Protección contra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera

nombre reservado

Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera Recurso de protección Rol N°1866-2025.- La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de 24 de septiembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición interpuesto y confirmó la medida disciplinaria de destitución impuesta mediante Resolución Exenta NUM001, de 29 de agosto de 2025, lo que conculca los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en que en el proceso disciplinario instruido se le formuló un cargo único, referido a “conductas constitutivas de acoso sexual en contra de doña nombre reservado, jefa de UTP del establecimiento educacional Liceo IAC Estado de Israel.”, disponiéndose la medida disciplinaria de destitución fundada en el artículo 72 letra b) de la Ley N°19.070, la que fue objeto de recurso de reposición, el que se rechazó, manteniéndose la medida indicada.

Señala que el acto recurrido adolece de graves vicios de ilegalidad y arbitrariedad al fundarse en una errónea calificación jurídica de los hechos –en tanto la conducta atribuida no es constitutiva de acoso sexual conforme a la legislación nacional– desde que el envío de un mensaje “me gustas mucho” carece de la entidad, reiteración o el menoscabo continuado para configurar la figura del acoso sexual. A lo anterior, alega que la interpretación normativa efectuada contraviene el principio de proporcionalidad y la jurisprudencia consolidada de los Tribunales Superiores de Justicia, por cuanto aplica una interpretación errónea del Estatuto Docente que impide la graduación de la sanción, hecho que no se ajusta al dictamen N°E30538/2025 de la Contraloría General de la República, el que interpretando las modificaciones recientemente introducidas por la denominada “Ley Karin” zanjó que las conductas de acoso sexual y laboral pueden ser sancionadas con cualquier medida disciplinaria, no exclusivamente con la destitución. Además, argumenta que la resolución impugnada omite por completo valorar circunstancias atenuantes que concurren en la especie, a saber, intachable trayectoria profesional, ausencia de perjuicio efectivo a terceros y la naturaleza aislada del hecho.

Culmina solicitando que se dejen sin efecto las Resoluciones Exentas NUM000, de 24 de septiembre de 2025 y NUM001, de 29 de agosto de 2025; se ordene la inmediata reincorporación a sus funciones y se disponga el pago íntegro de todas las remuneraciones y demás beneficios devengados desde la fecha de su separación del servicio, con costas.

Acompaña al recurso documentos para acreditar sus alegaciones.

SEGUNDO: Que comparece el recurrido solicitando el rechazo del arbitrio incoado, con costas.

En primer término, alega falta de oportunidad de la acción de protección, por infracción al artículo 54 de la Ley N°19.880. Sobre el particular, menciona que el 4 de octubre de 2025 el interesado realizó un requerimiento a la Contraloría Regional de Coquimbo, a fin de que el órgano de control emitiera un pronunciamiento jurídico sobre la legalidad del cese de sus funciones por aplicación de la medida de destitución como consecuencia del procedimiento disciplinario iniciado en su contra, de manera tal que, en el entendido que aún no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la entidad de control, cabe concluir que no se encuentra agotada la vía administrativa.

Luego, detalla el procedimiento disciplinario que motivó la aplicación de la sanción, haciendo presente que el recurrente se limita a reiterar los mismos argumentos planteados en sus descargos y en su recurso de reposición, los que fueron analizados pormenorizadamente en los dos actos administrativos que se pronunciaron.

Esgrime la improcedencia de la acción, en tanto no existe para el actor un derecho indubitado que hubiere sido vulnerado, afectado o amenazado por un actuar ilegal ni arbitrario por parte del Servicio Local. Asimismo, destaca que se pretende que esta Corte revise nuevamente el mérito de lo resuelto en el sumario administrativo, cuestión que se aleja de la finalidad cautelar del recurso.

Afirma que de la simple lectura del acto administrativo impugnado se puede colegir que se hace cargo de todas las alegaciones deducidas por el recurrente y que reitera nuevamente en esta instancia, encontrándose debidamente fundamentado desde el punto de vista fáctico y jurídico.

Acompaña al recurso instrumentos para acreditar sus alegaciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que para la resolución del asunto en examen, conviene destacar que el quid del asunto radica en analizar si corresponde a esta Corte inmiscuirse en el procedimiento administrativo incoado a propósito de los hechos que originaron su instrucción, estimando esta sede que sólo procede su pronunciamiento en relación a la ilegalidad o arbitrariedad de los actos impugnados y que, en el caso de marras, se extiende a la decisión final, esto es, el rechazo del recurso de reposición deducido en contra de la decisión que destituyó al actor.

SEXTO: Que, al respecto, cabe indicar que el acto recurrido emana de la autoridad competente, quien lo libro en el marco de sus facultades, conociendo de un sumario respetando los derechos del recurrente y aparece debidamente razonado, por cuanto explica y explicita los motivos que permitieron mantener la sanción aplicada. Además, debe tenerse en consideración, especialmente, que la destitución es la única sanción aplicable en estos casos, conforme se desprende inequívocamente de lo estatuido en el artículo 72 letra b) de la Ley N°19.070 en cuanto impone que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, cuando incurran en algunas de las causales que se señalan, “dejaran de pertenecer a ella”.

Luego, en cuanto a las garantías identificadas como afectadas, descartada la ilegalidad y arbitrariedad, sólo cabe decir que no ha sido demostrado que personas, en idénticas circunstancias –cargo, deberes asociados a aquel y conducta imputada– hayan sido tratadas de forma diversa, careciendo de sustento fáctico tales asertos y, respecto a la restante garantía, ésta no aparece vulnerada, desde que no puede entenderse que el actor goza de un derecho perpetuo a obtener el pago de su remuneración como contraprestación a las funciones que sirvió, obviando que lo que impide que siga gozando de esta última es nada menos que su destitución conforme a derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Camus, quien estuvo por acoger el recurso de protección y declarar la ilegalidad del acto impugnado, toda vez que aplica la sanción de destitución por considerar que, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley N°19.070, es la única procedente para ser aplicada. No obstante, no puede compartirse esa interpretación, que además de ilegal, resulta arbitraria, por cuanto el encabezado del citado artículo al disponer que “los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales”, no limita el ámbito de aplicación de las posibles sanciones, sino que únicamente versa sobre las causales en virtud de las cuales es posible la desvinculación de estos funcionarios. En consecuencia, al entender de este disidente la ratio legis del precepto, al utilizar antes de la definición de la sanción el adverbio “solamente”, es la protección de la estabilidad laboral de estos funcionarios y no limitarla, de modo que aplicar la norma como lo hace la recurrida, sin considerar ni fundamentar la decisión de descartar las otras sanciones previstas en el Estatuto Administrativo, transforma su acto en arbitrario e ilegal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1866-2025 Protección.