nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 1844-2020.- La Serena, veinte de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, compareció don DIEGO ESTEBAN GONZÁLEZ TORO, abogado, a nombre de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, por haber incurrido, a su juicio, en el acto ilegal y arbitrario consistente en cortar o interrumpir el suministro de energía eléctrica en el domicilio que habita su representada.

Expone que desde el año 2018, doña nombre reservado habita el domicilio ubicado en domicilio reservado. Que su permanencia en dicho domicilio se explica por la relación de pareja que mantuvo con el recurrido hasta mediados del año 2018.

En efecto, indica, la Sra. nombre reservado junto al Sr. nombre reservado habían ahorrado alrededor de $39.000.000.- (treinta y nueve millones de pesos), provenientes de las utilidades del negocio que habían emprendido juntos, sin embargo, la vivienda no podía ser adquirida directamente por la recurrida, pues, aún no había regularizado su situación migratoria, ni tampoco por él, porque todavía estaba casado.

Por lo anterior, dada la insistencia del Sr. nombre reservado y la confianza existente, se decidió que fuera doña nombre reservado, hermana del recurrido, quien adquiriera la propiedad. Incluso, destaca, la madre de su representada le entregó dinero en préstamos al Sr. nombre reservado para la adquisición de la casa.

Así, la Sra. nombre reservado junto a su hijo y al Sr. nombre reservado, comenzaron a vivir en el referido domicilio a inicios del año 2017, domicilio en el que hay más habitaciones que se arriendan a otras personas.

Expone que en el mes de abril de 2018 la Sra. nombre reservado debió viajar de nuevo a Bolivia, volviendo, al poco tiempo después, junto a su madre, doña nombre reservado. Que a su regreso se produjo, por razones que la Sra. nombre reservado aún no entiende, el quiebre de la relación con el Sr. nombre reservado, quien incluso la despidió de su trabajo.

Que, desde ese momento, la Sra. nombre reservado no tuvo mayor noticia de él, dado que no volvió a la casa donde vivían (el inmueble que actualmente habita), sino hasta finales del año 2018, cuando le fue notificada una demanda de precario deducida en su contra por quien figura como propietaria del inmueble, la hermana del Sr. nombre reservado, demanda sustanciada bajo el Rol C-5083-2018 del Primer Juzgado de Letras de La Serena.

Señala que el mencionado proceso terminó por sentencia de fecha 25 de septiembre de 2019, mediante la cual se acogió la demanda de precario deducida en contra de la Sra. nombre reservado, ordenándosele hacer abandono del inmueble.

Que, debido a las circunstancias por todos conocidas, denominadas como “estallido social”, ocurridas durante fines del año 2019 y la pandemia que hasta el día de hoy afecta al país, la Sra. nombre reservado no ha podido hacer abandono del inmueble.

Por anterior, se inició la etapa de cumplimiento del referido fallo, decretándose con fecha dos de abril de 2020 el lanzamiento, previa intimación de la Sra. nombre reservado del inmueble.

Que, no obstante, lo anterior y atendida la emergencia sanitaria, el tribunal ordenó que dicha diligencia se llevara a cabo una vez finalizada la alerta sanitaria, lo cual a la fecha no ha ocurrido.

Es en este contexto, señala, que el Sr. nombre reservado ha llevado a cabo una serie de actos de hostigamiento en contra de la Sr. nombre reservado, tales como, realizar visitas repentinas al inmueble en actitud amenazante, beber alcohol hasta altas horas de la noche en el inmueble junto a otras personas que se encuentran en el mismo inmueble, desenchufar los congeladores donde la Sra. nombre reservado guarda los productos que vende (quesos), maltratar a la mascota de la Sra. nombre reservado, Que, no conforme con lo anterior, el día cinco de octubre de 2020, el Sr. nombre reservado visitó el domicilio y procedió a cortar o interrumpir el suministro eléctrico del inmueble, ingresando a la habitación que a veces ocupaba y alterando desde allí el sistema de energía de la casa. Que, al retirarse del domicilio, dejó cerrada con una nueva chapa y candado la referida habitación, en la cual en días posteriores comenzó a llegar una persona que trabaja con él y que, según sus dichos, tenía instrucciones de no dejarla entrar.

Lo anterior, motivó que la Sra. nombre reservado hiciera una denuncia ante Carabineros, producto de la cual el Juzgado de Familia de La Serena decretó la prohibición de acercamiento por el plazo de 180 días, remitiéndose, en todo caso, los antecedentes a la Fiscalía Local de La Serena.

Ahora bien, dado que la Sra. nombre reservado no puede acceder a la habitación que se encuentra cerrada y donde, según los empleados de CGE y un electricista particular, habría sido alterado el sistema de energía, además, de que ninguna de las medidas y denuncias realizadas anteriormente obligan al recurrido o le permiten a ella sin hacer uso de la fuerza reparar el sistema eléctrico desde la habitación, se torna indispensable a interposición de la presente acción cautelar.

Finalmente, señala que, durante su estadía en el domicilio, ha sido la Sra. nombre reservado quien ha efectuado mes a mes los pagos de los servicios básicos domiciliarios y -por cierto- el correspondiente al servicio de energía eléctrica, lo cual torna aún más injustificada la acción del recurrido.

Indica que la conducta del Sr. nombre reservado, de fecha cinco de octubre de 2020, constituye un acto ilegal y arbitrario, en tanto, no tiene ninguna justificación legal ni, tampoco, racional, pues, existe un proceso judicial en curso que el recurrido, por la fuerza, pretende desconocer, a lo cual debe sumarse la circunstancia de que el recurrido no ostenta ningún derecho en el inmueble, ya que, quien figura como propietaria de este es su hermana.

Así, indica que el recurrido ha actuado motivado por su mero capricho, sin ninguna legitimidad y desprovisto de todo fundamento jurídico que ampare, aunque sea mínimamente, su conducta, con la cual intenta hacerse justicia por propia mano, actuación que está proscrita por nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido, el acto ilegal y arbitrario denunciado, perturba gravemente la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, a saber, su integridad física y, especialmente, psíquica, en tanto, la actuación del Sr. nombre reservado ha ocasionado en la recurrente graves aflicciones, preocupación, angustia, temor y diversos malestares, relacionados con la pérdida de un servicio tan básico y necesario para la subsistencia digna como lo es la energía eléctrica. Ello, sobre todo, considerando que para su sustento y el de su hijo, vende productos que requieren ser refrigerados y que por estas circunstancias ha debido pedir a vecinos que la ayuden con aquello.

Adicionalmente, cabe señalar que la situación que vive la Sra. nombre reservado no solo la afecta a ella, sino, también, a su hijo, quien estudia y requiere energía eléctrica para poder desarrollar sus labores académicas y, además, a diversas personas que habitan algunas de las piezas del inmueble, entre las cuales hay una joven con un bebé de 4 meses de edad.

Asimismo, agrega, los hechos denunciados privan o perturban el ejercicio de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5°. En efecto, con su actuar, el recurrido ha impuesto una medida de apremio absolutamente ilegitima, desconociendo el proceso judicial en curso que inició su hermana y que actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento.

Por estas consideraciones solicita acoger el recurso en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y ordenándole al recurrido restituir el suministro de energía eléctrica dentro de tercero día o, en caso de no hacerlo, autorizar a la recurrente para realizar por sí o por terceros las labores necesarias para restituir el suministro eléctrico, todo ello, con auxilio de la fuerza pública y con facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la denuncia efectuada con fecha 05 de octubre de 2020; 2.- Copia de resolución dictada en causa Rol F-905-2020; 3.- Copia de captura de pantalla del último comprobante de pago del servicio eléctrico (CGE); 4.- Copia de la sentencia dictada en causa Rol C-5083-2018; 5.- Copia de solicitud de lanzamiento presentada en causa Rol C-5083-2018; 6.- Copia de resolución que ordena el lanzamiento dictada en causa Rol C-5083-2018.

SEGUNDO: Que, con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, atendido el tiempo transcurrido y no habiendo dado cumplimiento el recurrido al informe decretado a lo principal de la resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, se prescindió de este.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose, en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, independiente si los actos atribuidos al recurrido pueden ser entendidos como ilegales o arbitrarios, desde que ningún derecho o facultad legal le asiste para interrumpir caprichosamente el suministro eléctrico en el inmueble que habita la recurrente, afectando con ello el libre ejercicio de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, no lo es menos que, por la misma circunstancia de no ser titular de ningún derecho sobre el inmueble en que habita la representada del recurrente, ya que no tiene la calidad de propietario y ni siquiera de ocupante material del referido inmueble, no radica en él la posibilidad de resolver el conflicto, ejecutando los actos necesarios para poner fin al entorpecimiento o vulneración de derechos fundamentales denunciado, sino que ella corresponde a quien es la dueña de la referida propiedad, nominada en el recurso como doña nombre reservado, hermana del recurrido, quien no ha sido siquiera emplazada respecto del ejercicio de la presente acción cautelar, por lo que mal podría esta Corte ordenarle a ella llevar a cabo los actos que el recurrente reclama destinados a poner fin a la arbitrariedad denunciada.

Que, por lo demás, las acciones destinadas a restituir el suministro eléctrico al interior del inmueble pueden ser llevadas a cabo plenamente por quien ostenta la tenencia material de dicha habitación, la representada del recurrente, sin que para ello sea siquiera necesario que exista una autorización u orden expresa de la Corte, ni que se requiera o autorice el auxilio de la fuerza pública, ya que es ella quien posee el poder material para ejecutarlo, pudiendo ejercerlo por sí misma.

SEXTO: Que, atendido lo expuesto en el motivo anterior, no corresponde a la Corte, en este caso, la adopción de las medidas de resguardo o providencias solicitadas por el recurrente para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a la afectada, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados, razón por la cual el recurso de protección entablado necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por DIEGO ESTEBAN GONZÁLEZ TORO, a nombre de nombre reservado, en contra de nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1844-2020 (Protección).