Protección contra Intendencia de Seguridad Social y Salud en el Trabajo

nombre reservado/ Intendencia de Seguridad Social y Salud y Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción Recurso de Protección Rol Ingreso Corte 1865-2017 La Serena, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Compañía Alta, La Serena, ejerciendo acción constitucional de protección en contra de la Intendencia de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, representada por la doña nombre reservado, ingeniera comercial, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por incurrir en un acto arbitrario e ilegal, que amenaza las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas, en su N° 1, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la personas; garantía de igualdad ante la ley, establecida en el N° 2 de la Carta Fundamental, y el derecho a la protección de la salud consagrada en el Nº 9, esta última garantía, si bien no se encuentra amparada por el recurso de protección según lo establece el artículo 20, sí constituye un derecho garantizado a todas las personas por la Constitución Política de la República.

Se funda en que el 20 de octubre del año 2014, sufrió un grave accidente mientras se encontraba prestando servicios como trabajador dependiente para la empresa Sociedad Bermúdez Ingeniería y Arquitectura Ltda., resultando con diagnóstico TEC cerrado complicado, con triple fractura de cráneo, con secuelas de epilepsia post traumática, hemiplejia de lado izquierdo, vértigo y depresión severa, ingresando a atención médica en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción desde el 20 de octubre de 2014 hasta el 22 de diciembre de 2016. Por su situación de salud, señala que estuvo percibiendo el subsidio de la Ley N° 16.744 y la Mutual recurrida, mediante Resolución N° 5583, de fecha 02 de noviembre de 2016, resolvió concederle pensión de Invalidez Total Presunta, percibiendo una pensión bruta mensual de $827.429 por el período devengado entre el 17 de octubre de 2016 y el 30 de noviembre de 2016.

Explica, que el mismo mes en que se le concedió la pensión por incapacidad total presunta, tuvo un grave altercado con el Director de la Mutual en La Serena, don nombre reservado, que llegó a las agresiones físicas, lo que se tradujo en que ambos quedaron detenidos, momento desde el cual las cosas cambiaron en su contra, ya que si bien, sigue siendo atendido en la Mutual de Seguridad de Santiago, sólo lo es por fisiatra y neurólogo.

Añade, que con fecha 01 de diciembre de 2016, la misma Mutual emite su Resolución de Incapacidad Permanente N° 20161806, donde se diagnostica TEC cerrado, fractura base cráneo, con secuelas "daño orgánico cerebral leve a moderado", con un grado total de incapacidad de 22,50%, consignándose en el ítem "Observaciones: enfermedad común: trastorno conversivo. Trastorno de personalidad. Trastorno adaptativo", resolución contra la cual, con fecha 5 de diciembre de 2016, interpuso reclamo para ante la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y además puso en conocimiento de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo.

Sostiene, que dicha Secretaría Regional, estimando atendible sus reparos, con fecha 10 de febrero del año en curso emitió el Ord. N° 205, manifestando que dicha SEREMI de Salud se encontraba investigando las razones por las cuales su accidente fue catalogado como de trayecto, en circunstancias que ocurrió cuando se encontraba desempeñando sus funciones habituales y en su horario de trabajo y, solicitó al órgano contralor que se realizara una investigación respecto del proceder de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, respecto a cómo se determinó el porcentaje de incapacidad, el tratamiento de rehabilitación que se le otorgó, y los procesos por los cuales se evaluó su alta laboral.

Indica, que con fecha 13 de marzo de 2017, la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, doña nombre reservado, dicta la Resolución N° 12465, en la que se indica que en relación a las crisis convulsivas, fue remitido a Santiago para monitoreo y test de inducción de crisis, comprobándose ausencia de correlato clínico-eléctrico, lo que plantea presencia de pseudocrisis asociadas a una afección de salud mental y no al trauma sufrido en el accidente, aprobando lo obrado por la Mutual recurrida con respecto a las prestaciones médicas otorgadas, sin señalar nada respecto de la solicitud efectuada por la SEREMI de Salud Región de Coquimbo, en cuanto a investigar el procedimiento aplicado en su caso por la Mutual.

Termina solicitando que se acoja el recurso interpuesto y se reestablezca el imperio del derecho, ordenando a los recurridos mantener íntegra y gratuitamente todas las prestaciones médicas y psicológicas que se le otorgaban hasta su completa y total rehabilitación, o en subsidio otorgarle la pensión por Invalidez Total en los mismos términos en que la Mutual lo hizo en su resolución N° 5583, como asimismo cualquier otra medida que se considere necesaria para asegurar los fines de la acción constitucional que se deduce, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Certificado de Atención Médica, emitido con fecha 22 de diciembre de 2017, por don nombre reservado. 2.- Resolución N° 5583, de fecha 02 de noviembre de 2016, que concedió pensión de Invalidez Total Presunta. 3.- Credencial de Discapacidad, emitida con fecha 10 de agosto de 2017, por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 4.- Fotocopia de Resolución de Incapacidad Permanente N° 20161806, emanada de la Mutual de Seguridad recurrida con fecha 01 de diciembre de 2016. 5.- Oficio Ord. N° 205, de fecha 10 de febrero de 2017, del Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, dirigido a la Superintendencia de Seguridad Social Región de Coquimbo. 6.- Resolución N° 12465, de fecha 13 de marzo de 2017, de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, doña nombre reservado. 7.- Resolución N° B101/20170483, de fecha 23 de mayo de 2017, emanada de la Comisión Médica de Reclamos, que ratifica el porcentaje de incapacidad total. 8.- Resolución N° 40952, de fecha 30 de agosto de 2017, que me fue notificada con fecha 07 de septiembre del año en curso, dictada por la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, doña nombre reservado. 8.- Documento Resultado Examen Ocupacional, emitido por la Mutual recurrida con fecha 15 de noviembre de 2012, con validez hasta el 23 de octubre de 2014. 9.- Copia artículo publicado en el Diario el Día.

Informando el recurso don Jorge Bello Acuña, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, hace presente que la garantía al derecho a la salud, no se encuentra resguardada por el recurso de protección, tal como se indica en el artículo 20, motivo por el cual no ésta no es la vía idónea para sus pretensiones.

Agrega, que de los antecedentes clínicos tenidos a disposición por la Mutual, por COMERE y SUSESO se determinó que las patologías de índole mental que afectan al Sr. nombre reservado son de origen común, ello se debe a que los médicos y especialistas de las tres instituciones antes indicadas, de manera imparcial e independientes entre sí, han revisado los antecedentes y arribaron a esa conclusión, sin ser una decisión arbitraria e ilegal, e incluso en un comienzo al trabajador se le hicieron exámenes para determinar la posible epilepsia que indicaba que sufría, sin haber sido diagnosticada por sus especialistas, sino que por el contrario se descartó y se le diagnosticaron otras patologías de índole común.

Indica, que el tratamiento que la Mutual le ha otorgado al trabajador ha sido completo y suficiente, conforme lo ha indicado SUSESO en los oficios citados previamente y que vienen a corroborar íntegramente lo realizado por la entidad.

En relación con las prestaciones económicas otorgadas al trabajador, expresa, son aquellas que la misma Ley 16.744 instruye aplicarle a todos los trabajadores que se atienden por un accidente del trabajo o por una enfermedad profesional, no pudiendo la Mutual beneficiar a uno por sobre otro, toda vez que los fondos que la Mutual administra son de Seguridad Social y no se pueden gastar en actuaciones que vayan contra la normativa vigente. Lo anterior es relevante, dice, puesto que el trabajador entiende que se le debe otorgar el mismo monto de pensión que se le otorgaba con la pensión temporal, situación que no es así, sino que por su característica de temporal, dicha pensión era transitoria hasta que se determinase su real porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia y luego de eso, determinar si le correspondía una pensión o una indemnización, conforme la misma ley citada. Solicita, en definitiva, que se rechace el recurso de protección y se declare que no se ha vulnerado garantías ni derechos constitucionales.

Acompaña a su informe: 1.- Resumen de Historia Clínica, de 13 de julio de 2017. 2.- Ingresos Ley 16.744 de fechas 20.10.2014, 07.12.2016 y 22.12.2016. 3.- Hoja Historia Clínica, Folio 274542. 4.- Informe Investigación de Incidente, Código BIC-R-001. 5.- S. DIAT emitida por el trabajador y por el empleador. 6.- Siete declaraciones tomadas a trabajadores del empleador del recurrente. 7.- Resoluciones de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley 16.744 N°s 2063386 de 28.10.2014; 2729811 de 13.12.2016; 2746931 de 29.12.2016; 2765861 de 20.01.2017, 8.- Resolución CEIAT de Incapacidad Permanente NO20161806 de 01.12.2016. 9.- Evaluación de secuelas psiquiátricas de 16.11.2016, emitido por el Dr. nombre reservado., Psiquiatra. 10.- Informe Evaluación Neuropsicológica, de 07.04.2017, emitido por Psicóloga nombre reservado. 11.- Antecedentes Médicos de Clínica Elqui: Evolución médica, Epicrisis, Registro de indicaciones médicas, ingreso médico, y nueve informes de exámenes médicos. 12.- Licencia médica NO2-47106402.- 13.- 0ficio Ordinario N°12465 de 13.03.2017 y N0 40952 de 30.08.2017, ambos de la Superintendencia de Seguridad Social.

Informando el recurso don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, alega en primer lugar falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción, ya que la confirmación de la calificación de las afecciones como de origen común tuvo lugar con la dictación del Oficio N° 12465, de 13 de marzo de 2017, de tal forma que al 6 de octubre de 2017, fecha de interposición de la acción de autos, el plazo fatal de 30 días corridos que contempla el numeral primero del Auto Acordado que regula la Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías constitucionales, se encontraba vencido.

En subsidio de los anterior, solicita se declare la improcedencia de la presente acción por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales regulado por la Ley N° 16.744 y su normativa complementaria y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad permanente asociada a ésta, por lo que tratándose en consecuencia, de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siguiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio de las alegaciones precedentes, respecto de la materia de fondo, indica que previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso Administrativo de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante Dictamen contenido en el Ord. N° 12465, de 13 de marzo de 2017, concluyeron que el Sr. nombre reservado no tiene evidencias de una epilepsia post TEC sino de una afección de salud mental asociada a pseudocrísis, no existiendo correlación clínico electroencefalográfíca que justifique tal diagnóstico. Igualmente, no hay en toda la ficha clínica ninguna descripción de padecer de una parálisis de su lado izquierdo, con lo que se concluye que padece de una afección de salud mental que no es de origen laboral, por lo que, aprobó lo obrado por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, con respecto a las prestaciones médicas otorgadas, debiendo recibir atención por su afección de salud mental a través de su régimen de salud común.

Menciona, que la actuación de la Superintendencia se ha ajustado rigurosamente a las normas legales y reglamentarias, siendo el único problema que se puede detectar para el recurrente, es que su representada dentro de sus atribuciones, dictaminó que procedía confirmar, primero el carácter común de ciertas afecciones y en segundo término que su pérdida de capacidad de ganancia de acuerdo con la evaluación efectuada, alcanza al 22,5%, por un daño orgánico cerebral leve, estimando el recurrente, sin ningún fundamento, que por su condición de salud debía ser mayor, resultando evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, sostiene que resulta grave que, en este caso, la recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee la recurrida.

Relata asimismo, que el recurrente afirma que lo decidido por esta Superintendencia y antes por la MUSEG, es ilegal y arbitrario por cuanto señala no habría sido evaluado por esta Superintendencia antes de emitir el dictamen impugnado y por el cual se calificó como de origen común ciertas afecciones, lo que ello no es efectivo, por cuanto ya se hizo presente por parte de esta recurrida todos y cada uno de los antecedentes clínicos que profesionales médicos del Departamento Contencioso Administrativo de la Ley N° 16.744 consideraron.

Añade, que el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con determinar una cuestión de hecho relacionado con una materia de orden médico, en ausencia de un derecho pre establecido o indubitado, lo que sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más aún es propia de un juicio de lato conocimiento en el que las partes puedan rendir las pruebas que estimen convenientes con la finalidad de dar por acreditados el o los hechos que resulten controvertidos, y la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Termina señalando que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió previo estudio de los antecedentes médicos del caso, por lo que solicita, en subsidio de las anteriores peticiones se desestime el recurso, con costas.

Acompaña a su informe numerosos antecedentes que obran en el expediente administrativo del caso relativo al recurrente.

Con lo relacionado y teniendo presente:

Primero: Que de la extensa narración de hechos, circunstancias y resoluciones que contiene el recurso, como ya se ha hecho constar en la parte expositiva de esta sentencia, se puede extraer para lo que a su decisión interesa, que en definitiva, el recurrente ha cuestionado el proceder de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Intendencia de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, en los siguientes términos como se lee en el párrafo final que sirve de colofón: “…ya que de manera arbitraria, se ha calificado mi enfermedad como común, lo que excluye la posibilidad de ser atendido al amparo de la Ley Nº 16.744, con la cobertura económica que otorga la misma, obligándome a asumir los costos del tratamiento psiquiátrico y psicológico necesarios e indispensables para mi completa y plena rehabilitación; dicha conducta cuestionable de la Mutual, ha sido avalada por la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Así las cosas, en definitiva, ha solicitado que esta Corte acoja el recurso ordenando a los recurridos a mantener íntegra y gratuitamente todas las prestaciones médicas y psicológicas que se le otorgaron antes de la dictación de la Resolución B 101/20170483, hasta su completa rehabilitación, o en subsidio, se le otorgue la pensión por Invalidez Total en los mismos términos en que la Mutual lo hizo en su resolución Nº 5583.

Segundo: Que a efectos de analizar el asunto planteado por la presente vía, es dable indicar que el denominado Recurso de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Tercero: Que, según fluye de lo antes apuntado, la acción u omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitraria, producto del mero capricho de quien incurre en él, debe provocar algunas de las situaciones o efectos antes indicados, afectando aquellos derechos preexistentes y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que la Corte pueda adoptar medidas en orden a restablecer el imperio del derecho de que se trata.

Además, ha de considerarse, que el presente vehículo es una acción cautelar de emergencia contraria a discusiones de lato conocimiento, y que precisamente la Excma. Corte Suprema en su Auto Acordado dictado sobre la materia, estableció que la referida acción debía interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismo, lo que se hará constar en autos.

Cuarto: Que de acuerdo con lo precedentemente señalado, y frente a la denuncia de extemporaneidad hecha presente por uno de los recurridos, ha de considerarse que el único antecedente que hace oportuna la interposición de la acción cautelar, pero respecto a materia bien específica como se verá a continuación, es el Ord 40952 de fecha 30 de agosto de 2017, emanado de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que habría sido notificado el 07 de septiembre pasado, como lo sostiene el recurrente, donde se le comunica el resultado de la apelación que había deducido en contra de la Resolución NºB101/20170483 de 23 de mayo de 2017 de la Comisión Médica de Reclamos. Afirmación que debe ser aceptada por no haber existido controversia al respecto, de manera que la extemporaneidad del recurso, en los términos absolutos propuestos, no será aceptada, habida consideración de que el recurso fue ingresado a esta Corte el 6 de octubre pasado.

Cuarto: Que entonces, entrando al análisis del asunto, de lo expuesto en el propio recurso, informes de los recurridos y de toda la documentación acompañada ya pormenorizada, se desprende que por el mencionado Ordinario Nº 40962 de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se puso en conocimiento del compareciente que estudiados que fueron los antecedentes proporcionados por la Comisión Médica de Reclamos, fue desestimada su apelación deducida en contra de la Resolución NºB101/20170483 de 23 de mayo de 2017.

Quinto: Que habrá de tenerse presente que la recurrida Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción con fecha 01 de diciembre de 2016, dictó la Resolución Nº 20161806 mediante la cual a consecuencias de la evaluación de la “incapacidad permanente actual”, se asignó al señor nombre reservado un grado total de incapacidad del 22.50%, consignándose en observaciones “Enfermedad Común: Trastorno Conversivo. Trastorno de Personalidad. Trastorno Adaptativo”

En contra de tal Resolución se recurrió ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (de conformidad con el artículo 77 de la Ley Nº 16.744) quien mediante Resolución NºB101/20170483 de 23 de mayo de 2017, ratificó lo determinado la mencionada Resolución Nº 20161806.

Reclamada que fue la Resolución NºB101/20170483 ante la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ella fue desestimada por la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, según se dio cuenta mediante el Ordinario Nº 40962 de fecha 30 de agosto de 2017, resolviendo que no daba lugar a la apelación deducida, confirmando, por ende, lo obrado por la Comisión Médica de Reclamos.

Es de hacer notar, que obra también en los antecedentes allegados al recurso copia del ORD. 12465 de 13 de marzo de 2017 de la misma Intendencia de Seguridad y Salud, mediante el cual se comunica al recurrente señor nombre reservado, en relación con el reclamo que formulara en contra de la Mutual de Seguridad, que requerida al efecto tal entidad, procedió a remitir los antecedentes solicitados, entre otros, ficha clínica e informe médico. Añade que los profesionales médicos de la Intendencia de Seguridad y Salud, procedieron a la evaluación de los antecedentes médicos aportados, concluyendo que en efecto, el reclamante no tenía evidencias de una epilepsia post TEC, sino de una afección de salud mental asociada a pseudocrisis, no existiendo correlación clínico electroencefalográfica que justifique tal diagnóstico. Igualmente, indica, no hay en toda la ficha clínica ninguna descripción de padecer de una parálisis de su lado izquierdo, con lo que se concluye que sufre de una afección de salud mental que no es de origen laboral. En consecuencia, señala, la Superintendencia aprueba lo obrado por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción con respecto a las prestaciones médicas otorgadas, debiendo recibir atención por su afección de salud mental a través de su régimen de salud común.

Sexto: Que en consecuencia, teniendo presente el ámbito dentro del cual se desenvuelve un recurso de protección, conforme se ha indicado en los motivos segundo y tercero de la presente sentencia, la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social contenida en el Ord 40952 de fecha 30 de agosto de 2017, tantas veces referido, que corrobora lo actuado por la Comisión Médica de Reclamos y por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, todo ello en relación con el carácter de la patología que padece el recurrente y sus circunstancias, y el grado de incapacidad permanente asignado, no puede ser calificada como un acto ilegal o arbitrario que haya afectado al recurrente de alguna de las garantías constitucionales susceptibles de ser amparadas por la presente acción constitucional.

En efecto, dicha Resolución, con estudio de los antecedentes, fue dictada, en definitiva, dentro del marco procedimental de reclamos y apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley Nº 16.744, y por cierto respecto de precisas materias que en rigor pertenecen al campo de la Seguridad Social, las que por lo demás, quedan excluidas del ámbito de un recurso de protección, como se infiere del artículo 20 en relación con el Nº 9 del artículo 21 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, todo lo indicado llevará al indefectible rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Intendencia de Seguridad Social y Salud en el Trabajo y de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro presidente de la primera sala, don juan Pedro Shertzer Díaz.

Rol Nº 1865-2017 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Titular señor Juan Pedro Shertzer Díaz, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete. (No firma señor nombre reservado por encontrarse con permiso, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa).

La Serena, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

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