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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 186-201018 may 2010

nombre reservado CONTRA nombre reservado, DIRECTOR REGIONAL SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Fecha
18 de mayo de 2010
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 186-2010, sentencia de 18 de mayo de 2010

Resumen

Se rechaza la protección deducida contra el Director Regional de Sercotec: la negativa del subsidio no fue arbitraria, pues la tenencia del inmueble por la arrendadora de la recurrente se obtuvo por medios ilícitos, tratándose de un bien fiscal ocupado ilegalmente.

Texto íntegro

9 La Serena, dieciocho de Mayo del dos mil diez.

VISTOS:

A fojas 17 comparece doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado y expone que recurre de protección en contra de don nombre reservado Director Regional del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) por sí y en representación de dicho organismo público, domiciliados ambos en domicilio reservado, ciudad y comuna de La Serena, por hechos que constituyen un atentado en contra de las garantías contempladas en el artículo 19 Nos. 2 y 22 de la Constitución Política de la República. Como fundamentos de hecho del recurso hizo presente los siguientes: Que con ocasión del incendio que tuvo lugar el 23 de enero de 2010 en el sector de las calles O´Higgins y Domeyko de esta ciudad, la Intendencia Regional gestionó una reunión con el Servicio de Cooperación Técnica de la Región de Coquimbo, de la cual surgió la decisión de dicho organismo de apoyar a todos los locatarios y arrendatarios de locales afectados, con un subsidio, en el marco de un Programa de Reemprendimiento, en relación al capital invertido por cada uno de ellos, en base a su declaración de capital propio. En virtud de esto la entidad recurrida procedió a hacer entrega de los subsidios a los afectados, pero negándose a otorgarlo respecto de la recurrente, dando como razones para ello en carta que le envió con fecha 5 de marzo de 2010, que no cumpliría con el requisito de ser locataria o arrendataria del inmueble objeto del beneficio, debido a que de antecedentes recibidos a través de la Secretaría Regional de Bienes Nacionales, el lugar en que ejercía su negocio la recurrente, correspondería a un bien fiscal que estaría siendo ocupado ilegalmente. Este proceder de la recurrida, continúa la recurrente, presenta el carácter de ilegal, atendido que el contrato de arrendamiento que ha servido de título para la ocupación del inmueble ha tenido el carácter de válido, aunque se tratara de una cosa que fuera ajena al arrendador, lo que sucedería en el supuesto caso en que perteneciera al Fisco. En todo caso, de no ser ilegal el acto, es completamente arbitrario, ya que la razón por la cual se dispuso la entrega de dicho subsidio era el encontrarse afectado por el incendio y ser locatario o arrendatario, es decir ocupar en calidad de dueño o con un título de mera tenencia, como es el arrendamiento. Se dedujo un recurso de reconsideración en contra de la negativa formulada por Sercotec, sin que aún se haya obtenido respuesta. Como fundamentos de derecho expuso que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida la afectó en relación a la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que señala que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, diferenciación que se ha producido en el presente caso, dado que entre la recurrente y los demás afectados por el incendio no existe diferencia alguna, no presentándose diferencia entre su contrato de arrendamiento y aquellos celebrados por los demás arrendatarios beneficiarios. Agrega la recurrente que con el actuar de la recurrida al negarle la concesión del subsidio, le fue afectada además la garantía del artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República, referente a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, garantía que no admite que el Estado pueda entregar beneficios directos o indirectos, sino en virtud de una ley y siempre que no signifique discriminación. Solicitó finalmente que se hiciera lugar al recurso y se resolviera el otorgamiento del subsidio solicitado.

A fojas 78, la abogada Gloria Herrera Araya, en representación del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, evacuó el informe solicitado, exponiendo que, con motivo del incendio de 24 de enero de 2010 que afectó a los locales de calle Domeyko de la ciudad de La Serena, la Presidenta de la República solicitó a Sercotec, a través del Ministerio del Interior, generar un programa especial de apoyo a los empresarios y locatarios o arrendatarios de los locales comerciales afectados por el incendio. Para cumplir con esta solicitud Sercotec decidió implementar un programa especial de apoyo para revitalizar la actividad económica de los comerciantes y empresarios afectados por el siniestro, cuyo objetivo era generar actividades económicas que permitieran el reemprendimiento de su iniciativa comercial. Este programa se denominó, “Programa especial de Reemprendimiento para los locatarios afectados por el incendio de calle Domeyko y O´Higgins”. El diseño del programa se encuentra contenido en documento anexo a la Resolución 8648-A, de 10 de febrero de 2010, que ordenó la ejecución del mismo a la Dirección Regional de Coquimbo. Dentro de tal documento se consideraba que la Intendencia Regional debía establecer el listado de beneficiarios, el cual sería enviado a Sercotec mediante oficio. La calidad de beneficiario debía ser determinada por la Intendencia y Sercotec sólo debía verificar los antecedentes con el Servicio de Impuestos Internos. Para ser beneficiarios se precisaba que los empresarios postulantes tuvieran el siguiente perfil: a) Tratarse de empresarios formales que al momento de ocurrido el siniestro se encontraran ejerciendo su actividad económica al interior de los locales de calle Domeyko y O´Higgins, que contaran con iniciación de actividades y que tributaran bajo el formulario 29; b) Tratarse de empresarios que al momento de ocurrido el siniestro se encontraran ejerciendo su actividad económica al interior de los locales de calle Domeyko y O´Higgins y que tributaran trimestralmente según las disposiciones del Servicio de Impuestos Internos (tasación); c) Otros empresarios que al momento de ocurrido el siniestro se encontraran ejerciendo su actividad económica al interior de los locales de calle Domeyko y O´Higgins, con iniciación de actividades al día y que tributan bajo otra modalidad ante el SII; d) Que ejerzan una actividad lícita; e) Que sus ventas anuales no sean superiores a 25.000 UF ; y e) Que no cuenten con seguros comprometidos. El 22 de febrero de 2010 don nombre reservado, Director Regional de Sercotec, recibió un correo electrónico que le fue remitido por don nombre reservado, abogado de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, quien le informaba que la señora nombre reservado, entre otras personas, ocupaba ilegalmente el inmueble de domicilio reservado, por lo que se le debía negar cualquier beneficio. Posteriormente, el 26 de febrero de 2010, el señor nombre reservado recibió del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, el Oficio N° 1093, en que se remitían antecedentes de la propiedad fiscal ubicada en O´Higgins N° 675, que estaba siendo usurpada desde el mes de junio de 2009 por doña nombre reservado, su nieto nombre reservado y la recurrente nombre reservado, entre otros. En virtud de esta situación Sercotec no podía entregar el beneficio a la recurrente nombre reservado, lo que le fue informado mediante cartas del 5 y 25 de marzo de 2010, en las que se le hizo presente que no cumplía con los requisitos del programa, esto es, ser propietario o arrendatario del local según la normativa vigente. Solicitó finalmente tener por evacuado el informe solicitado y que en base a la documentación acompañada se tuviera por acreditado que el Servicio de Cooperación Técnica no ha realizado acciones arbitrarias o ilegales que pudieran afectar a la recurrente en sus garantías constitucionales del artículo 19 núms. 2 y 22 de la Constitución Política de la República.

A fojas 83 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.- Que el nombre reservado de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese atributo.

2.- Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal – esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario, esto es producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes – protegidas, consideración que resulta básica para el examen y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

3.- Que con el instrumento de fojas 45 y siguiente, apreciado de conformidad a la sana crítica, se tiene por probado que el Fisco es titular de la inscripción de dominio de fojas 1505 N° 1223 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, de fecha 7 de mayo de 1993, que se refiere al inmueble situado en domicilio reservado de dicha ciudad, cuya superficie y deslindes se indican. Esta inscripción le da la calidad de poseedor inscrito, debiendo estimársele dueño de dicho bien raíz de conformidad a la presunción del inciso 2° del artículo 700 del Código Civil.

4.- Que según se desprende de lo expuesto en los escritos de recurso y de informe, existe común acuerdo entre recurrente y recurrida en relación a la ocurrencia de los siguientes hechos:

a) Que la recurrente era ocupante de un local comercial situado dentro del inmueble de domicilio reservado de la ciudad de La Serena, antes mencionado; b) Que con fecha 23 de enero de 2010 se produjo un incendio en el sector de las calles O¨Higgins y Domeyko de la ciudad de La Serena que afectó a varios inmuebles, entre los cuales figuraba el de O¨Higgins N° 675, que quedó totalmente destruido; c) Que Sercotec con el fin de revitalizar la actividad económica de los comerciantes y empresarios que desarrollaban sus actividades en los locales afectados por el incendio antes mencionado, generó un programa denominado, “Programa Especial de Reemprendimiento para los Locatarios Afectados por el Incendio de calles Domeyko y O´Higgins” que contemplaba otorgar un subsidio en dinero a tales personas; d) Que para poder ser beneficiario del programa anterior se requería el cumplimiento de diversos requisitos, entre los cuales figuraba el haber tenido la calidad de propietario o arrendatario de alguno de los inmuebles afectados.

5.- Que con la carta que rola a fojas 3, acompañada también por la recurrida a fojas 71, resulta acreditado que Sercotec señaló a la recurrente que no se le podía conceder el subsidio estatal antes referido en atención a no cumplir con la calidad de locatario o arrendatario del inmueble beneficiario de conformidad a la normativa legal vigente en la materia.

6.- Que con el mérito del contenido de las copias de los Ordinarios N° 1093, de 26 de febrero de 2010 del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales dirigido al Director de Sercotec, de fojas 37 y N° 2653 de 17 de noviembre de 2009, dirigido por el mismo Seremi al Abogado Procurador Fiscal de La Serena del Consejo de Defensa del Estado, de fojas 39, y de la copia de la declaración prestada por doña nombre reservado en la causa RUC 0900586804-9 de la Fiscalía Local de La Serena, cuya copia rola a fojas 51, antecedentes todos que se aprecian de conformidad a la sana crítica, se tiene por probado que doña nombre reservado y su grupo familiar fueron lanzados con la fuerza pública en mayo de 2007 desde el inmueble de domicilio reservado, antes referido, diligencia que se llevó a cabo en los autos Rol N° 1.555-2002 por terminación de contrato de arrendamiento por no pago de rentas del Segundo Juzgado de Letras de La Serena.

7.- Que con el mérito de los Ordinarios de la SEREMI de Bienes Nacionales aludidos en el fundamento anterior y la declaración de doña nombre reservado prestada ante la Fiscalía, también antes citada, a los que se agregan las declaraciones del abogado de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales, don nombre reservado, de fojas 53 y del arquitecto de la misma Secretaría Regional Ministerial, don nombre reservado, de fojas 55, antecedentes todos que se aprecian de conformidad a la sana crítica, se tiene por probado que con fecha 18 de junio de 2009 doña nombre reservado y su nieto nombre reservado, contraviniendo lo actuado en orden al cumplimiento de lo resuelto respecto de la entrega del inmueble en los antecedentes civiles del 2° Juzgado de Letras de La Serena, antes citados, ingresaron por la fuerza al inmueble de domicilio reservado antes referido, del cual se apropiaron materialmente.

8.- Que con el mérito de lo señalado en el Ordinario N° 1093 del Seremi de Bienes Nacionales al Director de Sercotec, antes citado y con el mérito de la copia de declaración jurada ante notario efectuada por doña nombre reservado, de fojas 14, apreciados según la sana crítica, se tiene por probado que en julio de 2009 la última nombrada dio en arrendamiento a la recurrente el inmueble de domicilio reservado, de la ciudad de La Serena, antes mencionado.

9.- Que en la negativa de la recurrida a conceder a la actora el subsidio contemplado en el programa Especial de Reemprendimiento para los Locatarios Afectados por el Incendio de calle Domeyko y O´Higgins de La Serena, no es posible ver una acción fundada en la arbitrariedad o el mero capricho, atendido que la desigualdad en el trato que se le ha otorgado en relación a otras personas que hubieran sido arrendatarios de inmuebles en el sector afectado en referencia, tiene por base la circunstancia de haber obtenido la tenencia del inmueble la arrendadora de la recurrente por medios ilícitos. Por otra parte concederle a la recurrente el subsidio por un organismo del Estado, como es Sercotec, para que siga desarrollando su actividad comercial y ocupando ilegalmente un inmueble perteneciente al Fisco y que impida la utilización por éste del mismo en beneficio de la comunidad, iría contra el bien común, principio a cuyo cumplimiento está obligado a propender el Estado, según se contempla en el artículo 1° inciso 4° de la Constitución Política de la República.

Por estas razones debe estimarse que en el acto recurrido no se han infringido las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y de la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, contemplados en los números 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone:

Que se rechaza la acción de protección intentada en lo principal del escrito de fojas 17 y siguientes por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de don nombre reservado, Ministro Titular.

Rol N°186-2010 (Civil) .