nombre reservado con AGUAS DEL VALLE S.A.

nombre reservado, nombre reservado y otros Aguas del Valle S.A.

Recurso de protección Rol N°1855-2025 La Serena, diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparecen los abogados doña Yolanda del Carmen Núñez Vega y don Hernán Vega Martínez y el licenciado en ciencias jurídicas don nombre reservado, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, Coquimbo; nombre reservado, chileno, soltero, mecánico, RUT N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa Bárbara, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa Bárbara, comuna de Coquimbo; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, callejón Santa nombre reservado de Azúcar, comuna de Coquimbo; y nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, callejón Santa Bárbara, comuna de Coquimbo, interponiendo acción constitucional de protección en contra de AGUAS DEL VALLE S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario dar inicio a la ejecución de una obra para la instalación de tuberías y un pozo de captación de agua en el callejón Santa Bárbara, sin la debida autorización, lo que señalan vulnerar las garantías de los recurrentes contenidas en artículo 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, los recurrentes son residentes del sector callejón Santa nombre reservado de Azúcar, ubicado en la comuna de Coquimbo, donde existen 13 parcelas y 13 familias por más de cincuenta años en el sector, indica que el callejón ha sido de tierra y nunca han podido contar con agua potable.

Señala que, el 05 de mayo de 2023 la Ilustre Municipalidad de Coquimbo a través de Decreto Exento N°1054 autorizó a Aguas del Valle S.A. a instalar tuberías que transportarán agua cruda desde un pozo y obras complementarias de ejecución y operación en sectores de Pan de Azúcar, en la comuna de Coquimbo, documento que incluye un visto bueno para que la empresa sanitaria pueda intervenir ciertos callejones del mencionado sector, a saber: 1) Avenida del Santuario; 2) Calle Triunfo Campesino; 3) Callejón Santa Elena; y 4) Perla del Norte Chico. El fundamento del permiso, es dotar de infraestructura a la empresa sanitaria para afrontar la sequía que afecta a la Región de Coquimbo, con la habilitación de fuentes subterráneas que corresponden a sondajes o pozos profundos.

Indica que, la recurrida con motivo de la autorización de la Municipalidad ha dado ejecución a trabajos de instalación de tuberías y cámaras de agua en los callejones aludidos, proceso que no ha estado ajeno de controversias con los vecinos de estos sectores, así refiere que los vecinos de Santa Bárbara mantuvieron reuniones con la recurrida en el año 2022, la cual solo fue de carácter expositiva, sin posibilidad de dialogo, y que, la información entregada siempre ha sido superficial y sin mayores antecedentes de la obra, sólo pudiendo obtener información por medio de la Ley de Transparencia, y del recurso de protección 2033-2024 interpuesto por la recurrida en contra de una vecina del sector Santa Bárbara.

Relata que, el 13 de octubre de 2025 la empresa sanitaria se presentó en el sector con sus maquinarias, acompaña de Carabineros y con un notario público, y en ese contexto se inició un diálogo donde los lugareños plantearon sus argumentos, y Aguas del Valle indicó de forma reiterada que el permiso otorgado por la Municipalidad se basó en una georreferenciación, donde se indica que el callejón se llama “Avenida del Santuario”. Señala que se apersonó personal de control de orden público de Carabineros, lo que generó temor e incertidumbre en los vecinos, y en estas circunstancias éstos arribaron a un acuerdo provisional con Aguas del Valle, consistente en que la empresa trabajaría en el callejón hasta el jueves 16 de octubre, día en que la empresa presentaría una propuesta de mitigación o compensación para el sector, lo cual no cumplió, reiterando que contaba con permiso, frustrándose cualquier tipo de acuerdo o negociación.

Expone que el 17 de octubre, Aguas del Valle llegó a trabajar acompañados de Carabineros, pero no pudieron ingresar al callejón, ya que, dado el carácter privado de éste cuenta con un portón en su entrada, el que se encontraba cerrado; indica que, Carabineros dialogó con los vecinos, y condicionó la entrada al callejón a que se le exhibiera algún documento que acreditara que el sector tiene el nombre de Santa Bárbara, lo cual hicieron y por tanto, carabineros le indicó a la recurrida que no podía acompañarlos en la realización de las obras hasta que no se aclare el punto en torno al nombre del callejón en el permiso, por lo que se retiraron del lugar, ante lo cual Aguas del Valle señaló que haría llegar a los vecinos otra propuesta de contraprestación o mitigación para el lunes 20 de octubre de 2025.

Señala que el día referido llegó nuevamente la recurrida con Carabineros, y dieron inicio a las obras, les indicaron que contaban con permiso, y Carabineros se negó a recibir los documentos que acreditaban el nombre del callejón como Santa Bárbara.

Manifiesta que esta es la actitud que la recurrida ha mantenido con los vecinos del sector, negándose a presentar una propuesta que, de respuesta a las inquietudes y problemáticas derivadas de la instalación de las tuberías en la zona, lo que ha generado diversos perjuicios que afectan de manera directa la calidad de vida de los parceleros, su movilidad y el normal desarrollo de sus actividades económicas.

Alega que el permiso para las obras contenido en el Decreto Exento N°1054 del año 2023 renovado por el Decreto Exento N°1207 del año 2025, no menciona que se autorice expresamente a Aguas de Valle a la intervención o realización de obra respecto del callejón Santa Barbará. Añade que, aquel callejón se ha llamado históricamente “Santa Bárbara”, lo que se acredita con inscripciones de dominio, certificados de deuda de la Tesorería General de la República y certificados de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos. Por lo que concluye, que erróneamente Aguas del Valle en su solicitud de autorización ha llamado al callejón Santa Bárbara como Avenida el Santuario, siendo manifiesta su falta de autorización para trabajar en aquel callejón.

Señala que el proyecto de Aguas del Valle consiste en el movimiento de agua cruda desde un pozo ubicado en el sector en donde se emplaza el callejón Santa Bárbara, denominado “Pozo N°18”, para su distribución a otros usuarios, lo que ha generado impacto en la comunidad quienes no logran comprender que, si ellos no cuentan con agua potable rural, deban tolerar este movimiento del recurso hídrico por sus propiedades para llegar a otra área. Agrega que el descontento aumentó con la interposición del recurso de protección 2033-2024 de esta Corte, presentado por la recurrida en contra de una vecina del sector, el cual fue rechazado.

Relata las problemáticas que los vecinos han debido enfrentar por las obras de Aguas del Valle, teniendo en cuenta que la principal actividad de éstos es la agricultura, como obstaculización salida de sus parcelas y la destrucción de parte de una acequia que abastece de agua a la propiedad de uno de los parceleros. Indica que los dueños de los terrenos no se oponen a la instalación del pozo de captación de agua, sino que lo que piden es que la recurrida ofrezcan medidas de mitigación o compensación a la comunidad, proporcionara información técnica del proyecto, lo que no ha ocurrido.

Sobre la ilegalidad del acto recurrido, señala que la recurrida como empresa sanitaria se encuentra sujeta principalmente al Decreto con Fuerza de Ley N°382 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, el cual en sus artículos 9° y 9° bis señala las facultades de la empresa en el marco de ejecución de sus obligaciones, otorgándoles facultades para la utilización, a título gratuito, de bienes nacionales de uso público, para construir o instalar infraestructura sanitaria, y, de igual manera, la norma les otorga la facultad de imponer servidumbres de diversa naturaleza, cuando los bienes que se requiera atravesar o intervenir, se trate de bienes privados.

Añade que el callejón en comento no corresponde a un bien nacional de uso público, lo cual se corrobora con el certificado N°1552 emitido por la Municipalidad de Coquimbo del 10 de septiembre de 2025, al pronunciarse sobre el número asignado a la parcela 2-6 ubicada en el callejón. A lo anterior se suma la respuesta del Servicio Agrícola y Ganadero N°8214-2022 del 09 de noviembre de 2022, realizada por la recurrida, organismo que confirma que ninguno de los caminos indicados en la consulta posee la naturaleza de camino público, sino que se trata de caminos interiores resultantes de las parcelaciones de predios en el proceso de Reforma Agraria, indicando el Consejo Defensa del Estado que aquellos caminos poseen naturaleza mixta, lo cual es compartido por la Contraloría General de la República en dictamen N°21.634 del 12 de junio de 2001.

Afirma que por la naturaleza mixta del callejón le es aplicable los dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°850, que establece la Ley N°15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Pública, el que dispone en su artículo 26 inciso final: “Asimismo, la Municipalidad respectiva podrá autorizar la instalación de redes de electricidad, teléfono, agua potable y alcantarillado, utilizando para ello el trazado de los mismos caminos, evitándose siempre perjuicios innecesarios a los predios sirvientes.”

Alega que la recurrida sin la autorización debida ha ingresado al camino, realizando excavaciones, cortando el libre tránsito de los residentes, ha derribado árboles y arbustos ubicados en las orillas del camino, ha generado polución mediante los movimientos de tierra constantes, todos actos que, en conjunto, han provocado graves privaciones y perturbaciones de diversos derechos y garantías fundamentales de los residentes y propietarios, sin dar cumplimiento a la norma transcrita. Añade que la recurrida, además, debió contar con autorización de la Dirección General de Aguas por la intervención del cauce natural y destrucción de una acequia, por formar parte de un sistema de riego que beneficio a toda la comunidad del sector, he invoca los artículos 41, 171 y 173 del Código de Aguas.

Sobre la arbitrariedad, indica que la recurrida careciendo de las autorizaciones correspondientes y excediendo de sus facultades ha procedido de manera irracional y desproporcionada, irrumpiendo la tranquilidad y seguridad del sector en pro del avance de las obras no autorizadas en un camino que no es de uso público, concurriendo en compañía de Carabineros.

En relación con las garantías constitucionales conculcadas, se refiere en primer término al derecho a la vida e integridad física y psíquica, señalando que, la ejecución de estas obras en el callejón de Santa Bárbara sin la legitimación necesaria ha generado en los vecinos una sensación prolongada de indefensión, incertidumbre, ansiedad y agobio, lo cual indica agravarse porque la empresa ha acudido sistemáticamente al amedrentamiento, solicitando la intervención de Carabineros —incluso de Fuerzas Especiales (COP)— sin existir orden judicial que lo justifique ni alteraciones al orden público por parte de los residentes, por lo que refiere que la presencia policial, con material de control de orden público, crea un contexto de intimidación y vulnerabilidad que amenaza la integridad psíquica de los recurrentes y configura un riesgo latente para su integridad física. Luego se refiere al derecho a la igualdad ante la ley, alegando su vulneración porque Aguas del Valle ha celebrado un acuerdo con un solo vecino para servirse de un pozo de su propiedad, cuyo titular es la sociedad Rentas e Inversiones Hermanos Callegari SpA., otorgándole beneficios exclusivos como compensaciones, mejoras en su propiedad y un suministro de agua garantizado, a diferencia del resto de los vecinos, que también sufren los perjuicios de las obras —como el deterioro del camino y riesgos ambientales— y que carecen incluso de servicio de agua potable, no han recibido ninguna medida de mitigación o compensación, lo que constituye un trato discriminatorio por parte de la empresa, ya que todos los residentes soportan impactos similares, configurando una discriminación arbitraria al privilegiar los intereses de un privado sobre los de la comunidad afectada.

Culmina refiriéndose a la vulneración del derecho de propiedad de los recurrentes, pues el callejón no es un camino público, y ellos han asumido su mantención, por lo que la intromisión de la recurrida afecta directamente este derecho, además, la rotura de la acequia de propiedad de un vecino, y la imposibilidad de otro residente de salir de su propiedad perdiendo por ello la posibilidad de vender sus hortalizas, las cuales perdió, también constituyen una afectación a esta garantía.

Solicita acoger el recurso y, en definitiva, ordenar a la recurrida la paralización inmediata de las obras en el citado callejón hasta que la recurrida cuente con los permisos respectivos y obtenga un acuerdo con la comunidad estableciendo medidas de mitigación o compensación; además, se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al Servicio Agrícola y Ganadero y a la Dirección General de Aguas, para que inicien los procesos investigativos y sancionatorios que correspondan por las infracciones referidas en el presente recurso.

SEGUNDO: Que, a folio 14, evacua informe la recurrida Aguas del Valle S.A.

Alega en primer término la improcedencia del recurso, pues no puede implicar este una instancia de declaración de derecho, de obligaciones de hacer o no hacer, sino que protege derechos preexistentes o indubitados, por lo que deben los recurrentes poner en marcha las vías institucionales de resolución de controversias existentes, que permitan una adecuada discusión sobre el fondo del asunto. Añade que actualmente hay ausencia de urgencia de tutela cautelar requerida por cuanto la obra la cual hace alusión el recurso ya fue finalizada.

Indica que su actuar no ha sido ilegal o arbitrario, pues los decretos N°1054 del 2023 y N°1207 del año 2025, emitidos por la Municipalidad autoriza a Aguas del Valle para ejecutar obras hidráulicas, y se identifica de manera precisa el sector geográfico sobre el cual recaen las obras autorizadas, y que, el hecho que existan dos denominaciones para el camino, callejón Santa Bárbara o Avenida El Santuario, no afecta en modo alguno la validez ni el alcance de los decretos municipales, en la medida que la identificación geográfica y material del trazado sea única, continua e inequívoca, como ocurre en la especie, así refiere que en el presente caso el recorrido físico, la ubicación territorial, los deslindes y la continuidad espacial del camino permiten afirmar que se trata del mismo eje vial, con independencia del nombre con que se lo identifique en distintos instrumentos o usos locales, concluyendo que se encuentra debidamente autorizada para ejecutar las obras, que ya se encuentran terminadas, e incluso se desarrolló un mejoramiento del camino que beneficia a todos los vecinos, acompañando fotografías del antes y el después del camino.

Afirma que las obras se realizaron a un solo costado del callejón por lo que nunca se interrumpió el libre tránsito del camino, y en cuanto a la perturbación de la tranquilidad del sector, señala que aquello no es efectivo, pues nunca hubo un trato hostil o agresivo hacia los vecinos, es más, tuvieron que solicitar el auxilio de fuerza pública para proteger a los contratistas para que ejecutaran las obras sin obstáculos, ya que los vecinos insistían en obstaculizar las obras con sus vehículos particulares dentro de la zona de trabajos, paralizando las obras por no cumplir los requisitos de seguridad. Refiere que aplicó medidas paliativas por el polvo generado, niega la destrucción de la acequia, y la falta de información de los vecinos, pues sostuvieron reuniones con los vecinos de Pan de Azúcar, y con las autoridades correspondientes para masificar la información del Proyecto y las obras que se ejecutarían.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de las obras para la instalación de tuberías y un pozo de captación de aguas realizadas por Aguas del Valle S.A. en el callejón “Santa Bárbara”, pues señalan los recurrentes que no cuentan con las autorizaciones respectivas, no les han informado sobre los aspectos técnicos de la obra, ni se han acordado medidas de compensación para los vecinos por la ejecución de la misma, lo que ha ocasionado perjuicios a los vecinos del sector, solicitando la paralización inmediata de las obras.

A su turno la recurrida argumenta la legalidad de las obras por contar con autorización municipal, la implementación de todas las medidas de seguridad requeridas, la mejora final del camino y, fundamentalmente, la falta de actualidad de la tutela al haber concluido las obras, lo que eliminaría la urgencia cautelar propia del recurso de protección.

SEXTO: Que, como se anticipó, para la procedencia de la acción constitucional de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, que alguna persona sufra una privación, perturbación o amenaza en las garantías tuteladas por el presente arbitrio, requisito que en la especie ya no concurre, por haber desaparecido el agravio causado a los recurrentes, atendido que, según lo informado por la recurrida, han finalizado los trabajos en el camino ubicado en el callejón de los recurrentes.

Lo anterior resulta más patente cuando se aprecia que la petición central para restablecer el imperio del derecho era que se paralizaran las obras de la recurrida, lo que evidencia que el fundamento principal sobre el cual descansa el recurso intentado ha perdido oportunidad, motivo por el que la acción será desestimada conforme se dirá en lo resolutivo.

A mayor abundamiento, resulta palmario que lo solicitado por los recurrentes no puede ser resuelto por la presente vía cautelar, toda vez que existen otras instancias administrativas fiscalizadoras que pueden accionar en contra de aquellos que no respeten los permisos otorgados para la realización de obras sanitarias que afecten a terceros.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de dieciocho residentes del callejón “Santa Bárbara” ubicado en Pan de Azúcar, Coquimbo, en contra de Aguas del Valle S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1855-2025 (Protección).