nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Vicuña Recurso de Protección Rol N° 1868-2022.- La Serena, veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 22 de abril de 2022 comparece doña nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, en representación de la nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA, representada legalmente por su alcalde, Sr. Rafael Enrique Vera Castillo, C.I. Nº RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales con ocasión de la decisión de la autoridad administrativa, en cuya virtud se informa el término anticipado y unilateral al uso que la agrupación hace de una dependencia municipal desde el año 2012, en cuanto vulnera las garantías constitucionales de libertad de trabajo y su protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, establecidos en el artículo 19 N° 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Relata que, con fecha 5 de diciembre del 2012, las partes suscribieron un contrato de arrendamiento respecto de tres módulos, con cuatro locales cada uno, ubicados en la Plaza de Abastos de Vicuña, que son de propiedad de la entidad edilicia.

En dicho contrato se pactó que el arrendamiento tendría una duración de 10 años a contar de la suscripción del instrumento, debiendo terminar, en consecuencia, el 5 de diciembre del año en curso.

Asimismo, se pactó en la cláusula quinta del contrato, que el arrendador podía poner término al arrendamiento cuando razones de interés público así lo ameritasen, debiendo, en ese caso, comunicar su intención al arrendatario por escrito y mediante carta certificada, con una antelación mínima de 6 meses a la fecha en que esta pretendiera ponerle término. Por su parte, la cláusula décimo tercera estableció las causales de término del contrato, sin necesidad de declaración judicial.

Comenta que, con fecha 30 de noviembre de 2021, el Alcalde de Vicuña les informó que, conforme lo dispuesto en la cláusula quinta, comunicaba su voluntad de no perseverar en dicho contrato, solicitando, en consecuencia, la desocupación y restitución del inmueble dentro de los seis meses posteriores a la notificación de la carta.

Señala que, ante la falta de fundamentos de parte de la autoridad, recurrieron ante la misma para conocer las razones que justificaban su decisión, las que no eran precisadas en la carta, solicitando asimismo que reconsiderara su decisión.

Manifiesta que, el 23 de marzo del año en curso, el Alcalde emitió el Ordinario N° 219, por medio del cual comunica que habría dado instrucciones al equipo de Fomento Productivo para que les informara sobre el destino de las instalaciones utilizadas por la agrupación, y entendiendo que ello no había ocurrido, comentó que durante el mes de abril se realizaría una licitación para recibir propuestas técnicas y económicas sobre la mejor utilización del recinto en cuestión.

Arguye que la decisión es ilegal y arbitraria pues, si bien es efectivo que el alcalde tiene facultades para poner término al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, ello debe fundarse necesariamente en razones de interés público, lo que en la especie no ha ocurrido.

Por otro lado, constituye un deber de la autoridad administrativa el fundamentar o motivar sus decisiones, a través de la exposición clara y precisa de los motivos que indujeron a la emisión del acto administrativo, sin que obste a aquello el vínculo contractual o de naturaleza privada que existe entre las partes, puesto que el uso de facultades legales de contratación no implica que dejan de aplicarse las normas que regulan el actuar de los órganos de la Administración del Estado, en especial, los artículos 6, 7, 8 de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 2, 3, 11 inciso segundo y 41 de la Ley 19.880.

Hace presente, además, lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880, desde que el reclamo y solicitud de información fue presentado en el mes de noviembre del año 2021 y solo fue notificado el 23 de marzo de este año.

Expresa que se afectan diversas garantías fundamentales, entre ellas: (1) la libertad de trabajo y su protección, reconocida en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, pues las integrantes de la agrupación mantienen en dichos locales sus fuentes laborales y de ingresos desde el año 2012, teniendo la legítima convicción que esta se mantendría hasta diciembre del año en curso. Y (2) el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, viéndose privadas de su ejercicio a través del actuar de la recurrida, pese a que constituye un derecho adquirido legítimamente.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y en definitiva declarar que la decisión de la recurrida de poner término unilateralmente al contrato de arriendo suscrito entre las partes, al ser absolutamente infundada, constituye una conducta arbitraria e ilegal que vulnera derechos garantizados por la Constitución Política, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Contrato de Arrendamiento Módulos Gastronómicos Plaza de Abastos de Vicuña, de fecha 5 de diciembre de 2012. 2. Carta s/n, del Alcalde de Vicuña, de fecha 30 de noviembre de 2021. 3. Ordinario N° 219, del Alcalde de Vicuña, de fecha 23 de marzo de 2022. 4. Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro, de fecha 19 de abril de 2022.

SEGUNDO: Que, con fecha 11 de mayo de 2022, comparece Sebastián Andrés Vicuña Valdivia, abogado, en representación de don nombre reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción.

Primeramente, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que la decisión de poner término anticipado al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes no surge con ocasión del Oficio N° 219 de fecha 23 de marzo de 2022, sino a propósito de la carta de desahucio y Decreto Alcaldicio N° 5864, de fecha 30 de noviembre de 2021, que se notificaron conjuntamente a través de la carta remitida el 6 de diciembre de 2021, la que, según prescribe el artículo 46 de la Ley 19.880, debe entenderse notificada el 9 diciembre de 2021.

En cuanto al oficio N° 219 de fecha 23 de marzo de 2022, señala que este responde a una consulta realizada por la misma recurrente con fecha 18 de marzo de 2022, efectuada, según arguye, con el sólo animo de hacerse de un nuevo plazo para interponer la presente acción, dado que la decisión de poner término anticipado al contrato ya había sido notificada.

Hace presente, además, que esta acción constitucional no es la vía idónea para resolver el asunto, existiendo procedimientos especiales establecidos por la ley que debieron ser incoados de forma previa, como lo son el recurso de reposición ante la misma autoridad que dictó el acto y el reclamo de ilegalidad de naturaleza jurisdiccional previsto en el artículo 151 de la Ley 18.695.

Sin perjuicio de la alegación precedente, indica que, de todas formas, el recurso debe ser desestimado, pues su parte sólo ha hecho uso de sus facultades, destacando que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes no es un contrato regulado por el derecho público, como sí lo son el permiso municipal y el contrato de concesión, sujetos a un estatuto público especialmente regulado.

En ese sentido, indica que fueron las partes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y en base al principio de buena fe, las que pactaron que la Municipalidad estaba facultada para poner término al contrato de arrendamiento cuando razones de interés público así lo ameriten; y que sólo se debía comunicar por escrito y mediante carta certificada la intención del arrendador de poner término al contrato, sin que estas hayan acordado que debía, además, comunicarse expresamente los motivos u otra razón o situación.

Agrega que, conforme el principio “pacta sunt servanda”, consagrado en el artículo 1545 del Código Civil, no es lícito a una de las partes exigir más de lo que las mismas se obligaron contractualmente.

Por otro lado, señala que la parte recurrente omite indicar que el Oficio N° 219, de fecha 23 de marzo de 2022, refiere expresamente que: “(…) se llevará a cabo una licitación para recibir propuestas técnicas y económicas sobre la mejor utilización del recinto que uds. ya conocen”. Y que la mejor utilización de un inmueble que lleva más de nueve años fuera del uso y goce municipal es, precisamente, una razón de orden público.

Así también, el Decreto Alcaldicio N° 5864 de fecha 30 de noviembre de 2021 alude en sus considerandos primero a quinto el fundamento que habría motivado su decisión, relativo a la necesidad de generar en la Feria de Abastos un centro de comercio local que dé valor al lugar, por medio de un plan maestro que dinamice el intercambio comercial y que permita tener experiencia de visita integral.

Respecto a las garantías constitucionales que la recurrente esgrime vulneradas, señala que la libertad de trabajo y su protección solo es atribuible a individuos humanos y no a personas jurídicas como la recurrente, lo que se condice con la definición que otorga el artículo 3 del Código del Trabajo de “trabajador”. Por otro lado, la Municipalidad no tiene la calidad de empleador de ninguna de las socias de la agrupación.

En lo relativo al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, expresa que tampoco se ha visto transgredida, pues desde la fecha de comunicación del término anticipado de contrato y la materialización del mismo, la actora ha tenido al menos 6 meses para hallar un lugar donde ejercer su actividad y puesto que la Municipalidad no les está negando ningún permiso, patente o autorización que sea de resorte municipal y que pueda redundar en la imposibilidad de explotar un rubro determinado, teniendo el presente conflicto una naturaleza civil, independiente del hecho que una de las partes sea un órgano de la Administración del Estado.

Con todo lo anterior, concluye que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe: 1. Decreto Alcaldicio N° 5864 de fecha 30 de noviembre de 2021. 2. Comprobante de envió de carta certificada de fecha 6 de diciembre de 2021.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, respecto a la extemporaneidad del recurso alegado por la parte recurrida, la propia recurrente asevera en su presentación que, el 30 de noviembre del año 2021, el alcalde de Vicuña informó a su parte, que conforme lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, comunica su voluntad de no perseverar en el mismo, solicitando, en consecuencia, la desocupación y restitución del inmueble, dentro de los seis meses posteriores a la notificación de dicha carta. Lo cierto es que el Municipio comunicó la decisión antedicha por Decreto Alcaldicio N° 5864, de fecha 30 de noviembre de 2021, remitiendo de carta certificada de fecha 6 de diciembre de 2021, como consta en autos, por lo que a la fecha de emisión del Oficio N° 219, de fecha 23 de marzo de 2022, por parte del alcalde de Vicuña, había trascurrido sobradamente el plazo para intentar la acción de protección. Lo cierto es que de haberse deducido oportunamente los recursos administrativos que franquea la ley, el plazo recursivo podría haberse visto interrumpido, pero ello no ocurrió, por cuanto cualquier consulta informal efectuada en el tiempo intermedio entre la presentación de este Arbitrio Judicial y la notificación del Decreto Alcaldicio N° 5864, ciertamente no tuvo el carácter de un recurso de naturaleza administrativa, de naturaleza formal, acorde a lo que consigna La Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto señala expresamente en su Artículo 3º que “Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”, debiendo, consecuencialmente, también ser formal la actividad recursiva. En base a los fundamentos indicados procede el rechazo del presente recurso, por extemporáneo.

SEXTO: Que, solamente a mayor abundamiento, en autos se recurre en contra de la decisión de la recurrida de poner término unilateral al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes con fecha 5 de diciembre de 2012, arguyendo que se trataría de un acto ilegal y arbitrario, al trasgredir el deber de fundamentación del acto y, con ello, lo dispuesto en los artículo 2, 3, 11 inciso segundo y 41 de la Ley 19.880, y los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de la República, lo que transgrede su libertad de trabajo y derecho a desarrollar cualquier actividad económica, alegaciones que no serán acogidas por cuanto, como se ha dicho, no se recurrió en tiempo y forma sobre la argüida falta de fundamentación, pero en todo caso no se vulneran las normas constitucionales que se pretenden amagadas, desde que la recurrente es, de acuerdo a la documental que ella misma incorporó, una organización funcional comunitaria, persona jurídica, de derecho privado, sin fines de lucro, apartándose de la definición de trabajador que hace el artículo tercero del Estatuto Laboral, por lo que mal puede vulnerarse la garantía del N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política respecto de esta persona jurídica que no tiene el carácter de trabajador. Tampoco aparece vulneración alguna al artículo 19 número 21 de la carta Fundamental, porque este protege la facultad de oponerse a cualquier intromisión que perturbe o impida la realización de una actividad económica, lo que en la especie no ocurre.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de la nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Vicuña, representada por su Alcalde don Rafael Enrique Vera Castillo.

Redactada por la Ministra señora Caroline Turner González.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Nº 1868-2022 Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora Caroline Turner González, señor nombre reservado y la abogada integrante señora Carolina Salas Salazar.

En La Serena, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.