nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Contralor General de la República Recurso de Protección Rol N° 186-2019.- La Serena, diecinueve de junio de dos mil diecinueve.- VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, chilena, matrona, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo un Recurso de Protección de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica en contra del señor Contralor General de la República, don JORGE BERMUDEZ SOTO, solicitando se anule todo lo obrado en el ilegal procedimiento sumarial incoado en su contra, retrotrayendo la causa al estado de dictarse la resolución que corresponde en derecho y disponer lo demás que en derecho corresponda, con costas. Expresan que con fecha 6 de febrero de 2019, dicha autoridad ante requerimientos reiterados de “justicia y equidad” por parte de las recurrentes habría incurrido –según las recurrentes- en la vulneración de derechos, estimados como “graves” por las nombre reservado y nombre reservado, luego de la emisión de los Oficios Números 617 y 618, desestimando definitivamente acciones legales por la vía administrativa, con conclusiones abusivas que a juicio de éstas constituirían una perturbación y amenaza de sus derechos. A lo anterior, la vulneración expuesta por las recurrentes se fundaría en lo dispuesto y contemplado en los artículos 19 Números 2°, 3° y 16° de la Constitución Política de la República.

Agregan que la vulneración de las normas Constitucionales aludidas hacen referencia a los artículos 6°, 7°, 8° y 19° Números 2, 3 y 16 de la Constitución Política de la Republica , ello por cuanto a juicio de las recurrentes, se validó ilegalmente el actuar del Alcalde en contra de éstas, por hechos en que en el período de elecciones se decretó por parte de esta autoridad comunal una resolución de destitución en contra de las actoras de esta acción, según lo dispuesto en el artículo 156° de la Ley 10.336, afectando con ello derechos fundamentales, tales como relativos al ejercicio del debido proceso, de derecho a la defensa, de la igualdad ante la ley y del derecho al trabajo; en razón de esto es que se requirió a la Contraloría General, a fin de que en el ejercicio del control de legalidad que le corresponde , se pronunciara, ya fuera de oficio o a petición de parte, sobre las infracciones al ordenamiento jurídico detectadas en un acto sancionatorio con el objetivo de resguardar por parte de la Administración el acatamiento al principio de juridicidad y que el ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustase al ordenamiento jurídico vigente, respetando así la garantía constitucional descrita en el artículo 19, N° 3, de la Carta Fundamental. Por esta razón, es que se reclama al señor Contralor General de la República, la ilegalidad del proceder de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, representada por su alcalde don PEDRO CASTILLO DÍAZ, al haber infringido el principio de legalidad y las competencias que el constituyente y el legislador han radicado en la esfera de sus atribuciones, especialmente, el artículo 19 de la Constitución Política de la Republica en lo relativo, a los principios mencionados, esto es, de juricidad, debido proceso, igualdad ante la Ley y la libertad del trabajo, además del artículo 98°, y los artículos 1 °, 5°, 6°, 9°, 10°, 19°, 27° y 29°, y 156°, de la ley N° 10.336 en relación con el artículo 1° de la ley 18.575. En razón de esto, el artículo 1° de la ley N° 10.336 y en el ejercicio del aludido control de legalidad, la Contraloría General de la República debe, entre otras funciones, vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo. En tanto, que el artículo 6°, inciso primero, de la citada ley prescribe que corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los servicios públicos, sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. De acuerdo a lo dispuesto en el actual artículo 98° de la Constitución Política de la República la Contraloría General de la República, es un organismo autónomo que ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el egreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad general de la Nación y desempeña las demás funciones que le encomiende su ley orgánica constitucional. Ahora bien, el artículo 98°de la Constitución Política de la República otorga a la Contraloría General de la República la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración. Por su lado, el artículo 10 de la Ley 10.336, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, señala que el Contralor General de la República tiene competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los Decretos y Resoluciones. Por esta razón, el hecho de haber reclamado ante dicha autoridad de los graves actos ilegales descritos por las recurrentes, y de las que han sido sujetos activos tanto el Alcalde individualizado y el señor Contralor Regional, sin que el señor Contralor General, se haya pronunciado, responde por los hechos en cuanto a la infracción a la Ley que se le representara, implicando ello no haber estado a lo que dispone la norma Constitucional antes citada, en referencia a los artículo 19 Números 2, 3 y 16.

Señalan que su actuar , en cuanto a agotar los recursos administrativos, tuvo como base el dar cumplimiento a lo ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y Excelentísima Corte Suprema, luego de la presentación de recursos de protección que se dedujeron ante estos tribunales, con la finalidad de reclamar las graves vulneraciones al ejercicio de Derechos Constitucionales. Consecuente con lo anterior, las recurrentes expresamente, hacen presente la vulneración al derecho a una legítima defensa, sin ser oídos, pese a las ilegalidades en el procedimiento sumarial. Conforme a lo expuesto es que las actoras fundan y sostienen esta acción en base a los ya citados artículos 6º, 7, 8º y 19 Números 2, 3 y 16 de la Constitución Política de la República. Es en referencia a esta última disposición descrita en el artículo 19, relativa a la libertad de trabajo y su protección, esto es, que “toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”, materia que es el objeto de la acción deducida y que se vincula con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 10.336; ello en relación al sumario administrativo instruido por la Municipalidad de Combarbalá a cuyo término se les aplicó la medida disciplinaria de destitución tras el término de éste. El referido artículo, alegado por las recurrentes indica al respecto que “Desde treinta días antes y hasta sesenta días después de la elección de Presidente de la República, las medidas disciplinarias de petición de renuncia y de destitución señaladas para los funcionarios fiscales y semifiscales en el Estatuto Administrativo, sólo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría General de la República y en virtud de las causales contempladas en dicho Estatuto”. Con respecto a lo anterior, el artículo 1° de la ley N° 19.880, indica que cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, sus disposiciones se aplicarán con carácter supletorio; por otra parte, la jurisprudencia de este Órgano de Fiscalización ha precisado mediante sus dictámenes Números 33.255, de 2004; 15.492, de 2008 y 90.462, de 2015, entre otros, que esa aplicación supletoria debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial, el que se complementa con el citado artículo 156° y el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.880, que concluye que los plazos previstos por el artículo 156 de la Ley 10.336 son de días hábiles, entendiéndose como inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.

Indican que el plazo y los días hábiles indicados por las recurrentes, considerando los treinta días hábiles administrativos aplicables en el caso, se contarán a partir del 04/10/2017 al 19/11/2017 y que los que 60 días después de elección corresponderían, según cálculo, a partir del 18 de Diciembre de 2017 al 14 de Marzo de 2018 y no como lo resolvió la Contraloría Regional. En referencia a lo dispuesto en el artículo 156 relativo a la aplicación de las medidas disciplinarias, establece que “las medidas disciplinarias de petición de renuncia y de destitución señaladas para los funcionarios fiscales y semifiscales en el Estatuto Administrativo, sólo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría General de la República”, por lo que no habría procedido decretarse; si se considera que ello lo efectuó ilegalmente el señor Alcalde conforme se desprende del Decreto Alcaldicio N°3477, pronunciado con fecha 16 de octubre de 2017, en el que habría infringido la Ley, en razón a que ello no estaba permitido en el período eleccionario. A este respecto cabe agregar, que en el proceso sumarial después de las elecciones o del plazo de sesenta días, que se ha aludido en esta acción, no existe constancia alguna de haberse notificado válidamente algún decreto relativo a estos hechos, por lo que no es dable tampoco considerar como válida la notificación a la que se ha hecho referencia reiteradamente por Contraloría como válida para estimar afinado el procedimiento. Como fundamento de esta acción conforme a lo dispuesto en la Ley 10.336, hace referencia a los Artículos 10, relativo al Principio de contradictoriedad y 11, en cuanto al Principio de imparcialidad. Se desprende en consecuencia, a juicio de las actoras, que también debe estarse a lo resuelto y sin embargo ello, no se produjo, provocando las graves consecuencias que constituyen perturbación y amenaza grave a los derechos constitucionales de éstas. Lo procedente a juicio de las recurrentes, conforme a los principios de legalidad y del debido proceso, era que el Alcalde recurrido y el señor Contralor General de la República, se estuvieran a la aplicación del derecho y ordenaran:

Retrotraer el sumario administrativo a la etapa de volver a dictar el Decreto Alcaldicio procedente, por cuanto no estaba habilitado ni facultado por Ley para hacerlo y además anular todo lo obrado desde le fecha de dictación del Decreto Alcaldicio en período de elecciones, aplicándose la sanción administrativa y legal en contra de quien incurrió en tales ilegalidades.

Por último expresan, que en su actuar al desestimar lo que dispone la Ley, se han constituido, en un Tribunal especial, sin tener la facultad para ello.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, señalando el artículo 5° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que la Corte de Apelaciones apreciara de acuerdo a las reglas de la sana crítica los antecedentes acompañados al recurso y los que se agreguen en su tramitación.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que las recurrentes doña nombre reservado y doña nombre reservado allegaron a los autos, los siguientes documentos: 1).- Copia del Decreto Alcaldicio de destitución; 2).- Dictámenes (tres) emitidas por Contraloría que dan fe de los argumentos relativos a los plazos y efectos legales en relación a los reclamos de ilegalidad; 3).- Resoluciones 617 y 618 de Contraloría en que incide el presente recurso.

CUARTO: Que por su parte, el Señor Contralor General de la República recurrido en estos autos, evacúa su informe señalando que el recurso de protección de autos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena interpuesta por doña nombre reservado y doña nombre reservado, indica que en respuesta al requerimiento formulado por la Corte de Apelaciones de La Serena, expresa, que “El recurso de autos ha sido deducido en contra de los Oficios 617 y 618, ambos de fecha 7 de Febrero 2019, emitidos por la Contraloría Regional de Coquimbo, que desestimaron los recursos de revisión formulados por los nombre reservado y nombre reservado, respecto del sumario administrativo instruido en la Municipalidad de Combarbalá a cuyo término se les aplicó la medida de destitución.

Al respecto, resulta preciso señalar que las Señoras nombre reservado y nombre reservado interpusieron ante la Contraloría Regional de Coquimbo, respectivamente, reclamos de ilegalidad en contra de los decretos alcaldicios Números 3.477 y 3.478, ambos de 16 de octubre de 2017, dictados por la Municipalidad de Combarbalá, mediante las cuales el alcalde de dicho municipio les aplicó la medida disciplinaria de destitución tras el término de un sumario administrativo llevado en contra de aquellas.

Dichos reclamos de legalidad fueron rechazados por esa Contraloría Regional a través de los oficios Números 960 y 2.213, ambos de 2018, sin perjuicio de consignar que los mencionados decretos alcaldicios Números 3.477 y 3.478, ambos de 2017, sólo pudieron notificarse y producir sus efectos 60 días después de la elección presidencial con lo cual queda afinado el procedimiento disciplinario, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 156 de la Ley 10.336.

Posteriormente, por presentaciones de fechas 27 de agosto y 12 de septiembre de 2018, las señoras nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, dedujeron recursos de revisión en contra del mismo procedimiento disciplinario, lo que fueron desestimados por la Contraloría Regional de Coquimbo, a través de los oficios números 617 y 618, ambos de 7 de febrero de 2019, ahora impugnados, por no haber sido deducidos en contra del órgano que corresponde de acuerdo a lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 19.880”.

Según se desprende del informe, es pertinente indicar que la señora nombre reservado, en su presentación solicitó un pronunciamiento acerca de la legalidad del oficio Número 4.026, de 5 de septiembre de 2018, requerimiento que fue desestimado, en razón de no tener la calidad de interesada respecto de dicho oficio, ya que éste no dice relación con alguna presentación efectuada por ella, sino que con otros ex funcionarios de la Municipalidad de Combarbalá.

“Sin perjuicio de lo anterior, los oficios impugnados también señalaron que la Contraloría Regional de Coquimbo, por medio de los Oficios Números 960 y 2.213, ambos de 2018, se había pronunciado respecto de los Reclamos de ilegalidad interpuestos en contra del sumario de la especie, los que fueron rechazados por las razones que se expusieron en dichos documentos, no advirtiéndose de los recursos de revisión nuevos antecedentes que permitieran modificar lo concluido en aquellos instrumentos.

“Finalmente , los oficios impugnados aclararon que lo manifestado en los oficios números 672, 960 y 3.669, de esa misma Contraloría Regional, es que atendido que las cartas certificadas mediante las cuales se les notificaba del decreto alcaldicio que les aplicó la medida de destitución fueron remitidas dentro del período de restricción establecido en el Artículo 156 de la 10.336, la notificación y sus efectos sólo se pudieron producir 60 días después de le elección presidencial, razón por la cual, el 15 de febrero del mismo año, es decir, transcurridos los 60 días, quedó afinado el procedimiento disciplinario en comento”.

Además Informa que en el punto II. El segundo objeto del presente recurso de protección ya fue resuelto por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, indicando que “Doña nombre reservado ha intentado reiteradamente acciones de protección en contra del sumario administrativo que considera ilegal, las que han sido todas rechazadas por este Ilustrísimo Tribunal, en los Recursos de Protección Rol Números 1.616, 1.738, 1.914, todos de 2017.

“Así, durante la tramitación del proceso sumarial, Vuestra Señoría resolvió, en causas roles números 1.616 y 1.738 ambas de 2017, que la acción cautelar no es la vía idónea para formular cuestionamientos en relación a actuaciones de tramitación de un procedimiento administrativo sumarial que no se encuentra afinado”.

“Luego, una vez afinado el sumario y notificada la medida disciplinaria, la Señora nombre reservado, interpuso un nuevo recurso de protección, en causa rol N° 1.914, de 2017, el que fue rechazado por esa Ilustrísima Corte mediante sentencia de 28 de diciembre de 2017, decisión que fuera confirmada por fallo de 12 de marzo de 2018, dictado por la Excelentísima Corte Suprema, el cual manifestó en sus considerandos primero y segundo, lo siguiente: “ De la lectura atenta del recurso interpuesto, aparece que el procedimiento se ha seguido respetando las formas legales y que la actora ha impugnado por diversas vías todas respetando las formas legales y que la actora ha impugnado por diversas vías todas aquellas resoluciones administrativas que ha estimado erróneas, no obstante haber sido dictadas dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a los recurridos (…). Que, en consecuencia, no se advierte de qué manera se hayan podido lesionar sus derechos al trato igualitario según la ley, a la vida privada y al debido proceso”

Se agrega en el informe del Contralor General de la Republica, que doña nombre reservado dedujo Recurso de Protección en contra del mencionado oficio Número 960, de la Contraloría Regional de Coquimbo, que rechazó la reclamación formulada en contra del Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Combarbalá el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de La Serena por sentencia de 7 de mayo de 2018, dictada en Causa Número 271 de 2018, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, la que en su considerando quinto señaló: “Que a mayor abundamiento, y sin perjuicio de las razones ya esgrimidas para proceder al rechazo del recurso, no es posible advertir una actuación arbitraria y/o ilegal por parte de la recurrida , la cual solo se ha limitado a actuar dentro de la esfera de su competencia, en un asunto sometido a su dictamen a solicitud de la actora, sin que logre advertirse la configuración de las vulneraciones por ella anunciada respecto del órgano contralor”

“En consecuencia, tanto la Ilustrísima Corte como la Excelentísima Corte Suprema, rechazaron los recursos de protección interpuestos, confirmando la legalidad de la actuación tanto de la municipalidad de Combarbalá en el procedimiento disciplinario de la especie, como de esta Entidad Fiscalizadora en su control de legalidad.”

Respecto del Informe del recurrido, se incorpora al mismo lo relativo a la Falta de legitimación pasiva; la que está referida a que las recurrentes , impugnaron los oficios mediantes los cuales la Contraloría General de Coquimbo desestimó los recursos de revisión deducidos contra el sumario administrativo llevados a cabo por la Municipalidad de Combarbalá a cuyo término se les aplicó la medida disciplinaria de destitución y para fundar su acción enuncian una serie de supuestas irregularidades que se habrían observado en la tramitación de su procedimiento disciplinario y en la aplicación de sus sanciones.

Al respecto agrega: “ Como puede advertirse, los fundamentos esgrimidos por las actoras dicen relación con supuestos actos u omisiones cometidos por una entidad distinta en esta Contraloría General y de la Contraloría General Regional de Coquimbo, en el marco de un sumario administrativo cuya legalidad ya ha sido confirmada en distintas oportunidades por la Corte de Apelaciones de La Serena, como se expuso en el acápite anterior, por lo que, además de ser improcedente, el recurso de protección de autos se interpuso en contra de quien no ejecutó la acción ni incurrió en la omisión estimada por las recurrentes, legal o arbitraria.

Agrega el informe, que las recurrentes en el petitorio de su recurso solicitaron a la Corte de Apelaciones de La Serena se dispusiera “que se anule todo lo obrado en el ilegal procedimiento sumarial, retrotrayendo la causa al estado de dictarse la resolución que corresponde en derecho”, solicitudes que evidentemente no dicen relación con esta Entidad Fiscalizadora.

Por ello, el informe del Contralor General de la República, recomienda en este aspecto, a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones “que desestime el Recurso de Protección de autos, pues las presuntas acciones y omisiones alegadas por la actora, habrían sido adoptadas por la mencionada entidad edilicia, en ejercicio de las potestad que en ella se encuentra radicada, más no por esta Contraloría General ni por la Contraloría Regional de Coquimbo.

QUINTO: Que el recurrido Contralor General de la Republica allegó a los autos, los siguientes documentos: 1).- Oficios números 672, 960, 2.213 y 3.369 todos de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo; 2).- Presentación Numero 43.395 de 2018, efectuada por doña nombre reservado y oficio 617 de 2019, que atiende la consulta; 3).- Presentación Numero 198.931 de 2018, efectuada por doña nombre reservado y oficio 618 de 2019, que atiende la consulta; 4).- Certificados de notificación de los oficios números 672, 2.213 y 3.369 todos de 2018 de la Contraloría Regional de Coquimbo, emitidos por la Jefa de la Oficina de Partes de dicha Sede Regional; 5).- Dictámenes números 38.219 de 2009, 34.781 de 2013, 10.875 de 2014 todos de esta Contraloría General; 6).- Sentencias en causas roles números 1.616. 1.738 y 1914 todos de 2017 de la ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena; 7).- Resolución Número 1002 de 2011 de la Contraloría General de la República.

SEXTO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad del recurso de protección deducido en estos antecedentes formulada por la Contraloría General de la Republica y que se encuentra contenido en su informe, esto es, en relación con los Oficios números 617 y 618 de 2019, referida a la declaración de improcedencia de los recursos de revisión intentados por las recurrentes en contra del sumario administrativo incoado por la Ilustre Municipalidad de Combarbalá , así como de la sanción aplicada por el alcalde de este municipio, de la acción constitucional entablada; es preciso consignar que el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el recurso de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En la especie, si bien el recurso se presentó con fecha 25 de febrero de dos mil diecinueve y que posteriormente fue notificado a la Contraloría General de la República el 27 de febrero del mismo año en lo relativo a la resolución reclamada dictada con fecha 17 de octubre de 2017, referente a los decretos alcaldicios 3.477 y 3.478 de la Municipalidad de Combarbalá, cabe tener presente que el numeral primero del Auto Acordado de la Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el mismo se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Por otra parte, resulta conveniente tener presente en este sentido que el inciso 2° del artículo 54 de la Ley 19.880 dispone que una vez interpuesto una reclamación en contra de una resolución administrativa se “interrumpe” el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido, por lo que debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del recurso protección a partir desde ese momento en que se configura el hecho cierto de que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente, por lo que en la especie el recurso , de conformidad con el numeral del citado Auto Acordado, se encuentra presentado dentro del plazo legal y por ende, procede rechazar dicha alegación.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fondo las recurrentes mediante el presente recurso han reclamado como ilegal o arbitraria la resolución pronunciada por el Señor Contralor General de la Republica don nombre reservado, quien emitió los Oficios 617 y 618, en cuyo pronunciamiento habría desestimado las acciones legales deducidas por vía administrativa, con conclusiones a juicio de las recurrentes, abusivas que constituyen indebidamente una perturbación y amenaza al ejercicio de las garantías constitucionales alegadas, por cuanto validó ilegalmente el actuar del Alcalde de Combarbalá don nombre reservado, infringiendo el principio de legalidad y de las competencias; que el constituyente y el legislador han radicado en su esfera de atribuciones, significando con esto una vulneración a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en lo relativo, al principio de juricidad, debido proceso, igualdad ante la Ley y a la libertad del trabajo, además de lo dispuesto en el artículo 98° del texto constitucional ; así como de los artículos 1 °, 5°, 6°, 9°, 10°, 19°, 27° y 29°, y 156°, de la ley N° 10.336 en relación con el artículo 1° de la ley 18.575. El artículo 1° de la ley N° 10.336 y en el ejercicio del aludido control de legalidad, expresa que la Contraloría General de la República debe, entre otras funciones (…) “vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo” lo que se vincula con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso primero, de la citada ley la que prescribe “Que corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los servicios públicos, sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen”. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto el artículo 98 de la Constitución Política de la República, la Contraloría General de la República, es definida como un organismo autónomo que ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el egreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad general de la Nación y desempeña las demás funciones que le encomiende su ley orgánica constitucional. Ahora bien, el mencionado artículo reconoce a la Contraloría General de la República la facultad de ejercer "el control de legalidad de los actos de administración” el que se complementa con el artículo 10 de la Ley 10.336, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, el cual señala que dicha autoridad “tiene competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los Decretos y Resoluciones”. De ahí que el hecho de haber reclamado de los actos ilegales descritos y de las que han sido sujetos activos, tanto el Alcalde individualizado así como el Contralor Regional, permiten concluir para el caso que el señor Contralor General, al pronunciarse sobre esta materia, lo hiciera en conformidad y respecto de los hechos de infracción a la Ley descritos, que a su vez implicó, que conforme a sus atribuciones, tal pronunciamiento surgiera del examen en términos procedimentales que se ajustan de manera plena a lo que la ley se refiere.

La acción impetrada por las recurrentes en cuanto a agotar los recursos administrativos, tuvo como base el dar cumplimiento a lo ordenado, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y Excelentísima Corte Suprema, instituciones que así lo determinaron en sendos recursos de protección que dedujeron anteladamente, con la finalidad de reclamar las graves vulneraciones al ejercicio de Derechos Constitucionales. Consecuente con lo anterior, las recurrentes hacen presente expresamente la vulneración al derecho a una legítima defensa, sin ser oídas, además de las ilegalidades en el procedimiento sumarial. De ahí que esta acción intentada en contra del Contralor , en a cuanto ser acogido el recurso, tramitado y debidamente informado, claramente viene a demostrar que ello se encuadra en el espíritu que la doctrina constitucional mencionada, a propósito de lo que indica el Artículo 20 que explica que la perturbación al ejercicio de las garantías constitucional apunta a la idea de “una dificultad cuyo embarazo impide o se opone al ejercicio de un derecho, al trastorno del disfrute tranquilo que pertenece al titular”. Entendiendo que es el artículo 98 de la Constitución Política de la Republica que al definir la naturaleza jurídica de esta institución la califica como autónoma, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que a la vez forma parte de la administración del estado, encargándole funciones relativas al control de legalidad y juricidad de los actos administrativos, así como las funciones contables y jurídicas que la ley y la constitución le reconocen, ello se traducirá en razón de lo expresado en el 10 de la Ley 10.336 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, que el Contralor General de la República tiene competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los Decretos y resoluciones.

OCTAVO: Que tanto la doctrina administrativa como la constitucional admiten y reconocen la plena vigencia y existencia de la “teoría del control sobre el control”, y que valida la procedencia del recurso de protección en contra del Contralor General de la República, en atención a la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República dentro del campo atributivo que le reconoce la ley y la Constitución, esto es, según lo dispuesto en la Ley 10.336 y el Art 98 de la Constitución Política de la República. La doctrina constitucional, a decir de la opinión de algunos autores del ramo, sustentan ello en cuanto a recurrir en contra de las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias en las que pueda incurrir el Contralor General, ejerciendo un control mutuo de las instituciones u órganos que garantizan el Estado de Derecho, en este sentido y con respecto de esta materia destaca la posición que nos aporta don nombre reservado que sobre el tema nos dice: “El contralor como cabeza de un órgano de la Administración del Estado debe someter su acción a la Constitución a las normas dictadas conforme a ella. De esta manera, en su función fiscalizadora, el contralor puede realizar actos u omisiones ilegales o arbitrarios, que puedan vulnerar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares” – luego añade este autor -, “la Constitución al configurar en su artículo 20 la acción constitucional de protección, no hace distinción alguna en cuanto a que sus autoridades pueden ser consideradas como sujeto pasivo del recurso”, continuando con el autor, “(…) En numerosas oportunidades se han interpuesto recursos de protección en contra del Contralor General de la República, por estimarse que ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria, según sea el caso, al efectuar el control preventivo de un decreto o resolución administrativa (…) (Título: “Manual De Derecho Constitucional”, Tomo I: nombre reservado, Editorial Ediar, Santiago. 1987)

La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país - Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago - , ha establecido un criterio claro en cuanto a la procedencia del Recurso de Protección en contra del Contralor General de la Republica, así sobre este particular en Sentencia de la Corte Suprema de 24 de abril de 1991 se expresa:

“No es posible aceptar en nuestro Derecho que no pueda recurrirse de protección en contra de un dictamen de la Controlaría General de la Republica, pues aunque ella lo emite en ejercicio de sus atribuciones , su contenido puede ser ilegal o arbitrario, puesto que así como una resolución judicial pronunciada por un juez competente, pero contrariando una disposición legal puede y debe ser enmendada por la autoridad superior, así también un dictamen de la Contraloría, en un acto similar, puede y debe ser corregido por la autoridad judicial competente , como es en el caso de una protección de la Corte de Apelación respectiva”.

En el mismo sentido, la Excelentísima Corte Suprema en un fallo de 3 de octubre de 1989 dictaminó que:

“La circunstancia de ser la Contraloría General de la Republica, un organismo estatal de consagración constitucional, con autonomía e independencia de todos los ministerios, autoridades y oficinas de Estado, no significa que sus actos u omisiones queden exentos del control jurisdiccional, porque además de pertenecer a los tribunales de justicia el conocimiento de todas las causas civiles y criminales que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la república, cualquiera sea la naturaleza del litigio o la calidad de las personas que en ellas intervengan, específicamente compete a las Cortes de Apelaciones la función, que les encomienda el artículo 20 de la Constitución , de adoptar las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien, afectado por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de un tercero, quienquiera sea, sufre perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos amparados por esta acción de protección”

Con ello se confirma la aceptación de la doctrina constitucional chilena, en cuanto a aceptar la plena recurribilidad judicial de los actos del Contralor. Aspecto que no entra en pugna o contradicción con la autonomía del órgano contralor, por lo que no es pertinente considerar como fundamento la idea en cuanto a excluir al órgano contralor del control jurisdiccional, la que se funda en la tesis del derecho administrativo que habla del principio de la sujeción a la jerarquía del poder central. Fundamento que se encuentra plenamente ratificado en el Dictamen 679, de 1992 el cual concluyó: “La autonomía no importa discrecionalidad que faculte al órgano o entidad autónoma para marginarse del principio de legalidad y, consecuentemente, del control administrativo y jurisdiccional que el ordenamiento jurídico constitucional establece en los artículos 6, 7, 38, 98 (…). Por consiguiente, la fiscalización que la Contraloría General ejerce, por mandato constitucional, respecto de los órganos de la administración (…) en nada pueden afectar su autonomía, puesto que el control y la autonomía no son conceptos antinómicos, sino complementarios.

NOVENO: Que resulta necesario analizar si la decisión del Contralor General de la República puede ser calificada de ilegal o arbitrario en contravención a la ley, sea porque la decisión adoptada no se encuentra acorde con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico o porque la autoridad que la tomó actúo fuera de sus facultades; para el caso en el que se sustenta esta acción, parece pertinente situarnos en lo que indica el artículo 24 de la Ley Número 10.336 sobre Organización y Atribuciones del ente Contralor que al respecto dispone que el “Contralor general podrá constituir dependencias de la Contraloría en las zonas del país que él determine, con el objeto de facilitar y hacer más eficaz el control que la Ley le encomienda, afinado por resolución de la jurisdicción territorial de dichas oficinas, sus atribuciones y el personal de este organismo que las atenderá dentro de la competencia general de la Contraloría”, lo que se vincula con relación a los artículos 2° y 9° letra a) de la resolución 1.002 de 2011 que en la especie asigna las atribuciones específicas de las Contralorías Regionales, emisor de los dictámenes relativos a materias propias de su competencia, aplicando siempre los criterios jurisprudenciales vigentes de esta Contraloría General. De ahí que de conformidad con este asunto, la Contraloría Regional de Coquimbo le correspondió, como representante del Contralor General en esa región emitir los pronunciamientos requeridos que se trataron respecto de los hechos ocurridos en esta Sede Regional; pasando a constituir una actuación legitima, en lo que respecta al rechazo de los recursos de revisión deducidos en contra del procedimiento administrativo; lo anterior en razón de haberse interpuesto dicho recurso en contra de un órgano competente para conocer de los mismos, según lo expresa el Artículo 60 de la ley 19.880, el que señala “Que en contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o en su defecto, ante la autoridad que lo hubiera dictado, en virtud de las causales especificas que en esa disposición se indica”. En esta causa las actoras dedujeron ante la Contraloría General de la República, recursos de revisión en contra de un sumario administrativo instruido por la Municipalidad de Combarbalá a cuyo término se le aplicó la medidas disciplinarias de destitución en contra de las recurrentes nombre reservado y nombre reservado a propósito de los Oficios Números 617 y 618 respectivamente, ambos de 7 de febrero de 2019, razón por la cual las aludidas dedujeron reclamos de ilegalidad ante la Contraloría Regional por los decretos alcaldicios Números 3.477 y 3.478, ambos de octubre de 2018, mediante las cuales, el alcalde de dicho municipio aplicó la medida de destitución una vez concluido el sumario administrativo llevado a cabo. Dichos reclamos de ilegalidad fueron rechazados por la Contraloría Regional a través de los Oficios números 960 y 2.213 de 2018, lo que determinó que con posterioridad las recurrentes dedujeran dichos recursos de revisión con fecha 27 de agosto y 12 de septiembre de 2018 en contra del mismo procedimiento disciplinario, los que fueron desestimados por la Contraloría Regional de Coquimbo. A lo anterior es importante agregar que tanto doña nombre reservado (Rol números 1616, 1914, 1738 todas de 2017) como doña nombre reservado (Rol 271 de 2018) interpusieron Recursos de Protección ante esta Ilustrísima Corte, los cuales fueron rechazados. En razón de lo anterior y conforme a lo expresado en el considerando noveno, las actoras dedujeron recurso de protección en contra de la decisión del Contralor General, conforme a lo que dicta el Articulo 20 y lo que expresa la doctrina constitucional y administrativa; empero, ello no constituyó por parte de éste haber incurrido en actuaciones arbitrarias e ilegales, toda vez que sus decisiones no derivaron de un mero capricho o arbitrio, sino consecuencia de un estudio de los antecedentes a las situaciones planteadas, además de la interpretación normativa vigente. Por ende, dentro de las facultades y del marco jurídico que reglamenta las atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de la Sede Regional.

DECIMO: Que las recurrentes invocan en primer término como garantía conculcada la contemplada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, “La igualdad ante la ley”.

UNDECIMO: Que dicha garantía trasunta el principio contenido en el inciso primero del artículo 1° de dicha Carta Fundamental, esto es de que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, de manera que la igualdad ante la ley tiene como sustento basal, la circunstancia de que las personas que se encuentran en una determinada situación análoga y neutral, deben tener el mismo régimen jurídico y por ende iguales derechos, sin que puedan ser discriminadas en virtud de diferencias arbitrarias.

DECIMO SEGUNDO: Que no obstante, en la especie no existe el menor atisbo de que la recurrida haya incurrido en una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley habiendo actuado conforme a la normativa constitucional, legal e interna que regula su marco de atribuciones, de manera que no se ha violentado dicha igualdad ante la ley, por lo demás no consta que la recurrida haya actuado de manera diferente para casos análogos, por lo que dicha recurrida no ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal que haya conculcado la referida garantía constitucional.

DECIMO TERCERO: Que las recurrentes invocan en segundo término como garantía conculcada la contemplada en el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

DECIMO CUARTO: Que conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, sólo se protege mediante el referido amparo constitucional la garantía contemplada en el inciso quinto del referido artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho”, de manera que sólo dicha garantía será objeto de análisis.

DECIMO QUINTO: Que al efecto cabe señalar que se está en presencia de una comisión especial cuando una persona es juzgada por un tribunal establecido por una fuente distinta a una ley o por un tribunal establecido con posterioridad a la de un determinado hecho, de lo contrario no cabe considerarlo como una comisión especial, siendo del caso precisar que no se puede tampoco calificar como comisión especial a un tribunal que no pertenezca al Poder Judicial, ya que perfectamente puede tratarse de un tribunal que ejerza jurisdicción que ha sido creado por el legislador para funcionar al interior de otros poderes del estado, siempre y cuando no tengan atribuciones que están reservadas por ley al Poder Judicial.

DECIMO SEXTO: Que indudablemente no se puede considerar a la recurrida Contraloría General de la República como una comisión especial, ya que de la forma actual como se conoce, data desde la dictación del DFL N°400-bis, de fecha 26 de marzo de 1927 e incluso sus origines se remontan a la época de la Colonia, y por otro lado obviamente el hecho que motiva el recurso de protección es posterior al inicio de funciones de dicha entidad, de manera que la recurrida no ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal que haya conculcado la referida garantía constitucional.

DECIMO SEPTIMO: Que las recurrentes invocan en tercer término como garantía conculcada la contemplada en el N°16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es “La libertad de trabajo y su protección”.

DECIMO OCTAVO: Que según se ha sostenido, la libertad de trabajo comprende dos facetas; la primera dice relación con el derecho de toda persona para no ser forzado a cumplir una labor sin su consentimiento, y la segunda consiste en el derecho de toda persona de elegir libremente las condiciones en que contratará sus servicios con apego a las limitaciones legales.

DECIMO NOVENO: Que en la especie, la situación de las recurrentes no se encuentra comprendida en ninguna de las situaciones descritas precedentemente, puesto que la cuestión debatida en el presente recurso de protección es diferente a que hayan sido obligadas a realizar una labor sin su consentimiento o que se les haya impedido fijar las condiciones en que se contrataron sus servicios, de manera que la recurrida no ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal que haya conculcado la referida garantía constitucional.

VIGESIMO: Que no es posible advertir una actuación ilegal y/o arbitraria por parte del recurrido, el cual se ha limitado a actuar y proceder dentro de la esfera de su competencia y atribuciones, sin que logre advertirse la configuración de las vulneraciones denunciadas por las recurrentes respecto del órgano contralor, por lo que cabe rechazar el recurso de protección.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto, por las Señoras nombre reservado y nombre reservado contra del señor Contralor General de la República.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante, don Daniel Alvarez Soza.

Rol N° 186-2019.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Jaime Franco Ugarte, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Daniel Álvarez Soza. No firma el Ministro señor Franco, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con feriado legal.

La Serena, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.