nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

nombre reservado, nombre reservado

Departamento de Extranjería y Migración Recurso de Protección Rol Nº1869-2021.- La Serena, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

PRIMERO: Que, con fecha tres de octubre de dos mil veintiuno comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado (hijo) y nombre reservado (hija), todos de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre las solicitudes de permanencia definitiva, solicitadas con fecha 27 de noviembre de 2019; 03 de diciembre de 2019; 27 de septiembre de 2020 y 28 de noviembre de 2019, por impedir dichas omisiones el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 n. 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880 Expone que doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado (hijo dependiente) y doña nombre reservado (hija dependiente), todos de nacionalidad venezolana, ingresaron al país en calidad de residentes con visa de responsabilidad democrática con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en Chile.

Menciona que con fecha 27 de noviembre de 2019; 03 de diciembre de 2019; 27 de septiembre de 2020 y 28 de noviembre de 2019, previo al vencimiento de sus visas como residentes temporarios, solicitaron el beneficio migratorio de permanencia definitiva, según consta en las solicitudes N°2255675; N° 2339844; N° 11257781 y N° 2259777.

Refiere que posteriormente la recurrente nombre reservado, con fecha 19 de junio de 2020, recibió notificación de pago de los derechos correspondiente a la solicitud de visa, lo cual se realizó en fecha 6 de enero de 2021, estando dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna comunicación por parte de extranjería, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Refiere que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de las solicitudes de permanencia definitiva, esto es, que desde la solicitud hecha con fecha 27 de noviembre de 2019 hasta la presente fecha han transcurrido, 1 años, 10 meses, y 1 días; desde la solicitud de fecha 03 de diciembre de 2019 hasta la presente fecha han transcurrido, 1 años, 9 meses, y 25 días; desde la presentación de fecha 27 de septiembre de 2020 hasta la presente fecha han transcurrido, 1 años, y 1 días; y desde la solicitud de fecha 28 de noviembre de 2019, hasta la presente fecha han transcurrido 1 años y 10 meses, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre las solicitudes formuladas Destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Por estas consideraciones solicita se ordene a la recurrida ya individualizada que se pronuncie sobre las mismas, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Comprobantes de solicitud de visa presentados por los recurrentes; 2. Estampados de visa temporal; 3. Cédula de identidad para extranjeros de los recurrentes. 4. Pago de derechos de visa, efectuado por doña nombre reservado.

SEGUNDO: Que con fecha 25 de noviembre de dos mil veintiuno, evacuó informe doña Carolina Fernandoy Catalán, abogada en representación del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Señala como antecedentes de hecho respecto de nombre reservado: 1) Que, con fecha 03 de diciembre de 2019 el extranjero solicitó ante esta autoridad permiso de permanencia definitiva. 2) Que, mediante Comunicación Electrónica Nº 8847768 de fecha 25 de septiembre de 2020 del Departamento de 2 Extranjería y Migración, se le comunicó que su solicitud se encuentra incompleta, en atención a que debe acompañar el contrato de trabajo con la información requerida, por lo que se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para subsanar la solicitud inicial. 3) Que, con fecha 27 de septiembre de 2020, el extranjero realiza la subsanación correspondiente. 4) Que, mediante Comunicación Electrónica Nº 20172896 de fecha 11 de noviembre de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración, se le informó al extranjero a que su solicitud avanzó a etapa de análisis, y se le remitió la orden de giro para el pago de los derechos del permiso solicitado. 5) Que, con fecha 15 de noviembre de 2021, el extranjero hizo pago de los derechos anteriormente señalados, por lo que su solicitud actualmente se encuentra en trámite, específicamente en análisis resolutivo, siendo la última etapa del trámite señalado.

En cuanto, a las recurrentes nombre reservado Y nombre reservado, indica; 1) Que en virtud de lo presupuestado por el artículo N° 31 del Decreto Ley 1094, Ley de Extranjería, las extranjeras solicitaron permiso de permanencia definitiva al completar un año de residencia en calidad de residente temporario. 2) Que mediante Resolución Exenta Nº 140.953 de fecha 24 de noviembre de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó permiso de permanencia definitiva a las extranjeras, encontrándose por tanto en situación migratoria regular en el país. Dicha resolución, fue remitida por correo al domicilio de la extranjera y en los próximos días se encontrará habilitada la plataforma para obtener el certificado de permanencia definitiva que acredita dicha situación. 3) Que, el certificado puede ser descargado por la extranjera en la plataforma https://tramites.extranjeria.gob.cl/, ingresando con su clave única. Por lo tanto, como consecuencia de lo anteriormente señalado, habiendo sido comunicado a la extranjera, que su solicitud de permanencia definitiva ha sido otorgada, de lo que se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, es que entiende que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de su libertad personal o seguridad individual. Por lo anterior, el recurso presentado ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones, menciona que la recurrida ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Asimismo, no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria que amenace prive o perturbe el legítimo ejercicio de la recurrente en cuanto a las garantías incoadas, no siendo procedente por ende la presente acción constitucional y la consecuente condena en costas a esta parte, toda vez que no se desprende vulneración en las garantías incoadas por el extranjero.

En estrados el abogado de la parte recurrida precisó que respecto del recurrente nombre reservado (hijo) se aplicaba todo lo informado en su oportunidad en relación con su padre y también recurrente don nombre reservado, en razón de que la solicitud ingresada ante la entidad recurrida fue por sí y por el referido hijo menor de edad.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a las solicitudes de permanencia definitiva presentadas, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, con el mérito de lo informado por la autoridad recurrida, cabe concluir que con la dictación de la resolución exenta N°140953, de fecha 24 de noviembre de los corrientes, que resuelve la solicitud de permanencia definitiva de las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, otorgándolas, la presente acción ha perdido oportunidad, respecto de aquellas, no existiendo medida alguna que esta Corte pueda adoptar, ya que se obtuvo lo pretendido por la recurrente con la presente acción.

OCTAVO: Que, del análisis de los antecedentes de autos, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración en esta materia, respecto de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

El razonamiento anterior cobra mayor fuerza si se considera que conforme a la documentación allegada a esta sede aparece que el extranjero hizo pago de los derechos asociados a su solicitud el día 15 de noviembre de los corrientes, sin que a la fecha la recurrida se haya pronunciado respecto de la misma.

Por tanto, la dilación de los recurridos en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de permanencia definitiva es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, en la especie, la solicitud de permanencia definitiva fue ingresada antes del inicio de la misma, a saber, 03 de diciembre de 2019, y asimismo es preciso constatar que por lo menos durante este año 2021 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

NOVENO: Que, adicionalmente, cabe tener en especial consideración que el recurrente nombre reservado se trata de un niño cuyo interés superior debe ser garantizado por el órgano administrativo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño que prescribe en su numeral 1 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”. Esto significa que todos los órganos estatales, incluido el recurrido de esta causa, deben velar por la satisfacción del interés superior del niño, lo que en este caso concreto implica remover los obstáculos que puedan dilatar el acceso del niño de esta causa a su permanencia definitiva. En este escenario, no aparece revestida de fundamento plausible la diferencia de trato que éste ha recibido incluso respecto de su propia madre y hermana, a quienes ya le fue concedido el permiso de permanencia definitiva, lo que refuerza la conclusión que estos recurrentes, padre e hijo, han visto amagada su garantía de igualdad ante la ley y, el niño, su interés superior.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber perdido oportunidad y, a su vez, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de nombre reservado Y nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por estos recurrentes, lo anterior, antes del día 28 de febrero de 2022.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1860-2021 (Protección).-.