nombre reservado con AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ANID)

nombre reservado, nombre reservado

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Recurso de Protección Rol N° 187-2021.- La Serena, veintidós de julio de dos mil veintiuno.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el 21 de abril del año en curso, comparece doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra la DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPITAL AVANZADO de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO en adelante “ANID”, continuadora legal de nombre reservado, por estimar que dicha entidad administrativa ha incurrido en arbitrariedades e ilegalidades, vulnerando sus garantías fundamentales de derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 numerales 2° y 14° de la Constitución Política de la República respectivamente, al dictar la Resolución Exenta N°2914/2021 de 16 de marzo de 2021, notificada con fecha 22 de marzo de 2021 por medio de correo electrónico, mediante la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra de la Resolución Exenta N°8797 de 30 de julio de 2020, que declara el incumplimiento de las obligaciones que le imponía la beca que le fuere otorgada y ordena la restitución total de fondos en el marco del concurso de becas de magister en el extranjero convocatoria 2014.

Expresa que la recurrida le imputa caprichosamente el no haber acreditado el cumplimiento de su obligación de residencia en el país, luego de terminada la beca, lo cual ha su juicio no resultaría efectivo, porque si ha cumplido con la obligación de retribución al acreditar su residencia en el país, por el mismo periodo de duración de la beca, luego de haber retornado inmediatamente después del término de la misma.

Señala que en el año 2014, fue aceptada por la Universidad Imperial College of Science, Technlogy and Medicine, para cursar su programa de Magister en Hidrología y Administración de Recursos Hídricos, cuya duración sería de un año, desde el 4 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015 y se impartiría de forma presencial en las dependencias de la universidad, ubicadas en Londres, Inglaterra; y que para poder financiar dicho programa postuló al concurso Becas de Magister en el Extranjero, convocatoria 2014, de nombre reservado, mediante formulario de postulación N°91195, donde declaró, entre otras cosas, que la duración de su programa de estudios sería de un año, desde el 4 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, beca le fue otorgada mediante resolución exenta N°7660/2014, de nombre reservado, suscribiendo con fecha 2 de julio de 2014 el respectivo convenio, el cual se aprobó mediante Resolución Exenta N°7989/2014 de fecha 18 de julio de 2014, dejándose establecido que formaba parte de dicho convenio las bases que aprobaron el concurso y el Decreto N°664/2008 del Ministerio de Educación y sus modificaciones, que establece normas sobre el otorgamiento de becas del programa referido.

Hace presente, que, al momento de suscribir el convenio referido, nombre reservado le informó que le enviarían copia de dicho documento, lo que nunca se materializó, por lo que se vió obligada a solicitarlo, por medio del centro de ayuda para becarios, mediante solicitud #279796 de fecha 6 de abril de 2021.

Menciona que una vez adjudicada la beca y suscrito el convenio, nombre reservado emitió un certificado para ser presentado en la Universidad antes singularizada, donde certificó que fue premiada con una beca anual renovable hasta 2 años, que comenzaba el 1 de octubre de 2014, fecha de inicio del programa, y que duraba hasta el 1 de octubre de 2015, condicionada a su rendimiento académico dentro del programa, siendo éste, el único documento que tenía en su poder que determinaba una fecha de término de beca.

Refiere que en ese contexto, comenzó su programa de estudios el día 4 de octubre de 2014, y dado que cumplió estrictamente con las obligaciones académicas en los plazos estipulados, con fecha 24 de septiembre de 2015, obtuvo la aprobación por parte de los examinadores de la Universidad, de su tesis de posgrado y en consecuencia la obtención del grado de magister; y que el 25 de septiembre de 2015, envió a nombre reservado los documentos necesarios para materializar su retorno e inicio de la retribución, consistente en el certificado emitido por la Universidad de finalización del programa de estudios y la reserva de los pasajes de vuelta a Chile, retornando efectivamente con fecha 3 de octubre de 2015, esto es, 1 año después del inicio del programa de Magister cursado en Inglaterra.

Explica que una vez concretado su retorno, desde el 3 de octubre de 2015, residió en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo, por un poco más de un año, hasta el 18 de octubre de 2016, fecha en que, por motivos familiares, volvió a vivir a Inglaterra, en el pleno convencimiento de haber cumplido con todas las obligaciones de su beca y particularmente con el tiempo exigido de permanencia, para cumplir con su obligación de retribución.

Agrega que meses antes su mi salida del país sostuvo diversas comunicaciones con nombre reservado, preocupada por cumplir a cabalidad con sus obligaciones y tramitar adecuadamente el proceso de cierre de beca, pero lamentablemente, sus respuestas no fueron concretas y nunca le indicaron una fecha de término de periodo de retribución; y por ello, explica, según la información que manejaba, permaneció viviendo en región por un tiempo de 1 año y 15 días, contados desde su retorno a Chile luego del término de su beca, con completo convencimiento de que la exigencia de retribución era permanecer 1 año viviendo en región.

Sostiene que lo anterior fue confirmado por nombre reservado, en respuesta a su consulta sobre el estado del trámite de cierre de la beca, realizada con fecha 13 de junio de 2017, en que le señalaron lo siguiente, “Estimada Becaria: Junto con saludar, en relación al cierre de su beca puedo informar lo siguiente: Su beca dura desde el 01-10-2014 al 31-10-2015, por lo que debe retribuir 2 años en región metropolitana y 1 año si lo hace en región. Cabe hacer presente que el Certificado de residencia se presenta cada 6 meses.

Hace presente que, además de estar en pleno convencimiento de haber cumplido con el requisito de permanencia exigido en las bases, ha logrado cumplir con el fin propuesto en ellas, de retribuir a su país de la mejor forma posible dentro de su ámbito de acción, ya que apenas volvió a Chile, trabajó para CONAF en el departamento de evaluación ambiental, no solo cumpliendo las labores propias de su función, sino que también destacándose en el apoyo que brindó al Ministerio de Relaciones Exteriores, representando a Chile en la cumbre de la APEC 2016, en el grupo de expertos de tala ilegal y comercio asociado; y asimismo, luego de haberse ido del país en octubre de 2016, continuó trabajando de forma remota para CONAF desde Inglaterra hasta el mes de abril de 2017, tal como demuestra su contrato de trabajo celebrado con fecha 4 de noviembre de 2016.

Como segundo hito relevante que demostraría el cumplimiento de la retribución a su país, menciona su trabajo en la ONG, The World Wide Fund for Nature “WWF” en el Reino Unido, líder a nivel mundial en la conservación de la naturaleza donde habría adquirido conocimientos en el desarrollo de campañas públicas con incidencia política para impulsar cambios regulatorios y legislativos en materias ambientales, sosteniendo diversos eventos políticos en el Parlamento Británico con autoridades como nombre reservado y Michael Gove, siendo este trabajo lo que motivó su regreso a Chile, el 24 de septiembre de 2019, ya que al enterarse que la cumbre COP25 de la UNFCCC se desarrollaría en Chile el 2019, presentó un plan a la oficina de WWF Reino Unido para que le permitieran venir a trabajar a las oficinas de WWF Chile, el que fue aceptado y le permitió jugar un rol fundamental en dicha cumbre, que finalmente se desarrolló en España, facilitando las relaciones de la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt con las autoridades relevantes del Reino Unido, como Susan Aiken y Clarie O´Neill.

Señala que a pesar de todo ello, con fecha 4 de agosto de 2020, mediante correo electrónico, se enteró sorpresivamente de que, a través de Resolución Exenta N°8797/2020 de 30 de julio de 2020, se declaró el incumplimiento de las obligaciones que le imponía la beca y se le solicitaba la restitución total de los fondos conferidos, en el marco del concurso Becas de Magister en el extranjero, convocatoria 2014, siendo el fundamento central de esta decisión que no habría acreditado el cumplimiento de su obligación de residencia en el país, prevista en la normativa que reguló su beca. Al efecto transcribe el considerando e) de dicha resolución, en cuya parte final se lee : “Con esto la Sra. nombre reservado solamente logró retribuir 1 año y 15 días (retribución en región), faltándole 15 días más para poder completar su retribución correspondiente de 1 año y 30 días de la duración efectiva de la beca.”

Menciona que en contra de dicha decisión, interpuso el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley 19.880, con el objeto de que fuera dejada sin efecto, detallando pormenorizadamente el texto del recurso, todo el engorroso proceso que tuvo que llevar a cabo, para lograr obtener una respuesta de la autoridad a su proceso de cierre de beca, consistentes en las consultas y solicitudes que ingresó a la plataforma oficial, desde el 27 de julio de 2016 en adelante y sus respetivas respuestas, señalando que, con fecha 27 de julio de 2016 realizó una primera consulta, para que le informaran sobre los trámites necesarios para realizar el cierre de la beca, y si era posible salir del país apenas hubiera cumplido el plazo de retribución y mientras tanto se tramitara el cierre de la beca, ya que, por motivos familiares, le urgía que así fuera.

Explica que la respuesta no se hizo esperar, siendo informada que antes de solicitar el cierre de su beca debía finalizar su retribución al país y que una vez finalizada ésta, podría solicitar su cierre. Agrega que con fecha 27 de octubre de 2016, en el entendido de estar convencida de haber finalizado la retribución al país, solicitó el cierre formal de su beca adjuntando los documentos requeridos, la cual fue recibida conforme por el organismo encargado y se le informó que se le comunicaría oportunamente su resultada. Dice que agregó también en dicho libelo que, con fecha 13 de julio de 2017, atendido a que en más de 8 meses no había recibido respuesta alguna a su solicitud de cierre de la beca, consultó nuevamente sobre el estado del proceso administrativo, a lo que finalmente le respondieron, tras de un par de iteraciones, que no podía cerrar el proceso de la beca, dado que no había cumplido con su tiempo de retribución, que éste era de 1 año y 30 días porque había recibido 1 mes adicional de mensualidad, contradiciendo comunicaciones anteriores.

Precisa que expuso en la impugnación intentada que, con fecha 27 de octubre de 2017, pese haber manifestado su descuerdo con la respuesta otorgada consultó por las posibles alternativas de solución que le permitieran realizar el cierre de la beca, siendo la respuesta que debía volver, “cuanto antes”, para poder cumplir con el tiempo de retribución que consideraban pendiente, más el tiempo que permaneció en el extranjero y que además, no existía la posibilidad de pagar un valor proporcional a los beneficios entregados en exceso.

Menciona que su intención siempre ha sido, no solo cumplir de forma íntegra las obligaciones propias de la beca sino que también retribuir al país en su ámbito de acción, por lo cual retornó definitivamente con fecha 24 de septiembre de 2019.

Expresa que el 22 de marzo de 2021, fue notificada de la decisión final de la administración, donde pudo constatar que no tomaron en cuenta ni los hechos ni los fundamentos expuestos en su impugnación, y que tal decisión se basó exclusivamente en un informe técnico elaborado por el Programa de Capital Humano Avanzado que señala, cuya parte pertinente transcribe.

Al respecto sostiene que la a administración confunde los conceptos claves para determinar el periodo de retribución de la beca, por mero capricho y errada interpretación de la norma, cuales son el de la duración de la beca y la duración de los beneficios que entrega nombre reservado o ANID, y el término efectivo de la beca; y que dicha confusión genera que no exista claridad alguna respecto de la fecha de término de retribución de su beca Señala que lo anterior, le lleva a adoptar un razonamiento ilógico, contradictorio, el que se expresa en su informe y que se resume en que, atendido a que, por voluntad de nombre reservado, se incluyó en el convenio una fecha estimada de término de la beca, la que era distinta a la que se declaró para el término del programa de estudios, y a que, también por voluntad de nombre reservado, se mantuvieron vigentes los beneficios por un mes más al de finalización de los estudios, debió haber retribuido el tiempo que ellos consideran que duró su beca y no el tiempo de duración efectiva de la misma, como lo señala las bases y el artículo 22° del Decreto N°664/2008, lo que resultaría abiertamente ilegal y arbitrario.

Menciona que tal como se deja expresamente establecido en el convenio suscrito entre las partes, las normas que rigen la beca, son las bases del concurso, aprobadas por Resolución Exenta N°5496/2014 y lo dispuesto en el Decreto Supremo 664/2008 y sus modificaciones, del Ministerio de Educación; y que de acuerdo a esta normativa la beca consistía en el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por nombre reservado para la realización de estudios y/o investigaciones que conlleven a la obtención del grado académico de MAGÍSTER, así como por los derechos y obligaciones estipulados en el convenio de beca y en las bases de la convocatoria.

Agrega que de acuerdo a las bases del concurso (punto 4.13) “La duración de los beneficios de la beca de MAGÍSTER, será de carácter anual, renovable hasta un máximo de veinticuatro (24) meses contados desde el ingreso del becario al programa de estudios y sujeto al rendimiento y resultados académicos obtenidos por éste/a.”; y que este carácter anual de la beca, también se reitera en el artículo 22° del Decreto N°664/2008 del Ministerio de Educación, siendo entonces fundamental determinar cuál es la fecha de término de la beca, ya que, para determinar el cumplimiento de la obligación de retribución, según disponen las bases en su punto 14.2.1 como el artículo 26 del Decreto 664/2008, debía acreditar su permanencia en Chile, por el mismo tiempo de duración de la beca.

Reconoce que es efectivo que las bases de la convocatoria señalan en su punto 4.16. que “Los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el mes siguiente de la fecha del examen de grado o instancia equivalente, siempre y cuando el plazo total no exceda los DOS (2) años contados desde el ingreso del/de la becario/a al programa de MAGÍSTER.”, pero expresa que ello no significa que la duración de la beca tenga que coincidir con dicho plazo, ya que la duración de los beneficios de la beca, es anual, tal como se señaló anteriormente y la vigencia de estos beneficios, por una cuestión práctica, dependerá de una fecha indeterminada, cual es la fecha de examen de grado o instancia equivalente.

Menciona que el artículo 22° del Decreto N°664/2008 dispone que: “La duración de la beca no podrá exceder los plazos señalados en el inciso primero, siempre contados desde el ingreso del becario al programa de estudios. Los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el plazo máximo señalado en el convenio o hasta el término de sus estudios, según el hito que suceda primero.”

"Los becarios deberán informar la fecha efectiva en que éstos finalizan sus estudios. Las entidades ejecutoras podrán establecer, en las respectivas bases concursales, como fecha de fin de términos de los estudios la rendición del examen de grado o instancia equivalente u otro hito que éstas determinen, de modo tal que los beneficios de la beca percibidos con posterioridad a dichos términos deberán ser restituidos por los becarios.”

En base a lo dicho, la recurrente dice que es ilegal el actuar de la administración, al considerar que, para todos los efectos legales, el término de su beca coincide con el plazo máximo establecido en el convenio, pese a que el término de sus estudios sucedió primero; que la administración debió haber considerado como fecha de término de sus estudios, el 24 de septiembre de 2015 y no el 31 de octubre de 2015, tal como lo solicitó en diversas oportunidades; y que es ilegal el acto sancionatorio de la administración, ya que, pese a que informó oportunamente el término de sus estudios, que cumplió con su obligación de retorno luego de terminada la beca y que permaneció por más del plazo efectivo de su duración, se le sancionó con la declaración del incumplimiento de sus obligaciones, cuando lo legal, habría sido que hubieran tenido por cumplida su obligación de retribución, y haberle cobrado solamente la restitución de los beneficios que percibió con posterioridad al término de su beca.

Argumenta que la resolución recurrida, es abiertamente arbitraria, ya que carece de motivación, toda vez que, la determinación de la duración de la beca y el cobro desproporcionado que realiza el recurrido, no tiene justificación ni racionalidad alguna, y es motivada por el simple capricho de quien la dicta, al no dar las razones lógicas, mediante la cuales se entiende que la duración de su retribución en el país, debió haber sido de 1 año y 30 días, limitándose a señalar que dicho plazo se ajusta al estipulado en el convenio suscrito por las partes, Refiere que tampoco resulta lógico que la autoridad considere al mismo tiempo, que, cumplió con su obligación de retornar a Chile con fecha 3 de octubre de 2015, y luego señale que su beca no terminó sino hasta el 31 de octubre de 2015, pese a que, en esa fecha, ya estaba viviendo en Chile y cumpliendo con la retribución exigida, tal como ella misma lo reconoce, al contabilizarme esos 27 días de retribución, los que no podrían haber sido considerados, si su beca aún no terminaba, dado lo que se indica numeral 14.1 de las becas concursales, que señala “El becario deberá retornar a Chile en un plazo no mayor a UN año contado desde la fecha de término de la beca señalada en el respectivo convenio…”." Asevera que este actuar arbitrario e ilegal del recurrido implica una vulneración de las garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, las que se ven perturbadas y amenazadas, con la dictación de la resolución impugnada; y que en este sentido, como consecuencia del juicio desproporcionado que emitió la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, se vulnera la igualdad ante la ley, desde que tiene derecho a ser tratada de la misma forma que lo sería cualquier postulante a la mencionada beca, lo que no ha ocurrido en la especie, ya que por mero capricho de autoridad, se le dio un trato arbitrario y en vulneración de la normativa aplicable, no se le permitió la regularización del término de la beca y la devolución de los beneficios que se le otorgaron en exceso por error del ente encargado de dichos programas; y como muestra de ello, indica que en el caso de nombre reservado becaria de la convocatoria de 2015, que en iguales condiciones que las suyas, esto es la duración del programa de estudios de un año en Inglaterra y haber terminado su beca antes de la fecha establecida en su convenio, se optó por regularizar su situación, dejando establecido que la fecha de término efectiva de ésta, era la fecha de su regreso a Chile y solicitándosele solamente la restitución de los beneficios que percibió con posterioridad al término de su beca. Además refiere que conoce el caso de un par de becarios de la convocatoria 2017, los que en sus convenios, quedó estipulado como fecha de término de la beca la misma fecha de término de sus programas de estudios, lo que se condice con lo señalado en el artículo 22° del Decreto N°664/2008 del Ministerio de Educación.

En cuanto al derecho establecido en el artículo 19 N°24, consistente en el derecho de propiedad explica que este es vulnerado por el recurrido por cuanto en forma injustificada, se le exige la restitución de un considerable importe monetario, equivalente a la subvención o auxilio económico excepcional recibida, que en particular corresponde a 76.217 Dólares, lo que afecta enormemente a su patrimonio Finalmente pide que se reestablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto el acto impugnado y acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.-Resolución Exenta N°2914/2021 de 16 de marzo de 2021;

2.-Correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2021, con la notificación de la Resolución Exenta N°2914/2021 de 16 de marzo de 2021;

3.-Certificado de Cálculo de Deuda de Becario N°1161;

4.-Resolución Exenta N°8797 de 30 de julio de 2020;

5.-Recurso de Reposición ingresado con fecha 10 de agosto de 2020.

6.-Formulario de Postulación N°91195.

7.-Certificado de Viajes N°12163, emitido por la Policía de Investigaciones, con fecha 7 de abril de 2021.;

8.- Convenio Concurso Becas Magister en el Extranjero, suscrito con fecha 2 de julio de 2014;

9.-Correo electrónico de fecha 8 de abril de 2021, con respuesta a solicitud N°279796;

10.-Bases del Concurso Becas De Magíster en el Extranjero Becas Chile Convocatoria 2014;

11.-Certificado emitido por nombre reservado en julio de 2014.

12.-Certificado emitido por la Imperial College London de fecha 24 de septiembre de 2015, que certifica la aprobación de la tesis ocurrida con fecha 24 de septiembre de 2015;

13.-Correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2015, en que envía comprobante de término de estudio y reserva de pasajes de retorno, para concretar viaje de vuelta a Chile.

14.-Comprobante de atención a consulta realizada para el cierre de beca, ingresada con fecha 27 de julio de 2016;

15.- Comprobante de atención a consulta realizada para el cierre de beca, ingresada con fecha 16 de julio de 2017.

16.- Comprobante de atención a consulta realizada, con fecha 24 de octubre de 2017.

17.-Contrato de Trabajo Remoto con CONAF suscrito con fecha 4 de noviembre de 2017;

18.-Carta enviada por WWF-UK de fecha 1 de octubre de 2019, en que se me autoriza mi retorno a Chile el 24 de septiembre de 2019, para desempeñarse en pasantía en WWF-Chile;

19.-Resolución Exenta N°7395/2018 de fecha 19 de julio de 2018, que autoriza reducción de plazo de beca de la becaria nombre reservado.

20.- Convenio Becaria Convocatoria 2017, en que se establece como fecha de término de beca la misma fecha de término del programa de estudios.

SEGUNDO: Que, con fecha 04 de junio de dos mil veintiuno, informa el recurso de protección don nombre reservado, por la parte recurrida solicitando el rechazo de la acción interpuesta por estimar que es extemporánea y por no existir una actuación ilegal o arbitraria que haya causado la recurrente la vulneración de un derecho constitucional garantizado o su amenaza.

Indica que con fecha 21/04/2021, doña nombre reservado interpuso la acción constitucional de protección en contra de este Servicio por lo que su extemporaneidad resulta manifiesta, toda vez que la decisión de nombre reservado/ANID que impugna, que declaró el incumplimiento y solicitó la restitución de fondos, Resolución Exenta N° 8797/2020, acaeció con fecha 30/07/2020, notificada con fecha 04 de agosto de 2020, y no la Resolución Exenta N° 2914/2021, de fecha 16, de marzo de 2021, que rechazó el recursos de reposición en sede administrativa.

Expresa que con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.880, la Corte Suprema ha declarado extemporáneos los recursos de protección presentados una vez que los asuntos han sido conocidos a través de impugnaciones administrativas, es decir, no se suspende el plazo para interponer la acción de protección por la impugnación administrativa a través “del recurso de protección” (debe entenderse que quiso decir recurso de reposición) , y cita al efecto una sentencia de fecha treinta y uno de mayo de 2006, Rol Nº 1717-2006, dictada por la Excma. Corte Suprema.

Enseguida expresa que lo discutido por la recurrente escapa a la naturaleza de remedio cautelar del procedimiento especial de protección, ya que en la especie no existe un derecho indubitado en debate, puesto que se trata de determinar si el becario se encuentra o no en incumplimiento de sus obligaciones de becario, cuestión que en ningún caso puede ser resuelta en este procedimiento especial de naturaleza cautelar, puesto que el fondo la temática del recurso encierra, más que en un eventual proceder arbitrario o ilegal de la Administración, el hecho de no resignarse la becaria al proceder legal de este Servicio de declararla en incumplimiento, lo cual se acreditará. Cita en apoyo de sus argumentaciones otras sentencias emanadas por la Excma. Corta Suprema Rol 4109-2014 y Rol 18.821-2019, a Refiere que de lo previsto en las citas jurisprudenciales, es posible colegir que no cualquier asunto se puede ventilar en este procedimiento, debiendo tener el conflicto sometido a conocimiento del tribunal el carácter de indubitado, cuestión que la contraria no logra probar puesto que su recurso se sustenta en la interpretación que él realiza respecto a si se encuentra o no en incumplimiento de sus obligaciones como becario, sin entregar más antecedentes que el propio relato de lo acontecido desde su parte, y que debe ser conocido en un juicio de otra naturaleza la correcta interpretación de las normas, no siendo esta sede cautelar la más adecuada para esos objetivos. Cita otra sentencia pero dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción Rol 20176-2019.

Agrega que de acuerdo a las bases concursales, si la recurrente rindió su examen de grado o instancia equivalente el día 24 de septiembre de 2015, le corresponde los beneficios de la beca, y por consiguiente la duración de la misma, hasta el mes de octubre de 2015, fecha en que finalizaron los beneficios pecuniarios de la beca, y precisa que la duración de la beca se verificó desde el 01-10-2014 hasta el 31-10-2015, mismo plazo consignado en su convenio de beca, verificándose la entrega de la beca por 13 meses; y que la aplicación estricta de la norma permite concluir que, debió retribuir 13 meses en total, periodo de retribución que la becaria no cumplió, al no permanecer en Chile por el mismo periodo de duración de la beca.

Sobre el particular, cita la sentencia de fecha 31 de mayo de 2021, Rol N° 125.634-2020, que señala que no existen derecho indubitado alguno por parte de un recurrente cuando la administración actúa mediante la aplicación estricta de una norma, como sería en este caso, porque en el cumplimiento de las obligaciones de los becarios radica la fe pública de las mismas, atendiendo los cuantiosos recursos que se otorgan.- Sostiene que no se está ante una situación de emergencia, ya que la recurrente puede controvertir los hechos y fundamentos de derecho ante los tribunales ordinarios de justicia, a través de un procedimiento de lato conocimiento, ya que el Servicio recurrente carecería del imperio para exigir directamente la devolución de los fondos públicos al becario, como así lo dispuso una sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 42589-2017.

Precisa que el Servicio recurrido no ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales de la recurrente, y efectúa un breve relato de los hechos que en general es coincidente con los datos expuestos en el recurso.

Expone que con fecha 01/11/2015 la Sra. nombre reservado, obtuvo el Grado de MSC IN HYDROLOGY AND WATER RESOURCES MANAGEMENT otorgado por THE IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE, Reino Unido, y hace presente que el examen de grado o instancia equivalente, corresponde a la examinación final de los estudios o tesis de la becaria, hito distinto a la obtención del grado propiamente tal, el cual está sujeto al cumplimiento de los requisitos que cada una universidad impone y que los becarios poseen el plazo de 1 año contados desde el término de la beca para su obtención, de acuerdo a las bases de certamen en comento. Es decir, una vez finalizada la beca, esto es, al mes siguiente de la rendición de examen de grado o instancia equivalente, los becarios tienen la obligación de obtener su grado académico de magíster dentro de un año, en conformidad con el artículo 25° letra c) del Decreto Supremo N°664/2008 del Ministerio de Educación, que regula las becas otorgada en el extranjero, denominadas BECAS CHILE, vigente a la época de dictación de las bases.

Señala que el departamento de control de fronteras, mediante Resolución N° 359 del día 02 de mayo de 2018, informó los movimientos migratorios de la Sra. nombre reservado y otros becarios, y se concluye que retorna a Chile el 03/10/2015, sin completar el periodo de retribución dispuesto en las bases, y que en razón de lo anterior, con fecha 05/08/2019, mediante el Memorándum N°16997/2019, el programa solicita a la Dirección de Administración y Finanzas, confeccionar el certificado de deuda y posteriormente remitir los antecedentes al Departamento Jurídico de ANID a efecto de que se emita la resolución que declara el incumplimiento de las obligaciones y solicita la restitución de los fondos conferidos con ocasión a la beca.

Explica que con fecha 30/07/2020, a través de la Resolución Exenta N°8797/2020, se declara el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de BECAS DE MAGISTER EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE CONVOCATORIA 2014, impuestas a la becaria nombre reservado, RUN RUT reservado, Folio 73151152, ya que la aludida no cumplió con la obligación de retribución y retorno; y con fecha 04-08-2020, se notifica la resolución anterior, a través de correo electrónico; que el 10/08/2020 la recurrente interpone recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°8797/2020, el que es rechazado con fecha 16/03/2021 mediante Resolución Exenta N° 2914/2021 que rechaza recurso de reposición, en razón que de información proporcionada a la Agencia por parte de la Policía de Investigaciones y los certificados de residencia enviados por la Sra. nombre reservado, se verifica que una vez finalizado su programa, la becaria retorna al país con fecha 03/10/2015, y permanece en su domicilio en la IV Región hasta 18/10/2016, momento en que abandona el país por más de 1 Año y 6 meses.

Indica que al 18/10/2016, última salida del país observada por el Servicio recurrente la becaria había retribuido por 1 Año, y 15 días, sin contar las salidas intermedias, en circunstancia que debió retribuir por 13 meses.

Hace presente, que desde su retorno a Chile el 03/10/2015, la becaria presenta más de 4 salidas de Chile dentro del 1 Año, 0 meses y 15 días que pretende retribuir, por lo que es posible concluir que el plazo efectivamente retribuido es aún menor :

11 meses y 14 días, de estadías efectivas.

El Servicio recurrido luego de citar el dictamen N°3.904/2020, de la Contraloría General de la Republica explica que de acuerdo a los antecedentes revisados respecto del caso de la Sra. nombre reservado, se concluye que la becaria se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, específicamente de su obligación de retribución, ya que la aludida debió permanecer en el país por un periodo prolongado de tiempo, de forma ininterrumpida, según lo establecieron sus bases concursales, cuestión que no se verificó.

Hace presente que las resoluciones que declaran un incumplimiento son actos meramente declarativos y no constitutivos de una situación jurídica, por lo que el incumplimiento de las obligaciones de los becarios se verifica con la sola ocurrencia del hecho cuya hipótesis se verifica en la norma y no con la dictación de la resolución; y añade que el Decreto Supremo N°664/2008, y sus modificaciones, del Ministerio de Educación, permite sólo de manera excepcional a los becarios, suspender su obligación de retribución, en los términos que indican los incisos finales del artículo 26°, precepto que transcribe, de lo cual concluye que los becarios no se encuentran facultados para suspender su permanencia en Chile, a menos que se encuentren autorizados por la ANID y en las hipótesis previstas en la norma, en caso contrario, le aplican las consecuencias jurídicas previstas en la normativa concursal establecidas en el artículo 27° de reglamento que regula BECAS CHILE.

Argumenta que en virtud a la normativa que rigió la beca del recurrente, se estableció un régimen obligacional estricto y a partir del cual se desarrolla una actividad rigurosa de control, por parte de nuestra institución, cuya finalidad es el resguardo de los caudales públicos, y en dicho contexto, procedió a dictar el acto administrativo que declara el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca, y solicita restitución total de fondos al becario; y que desde ningún punto de vista podría causar agravio alguno al recurrente la restitución de recursos públicos, ya que éstos no fueron utilizados en conformidad a la normativa concursal.

Sostiene que el Servicio recurrido se encuentra obligado a cumplir con las normas que regulan los concursos, por lo que más que una potestad deviene en un deber para la administración solicitar la restitución de los fondos conferidos en el caso del incumplimiento de las obligaciones de la becaria, e invoca al efecto el principio de juridicidad y del resguardo de los fondos públicos, y debido a ello, nombre reservado/ANID debe hacer cumplir el régimen jurídico constituido, al cual los beneficiarios adhieren libremente al suscribir los convenios, por tanto, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas este Servicio se encuentra en el imperativo de cumplir con dicha normativa, criterio que se ve reforzado por la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N°39684/2009.- Señala que tanto las bases como el reglamento, disponen un catálogo de las obligaciones que debe seguir el becario, no siendo ninguna de primer o segundo orden, ni principal ni accesorias, ni distingue entre obligaciones importantes de otras menos importantes, razón por la cual, ante cualquier incumplimiento de la normativa del concurso, no es lícito para el Servicio la ponderación de la gravedad de la falta y graduación de los montos que los becarios deben retribuir, y que el reintegro no puede ser considero como una sanción, sino como la consecuencia lógica del incumplimiento de las obligaciones y que la subvención debe ser utilizada en los términos previsto para ello.

Menciona que conforme con lo latamente expuesto en su informe , es posible colegir que no existe acto ilegal alguno en la forma que lo denuncia el recurrente, teniendo en cuenta todas las citas legales y jurisprudenciales que dan cuenta de que el Servicio cuenta con todas las atribuciones para efectuar la declaración de incumplimiento y solicitar el reintegro de los caudales dispuestos al beneficiario en razón de la beca, al verificar la hipótesis que dan lugar a dicha consecuencia jurídica.

Contradiciendo a la recurrente expone que de acuerdo al convenio de beca, de fecha 02 de julio de 2014, se estipuló expresamente que sus estudios de magíster se realizarían entre el 04 de octubre de 2014 hasta el 04 de octubre de 2015 (en concordancia con la carta de aceptación emitida por la universidad de destino) y que la beca se otorgaría desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2015, esto es, 13 meses de becas, recibiendo manutenciones por mes completo y de manera íntegra, tanto en el mes de octubre de 2014 como en octubre de 2015; y que por consiguiente, de acuerdo a las bases concursales, si rindió su examen de grado o instancia equivalente el día 24 de septiembre de 2015, le correspondían los beneficios de la beca, y por consiguiente la duración de la misma, hasta el mes de octubre de 2015, fecha en que finalizaron los beneficios pecuniarios de la beca, verificándose el otorgamiento de la beca por 13 meses, tal como se acredita con el certificado de cálculo de deuda N° 1161/2019 del Departamento de Administración y Finanzas, que acredita el pago de la subvención por dicho periodo.

Manifiesta que la becaria recurrente tuvo la posibilidad de regularizar su situación hasta el 29 de diciembre de 2017, en razón del artículo 2° de la Ley N°20.906, modificada por la Ley N°20.905, dictada para permitir que los becarios en incumplimiento pudieran subsanar su situación; razón por la cual, trascurrido dicho plazo el Servicio recurrido se encontraba en la obligación de declarar el incumplimiento de sus obligaciones y solicitarle la restitución de los fondos; y menciona que del certificado de viajes actualizado, presentado por la propia actora de fecha 07 de abril de 2021, luego de la salida de fecha 18 de octubre de 2016, consta que retornó a Chile recién el 15 de febrero de 2019.

Afirma que todos los actos administrativos emanados de la recurrida contienen fundamentos de hecho y de derecho, contienen un encuadre fáctico, describiendo cada uno de los hechos materias de análisis.

Aclara que respecto a la alegación que este Servicio habría basado su decisión en un informe técnico para rechazar su recurso de reposición, este no es más que un insumo donde se recopilan todos los hechos; sin embargo, constan en el expediente administrativo electrónico caratulado E12842/2020 todos los antecedentes con que el Servicio cuenta, así como los antecedentes proporcionados por la requirente, por lo que no es efectivo que se tienen a la vista antecedentes parciales para la decisión del caso.

Como complemento a lo latamente informado, la recurrida señala que la becaria recibió los recursos hasta octubre de 2015 y no hasta septiembre de 2015, por lo que no es admisible y plausible que habrían pasado inadvertidos en su cuenta corriente los USD 1998 y ahora indique que estos no correspondían dentro del concepto de beca.

Respecto a la restitución del mes adicional, precisa la recurrida que ello no es posible ya que todo becario que quisiera restituir por menos tiempo mediante la devolución de fondos, burlaría la naturaleza de la subvención, transformándola en un crédito o préstamo sin interés situación no autorizada por la normativa que rige el concurso. Asimismo, rompería con el principio de igualdad de los becarios por cuanto, significaría que aquellos becarios con más recursos tendrían el derecho a retribuir menos tiempo al país, en cambio, aquellos becarios con menores recursos tendrían que verse obligados a retribuir el tiempo completo.

Explica que dado que una beca no es una donación del Estado, le es lícito a la Administración exigir a los beneficiarios el cumplimiento de la normativa concursal, en conformidad con el artículo 6° y 7° de Constitución Política de la República.

Manifiesta que respecto a la diferencia de criterios que se habría presentado en el caso de la becaria nombre reservado, dicha becaria se regía por un concurso distinto a la becaria recurrente, ya que el pago de las manutenciones del Concurso de Becas de Magíster en el extranjero, BECAS CHILE, Convocatoria 2015, era proporcional al mes y no el pago íntegro del mes de manutención, es decir, los pagos se efectuaban por los días efectivos y no por mes completo, criterio correspondiente a las bases de la Convocatoria 2014 que regulan el certamen de la actora; y como el numeral 12.6 de las bases de la del Concurso de Becas de Magíster en el extranjero, BECAS CHILE, Convocatoria 2015, dispuso que el pago de la manutención es proporcional, en dicho caso la becaria rindió su examen de grado el 8 de septiembre de 2017, y más el mes adicional, le correspondían los beneficios de la beca hasta el octubre de 2017, razón por la cual la Resolución Exenta N° 7395/2018 que adjunta solicitó la restitución proporcional sólo de los días pagados en exceso del mes de octubre de 2017 y no el mes adicional completo como pretende la becaria que se aplique a su caso; y hace presente que la aludida resolución fija la fecha de término de la beca el día 6 de octubre (fecha de retorno) y no el 8 de octubre, ya que en dicha fecha no se había asentado el criterio contenido en los dictámenes 4.423/2018 y 8.217/2018, que apoyan la posición del Servicio aplicable al caso de la becaria recurrente, en el sentido que los becarios tienen derecho al mes adicional aun cuando el retorno de los becarios se verifique dentro de dicho mes. Cita al efecto el Dictamen N°12.649/2019, de la Contraloría General de la República.

Haciéndose cargo de lo aseverado por la recurrente en cuanto a que conoce a algunos becarios de la convocatoria 2017, en los cuales habría quedado estipulado en su convenio, como fecha de término de la beca la misma fecha de término de sus programas de estudios, lo que se condice con lo señalado en el artículo 22° del Decreto N°664/2008 del Ministerio de Educación, reconoce que esto es efectivo, y explica que a dicha fecha el reglamento de BECAS CHILE fue modificado en ese artículo, y otros más, mediante el Decreto Supremo N°261/2016, del Ministerio de Educación, decreto que fue publicado el 13 de mayo de 2017. En base a ello, el recurrido menciona que dicha modificación de reglamento no rigió a la convocatoria de la becaria, cuyas bases fueron aprobadas en el año 2014 de acuerdo al decreto vigente a esa época; y que a la fecha de dictación de la citada modificación del reglamento la becaria ya se encontraba en incumplimiento de su obligación de retribución, dado que su último retorno a Chile acreditado ante este Servicio se verificó con fecha 20 de agosto de 2016, fecha a partir del cual se radicó en el extranjero para finalmente retorna a Chile recién el 15 de febrero de 2019.

Por lo antes dicho, el servicio recurrido recalca que todos becarios de las mismas convocatorias y antes las mismas normas reglamentarias, han sido tratados en condiciones de igualdad y a todos ellos se les han aplicado de forma estricta la normativa concursal Finalmente, luego de reiterar lo expuesto en su informe, el recurrido, esto es, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ahora ANID, en su calidad de continuadora legal, expresa que por más de 50 años ha fomentado la formación de capital humano y el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país, respetando siempre el ordenamiento jurídico vigente y teniendo una política consistente a lo largo de su historia; y que todo interesado al postular al financiamiento de sus estudios de postgrado conoce las condiciones bajo las cuales se encuentra sujeta la entrega de estos fondos del Estado no pudiendo desconocer sus términos, conocimiento que se presume en conformidad con el artículo 8° del Código Civil.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1. Resolución Exenta Nº: 8797/2020 2. Notificación de esa Resolución 3. Carta de aceptación de Universidad de destino 4. SCS rol 18821-2019 5. SCS rol 125634-2020 6. Sentencia Ica Santiago Rol 42589-2017 7. Grado o instancia equivalente 8. Certificado de Grado 9. Decreto 664/2008, Texto original 10. Decreto 664/2008 Texto Vigente 11. Certificados PDI y detalle de movimientos de la Recurrente de entradas y salidas del país 12. Dictámenes N°12.635/2019, N°3.904/2020, N° 57.681/2014, Dictamen Nº 66205/2010 ; Dictamen N°12.211/2019; Dictamen N° 10.656/2017; Dictamen N°4.423/2018; Dictamen N°8.217/2018; y Dictamen N°12.649/2019, todos de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que, con fecha 11 de junio de dos mil veintiuno, se ordenó traer los autos en relación.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho.

A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEXTO: Que, para la procedencia de la acción de protección, conforme las disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, deben concurrir los siguientes presupuestos:

1º Que exista una acción u omisión atribuible a un tercero;

2º Que esa acción u omisión y amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de un Derecho constitucional garantizado por medio del recurso de protección, sea ilegal y/o arbitraria.

3º Que este arbitrio constitucional tenga por objeto amparar a personas naturales o jurídicas que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufran privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho.

4º Y que esta acción de protección sea ejercida por la persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales por sí o por cualquiera a su nombre, debiendo quien recurre acreditar de qué modo han sido afectados o pueden ser comprometidos sus derechos o los derechos de la persona determinada por la cual se acciona.

SEPTIMO:

Que, la recurrente reclama como hecho ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°2914/2021 de 16 de marzo de 2021, emanada de la DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPITAL AVANZADO de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, mediante la cual le fue rechazado el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución Exenta N°8797 de 30 de julio de 2020, que declaró el incumplimiento de las obligaciones que le imponía la beca que le fuere otorgada y ordena la restitución total de fondos en el marco del concurso de becas de magister en el extranjero convocatoria 2014.- OCTAVO: Que, previo a entrar al fondo del asunto es necesario hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, y al efecto es preciso señalar que el número 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que dicho arbitrio debe deducirse “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

En la especie, tal como se indicó en el considerando séptimo precedente la conducta tildada de ilegal y arbitraria es el rechazo por parte de la DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPITAL AVANZADO de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO del recurso de reposición deducido por doña nombre reservado, mediante el cual pretendía que se dejara sin efecto la Resolución Exenta N°8797 de 30 de julio de 2020.- La controversia formal en cuestión se circunscribe a determinar si el plazo de treinta días corridos para la interposición de la acción de protección debe contabilizarse desde la fecha en que la recurrida tomó conocimiento del rechazo del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N°8797 de 30 de julio de 2020, o, si por el contrario, debe computarse a partir del conocimiento de esta última resolución, administrativamente impugnada.

La recurrida señala que con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.880, no se suspende el plazo para interponer la acción de protección por la impugnación administrativa a través del recurso de reposición, y en base a tal predicamento, sostiene que el recurso de protección interpuesto sería extemporáneo, por cuanto la decisión de la autoridad que contiene la decisión de declarar el incumplimiento de la beca y solicitar la restitución de los fondos en razón de la misma es la Resolución Exenta N° 8797/2020, dictada con fecha 30/07/2020 y notificada con fecha 04 de agosto de 2020 y no la Resolución Exenta N°2914/2021, de ANID que rechazó su recurso de reposición.

Pero lo cierto es que ejercido por la recurrente el derecho reconocido legalmente de solicitar a la administración la revisión de sus propios actos, aportando al efecto una serie de antecedentes con el fin preciso de obtener una decisión favorable, permite que esta Corte, por la vía de la acción de protección, determine si en el rechazo adoptado por la recurrida se ha cometido una arbitrariedad y/o ilegalidad.

No altera lo dicho la ejecutoriedad de los actos de la Administración Pública consagrada en el artículo 51 de la Ley N° 19.880, ya que ese efecto no impide que la administración en ejercicio de sus facultades revise sus propios actos e incluso los modifique o deje sin efecto ante una petición fundada del administrado, corrigiendo la ilegalidad o arbitrariedad cometida, y es en el control de esa función en donde cumple un rol importante la acción de protección, a falta de una adecuada regulación de lo contencioso administrativo.

Decidir lo contrario implica aceptar que el obrar de la administración cuando el administrado acude a una herramienta recursiva como es la reconsideración o reposición, quede fuera del control jurisdiccional, lo cual constituye la imposición de una restricción que limita el ejercicio efectivo del recurso de protección, interpretación que es contraria al principio “pro homine”, el cual, según el profesor nombre reservado A., “constituye un fin que gobierna la interpretación de derechos fundamentales, constituye un telos en materia de derecho constitucional sustantivo en cuanto concretiza la dignidad humana y favorece el goce efectivo de los derechos por todas las personas, fin que está precisado en la Constitución chilena en su artículo 1º que encabeza las Bases de la Institucionalidad. (Estudios Constitucionales, Año 13, Nº 2, 2015, pp. 326 y 327 ISSN 07180195 Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca)

En armonía con lo antes reflexionado se encuentra lo dispuesto en el inciso 2º del art.54 de la Ley 19.880, que concede un efecto interruptivo a la reclamación que el afectado formule a la autoridad administrativa.

Todo lo dicho es suficiente para rechazar la extemporaneidad planteada.

NOVENO: Que, en cuanto al fondo del recurso resulta indispensable dejar asentados los hechos respecto de los cuales no existe controversia entre las partes, siendo los siguientes:

1º La recurrente nombre reservado, fue beneficiaria de Becas de Magister en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2014, adjudicada a través de Resolución Exenta N°7660/2014 y cuyas bases concursales fueron aprobadas mediante Resolución Exenta Nº5496/2014.

2º Con fecha 18 de julio de 2014, conforme la Resolución Exenta N° 7989/2014, se aprueba el convenio de beca suscrito entre la Sra. nombre reservado y nombre reservado (ANID), para realizar un programa en Ciencias Naturales en The Imperial College Of Science, Technology And Medicine, Reino Unido.

3º Se estableció como fecha de inicio y término del programa de estudio, desde el 04 de octubre de 2014 hasta el 04 de octubre de 2015, y como fecha de inicio y término de beca desde el 01 de octubre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015.

4º La recurrente en calidad de becaria rindió su examen de grado el 24 de septiembre de 2015, de acuerdo al certificado emitido por la Universidad Imperial College London de la misma fecha, y el 01 de noviembre de 2015 obtiene el Grado de MSC IN HYDROLOGY AND WATER RESOURCES MANAGEMENT.

5º Conforme al detalle de movimientos migratorios de la recurrente retorna a Chile proveniente del Reino Unido el 03 de octubre de 2015 y permanece en su domicilio en la IV Región hasta 18 de octubre de 2016, momento en que abandona el país por más de 1 Año y 6 meses.

6º En razón de lo anterior, con fecha 30 de julio de 2020, a través de la Resolución Exenta N°8797/2020, se declara el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de BECAS DE MAGISTER EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE CONVOCATORIA 2014, impuestas a la recurrente por no haber cumplido con la obligación de retribución y retorno, resolución que le es notificcada mediante correo electrónico del 04 de agosto del referido año.

7º Con fecha 10 de agosto de 2020 la Sra. nombre reservado, interpone recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°8797/2020, recurso que le es rechazado el 16 de marzo de 2021 mediante Resolución Exenta N° 2914/2021.- DECIMO: Que, existe prácticamente coincidencia entre las partes en cuanto a que el período de retribución de la recurrente en nuestro país fue de 12 meses y 15 días, sin contar las salidas intermedias, pero habiendo controversia en cuanto a si tal retribución constituye realmente un incumplimiento al programa de becas suscrito por la becaria recurrente como también si corresponde o no aplicar como sanción la devolución de la totalidad del importe de la beca percibida o sólo el monto correspondiente al mes de octubre de 2015.

DECIMO PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo 26 letra c) del Decreto Supremo N° 664/2008, del Ministerio de Educación, del reglamento que regula BECAS CHILE, dispone: “Obligaciones una vez finalizada la beca: retribución una vez que el becario haya retornado a Chile.- Una vez finalizada la beca, el becario tendrá, según corresponda, de acuerdo el tipo de estudio por el cual se le otorgó la beca, las siguientes obligaciones:

c) Magíster:

El becario deberá acreditar su permanencia en Chile por el doble del período de duración de la beca, a través de la forma que determine la entidad ejecutora en las bases respectivas. Si el becario regresa a Chile a residir en regiones distintas de la Región Metropolitana, sólo deberá acreditarla por el mismo periodo de duración de la beca.”

Lo anterior es replicado en el numeral 14.2.2. de las Bases Concursales a las cuales se sometió la recurrente.

En base a la reglamentación aplicable a este caso en concreto es posible concluir que el período de retribución que debe cumplir un becario o becaria que regresa a Chile a residir en regiones es el mismo período de duración de la beca, o sea, aquel término de tiempo en virtud del cual percibió el financiamiento otorgado por el Estado de Chile para cursar los estudios correspondientes, y que en este caso se extendió por un período de 13 meses, ya que no obstante haber concluido sus estudios de posgrado en el extranjero y regresar a Chile el 03 de octubre de 2015, igualmente recibió la beca durante ese mes. En esta punto cobra relvancia el numeral 3.1 de las bases concursales en que se establece que la “Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por nombre reservado para la realización de estudios y/o investigaciones que conlleven a la obtención del grado académico de MAGÍSTER, así como por los derechos y obligaciones estipulados en el convenio de beca y en las presentes bases.”

Así las cosas, la recurrida está en lo correcto cuando afirma que la recurrente no alcanzó a cumplir el período de residencia exigido que era de 13 meses, al salir del país el 18 de octubre de 2016, declarando en la resolución exenta No: 8797/2020 de fecha 30/07/2020 que “solamente logró retribuir 1 año y 15 días (retribución en región), faltándole 15 días más para poder completar su retribución correspondiente de 1 año y 30 días de la duración efectiva de la beca, computo que es reiterado en la resolución EXENTO No: 2914/2021 Santiago 16/03/2021.

En cuanto al computo posterior que rebaja el tiempo efectivo de retribución a solo 344 días, al restar aquellos viajes esporádicas al extranjero realizados por la recurrente, ello no será considerado, al no estar señalado en ninguna de las resoluciones antes anotadas, siendo un antecedente expuesto sólo a propósito del informe que le fue requerido en virtud de la acción de protección de autos.

DECIMO SEGUNDO: Que, aclarado lo relativo al tiempo de retribución, corresponde determinar si la sanción aplicada por el saldo de 15 días de estadía o residencia en Chile no cumplidos es ilegal y/o arbitraria, y en este punto cobra relevancia lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento que regula BECAS CHILE, según el cual “Las entidades ejecutoras, a través de las acciones judiciales que correspondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, exigirán a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan sus estudios sin estar autorizados por la entidad ejecutora, abandonen y/o renuncien a su programa de estudios, así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becarios/as o hayan adulterado sus antecedentes o informes”.

Pues bien, del tenor del precepto reglamentario antes transcrito queda en evidencia que se concede a la autoridad la facultad de exigir a los becarios, a modo de sanción, la restitución de la totalidad de los beneficios económicos que hayan percibido si concurren algunas de las hipótesis que la misma norma contempla, entre las cuales se destaca “el no cumplir con las obligaciones inherentes a su condición de becarios/as”, frase que dada su generalidad deja un margen amplio para la discresionalidad de la autoridad, permitiendo que la sanción adoptada no tome en cuenta criterios de proporcionalidad, lo que finalmente hace que la decisión resulte desprovista de la racionalidad que debe orientar a los actos sancionadores de la Administración.

En este caso la sancionada en su recurso de reposición, transcrito en extenso en la Resolución Exento N° 2914/2021 expuso argumentos que apuntan precisamente al principio de proporcionalidad de la pena, suficientes para evaluar y ponderar una eventual rebaja acorde con la entidad menor del incumplimiento observado, la buena fe de la becaria, y el hecho de haberse cumplido el objetivo previsto al conceder la Beca, existiendo además otros casos similares, en que la solución fue precisamente ordenar la restitución parcial del beneficio obtenido.

Así las cosas al desantender el necesario análisis de proporcionalidad la decisión de la recurrida deviene en irracional pues no ha tenido en cuenta las circunstancias descritas en el párrafo precedente, lo que hace procedente acoger el recurso en los términos que se dirán en lo resolutivo de esta sentencia.

En este caso no se puede perder de vista el hecho que es la propia Administración, y no la ley, quien determina la sanción, y dado los términos amplios en que está redactado el art.27 del Reglamento impide una adecuada relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, lo que es terreno fértil para que por exceso de celo de la autoridad incurra en arbitrariedades.

En este sentido el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 29 de septiembre de 2016 (Rol 2922-15-INA) ha señalado que: “la observancia práctica del principio de proporcionalidad conlleva una lógica ponderación de todas las diversas circunstancias concurrentes en un caso, lo que ha de evidenciarse en la motivación de la sanción” (último párrafo del considerando 15º) y “Décimo noveno: Que, el Tribunal se ha pronunciado en numerosas oportunidades a favor del principio de proporcionalidad, especialmente en materia de sanciones o penas, relevando esa relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se extiende como garantía a todo el orden punitivo estatal, lo cual viene a materializar tanto el derecho constitucional de igualdad ante la ley del artículo 19, N°2°, cuanto aquella garantía que encauza la protección de los derechos en un procedimiento justo y racional consagrado en el artículo 19, N°3 ° (Roles N°s 1518-2009, 1584-2009 y 2022-2011) ... "La doctrina ha estimado que este principio se encuentra integrado dentro "de los principios inherentes al Estado de Derecho, de los artículos 6° y 7° de la Constitución, en la prohibición de conductas arbitrarias del artículo 19, numeral 2°, y en la garantía normativa del contenido esencial de los derechos del artículo 19, numeral 26°. Asimismo, en el debido proceso y en el reconocimiento de la igual repartición de tributos (Arnold, Rainer, y otros, "El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional"", en Estudios Constitucionales, año 10, Nºl, 2012, pp. 86-87).”

DECIMO TERCERO: Que , si bien la diferencia entre la convocatoria de 2015 relativa a nombre reservado, con la convocatoria de 2014 que reguló el certamen de la actora radicaría en que la primera innova en cuanto a que el pago de la beca era proporcional al mes y no el pago íntegro del mes de manutención, es decir, los pagos se efectuaban por los días efectivos y no por mes completo, lo cierto es que ello deja en evidencia la discrecionalidad de la autoridad al modificar las bases de las becas, incorporando una modalidad que permite una solución más racional y menos rígida en aquellos casos en que el becario ya ha cumplido con una de sus obligaciones principales que es cursar la totalidad de los estudios y obtener el título.

Y es precisamente en este ámbito discrecional en donde queda de manifiesto la diferencia de trato al momento de resolver la reposición de la recurrente en que por una diferencia de 15 días de retribución, se decide mantener una sanción muy gravosa como es la devolución de la totalidad de la beca percibida, de modo que si la misma autoridad estuvo en condiciones de incorporar mejoras en las condiciones de las nuevas convocatorias, no existe argumento racional que ampare no aplicar el mismo criterio cuando las situaciones son casi idénticas, y concurre un evidente obrar de buena fe de la recurrente al requerir reiteradamente de la autoridad precisiones en relación al tiempo de retribución en la errada creencia que ese período era anual, así como su disposición y efectiva contribución al país desde la experiencia académica adquirida, como queda en evidencia con la documentación acompañada.

Es más, en caso alguno se trata de un caso de suspensión de estudios sin estar autorizados por la entidad ejecutora, o de abandono y/o renuncia al programa de estudios, y menos de adulteración de antecedentes o informes, por el contrario, la falta o incumplimiento atribuido a la actora, si bien amerita su corrección, no es de una entidad suficiente como para justificar una sanción tan gravosa, circunstancia que permite no sólo calificar el acto recurrido como arbitrario, sino que además asentar la vulneración de la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en relación con otras personas que en situación similar, son sancionadas con medidas menos gravosas.

DÉCIMO CUARTO: Que, lo solicitado por la recurrente, no importa disponer diligencias probatorias con el objeto de verificar si ha dado cumplimiento o no al convenio suscrito para cursar un magister en el extranjero, ya que en lo fáctico ambas partes están contestes, y también se ha despegado lo relativo al tiempo de retribución que la becaria debía cumplir y el tiempo efectivamente cumplido, discurriendo el análisis de esta problemática en la proporcionalidad de la sanción aplicada, conforme a lo latamente explicado, lo que descarta la necesidad de que ello deba ser dirimido en un juicio de lato conocimiento.

DECIMO QUINTO: Que en razón de lo reflexionado precedentemente, el recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra la DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPITAL AVANZADO de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, continuadora legal de nombre reservado, por lo que se deja sin efecto la sanción impuesta de restitución de la totalidad de los fondos transferidos a doña nombre reservado, en el marco de la beca Magíster en el Extranjero Becas Chile Convocatoria 2014, y en su lugar se dispone que sólo deberá restituir el importe correspondiente al mes de octubre de 2015 ascendente a mil novecientos noventa y ocho dólares americanos (1.998 USD$), dictando el correspondiente acto administrativo, sin costas.

Redacción a cargo del Abogado Integrante sr. Jorge Fonseca Dittus.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 187-2021 Protección.-