.

Sostiene que los hechos descritos afectan su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, su libertad de trabajo y su derecho de propiedad, toda vez que en forma ilegal y arbitraria se le impide ejercer en plenitud su profesión al limitar la facultad de prescribir reposo médico.

Previas citas de derecho, solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, ordenar a las recurrida dejar sin efecto todos los requerimientos de información remitidos al actor que fueron aludidos en el recurso, debiendo abstenerse en lo sucesivo de formular requerimientos de información de la magnitud que se hizo; y que en el evento de mantenerse vigente el requerimiento de información antes indicado, se otorgue al actor un plazo de 3 días por cada uno de los informes solicitados o el plazo que esta Corte considere más apropiado, todo ello con costas.

Acompaña a su presentación, los siguientes antecedentes: 1) copia de correo electrónico de 4 de enero de 2024 dirigida a don nombre reservado solicitando información; 2) copia del Ordinario nro. 2413139671 de 4 de enero de 2024; 3) copia de correo electrónico de 15 de enero de 2024 dirigido a don nombre reservado; 4) copia de ordinario nro. 241313967101 de 15 de enero de 2024; 5) captura de imagen de la plataforma Medipass que da cuenta del bloqueo de emisión de licencias médicas; y 6) copia de un certificado de deuda de la Tesorería General de la República.

Segundo: Que, evacuó informe don nombre reservado, en calidad de mandatario judicial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y a su vez, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicitando el rechazo del recurso.

Expone que conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.585 y en el Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud que contiene el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”, Compin se encuentra facultada para fiscalizar el ejercicio del derecho a licencia médica y en ese contexto requerir a los facultativos los antecedentes clínicos que consten en su poder dentro de un plazo de 48 horas.

Referente al caso del actor, manifiesta que éste ha emitido 728 licencias médicas entre el 01 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023 y que, en ese contexto, a través de carta enviada el 22 de enero pasado se le han solicitado antecedentes e informes que respalden la emisión de las licencias médicas otorgadas en ese periodo. Agrega que mediante Resolución Exenta N°241313967102 se constató que el recurrente no remitió los antecedentes requeridos en tiempo y forma, por lo cual se le aplica la sanción dispuesta en el artículo 2 inciso segundo de la Ley N°20.585, esto es, multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días a contar del 27 de enero del presente año.

Sostiene que el recurrente aún no proporciona los antecedentes que fueran requeridos por lo que mediante Resoluciones Exentas Nºs 241313967103, del 09 de febrero de 2024; N°241313967104, del 26 de febrero de 2024; y N°241313967105 del 12 de marzo de 2024, la sanción ha sido renovada imponiéndose al facultativo una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días, renovables a contar del 13 de marzo de 2024.

Finalmente, afirma que esa repartición pública ha actuado en todo momento con apego a la normativa vigente, de forma tal que no existe algún acto ilegal o arbitrario que pueda afectar en forma ilegítima los derechos fundamentales del recurrente.

Acompaña a su informe, los siguientes antecedentes: 1) copia del ordinario N° 2413139671, de 04 de enero de 2024; 2) copia del ordinario Nº 241313967101, de 15 de enero de 2024; 3) copia de la Resolución exenta N° 241313967102, de 22 de enero de 2024; copia de la Resolución exenta N° 241313967103, de 09 de febrero de 2024; 4) copia de Resolución exenta N° 241313967104, de 26 de febrero de 2024; 5) copia de Resolución exenta N° 241313967105, de 12 de marzo de 2024; y, 6) copia de Ordinario N° 241313967106, de 15 de marzo de 2024.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, por el presente recurso se cuestionan la Resolución Exenta N° 241313967102, emitida por la recurrida, en cuya virtud se sancionó al recurrente con una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales, y la suspensión de 15 días para emitir licencias médicas por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas detalladas en la resolución, impugnación que se hace extensiva respecto de los actos administrativos previos y posteriores por los que se aplicó y renovó tal sanción, esto es, las N° 241313967103, de 9 de febrero de 2024; N° 241313967104, de 26 de febrero de 2024; y, N° 241313967105, de 12 de marzo de 2024.

A este respecto, es preciso señalar que no es posible atender al primer grupo de vulneraciones denunciadas por el recurrente en relación con la validez de la notificación practicada respecto de las resoluciones que son objeto de reproche, por cuanto la Ley 19.880 contempla un procedimiento que permite reclamar respecto del acto administrativo, por lo que solo puede analizarse la controversia desde la perspectiva de la ilegalidad y arbitrariedad que se reclama.

Sexto: Que, ahora bien, según lo dispone el artículo 2 de la Ley 20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida, el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

Séptimo: Que, de la normativa expuesta, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquellas que son objeto del presente arbitrio constitucional. Sin embargo, no cualquier incumplimiento de parte del prestador fiscalizado habilita para la aplicación de las multas y suspensiones contempladas en el artículo 2 inciso segundo de la Ley 20.585. En efecto, la normativa en análisis establece como hipótesis que torna procedente la imposición de una multa, que exista un incumplimiento reiterativo, al señalar como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”. De concurrir cualquiera de estas situaciones, la Ley habilita a la Comisión para imponer multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, mediante resolución fundada.

Más estricto aún ha sido el Legislador para permitir que la Comisión proceda a la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la facultad para emitirlas, situación en el cual se exige que, además de los requisitos precedentemente referidos, se trate de un “caso calificado”.

Adicionalmente, tratándose en la especie de un acto administrativo sancionador, el deber de fundamentación se encuentra reforzado por el principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880, que prescribe que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En similares términos discurre el artículo 41 del mismo cuerpo legal, el que además ordena que la resolución respectiva exprese los recursos que proceden en su contra, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse, y el plazo para su interposición.

Octavo: Que según se colige del ordinario Nº 2413139671 de 4 de enero de 2024, fue requerido al recurrente la remisión de antecedentes e informes complementarios, de un total de 50 pacientes, solicitándole un informe médico, de acuerdo con formato que en el requerimiento se anexa, la ficha clínica de cada paciente -junto con información de esta- y copia del bono o de la boleta de la atención médica correspondiente, en un plazo de siete días corridos.

Noveno: Que, sobre el particular como fuera resuelto por esta Corte en autos ROL 1614 del año 2023 y ROL 261-2024 sobre recurso de protección, la exigencia por parte de la autoridad recurrida de la entrega de la ficha clínica de cada paciente, además de la copia del bono o boleta de atención médica, excede de aquello que habilita la normativa atingente, por lo que se torna en ilegal. En efecto, respecto de las fichas clínicas, el artículo 13 de la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas con relación a las acciones vinculadas a su atención en salud, dispone que “Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de la persona, independiente de la modalidad de atención prestada”. Por lo tanto, como indica las sentencias citadas, el requerimiento de la ficha clínica del paciente, sin que medie el consentimiento de su titular, y no encontrándose el COMPIN dentro de aquellos organismos respecto de los cuales se faculta su otorgamiento, aparece como excedido de aquello que permite el artículo 2 de la Ley N°20.585, misma situación en la que se encuentra los bonos o boleta de atención médica.

Décimo: Que, ahora bien, tocante a los informes médicos requeridos, es pertinente señalar que, conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.585, supletoriamente se aplicarán las normas de la ley N° 19.880, normativa ésta que dispone en el artículo 17 que entre los derechos de los administrados, se encuentra, según señala el literal e) “Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”.

Undécimo: Que en la situación sublite, el contraste entre el número de informes requeridos, - cincuenta informes -y el plazo para cumplir con la carga demuestran una lógica dificultad para cumplirla en el término referido, atendidos los límites de la referida norma contenida en la Ley N°19.880 transcrita en el considerando que precede, y por lo tanto, efectivamente, aparece razonable inferir que ello constituye una amenaza tangible para la integridad psíquica de la parte sobre quien pesa tal obligación, desde que resulta atendible en un orden lógico del entendimiento de las cosas, que por breve que pudieran ser los referidos informes, ello no dejaría tiempo para otras naturales y ordinarias actividades de la parte recurrente.

Duodécimo: Que, así las cosas, el volumen de informes a emitir, aconsejaba una mayor prudencia en la definición del término dentro del cual debía satisfacerse la petición del ente fiscalizador, el que en la especie no ha tenido en cuenta los ya anotados derechos del administrado consagrados expresamente por el legislador, lo que define que aun cuando dentro de la legalidad vigente, el actuar de la recurrida se torna en arbitrario, al alterar del modo que se ha venido diciendo, los aspectos de comodidad y compatibilidad que establece el legislador de la ley 19.880, lo que viene dado por el grueso volumen de antecedentes requeridos dentro del plazo exiguo que contempla la ley. Así, el alto volumen de antecedentes requeridos torna en arbitraria la actuación de la recurrida.

A lo anterior se suma que, según los antecedentes disponibles, la Resolución Exenta N° 241313967104, de 26 de febrero de 2024, el recurrente dio cumplimiento al requerimiento, sin embargo, igualmente fue renovada la sanción de multa y suspensión, puesto que los informes aparejados no cumplían “(…) con los datos requeridos de acuerdo con el modelo de informe médico de COMPIN solicitado al momento de la fiscalización” lo que ocurrió en 17 de los casos que el listado adjunto menciona.

Así, lo que puede inferirse de lo anterior es que, efectivamente, no era posible cumplir con remitir, en el exiguo plazo concedido, el cúmulo de antecedentes requeridos, sin que para tal objeto era preciso contar con una extensión de éste. A lo que se suma que, no es posible sostener que sea, precisamente, la hipótesis que contiene la norma que permite imponer las sanciones descritas en la normativa atinente, sino que, en una situación diversa, de controversia acerca del contenido de los antecedentes entregados por el profesional requerido, que claramente escapa al marco sancionatorio del inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.585.

Decimotercero: Que amén de lo antes reseñado, solo es posible concluir que el fundamento que aparece en la Resolución Exenta cuestionada es sólo aparente, puesto que de conformidad con los argumentos en ella expuestos, la fiscalización se derivaba de la emisión de licencias médicas por un período de tiempo determinado. Así se alude en el fundamento cuarto de la decisión primigenia al señalar que “(…) el profesional nombre reservado ha emitido 728 licencias médicas entre el día 01 de Diciembre de 2022 y 30 de Noviembre de 2023.” No obstante que la información que se requiere es de 50 de esos pacientes.

También se aprecia la absoluta ausencia de una argumentación que permita comprender por qué en esta situación particular se configuraría el supuesto normativo de “caso calificado” que habilite para la imposición de la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, lo que necesariamente importa la asignación de un disvalor adicional al mero incumplimiento en la entrega de información, que sólo amerita multa; y en este último caso, tampoco se advierte la fundamentación que impone la legislación atinente para imponer la pena pecuniaria.

A todo lo anterior se suma que la imposición de la sanción pecuniaria y de suspensión en el otorgamiento de las licencias médicas, no constituye el único procedimiento que la Ley 20.585 dispone, puesto que también era posible la citación ante la Comisión respectiva del profesional de la salud, sujeto a fiscalización, lo que no se produjo.

Decimocuarto: Que las actuaciones de la recurrente constituyen un atentado a las garantías previstas en los numerales 1 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que le impone exigencias excesivas e incluso antijurídicas, lesionando su prestigio en atención a que la emisión de licencias médicas constituye una facultad ínsita de profesional de la salud vulnerando y con ello lo margina del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo; y, en consecuencia, se dejan sin efecto las resoluciones exentas números N ° 241313967102, 241313967103, 241313967104 y 241313967105.

Redacción de la ministra Marcela Sandoval Durán.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°188-2024 Protección.