Protección contra Departamento de Administración de Educación Municipal de Combarbalá

nombre reservado

Departamento de Administración de Educación Municipal de Combarbalá Recurso de Protección Rol N°1858-2020.- La Serena, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.-.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña Elizabeth Hernández González, abogada, en representación de doña nombre reservado, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado y deduce nombre reservado en contra de Departamento de Administración de Educación Municipal de Combarbalá (DAEM) representado por su Jefe DAEM doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Señala que su representada se desempeña como docente en el liceo Samuel Román Rojas perteneciente al Departamento de Administración de Educación Municipal de Combarbalá desde el año 1998.

Agrega que en marzo de 2018 fue notificada de la instrucción de un sumario administrativo en su contra el cual, el que fue notificado en mayo del 2018, disponiéndose por el fiscal instructor la suspensión de sus funciones mientras durara la tramitación de este y que en septiembre de 2019 fue citada por primera vez a prestar declaración ante el fiscal instructor.

Indica que a proposito de la evaluación docente correspondiente al año 2020 la actora solicitó al departamento de educación acogerse a la misma, recibiendo respuesta vía correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2020 en que se le indica que no habría problema con que se someta a la evaluación docente y que el director del establecimiento le asignaría horas del plan de estudio, toda vez que habrían consultado al fiscal que instruye el sumario quien habría indicado su representada había sido notificada de que debía ponerse a disposición del Director del Establecimiento. Agrega que en mayo recibió en su domicilio una comunicación de Correos de Chile en la cual se informa que habría un documento para ella el cual debía ser retirado la sucursal, no obstante, al día siguiente de recibido el aviso se encuentra con que la sucursal había sido cerrada producto de la pandemia y a la fecha dicha agencia no ha vuelto a funcionar sin haber tomado, en consecuencia, conocimiento respecto de dicha comunicación que le fue remitida.

De otro lado alega que, el 30 de septiembre del año 2020 recibió una notificación en su domicilio acerca de la instrucción de un segundo sumario en su contra, el cual se cursó por no haberse presentado trabajar durante los últimos meses. Expresa que a fin de entender las razones de este nuevo sumario se reúne con el fiscal instructor quien le indicó desconocer la medida de suspensión de funciones que le había sido impuesto en virtud del sumario anterior, haciendo presenta además que le ha resultado infructuoso comunicarse con el fiscal del primer sumario.

Señala que, además, los primeros días de octubre se percató que no había sido enterada su remuneración correspondiente al mes de septiembre de 2020, informándose a través del Ordinario N°605 del 13 de octubre de 2020 de la jefa del departamento de educación doña nombre reservado que su remuneración no ha sido enterada toda vez que no existe evidencia de que haya cumplido con los servicios como docente en el establecimiento desde la fecha en que se le habría notificado la instrucción de reintegrarse al establecimiento.

Alega que nunca ha sido notificada del término de la medida de suspensión y que debía reintegrarse a sus funciones señalando que, además, pidió al fiscal instructor copia del respectivo sumario y que el asesor jurídico del municipio le señaló que no es posible su entrega, ya que aún se encuentran a la espera de la contestación escrita de su declaración, indicando que tal respuesta le resulta confusa en atención a que compareció en forma personal ante el fiscal en el mes de septiembre del 2019.

Así, concluye de tal respuesta que el sumario aún no ha terminado y no se han formulado cargos, por lo que mal podría haberse levantado la suspensión de funciones toda vez que el artículo 134 de la Ley N° 18.873 dispone que la medida de suspensión de funciones terminará con el sobreseimiento que será notificado personalmente y por escrito por el actuario o al emitirse el dictamen del fiscal se corresponda.

En consecuencia, señala que el acto arbitrario e ilegal consiste en que la recurrida resuelve iniciar un sumario administrativo en contra de la actora imputándole como falta administrativa al no haberse presentado a cumplir sus labores docentes a sabiendas de que la recurrente se encuentra suspendida de sus funciones en virtud de la instrucción del sumario administrativo anterior y, además, se le retiene el pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2020 sin que medie resolución o acto administrativo alguno que ampare dicha medida, lo que constituye una vulneración a las garantías contenidas en el artículo 19 Nº 3 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto pide que se declare que la recurrida ha incurrido en una acción ilegal o arbitraria debiendo dejarse sin efecto la retención que pesa sobre sus remuneraciones en los meses de septiembre y octubre y disponiendo su inmediato reintegro debidamente reajustado con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso correos electrónicos de 27 de mayo, 27 de octubre de 2020 y Carta de 13 de octubre de 2020.

SEGUNDO: Que, a folio 10 informa don Alejandro Echeverría Jerez, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Combarbalá solicitando el rechazo del recurso con costas.

Indica que la recurrente expone no haber tomado conocimiento de haberse levantado la suspensión de funciones en el sumario instruido en su contra por el Decreto Nº4295/17, pero que dicha afirmación no es efectiva, toda vez que fue notificada del alzamiento de la suspensión de manera personal con fecha 15 de mayo de 2020, según el atestado de la actuaria en el procedimiento administrativo y se agregó un envío por Correos de Chile sólo en extremo resguardo de los derechos de la recurrente, conocimiento del cual también da cuenta el correo electrónico acompañado por la propia recurrente de 27 de mayo, en el cual la Jefa del Daem le informa en respuesta a sus inquietudes por la evaluación docente, su obligación de ponerse a disposición del director de su establecimiento.

Expone que carece de toda plausibilidad lo expresado por la recurrente sin que pueda justificarse en una actitud pasiva y que considerando la obligación legal de resguardo de los recursos públicos y que todo pago debe estar basado en una actividad efectivamente realizada, lo que no ha ocurrido en la especie, pues la recurrente no se presentó al establecimiento educacional en el que se desempeña a pesar de haber tomado conocimiento del levantamiento de la suspensión.

Agrega que producto de la negativa a reintegrarse se instruyó un segundo sumario a través del Decreto N°2.640, de fecha 28 de septiembre de 2020 el cual se encuentra en etapa de formulación de cargos.

Expone que en consecuencia la discusión de fondo escapa de la naturaleza cautelar de la presente acción resultando la cuestión de fondo una controversia probatoria de lato conocimiento.

TERCERO: A folio 16, se ordenó como trámite acompañar copia íntegra del sumario instruido en contra de la recurrente por decreto Nº4295/17.

CUARTO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Sobre el punto se ha dicho “Que requiere, por tanto, que el derecho que se dice conculcado sea "legítimo", es decir, que se funde en claras situaciones de facto que permitan, por este especial procedimiento restablecer el imperio del derecho; pero es improcedente que por medio de él se pretenda un pronunciamiento sobre situaciones de fondo, que son de lato conocimiento”. (E. Corte Suprema, sentencia de 22 junio 1992, R.G.J., N° 144, pág. 57)

SEXTO: Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección; Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, no.1, p.43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho y con él se procura mantener el status quo vigente, impidiendo la justicia por propia mano a través de acciones que alteren el orden jurídico establecido. (C. Suprema, 31 de marzo de 1997, R.G.J., N° 201, pág. 44).

SEPTIMO: Que, la reclamante con su recurso ataca dos actos de la reclamada, el primero referido al haberse iniciado un sumario administrativo por no haberse presentado a trabajar luego de alzada la medida de suspensión de funciones decretada en otro sumario administrativo al que se encuentra sometida y el segundo acto impugnado es el no pago de sus remuneraciones a partir del mes de septiembre de 2020 en atención al no haberse presentado a trabajar, según habría informado al DAEM el Director del establecimiento educacional en que se desempeña.

OCTAVO: Que, respecto del primer acto objetado cabe decir que no existe discusión respecto a su ocurrencia, por el contrario tanto con el Informe de la recurrida como con la copia del respectivo expediente administrativo aquel queda acreditado, sin embargo debe ser descartado este como un acto ilegal o arbitrario tanto por cuanto es una obligación de la autoridad administrativa disponer la instrucción de un sumario administrativo ante hechos que lo justifiquen- artículo 118 y siguientes Ley 18.883 y artículo 72 del Estatuto Docente- como que no se trata de un acto terminal sino por el contrario es el acto inicial de un continuo o sucesión de otros actos administrativos, algunos de los cuales pueden afectar derechos y justificar así su impugnación por los medios que contempla la Ley, pero no es menos cierto que en este caso aquello no ocurre como tampoco se puede estimar que la instrucción del mismo aparece como arbitrario, caprichoso o sin justificación pues precisamente busca dilucidar una situación de que tomó conocimiento la recurrida y que pudiera configurar una falta administrativa de la reclamante siendo la vía para aclarar aquello la instrucción de un sumario administrativo.

NOVENO: Que, ahora en relación al segundo hecho atacado, suspensión del pago de las remuneraciones de la recurrente, es menester tener en cuenta que no existe discusión que la recurrida por Decreto Alcaldicio n° 2640 de 28 de septiembre de 2020 ordenó instruir sumario de conformidad a los dispuesto en las Ley 18.883 y 19.070 respecto de nombre reservado por su ausencia a cumplir su función como docente del Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá pues estando suspendida en un proceso administrativo al alzarse esta medida de suspensión no se habría reintegrado.

DECIMO: Que, el cargo de docente que ostenta la reclamante trae aparejada derechos y obligaciones, lo mismo que para la recurrida conlleva su rol de empleadora, encontrándolas tanto en la Ley 18.883 y Ley 19.070, entre otras.

En lo que interesa, dentro de las obligaciones que tiene la recurrente se encuentra asistir a su lugar de trabajo y prestar las labores para las cuales está contratada y como contrapartida tiene el derecho a que se le remunere con el salario o estipendio convenido y lo anterior permite colegir las obligaciones y derechos de la recurrida en este ámbito.

UNDECIMO: Que, no es discutido que, a lo menos desde el mes de septiembre pasado, la recurrida no ha pagado a la reclamante su remuneración como docente del Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá, así se consigna, además, en el Informe de fecha 2 de febrero de este año del Encargado de Recursos Humanos del departamento de Educación de Combarbalá que obra en el Sumario Administrativo 2640, y que ello se sostiene por la reclamada en la supuesta inasistencia de la recurrente a cumplir su labor.

DUODECIMO: Que, el no pago de la remuneración de la recurrente constituye un acto alejado de la legalidad, que en este caso dice relación con cumplir por parte de la reclamada con su obligación de remunerar al funcionario, artículo 35 Ley 19.070, ya que dicha medida se adoptó sin resolución alguna que la sostenga como también por encontrarse pendiente un sumario administrativo destinado a dilucidar las circunstancias de la ausencia de la reclamante a sus labores, ausencias estas que sirven de sostén a dicho no pago del salario, en otras palabras, aún no se ha dilucidado si se encuentran justificadas o no dichas ausencias.

Lo anterior, transforma, además, en arbitraria dicha acción de no pago de las remuneraciones pues, a lo menos, en este momento, carece de soporte fáctico y/o jurídico que la sustente apareciendo como un capricho del agente que la adoptó.

DECIMOTERCERO: Que, en una situación similar nuestro máximo tribunal resolvió “Cuarto: Que configurándose una eventual falta a los deberes funcionarios, ello podría traer aparejado para los profesores infractores posibles medidas disciplinarias, para cuya imposición se requiere necesariamente que la responsabilidad administrativa se acreditara mediante una investigación sumaria o sumario administrativo que en el caso de autos no fue realizada. Quinto: Que atendido lo señalado, los descuentos realizados por el municipio recurrido revisten una manifiesta antijuridicidad, puesto que no hubo una indagación previa a fin de determinar la identidad precisa de aquellos que tuvieron participación en los hechos denunciados en el nombre reservado, en cuya resolución firme y una vez afinada se basaran los descuentos a sus remuneraciones, debiéndose haber dilucidado los hechos que originaron la sanción a través de la instrucción de una investigación en la que se determinaran completamente las identidades de los involucrados y los hechos constitutivos de la infracción y de aquellos elementos que agraven o mitiguen la falta cometida o que los eximieran de responsabilidad, en su caso”. (Rol 27.615-2019)

DECIMOCUARTO: Que, el proceder de la recurrida importa una vulneración de la garantía del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República pues con aquel privó a la reclamante nombre reservado de su remuneración.

DECIMOQUINTO: Que, en consecuencia, habiéndose establecido un acto ilegal y arbitrario que ha vulnerado una garantía fundamental de la recurrente corresponde acoger la presente acción constitucional en la modalidad que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se ACOGE, con costas, el nombre reservado interpuesto en representación de doña nombre reservado, en contra del Departamento de Administración de Educación Municipal de Combarbalá, de Municipalidad de Combarbalá, y, por ende, se le ordena a la recurrida cursar el pago a la recurrente de sus remuneraciones correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2020 y de los demás meses en que no se le haya pagado, teniendo como fundamento aquello los hechos que originaron el Sumario Administrativo n° 2640.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Rol N° 1858-2020.-. Protección.-.