nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

nombre reservado

Contraloría General de la República Recurso de Protección Rol N° 184-2018.- La Serena, diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece el abogado CLAUDIO ULISES RIOS AGUILERA, en representación de doña nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de Contraloría General de la República, específicamente en contra de la Contraloría Regional, indicando que la resolución del ente contralor infringe la garantía consagrada en la Constitución en el numeral 3º del artículo 19, señalando que con fecha 22 de Septiembre del año 2017 su parte recurrió de reposición en contra del decreto alcaldicio 3080 del 6 de septiembre del año 2017, de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá por el cual se ordenó la destitución de la recurrente, objeto de un sumario que su parte sostuvo fue de manera poco profunda y en donde se aplicó una sanción que no correspondía en base a los hechos allí descritos, agregan que el Alcalde no acogió la reposición por la que presentaron el recurso de ilegalidad en contra del decreto alcaldicio de Combarbalá Nº 1869 del 2017, ante la Contraloría Regional de la Región de Coquimbo, representada por su Contralor Regional, con fecha 24 de Octubre del año recién pasado.

Menciona que luego de un error en la copia del recurso presentado, se les pidió lo volvieran a presentar, lo que ocurrió con fecha 30 de Noviembre del año recién pasado, alegando la necesidad de que la Contraloría dejara sin efecto el decreto alcaldicio, basándose esencialmente en errores en el Sumario Administrativo de carácter formal, pero principalmente porque estiman que la medida de la destitución administrativa no correspondía aplicarla toda vez que esta medida es la última ratio en los castigos administrativos, y sólo debe aplicarse de forma estricta, es decir, sólo a los casos en que la ley expresamente establece como sanción la destitución.

Indica que con fecha 2 de Febrero del presente año se les notificó por parte de Contraloría que desestimaba el reclamo, basándose esencialmente en que según el órgano contralor la recurrente habría tenido la oportunidad formal para defenderse del sumario incoado en su contra, sin hacerse cargo de que la sanción aplicada de destitución se aplicó de manera ilegal, por cuanto no hay norma específica que suponga la aplicación de esta medida a la conducta que dio origen al sumario administrativo, dejando por lo tanto a su parte en completa indefensión por cuanto precisamente el órgano competente para determinar la ilegalidad de dicho acto administrativo no se hizo cargo de este alegato y sólo se refirió a lo formal y no a la incorrecta aplicación de la sanción.

Indica como infringidas con esta actuación la garantía constitucional del numeral 3 del artículo 19 de nuestra Constitución por cuanto siendo este órgano el competente para pronunciarse sobre la legalidad de la medida disciplinaria, obvia el llamado legal y simplemente indica que no puede entrometerse en el fondo, cuando precisamente esa es su función legal y que además atenta en contra de la igualdad ante la ley contemplado en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que este mismo órgano en otras instancias se ha pronunciado respecto del fondo.

Por lo señalado anteriormente solicita que se haga lugar al recurso intentado y se ordene al órgano recurrido que se haga cargo del fondo del reclamo y haga lugar a él, ordenando en definitiva que quede sin efecto el decreto alcaldicio que dio origen a esta situación.

Con fecha veintinueve de marzo informa el recurso la Contraloría Regional de Coquimbo, alegando en primer lugar la falta de legitimación pasiva, indicando que, aunque formalmente la recurrente impugna el oficio N° 371, de 2018, de esa Entidad de Control, de la lectura del recurso se advierte que por su intermedio busca dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 3.080, de 2017, emitido por la Municipalidad de Combarbalá, que puso término a la relación laboral de conformidad al artículo 160 N° 1, letra a), del Código del Trabajo, por la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, la cual se constató en el procedimiento disciplinario llevado a cabo por la municipalidad, ordenando su destitución, mencionando que la determinación de aplicar la causal del Código del Trabajo para poner término a su contrato no correspondió a dicho Órgano Fiscalizador, sino que al alcalde de la Municipalidad de Combarbalá.

Posteriormente señala que la acción es extemporánea desde que lo impugnado por su intermedio es el decreto alcaldicio N° 3.080, de 2017, que puso término a la relación laboral de conformidad al artículo 160 N° 1, letra a), del Código del Trabajo, por la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, la cual se constató en el procedimiento disciplinario llevado a cabo por la municipalidad, ordenando su destitución, del que la actora tomó conocimiento con fecha 11 de septiembre de 2017, transcurriendo con creces el plazo de 30 días corridos para la interposición de la acción cautelar, prevista en el Auto Acordado de la Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Señala además que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, el que fue establecido como un mecanismo de emergencia, destinado a brindar tutela rápida y eficaz a determinados derechos constitucionales frente a violaciones o atropellos manifiestos de los mismos. En virtud de esta naturaleza, no constituye una vía para conocer asuntos de lato conocimiento o procedimientos reglados como acontece en la especie, en tanto su resolución implica dilucidar discusiones jurídicas acerca de la correcta interpretación y alcance que debe darse a determinados preceptos legales y la constatación de ciertas circunstancias de hecho.

Referente al fondo del asunto señala que no existe ilegalidad y/o arbitrariedad, toda vez que dicha Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 5°, 6°, 9°, de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General; 51, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 18 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales, legales y reglamentarias han otorgado a la Contraloría General, efectuando un análisis razonado de las etapas del procedimiento disciplinario, de las alegaciones del recurrente y de las actuaciones practicadas por la entidad edilicia, concluyéndose que el mencionado municipio había realizado todos los trámites considerados esenciales para asegurar a la señora nombre reservado su garantía de un justo y racional procedimiento y derecho a defensa, y respecto a la arbitrariedad, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de la Entidad Regional de Control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de ese Órgano de Control, habiéndose aplicado correctamente la mencionada norma del Código del Trabajo, ya que en aquellos casos en que se aplique la causal de cese en comento, es necesaria la incoación de una breve investigación, en la que se demuestre fehacientemente la existencia de la misma, la cual, si bien no debe ajustarse a las reglas rígidas de tramitación de un sumario, es indispensable que asegure el derecho de un debido proceso, bastando para ello que se acredite la ocurrencia de los hechos que configuran el motivo del término de la relación, se oiga al afectado entregándole la oportunidad de defenderse y que se le notifique la sanción, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la ley N° 18.575, sobre Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Cita jurisprudencia y dictámenes para sustentar sus alegaciones y menciona además que respecto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, la recurrente sólo los ha enunciado, sin aducir elementos de juicio claros y precisos, ni acompañar antecedentes concretos que demuestren cómo el referido oficio N° 371, de 2018, pudo haberle producido la privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio, que haría procedente la interposición de la acción constitucional de autos, indicando que no se divisa cómo a través de la emisión del mencionado oficio, la Contraloría habría establecido diferencias arbitrarias en contra de la recurrente, ni se comprende cómo aquel podría amenazar, privar o perturbar el legítimo ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en circunstancias que, por su intermedio, sólo se ejercieron las facultades con que cuenta dicha Sede Regional conforme a la normativa legal y constitucional vigente, respecto a la supuesta afectación al derecho al debido proceso, el cual se encuentra contemplado en el inciso sexto del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, indica que la acción del recurso de protección no se extiende a la garantía del debido proceso contemplada en el artículo 19 Nº 3, inciso sexto, de la Constitución, sino que sólo se limita a proteger el derecho a que nadie sea juzgado por comisiones especiales, por lo que esta alegación debe ser desestimada por no encontrarse contemplada su protección en el artículo 20 de la Constitución Política.

Por lo anteriormente expuesto, solicita se rechace la acción de protección y acompaña para fundar sus alegaciones, los siguientes documentos:

· Oficio N° 371, de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, y su correspondiente expediente administrativo, que comprende la presentación formulada por la recurrente, bajo la referencia N° 44.873, de 2017 · Oficio N° 1.835, de 2017, de la Municipalidad de Combarbalá y los demás antecedentes tenidos a la vista para emitir el aludido pronunciamiento.

Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho se remitió por la Ilustre Municipalidad de Combarbalá copia del expediente administrativo.

Con fecha tres de abril de dos mil dieciocho se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República , establece que “ El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”,”… podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones, respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Segundo: Que el artículo 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Tercero: Que a su vez, el inciso segundo del artículo 5° del Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que “la Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana critica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación”.

Cuarto: Que según se logra desprender del recurso de protección, el acto impugnado por el recurrente, está constituido por la resolución de la Contraloría Regional de Coquimbo, contenido en el Oficio N°371, de fecha 29 de enero de 2018, que desestimaba el recurso de ilegalidad que a su vez el recurrente había deducido en contra del Decreto Alcaldicio N° 1869 del año 2017 de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N° 3080 del mismo año, mediante el cual se ordenó la destitución de doña nombre reservado.

Quinto: Que según consta del sumario administrativo incoado respecto de doña nombre reservado, mediante Decreto N°3.080, de fecha 6 de Septiembre de 2017, de la I. Municipalidad de Combarbalá, se ordenó la destitución de la funcionaria de Educación doña nombre reservado, por aplicación del artículo 160 , Letra A, Numeral 1° del Código del Trabajo por conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas, en denuncia efectuada por doña nombre reservado, Inspectora de Patio y don nombre reservado, Auxiliar de Aseo, quienes indican ser víctima de hostigamiento constante por parte de la funcionaria Administrativa del Liceo Samuel Román Rojas de Combarbala, decreto que fue objeto de una reposición deducida por la recurrente, pero que mediante Decreto Alcaldicio N° 1869, fue rechazado por no existir mejores ni nuevos antecedentes aportados que hagan variar lo resuelto por el acto administrativo que se impugna.

Sexto: Que según consta de la resolución contenida en el Oficio N°371, de fecha 29 de enero de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, se desestimó el reclamo interpuesto por doña nombre reservado, ante dicho organismo, en contra del cese de la relación laboral de la recurrente, consignándose en esencia entre sus fundamentos “… que la autoridad edilicia para disponer el término de la relación laboral de los funcionarios municipales afectos al anotado Código, por hechos imputables a estos y sin derecho a indemnización alguna, debe invocar una o más de las causales de despido contempladas en el aludido artículo 160 del citado cuerpo legal, entre las que destaca, como ya se mencionara, la falta de probidad por parte del trabajador en las realización de sus labores”, añadiéndose que “Al respecto, resulta útil indicar que en aquellos casos en que se aplique la causal de cese en comento, es necesaria la incoación de una breve investigación, en la que se demuestre fehacientemente la existencia de la misma, la cual, si bien no debe ajustarse a las reglas rígidas de tramitación de un sumario, es indispensable que asegure el derecho a un debido proceso, bastando para ello que se acredite la ocurrencia de los hechos que configuran el motivo de término de la relación laboral, se oiga al afectado entregándole la oportunidad de defenderse y que se le notifique la sanción, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” e indicándose que “Conforme lo expuesto, y de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, en particular, la declaración tomada a la propia recurrente, que rola a fojas 17; sus descargos, rolantes a fojas 34, y la reposición que interpuso en contra del acto sancionatorio, queda demostrado que antes de ser sancionada ella tuvo conocimiento de los hechos que se le imputaban, en razón de que fue interrogada en forma específica sobre las situaciones concretas que configuraban las faltas a la probidad de que se le acusó, teniendo en aquella misma gestión, así como en su descargos y en su reposición, la posibilidad de defenderse, lo que da cuenta que se cumplió con los trámites mínimos que aseguran el principio antes citado.”

Séptimo: Que la recurrida, esto es, la Contraloría Regional de Coquimbo, ha invocado la falta de legitimación pasiva, indicando que aunque formalmente la recurrente impugna el Oficio N° 371, de 2018, de dicha entidad de control, de la lectura del recurso se advierte que por su intermedio busca dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 3080, de 2017, emitido por la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, que puso término a la relación laboral de conformidad al artículo 160 N° 1 letra a), del Código del Trabajo, por la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, al respecto cabe señalar, tal como se adelantó, que en la especie el Recurso de Protección, se encuentra dirigido en contra de la resolución de la Contraloría Regional de Coquimbo, contenida en el Oficio N°371, de fecha 29 de enero de 2018, que rechazó el recurso de ilegalidad presentado ante el órgano contralor, en contra del Decreto Alcaldicio N° 1869 del año 2017, de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, mediante el cual a su vez se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N° 3080 del mismo año, conforme al cual se dispuso la destitución de la recurrente, de manera que mal puede la recurrida alegar la falta de legitimación pasiva, ya que el acto impugnado ha sido dictado por la propia Contraloría Regional de Coquimbo.

Octavo: Que además la recurrida, invoca que el recurso de protección ha sido interpuesto en forma extemporánea, ya que, según insiste, el acto impugnado es el Decreto Alcaldicio N° 3080, de 2017, dictado por la I. Municipalidad de Combarbala, del cual la recurrente tomó conocimiento con fecha 11 de Septiembre de 2017, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos para la interposición de la acción cautelar, previsto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Sin embargo, al respecto cabe reiterar que el acto impugnado no es el Decreto Alcaldicio N° 3080, de 2017, puesto que como ya se ha indicado, se recurre de protección respecto de la resolución contenida en el Oficio N°371, de fecha 29 de enero de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante la cual se rechazó el recurso de ilegalidad, de manera que en tal sentido mal se puede alegar la extemporaneidad del recurso de protección respecto del Decreto Alcaldicio N°3080, si este no ha sido objeto de dicha acción cautelar.

Noveno: Que siguiendo el orden de la propia recurrente, esta indica como conculcada en primer término, la garantía constitucional contemplada en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, esto es “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, fundada en que la Contraloría es el órgano competente para pronunciarse sobre la legalidad de la medida disciplinaria, pero obvia el llamado legal y simplemente indica que no puede entrometerse en el fondo, cuando precisamente esa es su función legal.

Décimo: Que sin embargo, conforme al claro temor del inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, el recurso de protección cautela la garantía contemplada en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de dicha Carta Fundamental, esto es, “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, la cual no concuerda ni resulta armónica con la argumentación dada por la recurrente, la que por lo demás no le atribuye al órgano de control el carácter de una comisión especial, lo que incluso resultaría inverosímil, de manera que mal puede haber existido una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho no garantizado con el recurso de protección.

Undécimo: Que en segundo término, la recurrente invoca como conculcada, la garantía contemplada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, “La igualdad ante la ley. En Chile no has personas ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ente la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, fundada en que este mismo órgano contralor en otras instancias se ha pronunciado respecto del fondo, como corresponde conforme a la legislación, por lo que no entiende porque en este caso puntual el órgano hace un trato discriminatorio y simplemente no se pronuncia como lo que ha hecho en otras instancias, incluso ante el mismo municipio.

Décimo Segundo: Que el inciso primero del artículo 1° de la Constitución Política de la República, dispone como principio que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, mientras que el inciso primero del N° 2 del artículo 19 de dicha Carta Fundamental, establece “La igualdad ante la ley”, elevando aquel principio al nivel de una garantía constitucional resguardada por el recurso de protección.

Décimo Tercero: Que así las cosas, la igualdad ante la ley tiene como sustento basal, la circunstancia de que las personas que se encuentran en una determinada situación análoga y neutral, deben tener el mismo régimen jurídico y por ende iguales derechos, sin que puedan ser discriminados en virtud de diferencias arbitrarias.

Décimo Cuarto: Que sin embargo, en la especie, no existe el menor atisbo de que la recurrida haya incurrido en una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, habiendo actuado conforme a la normativa legal e interna que regula su marco de atribuciones, esto es los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 5,6 y 9 de la Ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; 51 de la Ley N° 18.695, sobre Municipalidades y 18 de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, de manera que el aserto de la recurrente en cuanto a que la recurrida resolvió basándose en cuestiones formales y no de fondo, carece de sustrato, ya que actuó conforme a la normativa legal e interna que regula su marco de atribuciones en el caso en comento, no habiéndose por ende logrado violentar dicha igualdad ante la ley, siendo del caso insistir en que la Contraloría Regional de Coquimbo efectuó un control de legalidad del procedimiento disciplinario a que fue sujeto la recurrida por orden de la I. Municipalidad de Combarbalá, en virtud del cual se dispuso su destitución, sin que le haya merecido reparos dicho procedimiento disciplinario; por lo demás la recurrente no ha logrado acreditar que en otras situaciones análogas el órgano contralor haya resuelto de manera distinta, por lo que mal puede haber existido una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho garantizado con el recurso de protección y en todo caso un acto no puede calificarse de arbitrario o ilegal, por la mera circunstancia de que el órgano de control resolvió de una forma distinta a la pretendida por la recurrente.

Décimo Quinto: Que en consecuencia, procede rechazar el recurso de protección.

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República, específicamente en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo.

Regístrese.

Redacción del Señor Fiscal nombre reservado, don nombre reservado.

Rol N° 184-2018 (Recurso de Protección).

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, presidida por el Ministro señor Humberto Mondaca Díaz e integrada por el Fiscal nombre reservado señor nombre reservado y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez. (No firma señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente recurso, por encontrarse con permiso).

En La Serena, a diecisiete de abril de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.