nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

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Gobierno Regional de Coquimbo Recruzo de Protección Rol Nº 186-2022.- La Serena, treinta de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 17 de febrero de 2022, comparece doña nombre reservado, chilena, divorciada, ingeniera civil y funcionaria pública, domiciliada en domicilio reservado, representada por el abogado Rodrigo Alejandro Valdivia Briceño, quien deduce acción de protección en contra del Servicio Administrativo del Gobierno Regional (GORE) de la Región de Coquimbo, representado por la Gobernadora Regional, doña Krist Naranjo Peñaloza, o por quien la subrogue o reemplace, por el acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido la recurrida al no renovar su contratación como funcionaria a contrata en el mismo grado que lo venía haciendo desde el año 2018, por conculcar dicha acción su derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, garantías resguardadas en los numerales 2 y 24, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que se desempeña en el servicio como funcionaria a contrata, grado 6° de la Escala Única de Sueldos, desde el año 2018. Sin embargo, pese a contar con una impecable trayectoria y ser calificada con distinción, en noviembre 2021, mediante Resolución RA Nº 806/88/2021, se le informó que en el próximo periodo no sería renovada en el mismo grado, sino que se le “recontrataría” con grado 9º, rigiendo a contar del 1 de enero 2022.

Expresa que el 6 de diciembre de 2021, pese a estar con licencia médica, recurrió contra dicha Resolución, recurso que se resuelve, sin más, en forma negativa el 18 de enero 2022.

Agrega que, al día siguiente, vio reflejada la baja del grado y, consecuentemente, de su remuneración en un 25%, sin que firmara aceptación ni prórroga alguna para tales efectos, aduciendo que aún se encuentra haciendo uso de licencia médica.

Arguye que la actuación de la recurrida es ilegal, puesto que la resolución no cumple el estándar mínimo establecido en el artículo 9 de la Ley 18.834 y artículos 11, 41 inciso cuarto y 45 a 47 de la Ley 19.880, por cuanto no expresa los motivos de hecho y derecho que sustentan la decisión adoptada, estándar que ha sido exigido tanto por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema como por la Contraloría General de la República, lo que se recoge además en las instrucciones emitidas por el Ministerio de Hacienda a través del Oficio Circular Nº 21 de fecha 28 de noviembre de 2018.

Precisa que la resolución sólo hace referencia a nuevas condiciones presupuestarias, pero no señala cómo ello fundamenta la decisión de rebaja de grado de la recurrente, sin hacer referencia alguna a su desempeño profesional o experiencia laboral.

Sostiene que, igualmente, la resolución fue notificada de forma extemporánea, ya que se practicó con posterioridad a la anticipación mínima de 30 días exigida por el legislador y la jurisprudencia.

Argumenta que, así las cosas, no ha habido en la especie acto administrativo formal, al tenor del artículo 3 de la Ley 19.880, resultando su actuar arbitrario, contraviniendo el principio de confianza legítima en la continuación de sus funciones.

En cuanto al derecho a la igualdad ante la ley, dice que se ha visto vulnerado porque la resolución no explica por qué se decidió la no renovación de su contrata en igual grado que los años anteriores, y no así la de otro funcionario. Respecto al derecho de propiedad, refiere que se ha visto afectado pues se le ha privado de su derecho a seguir ejerciendo el cargo en las mismas condiciones en las cuales lo ha ejercido desde el 2018.

Por tanto, solicita se acoja la acción de protección en contra de la recurrida y se le ordene dejar sin efecto la terminación de la contrata, en cuanto a la baja del grado, ordenando la inmediata reincorporación a sus servicios en el mismo grado y cargo que ejercía hasta diciembre 2021, y se le ordene además el pago total de sus remuneraciones, sin perjuicio de las demás medidas que el Tribunal estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1) Hoja calificaciones 2018-2019. 2) Informe sub-periodo 2021-2022. 3) Oficio circular Nº 21 de 28 de noviembre de 2018 del Ministro de Hacienda. 4) Dictamen Nº6400 de 2018 de la Contraloría General de la República 5) Resolución 806/88/2021 dictada por la recurrida.

SEGUNDO: Que comparece el abogado Boris Muñoz Yáñez, en representación de la recurrida Gobierno Regional Coquimbo, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción de protección.

Primero, alega que el recurso es extemporáneo, toda vez que no se establece por parte de la recurrente un hecho determinado que pueda ser constitutivo de alguna ilegalidad o arbitrariedad, únicamente indica que el acto administrativo dictado por el Servicio en el mes de noviembre de 2021 es el que la afectaría constitucionalmente.

En particular, esgrime que la resolución impugnada tiene como fecha de dictación y de toma de razón por parte del órgano contralor el 29 de noviembre del 2021, resolución que fue notificada a la recurrente por carta certificada dentro de los 5 días siguientes, por lo que a todas luces esta tomó conocimiento los primeros días de diciembre de 2021, habiendo transcurrido desde esa fecha y la fecha de interposición de la acción, el 17 de febrero de 2022, con creces el plazo para impetrar la misma.

Aclara que, si bien la recurrente repuso de esa resolución, al reponer no reparó en la fecha en que fue notificada. En cualquier caso –esgrime- se ha producido una notificación tácita de un acto administrativo fundado.

En subsidio, argumenta que la acción carece de fundamentos.

Indica que al ser la resolución que resolvió su recontratación un acto de autoridad, en ningún caso requiere ser “aceptado” por la recurrente, bastando para su integridad legal que esté dotado de suficiente fundamentación legal, lo que en la especie ocurre.

Así, el cuarto considerando de la resolución da cuenta de que existe un nuevo organigrama institucional del Gobierno Regional de Coquimbo, aprobado mediante Resolución N° 79 de fecha 01 de marzo de 2021. Luego, el considerando quinto, señala que el Departamento de Ingeniería y Proyectos de la División de Presupuesto e Inversión Regional, pasó a llamarse “Programas y Proyectos”, lo que importó una serie de modificaciones en relación a las tareas a desempeñar y sus competencias específicas. Por su parte, el considerando sexto indica que la recurrente dejó de desarrollar las tareas de encargada del Departamento de Programas y Proyectos, pasando a servir en su condición actual de profesional administradora de proyectos, desde el 10 de septiembre del 2021.

Argumenta que aquello implica una modificación objetiva de sus responsabilidades, las que se ven disminuidas conforme a la estructuración actualmente vigente. Tal situación, agrega, no fue reclamada en ningún momento.

El considerando séptimo señala que el grado promedio de los profesionales que desarrollan las tareas actuales de la recurrente es grado 9° de la tabla pertinente, ubicándola dentro del estándar general.

Manifiesta que la referida resolución se sustenta en el dictamen de la Contraloría General de la República N° 5811/2016, que establece que los empleos de la administración pública carecen de posición remuneracional específica, teniendo la facultad de poner término a los empleos a contrata, no prorrogándolos o modificándolos, como es el caso.

Así, tratándose de un acto fundado en los hechos y en el derecho y habiéndose hecho uso de las facultades establecidas en la ley, no se ha incurrido en la ilegalidad o arbitrariedad que aduce, debiendo la acción ser rechazada, con costas.

Por último, hace presente que la actora ha hecho valer los mismos antecedentes en causa paralela sobre tutela laboral, del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, resultando incompatibles ambas acciones, motivo que aúna al rechazo de la acción.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1) Dictamen N° 6400/2018 de fecha 02 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República, que actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700 de 2016, sobre confianza legítima en las contratas. 2) Notificación de fecha 30 de noviembre de 2021, del Gobierno Regional de Coquimbo. 3) Resolución del Gobierno Regional de Coquimbo 806/88/2021, notificada a la recurrente. 4) Certificado N° 181 de fecha 15 de marzo de 2022, del Gobierno Regional de Coquimbo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, formulada por la recurrida, cabe hacer presente que de la sola lectura del recurso de protección deducido ante esta Corte, el acto administrativo que se estima como ilegal y arbitrario, está constituido por la Resolución RA Nº 806/88/2021, de 29 noviembre de 2021 por la que, según precisa la actora, se procedió a modificar los términos de su contratación como funcionaria a contrata del Servicio Administrativo del Gobierno Regional (GORE) de la Región de Coquimbo, grado 6° de la Escala Única de Sueldos, la que mantiene desde el año 2018, informándosele que en el próximo periodo no sería renovada en el mismo grado, sino que se le “recontrataría” con grado 9º, rigiendo aquello a contar del 1 de enero 2022.

Que, seguidamente, hace referencia, de manera imprecisa, a que habría recurrido de aquél dictamen con fecha 6 de diciembre de 2021, materializándose la disminución de sus remuneraciones en un 25% a partir del día 19 de enero de 2022, luego que el día anterior se resolviese negativamente su recurso.

SEXTO: Que, a su turno, la recurrida informó que efectivamente dicha modificación en las condiciones de remuneración de la contrata se dispuso mediante la Resolución RA Nº 806/88/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, la que fue notificada mediante carta certificada dentro de los cinco días siguientes.

También alude a un recurso de reconsideración que habría planteado la recurrente respecto de este acto administrativo, sin mencionar su contenido ni fundamentos, ni tampoco la fecha de su resolución.

Que, en consecuencia, la resolución que recayó sobre dicha reconsideración no puede ser tenida como el acto final atacado por el recurso, desde que la propia recurrente identifica al supuesto acto ilegal y arbitrario, respecto del cual acciona, con la Resolución RA Nº 806/88/2021 de 29 de noviembre de 2021, entendiéndolo del mismo modo la recurrida, tanto es así que informa acerca del contenido y fundamentos de la misma no así de la aludida resolución recaída en la reconsideración planteada por la recurrente, por lo que de haber sido considerada como el acto final atacado, tampoco habría sido posible emitir pronunciamiento a su respecto.

SÉPTIMO: Que para dilucidar la controversia acerca de la extemporaneidad del recurso resulta imprescindible dejar asentado que el artículo 1° del del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, señala de manera perentoria que el recurso se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

OCTAVO: Que, al analizar el mérito de la acción deducida y conforme a lo informado por la recurrida, se puede constatar de manera cierta que en la especie el recurso fue interpuesto, con creces, más allá de los treinta días fatales que señala la citada disposición, contabilizados desde los momentos que en ella misma se indican.

Que, en efecto, teniendo en cuenta que el acto que se estima ilegal y arbitrario se identifica por la recurrente con la Resolución RA Nº 806/88/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021 y apareciendo de sus propios asertos que tomó conocimiento de ella no más allá del día 6 de diciembre del mismo año, no cabe más que concluir que el recurso se interpuso fuera del plazo fatal de 30 días señalado en el Acta 94, artículo 1°, esto es el día 17 de febrero del presente año, por lo que la alegación de extemporaneidad deberá ser acogida y, en razón de ello, el recurso rechazado por dicha circunstancia.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo concluido en los motivos que preceden, estos sentenciadores de mayoría estiman que del análisis de la resolución objeto del recurso, ella aparece dictada con suficiente fundamento y conforme a las instrucciones que al efecto ha dictaminado la Contraloría General de la república, por lo que mal podría ser considerado un acto9 ilegal y arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías de la recurrente y, por ende, el recurso debiera ser rechazado en virtud de dicha conclusión.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, representada por el abogado Rodrigo Alejandro Valdivia Briceño, en contra de Gobierno Regional Servicio Administrativo (GORE) de la Región de Coquimbo Acordada con el voto en contra de la Ministro Sra. Maldonado, quien fue de parecer que, al considerar como el acto final recurrido la decisión emitida respecto de la reconsideración planteada por la actora respecto de la Resolución RA Nº 806/88/2021, con fecha 18 de enero de 2022, el recurso no resulta extemporáneo, por lo que consideró necesario entrar a conocer del fondo del asunto rechazando la alegación de extemporaneidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 186-2022 Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete. No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.

En La Serena, a treinta de marzo de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.