nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

PAGE 19 nombre reservado

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Recurso de Protección Rol N° 185-2020.- La Serena, veinte mayo de dos mil veinte.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, ex Pescador industrial, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, institución representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N° 4017 de fecha 30 de diciembre de 2019, que dispuso la invalidación del beneficio otorgado por Resolución Exenta 4.423 del año 2018, en el sentido de eliminarlo de la nómina de beneficiarios, acto arbitrario que vulnera los derechos fundamentales de derecho a la vida, igualdad ante la ley, protección a la vida privada y a la honra de las personas y el derecho de propiedad.

Indica, en síntesis, que es pescador afectado por la pesca industrial al tenor de la ley 19.713, cumpliendo con los requisitos necesarios para postular al beneficio: "programa apoyo social para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la ley N° 19.713, año 2018”, por lo que fue beneficiado mediante la resolución exenta Nº 4423 /19-12-2018, emitida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, con el monto de $5.128.000.- Señala que después de conocida la concesión del beneficio, y dentro de plazo reglamentario, acudió a la oficina de Banco Estado de Coquimbo a proceder al cobro de los dineros, lo que le fue negado sin motivo alguno. Después efectuó varios intentos en el Fondo de Administración Pesquero, quien era el que cursaba los pagos y a quien se les debía consultar y cobrar, pero cada vez le daban diferentes motivos para no entregarle el dinero. Desesperado por la situación y las constantes reuniones inútiles y desgastantes para su persona, es que solicitó por escrito y de manera formal una reunión, por lo que el 18 de enero de 2018 se le informa por la Subsecretaría que no se le podía pagar por tener antecedentes penales, a pesar de gozar del beneficio del Decreto Ley N°409 de 1932, lo que hizo presente.

Refiere que recurrió a la Contraloría General de la República mediante presentación de 28 de marzo de 2019, y que después de una larga tramitación derivó en la respuesta N º 8663 de 24 de julio de 2019 donde se le informa que luego de su presentación ante Contraloría, se inició un proceso de invalidación parcial de la Resolución Exenta 4423 de 2018, específicamente para invalidar el beneficio que legítimamente se le había otorgado.

Sostiene que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura basa la invalidación por cuanto él no cumpliría con el artículo 8 literal a) de las Bases, al presentar un finiquito de la empresa Kotesky la que no pertenece al sector pesquero industrial, lo cual fue verificado en la base de datos de pago de patentes pesqueras industriales que cuenta la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y por tenerse a la vista sentencia en procedimiento abreviado de fecha 03 de marzo de 2014, donde fue condenado por el delito previsto y sancionado en el artículo 470 N º8 en relación 467 N º l del Código Penal, la cual señala en los vistos cuarto, letra q) lo siguiente: "información en la carpeta de investigación relativa a que la empresa "Pesquera Kotesky", no tiene embarcos ni desembarcos en el periodo 2001-2002, según el Gobernador Marítimo de Coquimbo”.

Además, se le acusa de no cumplir con el articulo 9° numerales 1 y 3 de las bases, esto es, no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el programa, y presentar antecedentes que no se ajusten a lo solicitado o que no sean fidedignos, respectivamente, dado que el finiquito de trabajo invocado, emitido por la empresa pesquera Kotesky, señala fecha de emisión 01 de agosto del año 2002, y en el artículo primero del finiquito indica que prestó servicios desde el 1 hasta el 30 de agosto del 2002. Por lo anterior, se puede concluir que el finiquito presenta incongruencias ya que fue preparado el mismo día de inicio del contrato de trabajo.

Por último, refiere que se sostuvo que no cumplía con el artículo 9° numeral 4, por haber presentado documentos adulterados, esto es el finiquito de la empresa Kotesky, finiquito que sirvió de fundamento para entregar el beneficio en cuestión.

Agrega que por lo anterior, presentó descargos mediante recurso de reposición expresando que no acompañó los mismos antecedentes que los presentados en el año 2003, porque aquello habría significado caer nuevamente en un delito, cuestión absurda y que raya en la mala fe, por lo que no se hará cargo de antecedentes que no ha presentado. Acompañó, por su parte, certificado de Pesquera Delfín Limitada, que da cuenta que prestó servicios en ella; certificado del Capitán de Puerto de Coquimbo, que da cuenta de los títulos que posee para navegar, y certificado histórico de cotizaciones.

Mas adelante de su extensa presentación, que contiene pasajes repetidos (se está tratando de sintetizar para una mejor comprensión), relata el recurrente que el acto impugnado por esta vía es la Resolución Exenta n.° 4017, de fecha 30 de diciembre de 2011, emitida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que invalidó y dejó sin efecto el pago de beneficio otorgado en la Resolución Exenta N° 4.423, acto que cataloga de arbitrario dada la desproporción, la falta de lógica y prudencia de la recurrida, que violó y omitió el cumplimiento de normas legales expresas en la invalidación parcial de la resolución exenta 4423 en los términos ya expresados. Agrega que todos los argumentos que se dan para invalidar la resolución exenta N° 4423 de 2018, son antecedentes presentados en el año 2003 y que en base a esa presentación fue condenado en sede penal “…lo que lamento profundamente pero que no pueden ser sustento al día de hoy, que claramente y según los documentos se acompañan en esta presentación se demostrara que la resolución carece de sustento en los hechos y en el derecho, es carente de seriedad y por tanto y en su mérito inviable per se.” ( sic)

Indica que su parte para ser beneficiario de lo expresado en la resolución exenta N° 4423 de 2018, claramente no acompañó los mismos antecedentes que los presentados en el año 2003. Añade que lo resuelto por el ente recurrido, importa una evidente infracción a la Ley N°19.880 y varios de los principios contenidos en dicha ley. Alega que con lo anterior se infringe el debido proceso al no argumentar claramente por qué un finiquito no invocado en esta postulación es relevante para este proceso de invalidación, y por qué se le vuelve a condenar por algo que no ha cometido, vulnerando así su derecho a la honra y la vida privada.

Asimismo, estima vulnerados los principios de contradictoriedad, transparencia y publicidad.

Argumenta que se le acusa de incumplir las letras a y b del artículo 8 de las Bases, sin embargo tales exigencias deben ser interpretadas y tenidas como cumplidas de acuerdo con lo que consigna el propio artículo, en cuanto señala que se acreditará el cumplimiento de aquellos de acuerdo con lo siguiente: Si los servicios prestados por el postulante fueron desarrollados por una empresa subcontratista de una empresa del sector pesquero industrial, el postulante deberá presentar además del finiquito o el documento que lo reemplace, un certificado o carta en original o copia legalizada o autorizada ante notario público, según corresponda, emitida por la empresa mandante (empresa pesquera) que acredite el vínculo que posee con la empresa contratista para la cual el postulante prestó sus servicios, indicando fecha y servicios específicos prestados por la empresa subcontratada. Si el trabajador alegase que en el mes que fue finiquitado no se pagaron las cotizaciones previsionales correspondientes podrá presentar cualquier documento fidedigno, como liquidaciones de sueldo, certificado de la autoridad marítima, u otro documento análogo, mediante el cual sea posible acreditar un vínculo laboral a la fecha del despido invocado y por el cual no se efectúo cotización respectiva. El Fondo de administración Pesquero se reserva la facultad de verificar, sea directamente con las respectivas empresas pesqueras, o cotejando con las cotizaciones previsionales presentadas por el ex trabajador a esta postulación, o mediante cualquier otro medio idóneo.

Y agrega el recurrente lo que sigue y que necesariamente deberá ser transcrito para su comprensión: “Lo cierto es que esta parte invoca el hecho que en la fecha del trabajo que se alega es decir 4 de septiembre de 2006 a 29 de septiembre de 2006 en calidad de tripulante para Pesquera Delfín Limitada, quien a su vez le prestaba a esa época servicios a la empresa “Pesquera San José S.A”, la que actualmente no existe en la zona y fue reemplazada hace varios años por la empresa Pesquera Orizon.

Lo concreto es que en el tiempo trabajado no se me pagaron cotizaciones previsionales y si se acredita tal alegación como dicen las bases, con el certificado de pesquera Delfín Limitada donde se certifica que no se pagaron cotizaciones previsionales. presente además un certificado de la autoridad marítima que acredita mediante: El Capitán de puerto de Coquimbo, quien certifica que durante el periodo alegado preste servicios como Patrón de Pesca Artesanal, sin embargo esto, es de conocimiento de la Subsecretaria de Pesca de La Región de Coquimbo, que la Pesquera Delfín Limitada presto servicios como subcontratista a la Pesquera San José S.A en el periodo que se alega, es decir había una clara relación con la pesca Industrial, además la Pesquera Delfín Ltda., aun presta ese servicio de Subcontratación pero para la empresa Pesquera Orizon.

Luego de lo anterior acudí a pesquera Orizón sucesora al parecer de Pesquera San Jose S.A, a solicitar un certificado o carta en original o copia legalizada o autorizada ante notario público, según corresponda, emitida por la empresa mandante (empresa pesquera) que acredite el vínculo que posee con la empresa contratista para la cual el postulante prestó sus servicios, indicando fecha y servicios específicos prestados por la empresa subcontratada. Sin embargo esto, al haber transcurrido más de 13 años de este servicio y como se dijo y como le consta a la propia subsecretaria, la Empresa mandante no existe a la fecha, por lo que la emisión de ese certificado es imposible de obtener o a lo menos de una dificultad que al día de hoy recién pude resolver y como reza el viejo adagio a lo imposible nadie está obligado, es menester que este servicio público, antes de rechazar una solicitud por cuestiones formales traspasándole a trabajadores desplazados cosas de una dificultad maliciosa, ejecuten en favor de ellos el mandato expresado en las bases y que señala: “El Fondo de administración Pesquero se reserva la facultad de verificar sea directamente con las respectivas empresas pesqueras o cotejando con las cotizaciones previsionales presentadas por el ex trabajador a esta postulación, o mediante cualquier otro medio idóneo: la información mediante la cual se permita la acreditación de estos requisitos y consecuencialmente rechazar su postulación, en caso que no sea posible de verificar el cumplimiento del requisito”. (sic)

SEGUNDO: Que a continuación, asegura el recurrente cumplir con las exigencias para ser beneficiado al haber sido trabajador bajo subordinación y dependencia para Pesquera Delfin Ltda., desempeñando el cargo que se prueba con el certificado de la Capitanía de Puerto de Coquimbo que adjunta; que no se le pagaron cotizaciones, y que el término de la relación laboral fue el término del plazo, conforme el certificado de la pesquera Delfín Limitada, el que a pesar que habla de servicios personales, es a todas luces un contrato de trabajo. Además, dice, la empresa Delfin prestaba servicios para la pesca industrial a través de certificado emitido por la empresa Orizon S.A., lo que refuerza todo lo dicho anteriormente.

Los hechos expuestos precedentemente, señala, vienen a constituir una arbitrariedad e ilegalidad que constituyen claramente una privación, perturbación y amenaza a las garantías constitucionales previstas en los artículo 19 números 1, 3 inciso 5o y 24 de nuestra Carta Fundamental.

En efecto, afirma el recurrente que incurriendo en actos ilegales y arbitrarios, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a través del Fondo de Administración Pesquero , con una liviandad abismante, afecta y transgrede el derecho fundamental a que se refiere el artículo 19 N° 1 inciso primero de la Constitución Política de la República relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, puesto que la no cancelación de los dineros, ha producido padecimientos de orden psicológico producto de la impotencia, angustia y dolor sufrido por su persona, al quedar injustificadamente impago el monto. Además, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del citado artículo 19, desde que también importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley y del que fue expresamente beneficiario.

De otra parte, acusa con énfasis, que ha existido un desconocimiento de una resolución administrativa firme y ejecutoriada, puesto que el Fondo de Administración Pesquero, va contra sus propias acciones vulnerando su propio actuar, lo que configura un proceder sin resolución, por ende carente de seriedad, lógica y mérito jurídico. Añade lo siguiente: “… que en este punto hay que referirse necesariamente a la teoría de los actos propios, que se define con la máxima: “nadie puede ir válidamente contra sus propios actos”. En simples palabras el actuar de la institución carece de seriedad, está en contradicción con su propio actuar, usa antecedentes parciales, se basa en un simplismo que raya en la mala fe objetiva y subjetiva, y me niega un derecho constitucional y legal. Este principio es plenamente aplicable a la situación pues como ha dicho la Corte Suprema: “Dice la Corte Suprema: “En uno de sus aspectos el principio de la preclusión impide que las partes de un proceso ejecuten actos incompatibles con otros que ellas mismas cumplieron anteriormente en ese mismo proceso. Constituye lo anterior una manifestación particular de una regla general de derecho, como lo es la teoría de los actos propios, derivada del principio de la buena fe, y que castiga como inadmisible toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión”. En otros términos, el derecho no admite que alguien actúe contra sus propios actos y ésta es, precisamente, la actitud adoptada por Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Fondo de Administración Pesquero), vulnerado mis derechos civiles y constitucionales, como le he manifestado hasta el cansancio” (sic)

Termina solicitando que se declare que no procede invalidar la resolución Exenta Nº 4423 de 2018, debiendo sin más, ordenar el pago del beneficio otorgado a su persona en la aludida resolución, con costas.

Acompaña en apoyo de su acción los siguientes documentos: l.- Talonario para el postulante, de fecha 12 de diciembre de 2018; 2.- Resolución exenta 4017 de 30 de diciembre de 2019; 3.- Certificado, emitido Capitanía de Puerto de Coquimbo, Ord Nº 12000/1348; 4.-Certificado, Emitido Pesquera Delfín Ltda. De fecha 11de diciembre de 2006 5.- Certificado antecedentes Penales de fecha 14 de febrero de 2019; 6.- Presentación ante La Contraloría de 28 de marzo de 2019, con el numero 41.270; 7.- Respuesta contraloría N° 8.663 de 24 de julio de 2019; 8.- DJ Nº 2002 de fecha 21 de junio de 2019 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; 9.- Recurso de reposición presentado ante Dirección Zonal III y IV N° 641/2019 de fecha 01/07/2019; 10.- Bases de postulación, Resolución Ex. 4269/2018, de 7 de diciembre de 2018.; 11.- Nómina de beneficiarios Resolución Ex. 4423 de 19 de diciembre de 2018; 12.- Respuesta de directora de Pesca y Acuicultura a don nombre reservado° 015704 de 17 de enero de 2020; 13.- Certificado emitido por Orizón S.A de fecha 23 de enero de 2020; 14.- Resolución exenta Nº 256/2017, concede beneficio del Decreto Ley 409, de 1932, de 30 de mayo de 2017.- TERCERO: Que, informando el recurso la recurrida solicitó su rechazo. En cuanto a los hechos, sostuvo que efectivamente a través de Resolución Exenta Nº 4.269, de fecha 07 de diciembre de 2018, se aprobaron las Bases Generales de Procedimiento, Evaluación y Selección de Beneficiarios del "Programa Apoyo Social” para trabajadores desplazados del sector pesquero industrial, bajo la vigencia de la Ley Nº 19.713, año 201; que, posteriormente, a través de la Resolución Exenta Nº 4.423, de 2018, la Subsecretaría fijó la segunda nómina de beneficiarios del Programa, en la cual figuraba don nombre reservado. Asimismo, que mediante el Informe FAP Nº 24/2019 de fecha 09 de abril de 2019, el Fondo de Administración Pesquero solicitó la invalidación del beneficio otorgado al recurrente, y que como consecuencia de lo anterior, mediante la Carta (D.J.) Nº 2.002, de fecha 21 de junio de 2019, se comunicó al Sr. nombre reservado que producto de un nuevo análisis de su postulación, se determinó que la misma no cumplía con los requisitos señalados en las Bases, en razón de lo cual se dispuso el inicio de un procedimiento invalidatorio, otorgándosele un plazo de 5 días para que formulara las alegaciones que considerara procedentes en defensa de sus intereses, lo que realizó mediante la presentación de fecha 03 de julio de 2019 interponiendo recurso de reposición, con jerárquico en subsidio, en contra de la "Resolución (D.J.) Nº 2.002 , de fecha 21 de junio de 2019".

Señala que resolviendo la presentación del Sr. nombre reservado, la Subsecretaría rechazó dichos recursos administrativos a través de la Resolución Exenta Nº 4017 de fecha 30 de diciembre de 2019, poniendo asimismo término al procedimiento invalidatorio. Se invalidó parcialmente la Resolución Exenta Nº 4.423, eliminando de la nómina de beneficiarios al recurrente y dejando sin efecto el pago del beneficio señalado en la misma resolución.

En cuanto al fondo, indica que el artículo 53 de la ley 19.880, y lo resuelto por la Contraloría General de la República, entre otros, en los Dictámenes Nº 19.257 de 2018 y Nº 56.810 de 2014, los órganos administrativos tienen el deber de invalidar sus actos si se comprueba la existencia de vicios de legalidad que afecten esencialmente su contenido, y en este sentido, se ha precisado a través de los Dictámenes Nº 42.003, de 2014, 44.316, de 2017 y Nº 12.000, de 2019, que la decisión de resolver si procede la invalidación le compete a la misma autoridad que dispuso la medida supuestamente irregular, la que implica la necesidad de emitir un nuevo acto administrativo que ordene dejar sin efecto el primitivamente dictado, en la medida que se cumplan todos los requisitos legales previstos al efecto, encontrándose en la obligación de iniciar de oficio el mentado procedimiento, como ha ocurrido en la especie.

En efecto, sostiene que según los considerandos Nº 30 y Nº 31 de la resolución recurrida, el vicio de legalidad consistente en la inexistencia de los motivos en virtud de los cuales se otorgó el beneficio al recurrente, está constituido por el hecho de que con el mérito de los antecedentes presentados en su postulación, no es posible acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8º de las Bases para ser beneficiario del Programa, por lo cual correspondía rechazar su postulación, en virtud del artículo 9º.

Hace presente que las Bases del Programa contemplaba en su artículo 8 los siguientes requisitos para ser beneficiario: a) Ser ex trabajador de la Flota Industrial con cuota de pesca extractiva; b) Haber perdido su empleo en la Industria Pesquera, en virtud de alguna de las causales de terminación de contrato previstas en los numerales 4, 5 ó 6 del artículo 159, o conforme al artículo 161 y 171, todos del Código del Trabajo, antes del 01 de enero del año 2013 por causas no imputables al trabajador; c) Registrar cesantía efectiva con posterioridad al término de la relación laboral; d) Contar con una antigüedad en la industria pesquera de a lo menos 60 meses de trabajo, de manera continua o discontinua.

Asimismo, para acreditar los requisitos establecidos en los literales a) y b), las bases exigían presentar como documentos, los siguientes: finiquito, resoluciones o actuaciones judiciales, contrato de trabajo, carta de despido en original y una carta o certificado en el caso de existir subcontratación, en el cual la empresa mandante sea una empresa pesquera industrial.

Sin embargo, indica que consta en la carpeta de postulación un supuesto finiquito de fecha 1º de agosto de 2002, aparentemente suscrito entre Empresa Pesquera Kotesky, sin indicar quien es su representante, y don nombre reservado, siendo un hecho no controvertido que el antes señalado finiquito es falso, antecedente que simplemente negó el Sr. nombre reservado haberlo acompañado a su postulación. Además, el recurrente acompañó un certificado emitido por Pesquera Delfín Limitada, un certificado del Capitán de Puerto de Coquimbo, de fecha 11 de diciembre de 2018, y un certificado de cotizaciones emitido el 10 de diciembre de 2018, por AFP Provida.

Refiere que aquel emitido por Pesquera Delfín Limitada no permite acreditar la calidad de ex trabajador del Sr. nombre reservado, ya que en el mismo se indica que prestó servicios a honorarios, no siendo por tanto un trabajador en los términos previstos en el Código del Trabajo, no indicándose tampoco la causal de término de dicha relación contractual, según lo exigido en las Bases. Además, en el Certificado emitido por AFP Provida, no consta el pago de cotizaciones previsionales por parte de Pesquera Delfín Limitada al Sr. nombre reservado.

De esta manera, sostiene, los documentos acompañados por el Sr. nombre reservado no permiten acreditar los requisitos exigidos en las letras a) y b) de las Bases, esto es, ser ex trabajador de la Flota Industrial y haber perdido su empleo en la Industria Pesquera en virtud de alguna de las causales de terminación del contrato señaladas en dicho artículo.

Por otra parte, arguye que el artículo 9º de las Bases, establece que no podrán ser beneficiarios del Programa los postulantes que incurran en alguna de las siguientes causales: l.) No cumplir alguno de los requisitos exigidos en el Programa.; 2.) No presentar cualquiera de los antecedentes requeridos dentro del plazo de postulación al presente Programa; 3.) Presentar antecedentes que no se ajusten a lo solicitado o que no sean fidedignos, sin perjuicio de las acciones legales que se estimen pertinentes; 4.) Presentar antecedentes adulterados; 5.) Haber presentado documentación falsificada en postulación realizada a éste o anteriores Programas del Fondo de Administración Pesquero, habiendo sido condenado por este delito ante los Tribunales de Justicia del país.

Concluye que en relación a ambos artículos, resulta claro que los documentos presentados por parte del interesado, no permiten tener por acreditados los requisitos necesarios a fin de ser beneficiario del Programa, por lo que la Subsecretaría se encontraba obligada a iniciar el proceso de invalidación de la resolución que le concedió en un primer momento el beneficio señalado, ya que de lo contrario se estarían infringiendo los principios de igualdad entre los postulantes y el de estricta sujeción a las bases, al permitirse al interesado acreditar los requisitos mediante documentos distintos de aquellos exigidos para los demás participantes. Por lo anterior, no se ha infringido el principio de legalidad.

Por otra parte, afirma que no es efectivo que se hayan vulnerado los principios de contradictoriedad, de trasparencia y publicidad, consagrados en la Ley Nº 19.880. En relación al primero de ellos, el recurrente ejerció dicho derecho en plenitud, presentando escritos y documentos en el marco del procedimiento invalidatorio. Respecto al principio de transparencia y publicidad, ha sido cumplido a cabalidad por el organismo, como lo demuestra el hecho de que el recurrente se encuentra en pleno conocimiento de todos los actos dictados.

En virtud de lo anterior, alega que no existe acto arbitrario o ilegal que lesione garantías fundamentales.

Y en cuanto a la teoría de los actos, sostiene que la figura de la invalidación ha superado el argumento de los actos propios pues ella procede precisamente contra actos emanados de la Administración, lo que hace ilógico que sea ese mismo hecho el que delimita aquella invalidación.

En posterior presentación, la recurrida acompañó, en lo que al recurso compete, los siguientes documentos: Informe FAP Nº 24/2019 aludido en su informe y Ficha de evaluación y de postulación de don nombre reservado, conteniendo la documentación presentada, y además copia del Ord. Nº 56, de fecha 21 de enero de 2020, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por el cual a virtud de lo dispuesto en el artículo 61 letra k) de la Ley 18.834, se remite a la Fiscalía Regional de Valparaíso una serie de documentos relacionados con el proceso invalidatorio del beneficio concedido a don nombre reservado, que podrían constituir el delito de obtención fraudulenta. de beneficios del Estado, según se expresa.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que para la debida resolución del asunto, menester resulta comenzar señalando, en relación con la Revisión de los Actos Administativos de que trata el Capítiulo IV, párrafo 1º de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, su artículo 53 señala: “Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectara las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.”.

SEXTO: Que será procedente la invalidación de un acto administrativo cuando adolece de un vicio trascendente, precisamente porque aquella es un mecanismo de control de la Administración sobre sus propios actos. Si bien la citada norma del artículo 53 no especifica qué autoridad será la competente para realizar tal proceso, ha sido la Contraloría General de la República quien ha llenado el vacío normativo a través de diversos dictámenes, como los N° 42.003, de 2014, Nº 44.316, de 2017 y N° 12.000, de 2019, precisando que la invalidación implica la necesidad de emitir un nuevo acto administrativo que ordene dejar sin efecto el primitivamente dictado, en la medida que se cumplan todos los requisitos legales previstos al efecto. Asimismo, tal como lo indica el recurrido en su informe, según lo sostenido por la Contraloría General de la República, entre otros, en los Dictámenes N° 19.257 de 2018 y N° 56.810 de 2014, los órganos administrativos, no solo pueden, sino que deben invalidar sus actos si se comprueba la existencia de vicios de legalidad que afecten esencialmente su contenido. Asimismo ha señalado en su Dictamente Nº 56880/2011 lo que sigue: “existe un deber ineludible de la autoridad de invalidar decisiones adoptadas con infracción a la normativa legal y reglamentaria aplicable, pues hay un interés general en el restablecimiento del orden jurídico alterado por actos que adolecen de vicios y que afectan la regularidad del sistema positivo”.

En fin, como lo menciona el autor nombre reservado Carrasco en su estudio sobre la materia (Derecho y Justicia ,2012 Nº 2 pp 69-99 www.derecho-ucsh.cl/revista), nuestra Excma. Corte Suprema (roles 536 de 1998 y 3455 de 1999) ya había resuelto en su tiempo, que la invalidación de un acto viciado de ilegitimidad por la misma autoridad que lo dictó, responde a la plena observancia del principio de legalidad que enmarca el accionar de la Administración y de todos los organismos del Estado y que entre otras disposiciones, recogen los artículos 6 y 7 de la Constitución y 2º de la Ley de Bases.

SÉPTIMO: Que en consecuencia, deberá ser desestimado el planteamiento del recurrente en cuanto asila su acción de protección en la supuesta violación a lo que el describió como “la teoría de los actos propios, que se define con la máxima: nadie puede ir válidamente contra sus propios actos” , según lo ha expuesto.

OCTAVO: Que también la recurrente ha cuestionado la Resolución invalidatoria por ser carente de fundamentos, ser arbitraria. Tal planteamiento conduce a esta Corte a efectuar un examen de aquellas consideraciones que se estiman relevantes en su decisión.

En el motivo 17, se indica que las bases del referido programa contemplaban en su artículo 8 los siguientes requisitos para ser beneficiarios del programa: a) Ser ex trabajador de la Flota Industrial con cuota de pesca extractiva; b) Haber perdido su empleo en la Industria Pesquera, en virtud de alguna de las causales de terminación de contrato previstas en los numerales 4, 5 ó 6 del artículo 159, o conforme al articulo 161 y 171, todos del Código del Trabajo, antes del 01 de enero del año 2013 por causas no imputables at trabajador; c) Registrar cesantía efectiva con posterioridad al término de la relación laboral; d) Contar con una antigüedad en la industria pesquera de a lo menos 60 meses de trabajo, de manera continua o discontinua.

Los requisitos indicados en las letras a) y b), señala el apartado 18, deben ser acreditados con un finiquito, resoluciones o actuaciones judiciales, contrato de trabajo, carta de despido en original y una carta o certificado en el caso de existir subcontratación, en el cual la empresa mandante sea una empresa pesquera industrial.

El motivo 19, se refiere al artículo 9º de las Bases, donde se establece que no podrán ser beneficiarios del Programa los postulantes que incurran en alguna de las siguientes causales: l.) No cumplir alguno de los requisitos exigidos en el Programa; 2.) No presentar cualquiera de los antecedentes requeridos dentro del plazo de postulación al presente Programa; 3.) Presentar antecedentes que no se ajusten a lo solicitado o que no sean fidedignos, sin perjuicio de las acciones legales que se estimen pertinentes; 4.) Presentar antecedentes adulterados; 5.) Haber presentado documentación falsificada en postulación realizada a éste o anteriores Programas del Fondo de Administración Pesquero, habiendo sido condenado por este delito ante los Tribunales de Justicia del país.

En el motivo 20, se indica “que según consta en la Ficha de Evaluación de la postulación del señor nombre reservado, el documento que se tuvo a la vista para acreditar el beneficio, fue el Finiquito 30/08/2002, en el cual la causal de despido es la contenida en el artículo 159 Nº5, lo cual es concordante con el informe FAP citado en Visto”.

En el apartado 21, se expresa que en la carpeta de postulación se acompañó un certificado emitido por Pesquera Delfín Limitada, el que señala que el postulante prestó servicios “en calidad de Tripulante desde el 04 de septiembre de 2006, hasta el 29 de septiembre de 2006, fecha esta última de terminación de sus servicios, y por ende, se canceló la suma de $255.644.- con boleta de honorarios Nº496 con fecha 29 de septiembre de 2006”.

Los motivos 22 y 23, dan cuenta de haberse acompañado un certificado del Capitán de Puerto de Coquimbo informando acerca del título de Patrón de Pesca Artesanal que posee el sr. nombre reservado, desde el 19 de marzo de 2006 vigente hasta el 22 de mayo 2023, y Patrón de Nave Menor, desde el 14 junio 2001 hasta el 23 de julio de 2016, registrando los embarcos que se indican. También fue acompañado certificado de cotizaciones emitido por AFP Provida.

El motivo 24, indica que consta en la carpeta de postulación un supuesto finiquito de fecha 1º de agosto de 2002, aparentemente suscrito entre Empresa Pesquera Kotesky, sin indicar quién es su representante, y don nombre reservado. Es un hecho no controvertido, se consigna en el párrafo 25, que tal finiquito es falso, aunque el señor nombre reservado controvierte expresamente el hecho de haberlo acompañado a su postulación.

En el apartado 26, se expresa que a efectos de analizar la legalidad del beneficio en discusión, resulta pertinente examinar si los demás documentos ofrecidos por el interesado y sobre los cuales no hay controversia, esto es el certificado emitido por pesquera Delfín Limitado, certificado del Capitán de Puerto de Coquimbo y certificado de cotizaciones de AFP Provida, permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 8 de las Bases, excluyendo del análisis el finiquito falso (exclusión que al parecer no ha sido considerada por el recurrente).

En los apartados 27 y 28, de la Resolución en estudio, se señala que los documentos acompañados por el Sr. nombre reservado no son de aquellos señalados taxativamente en las Bases para acreditar los requisitos exigidos en las letras a) y b) del artículo 8º (esto es, ser ex trabajador de la Flota Industrial y haber perdido su empleo en la Industria Pesquera en virtud de alguna de las causales de terminación del contrato señaladas en dicho artículo), por lo que no pueden ser considerados en beneficio de su postulación, y que por otra parte ,el certificado emitido por Pesquera Delfín Limitada no permite acreditar la calidad de ex trabajador del Sr. nombre reservado, ya que en el mismo se indica que prestó servicios a honorarios, no siendo por tanto un trabajador en los términos previstos en el Código del Trabajo, no indicándose tampoco la causal de término de dicha relación contractual, según lo exigido en las Bases. Además, en el Certificado emitido por AFP Provida, no consta el pago de cotizaciones previsionales por parte de Pesquera Delfín Limitada al Sr. nombre reservado.

De esta manera, en los motivos 29 y 31 se concluye que por lo expuesto en los considerandos precedentes, los documentos antes señalados y sobre los cuales no existe controversia respecto a su presentación, no permiten tener por acreditados los requisitos previstos en el artículo 8º para ser beneficiario del Programa, por lo que correspondía rechazar su postulación, en virtud del artículo 9º, ambos de las Bases.

En fin, en el apartado 30, se expresa que el motivo del acto administrativo es el supuesto de hecho que condiciona el ejercicio de la potestad pública y, por eso, determina la adopción del acto. Su importancia es central porque esa circunstancia de hecho constituye la justificación inmediata del acto administrativo en otras palabras, su causa eficiente.

NOVENO: Que se ha de tener presente, a propósito de la procedencia de toda acción de protección, que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún, inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

DÉCIMO: Que del examen efectuado, aparece que el acto administrativo no puede ser calificado de arbitrio como lo asevera el recurrente, como tampoco de ilegal. Al efecto se debe tener en consideración lo analizado y concluido en los motivos quinto y sexto del presente fallo respecto del proceso invalidatorio mismo. En cuanto a su contenido, el recurrente no ha logrado acreditar con la documentación acompañada para acogerse al beneficio, que cumplía estrictamente con las exigencias previstas en las letras a) y b) del artículo octavo de las Bases que ya han sido transcritas, puesto que, tal como se analiza en la propia resolución, en sus párrafos 27 y 28, y que se basta por sí misma, los documentos acompañados por el Sr. nombre reservado no son de aquellos señalados taxativamente en las Bases para acreditar tales exigencias, esto es, ser ex trabajador de la Flota Industrial y haber perdido su empleo en la Industria Pesquera en virtud de alguna de las causales de terminación del contrato señaladas en dicho artículo, y que por otra parte, el certificado emitido por Pesquera Delfín Limitada no permite acreditar su calidad de ex trabajador, ya que en el mismo se indica que prestó servicios a honorarios, no siendo por tanto un trabajador en los términos previstos en el Código del Trabajo, no indicándose tampoco la causal de término de dicha relación contractual, según lo exigido en las Bases. Además, en el Certificado emitido por AFP Provida, no consta el pago de cotizaciones previsionales por parte de Pesquera Delfín Limitada al Sr. nombre reservado.

UNDECIMO: Que sin perjuicio de lo concluido precedentemente, pertinente resulta hacer presente, respecto de aquellas situaciones de facto alegadas por el recurrente, que bien pudieron ser ventiladas en un procedimiento contradictorio donde existe las esenciales fases de discusión y de prueba. Precisamente el mismo artículo 53 de la Ley 18.880 ya comentado, dispone que el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia en procedimiento breve y sumario (corresponde a un juicio sumario de conformidad con lo prescrito en el Nº1 del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil)

En consecuencia, por todo lo analizado en las consideraciones precedentes, la acción deducida deberá ser desestimada.

Por estos motivos, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, demás disposiciones legales citadas, y lo indicado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

No se condena en costas a la recurrente por estimar que tuvo motivos plausibles para intentar la acción.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro don Juan Pedro Shertzer Díaz.

Rol Nº 185-2020 protección.