Protección contra Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo

nombre reservado

Municipalidad de Coquimbo, Dirección del Tránsito Recurso de protección Rol N°1871-2025 La Serena, doce de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, chofer, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, representada legalmente por su Alcalde nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución N°620, de 22 de septiembre de 2025, mediante la cual se denegó la renovación de la licencia de conducir clases A-3, A-5 y D, vulnerando con ello sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 16 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que se ha desempeñado durante más de una década como conductor profesional, siendo la conducción su único medio de vida y sustento familiar. En el año 2023 fue condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad, sanción que cumplió íntegramente, incluyendo la suspensión temporal de su licencia, multas y participación en programas de rehabilitación vial ordenados por el tribunal. Señala que la sentencia dictada no contempló inhabilitación perpetua ni cancelación definitiva de su licencia.

Indica que en agosto de 2025 inició el procedimiento de renovación de sus licencias profesionales clases A-3, A-5 y D ante la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos y aprobando los exámenes médicos, psicotécnicos y teóricos, recibiendo incluso el timbre oficial de "APROBADO" en el formulario correspondiente.

Agrega que, pese a ello, la autoridad municipal dictó la Resolución N°620, denegando la renovación sobre la base exclusiva de antecedentes pretéritos ya sancionados y cumplidos, sin realizar una evaluación actual de su idoneidad física, psíquica o moral, ni otorgarle oportunidad de ser oído o aportar antecedentes.

Arguye que tal proceder carece de razonabilidad, pues desconoce el principio de rehabilitación que inspira el derecho sancionatorio moderno y que impide extender indefinidamente los efectos de una pena ya cumplida. Añade que la negativa a renovar sus licencias profesionales implica en los hechos una inhabilitación perpetua para ejercer su profesión, transformando una sanción temporal en una prohibición permanente de conducir.

Destaca que es el único sustento económico de su familia, que su hijo cursa estudios en el Instituto Profesional AIEP, y que su cónyuge padece una enfermedad renal crónica en etapa terminal, sometiéndose a hemodiálisis tres veces por semana, dependiendo directamente de él para su traslado, atención y manutención.

Sostiene que la Resolución N°620 constituye un acto ilegal, al carecer de competencia para dictar una sanción de carácter judicial, y arbitrario, al haber sido dictada sin motivación suficiente, sin razonamiento proporcional ni oportunidad de defensa, vulnerando sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y seguridad jurídica.

Concluye solicitando que se acoja el presente recurso, se declare que la Resolución N°620 constituye un acto ilegal y arbitrario, y se ordene dejar sin efecto dicha resolución, disponiendo que la autoridad recurrida proceda a renovar sus licencias de conducir profesionales clases A-3, A-5 y D, o en subsidio, que la Dirección de Tránsito emita una nueva resolución debidamente fundada, con costas.

Acompaña a su recurso: copia resolución de reposición de la resolución 620 y documento de aprobación de exámenes para renovación de licencia.

SEGUNDO: Que, a folio 2, se evacuó informe por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso.

Alega que el recurso de protección no constituye una instancia destinada a revisar o reabrir procedimientos administrativos o judiciales ya concluidos conforme a su normativa especial, siendo su finalidad de carácter cautelar y urgente limitada a restablecer el imperio del derecho ante actos que, siendo actualmente ilegales o arbitrarios, produzcan una afectación concreta a garantías constitucionales.

Señala que a partir del 1 de junio de 2025, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo implementó el nuevo sistema de licencia de conducir digital impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a nivel nacional, mediante la plataforma web denominada Servicios de Gestión y Logística, administrada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET).

Indica que dicha plataforma permite a los municipios autorizados iniciar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir según los requerimientos establecidos por CONASET, y que la Municipalidad de Coquimbo solo procesa los datos entregados por dicha plataforma, sustentada directamente por la información que entrega el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Afirma que los postulantes cuyos procesos cuenten con anotaciones, restricciones médicas, aprobaciones o reprobación de exámenes, rechazo o suspensión por falta de idoneidad moral, son informados de manera directa y automatizada por la plataforma web a la base de datos del Registro Civil e Identificación, y que el municipio no posee margen de discrecionalidad para modificar los datos que arroja el sistema ni para desconocer las anotaciones provenientes del Registro Civil.

Agrega que el recurrente, una vez rechazada su solicitud por la Dirección de Tránsito, hizo uso del recurso de reclamación ante el Primer Juzgado de Policía Local de Coquimbo, conforme al artículo 15 de la Ley N°18.290.

Refiere que, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, dictada en causa Rol 52-2025, el Primer Juzgado de Policía Local confirmó el criterio de la denegación, fundándose en que el tribunal tuvo a la vista certificado de antecedentes del peticionario, constando que fue condenado de forma reciente por delito que atenta contra la seguridad de las personas, determinando que el recurrente no tiene la calidad idónea para obtener el tipo de licencia de conducir pretendida.

Sostiene que esto demuestra que la decisión municipal no fue aislada ni antojadiza, sino que un órgano jurisdiccional independiente validó la legalidad y razonabilidad del actuar de la Dirección de Tránsito, existiendo una doble legitimación administrativa y judicial.

Niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario, señalando que un acto es ilegal cuando contraviene las normas que conforman el ordenamiento jurídico, en especial cuando se incumplen los elementos de juridicidad que dispone la Constitución en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, en relación al artículo 2° de la Ley N°18.575, y que la arbitrariedad ha sido definida como un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

Solicita el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe: 1.- Nota Interna N°450 de 17 de noviembre del 2025, del Director de Tránsito y Transporte Público a Director Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo; 2.- Certificados de antecedes de conductor; 3.- Sentencia de 30 de septiembre de 2025 dictada en causa ROL 52-2025 del Primer Juzgado de Policía Local; y 4.- Resumen de examinación de idoneidad moral del recurrente de 01 de septiembre de 2025.

TERCERO: Que encontrándose incluida la presente causa para su vista y fallo por la Primera Sala, a folio 19 se ordena como trámite previo a su vista que la recurrida acompaña la resolución N°620 impugnada en autos, lo cual es cumplido a folio 28.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

QUINTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que el recurrente acciona en contra de la Resolución N°620 de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo, de 22 de septiembre de 2025, que denegó la renovación de sus licencias de conducir clases A-3, A-5 y D, fundada en los antecedentes que el solicitante registra. Dicha renovación fue posteriormente confirmada mediante resolución de 30 de septiembre de 2025 del Primer Juzgado de Policía Local de Coquimbo, a través del procedimiento breve y sumario establecido en el artículo 15 inciso tercero de la Ley N°18.290, del que hizo uso el recurrente y que, de lo resuelto allí, no procede recurso alguno, conforme dispone la citada norma.

Conforme se ha informado por la recurrida, la negativa a renovar la licencia de conducir del recurrente dice relación con carecer de la idoneidad moral exigida por el artículo 13 N°1 en relación con los artículos 14 letra A) 1° y artículo 16 de la Ley N°18.290, sustentada conforme lo resuelto por el Director de Tránsito y Transporte Público de la entidad edilicia, en que el solicitante no cumple con el requisito de idoneidad moral fijado en el mencionado artículo 13 de la ley de tránsito, en tanto cometió el delito previsto y sancionado en el artículo 196 de la Ley N°18.290, fijándolo en esos términos en la resolución N°620, de 22 de septiembre de 2025.

SÉPTIMO: Que, el artículo 13 de la citada ley señala que los postulantes a licencia de conductor deberán reunir los siguientes requisitos generales: "1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica", que es la que importa para efectos de este recurso.

A su vez, el artículo 14 dispone que los requisitos para obtener las licencias se acreditarán de la siguiente manera: "A) LICENCIA PROFESIONAL 1º.- La idoneidad moral será calificada por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en que se solicita la licencia, a la vista del informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación y del informe del Registro Nacional de Conductores, cuya fecha de emisión no sea anterior a 30 días, que contengan todas las anotaciones que se registren, y en los que consten que el solicitante no está afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado".

Por su parte, el artículo 16 entrega elementos que permitirán calificar la idoneidad moral de los postulantes, señalando: "Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13 se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas: 1. Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley N°20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; 2. Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; 3. Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, y 4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona".

OCTAVO: Que, de la lectura coordinada y sistematizada de las disposiciones legales previamente citadas, lo dispuesto en el artículo 16 no constituye un elemento que defina la idoneidad moral del postulante, toda vez que solo le indica al Director del Departamento de Tránsito Municipal que debe considerar lo que la norma allí señala.

Revisado el concepto “considerará” utilizado por el legislador, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, toda vez que no estamos en presencia de una palabra de aquellas que nos indican los artículos 20 y 21 del Código Civil, la primera acepción señala que considerar es: Pensar sobre algo analizándolo con atención. Considerar el asunto en todos sus aspectos y la tercera acepción define considerar como: Dedicar atención a alguien o algo. El jurado considera los argumentos de la defensa.

Entonces la restricción absoluta para el Director está en la parte final del artículo 14 letra A) 1 de la Ley 18290 que al efecto establece que: “y en los que consten que el solicitante no está afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado”. Hipótesis que no concurre en la especie.

Por tanto, no siendo una restricción absoluta para la autoridad administrativa lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley y considerando, además, que en dicha norma, cuando el legislador quiso referirse a la existencia de comisión de un solo delito, utilizó expresamente el singular, como da cuenta el numeral 4, que emplea la expresión delito, en singular, y no en plural como lo hacen los numerales 1 a 3 de dicho artículo 16 y habida cuenta que el solicitante de renovación de licencia y recurrente de autos, aparece en los informes pertinentes, registrando un delito único de los que considera el numeral 1 del artículo 16 y no pluralidad de delitos como parece requerirlo la norma en comento, y no estando en presencia de las restricciones del artículo 14 letra A)1, aparece el actuar de la recurrida ilegal y arbitrario vulnerando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que el recurrente tiene derecho a la igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos.

Además, debe considerarse que el artículo 16 en comento, obliga a revisar la gravedad y pertinencia de los antecedentes para privar al administrado de su única fuente de trabajo. A lo anterior se suma que todas las infracciones que ponderó el juez al resolver la reclamación del actor en sede policía local, se encuentran prescritas y no pudieron ser consideradas.

NOVENO: Que, por todo lo razonado la resolución impugnada contraviene el principio de proporcionalidad y razonabilidad que debe regir toda actuación administrativa, pues transforma una sanción temporal ya cumplida en una inhabilitación perpetua para ejercer la profesión, sin considerar la conducta posterior del recurrente ni su aptitud actual para desempeñarse como conductor profesional. Así, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 26 de la Constitución Política de la República. La primera, pues establece una diferenciación arbitraria respecto de otros conductores en igual situación jurídica que han obtenido la renovación de sus licencias una vez cumplida su sanción temporal. La segunda, porque al impedirle ejercer su oficio de conductor profesional, vulnera su libertad de trabajo y derecho a desarrollar una actividad lícita, afectando el sustento de su familia. La tercera, porque impone una restricción no prevista en la ley, alterando el contenido esencial del derecho al trabajo y creando inseguridad jurídica respecto de los efectos temporales de las sanciones.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, disponiendo que se deja sin efecto la Resolución N°620, de 22 de septiembre de 2025, emitida por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo, y en su lugar, se resuelve que la autoridad recurrida deberá renovar las licencias de conducir clases A-3, A-5 y D solicitadas por el recurrente, de cumplirse con los demás requisitos establecidos en la ley, dentro de diez días corridos a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra de la Ministra (S) Sra. Macarena Navarrete, quien fue del parecer de rechazar el recurso, en atención que el actuar de la recurrida no puede catalogarse de ilegal ni arbitrario, pues se sustenta en las nomas ya invocadas en el considerando séptimo, además, como se observa de su certificado de antecedentes del actor, posee el delito de conducción en estado de ebriedad cometido el año 2023, y además, infracción por conducción de vehículo sin luces cuando lo exige la ley, infracción que es calificada como grave. Por lo anterior, la negativa de la recurrida a otorgar una renovación de licencia de conductor al recurrente, al determinarse que aquel no cumple con el requisito de idoneidad moral, no es ilegal, por cuanto han obrado dentro de las facultades establecidas por la ley, aplicando las consecuencias normativas contempladas en los artículos 13, 14, 15 y 16 de la Ley 18.290 y 2 del Decreto Supremo N 170 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de fecha 02 de enero de 1986. Tampoco, puede tildarse de arbitraria, pues tal decisión aparece revestida de fundamento plausible y no obedecen al mero capricho de la recurrida. Además, la negativa de la Dirección fue validada por el respectivo Juzgado de Policía Local, no procediendo en contra de aquella resolución recurso alguno y no puede ser la protección la vía que modifique o altere la resolución judicial que ampara el actuar municipal. A estos efectos, ha de considerarse que el estándar de idoneidad moral debe necesariamente estar vinculado a la licencia cuya renovación se pretende, esto es, aquella que le permite la conducción de vehículos de transporte escolar y de pasajeros sin limitar la capacidad de pasajeros, siendo mayor el reproche de las conductas ilícitas que fundan la negativa de la recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1871-2025 (Protección).