Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 1842-2025.- La Serena, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Junior Armando Daza Vargas, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte NUM000, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, realizada el 27 de febrero de 2025, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente ingresó al territorio nacional el día 9 de octubre de 2024, por paso habilitado, en calidad de pasajero en tránsito en un vuelo con destino final a la República Argentina, haciendo escala en la ciudad de Santiago de Chile. Al arribar al aeropuerto internacional, manifestó formalmente su intención de solicitar refugio ante funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en virtud del temor fundado por su vida e integridad personal a causa de la persecución política sufrida en su país de origen.

Expone que el recurrente es médico cirujano de profesión, quien se desempeñaba en el sistema público de salud en Venezuela, donde fue objeto de hostigamiento, acoso y persecución sistemática por parte de autoridades y agentes del Estado, debido a su desacuerdo con las políticas sanitarias impuestas por el gobierno nacional y por expresar públicamente opiniones críticas sobre la gestión del sistema de salud. Afirma que dicha persecución escaló al punto de poner en grave riesgo su vida, seguridad e integridad personal, viéndose obligado a abandonar su país en búsqueda de protección internacional.

Indica que, en atención a su declaración de temor ante funcionarios de la PDI, estos activaron el protocolo establecido en el Decreto Supremo N°125, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que regula el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándole una Tarjeta Única Migratoria (TUM) y la notificación prevista en el artículo 36 del referido decreto, instruyéndole presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) en un plazo de 10 días para formalizar su solicitud.

Señala que, cumpliendo con lo dispuesto, el recurrente acudió el día 14 de octubre de 2024 a las dependencias del Servicio Nacional de Migraciones, donde se le entregó un Oficio Ordinario que contenía la citación para la formalización de su solicitud de refugio, fijando como fecha de atención el 27 de febrero de 2025, a las 09:00 horas, en las dependencias del SERMIG. En dicha oportunidad, el recurrente compareció personalmente y formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, quedando registrada en el sistema administrativo correspondiente.

Afirma que, desde la fecha de formalización —27 de febrero de 2025— y hasta la actualidad, el Servicio Nacional de Migraciones no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de la solicitud presentada, manteniendo al recurrente en un estado de incertidumbre e irregularidad administrativa incompatible con la protección internacional solicitada.

Sostiene que esta omisión prolongada y carente de justificación legal o administrativa vulnera el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley y al debido proceso administrativo, toda vez que personas en situación similar han recibido respuesta dentro de plazos razonables conforme a los principios de celeridad y eficacia que deben regir la actuación de la Administración del Estado.

Agrega que, durante el tiempo transcurrido, el recurrente ha cumplido cabalmente con todas las exigencias legales, iniciando además el proceso de revalidación de su título profesional de médico cirujano, el cual ha aprobado satisfactoriamente. Sin embargo, la falta de resolución sobre su solicitud de refugio le impide obtener autorización para trabajar o desarrollar actividades remuneradas lícitas, afectando su derecho al trabajo, su subsistencia y su dignidad personal.

Por dichos antecedentes, solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida concluir el procedimiento y ordenar la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 42 de la Ley N°20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada.

SEGUNDO: Que, a folio siete compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Informa que el recurrente formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el día 27 de febrero de 2025, tras haber sido citado para dicho efecto conforme al procedimiento establecido. Señala que, realizada la entrevista correspondiente, la solicitud pasó a etapa de análisis de informe, encontrándose actualmente en trámite, tal como consta en el Registro Nacional de Extranjeros.

Expone que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado, principalmente, por la Ley N°20.430 que establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, la Ley N°21.665 que modificó la Ley de Refugio, por el Decreto N°837, que fija su Reglamento, y en algunas normas establecidas en la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Precisa que, en virtud del artículo 26 de la Ley N°20.430, todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera, al entrar al país, sobre su intención de solicitar refugio en Chile, con el objeto de efectuar el registro biométrico. Posteriormente, el solicitante deberá manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta en un plazo fatal de siete días, contados desde su ingreso al país.

Puntualiza que, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, previamente deberá formalizar su solicitud en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 1° del Reglamento de la Ley N°20.430, esto es, en cualquier oficina de la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones o de sus Direcciones Regionales, trámite que, dada su naturaleza y en vista de los principios rectores de la Protección de refugiados, deberá realizarse en forma personal y presencial por el interesado.

Señala que, en cumplimiento de lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de la causa Rol 115005-2022, de fecha 20 de marzo de 2023, esta autoridad migratoria emitió mediante Resolución Exenta N°21.726 de fecha 11 de mayo de 2023, el "Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones", que regula la atención de las personas que manifiesten la intención de iniciar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, respetando todos y cada uno de los principios fundamentales contenidos en la Ley 20.430 y su reglamento.

Indica que, al momento de ser atendido en el Departamento de Refugio y Reasentamiento o Direcciones Regionales de este Servicio, le será entregado el formulario que permita formalizar su solicitud, con independencia de los documentos que el extranjero presente y los requisitos formales establecidos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, el funcionario encargado de la atención deberá informar al solicitante los requisitos documentales y formalidades que debe cumplir toda persona que desee ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Afirma que, una vez recibido el formulario completado y firmado por el interesado, el funcionario encargado de la atención verificará que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la normativa especial que rige la materia, creando además un perfil del solicitante en el Registro Nacional de Extranjeros.

En consecuencia, hace presente que su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por el recurrente, no existiendo vulneración alguna subsanable mediante el presente recurso, no siendo procedente por ende la acción constitucional, ni la respectiva condena en costas.

Finalmente, hace presente que esta autoridad administrativa no ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la parte recurrente, y que la solicitud se encuentra en trámite regular, en etapa de análisis de informe.

Por estas consideraciones, solicitó el rechazo de la acción en todas sus partes, no siendo procedente que su parte sea condenada en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido concluir el procedimiento y ordenar la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

QUINTO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado el otorgamiento de una respuesta al amparado. En efecto, desde la formalización de la solicitud el 27 de febrero de 2025 hasta la fecha de interposición del recurso han transcurrido más de 8 meses, sin que la recurrida haya dado cumplimiento a dicha norma, manteniéndose al recurrente en una situación de incertidumbre e irregularidad migratoria que le impide acceder al ejercicio pleno de sus derechos, incluyendo el derecho a trabajar, pese a haber cumplido con todos los requisitos y procedimientos exigidos por la normativa vigente.

SEXTO: Que, el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, por su propia naturaleza y finalidad, debe ser tramitado con especial celeridad, atendido que quien solicita refugio se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad que requiere una respuesta oportuna por parte de la autoridad, conforme a los principios que inspiran la Ley N°20.430 y los tratados internacionales sobre la materia suscritos por Chile.

SÉPTIMO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en la prolongada omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal conforme a la normativa vigente. Asimismo, el retardo inexcusable de la administración provoca indudablemente incertidumbre en el recurrente respecto de su situación migratoria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de condición de refugiado dentro del plazo de 30 días corridos desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1842-2025 (Protección).