nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1839-2024 La Serena, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el rechazo de 02 licencias médicas extendidas por un total de 42 días a contar del 07 de noviembre de 2024; y el rechazo de 01 licencia médica extendida por un 30 días a contar del 17 de septiembre de 2024, todas ellas por la causal ‘reposo no justificado’. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente fue diagnosticada con un ‘Trastorno Adaptativo” durante el mes de agosto del año en curso, y que para justificar el reposo se acompañó informe médico de 09 de septiembre de 2024 en que el médico especialista nombre reservado, Neuro-Psiquiatra, describe que “cursa un embarazo de 21 semanas no planificado, y desde hace 6 meses a la fecha de la primera consulta, presentaba un ánimo bajo, irritabilidad, anhedonia, labilidad emocional, episodios angustiosos severos y trastorno del sueño, al momento de otorgarse la licencia, y evidencia que no se encontraba en situaciones óptimas psicológicas para poder reintegrarse a su trabajo. El médico hace énfasis en que el reposo médico es fundamental en su terapéutica, en lo farmacológico se indicó terapia antidepresiva con escitalopram y clotiazepam, la cual comienza a evidenciar una respuesta clínica satisfactoria entre las 4 a 6 semanas del tratamiento farmacológico”. Agrega que la actora cuenta también con informe emanado nombre reservado, quien forma parte del equipo de médicos del Programa de Salud Mental del CESFAM Cardenal José María Caro, de la Región de Coquimbo, quien ratifica el diagnóstico antes detallado y la deriva a atención con psicóloga del CESFAM Cardenal José María Caro.

Refiere que las licencias de la recurrente comenzaron a ser rechazadas por Compin aduciendo que el reposo prescrito es injustificado y señala que habiéndose deducido reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, esta entidad decide mantener lo resuelto. Detalla que el primer acto impugnado se contiene en la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164770-2024 de 22 de octubre de 2024 por la cual SUSESO confirma el rechazo de las licencias médicas N°106518418-0 y 106518416-4, esgrimiendo como motivo que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 106518418-0, 106518416-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 42 días de reposo ya autorizados por la misma patología, lo que, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. Que, en efecto, el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, limitación funcional (con resultado de evaluación GAF), plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Tampoco acompaña informe de psicólogo (a), que acredite intervención psicoterapéutica, esencial en los procesos de remisión de enfermedades mentales.”.

Por su parte, respecto al segundo acto administrativo que cuestiona, expresa que éste se contiene en la Resolución Exenta N°R-01-S-173608-2024 de 07 de noviembre pasado, en la cual SUSESO invoca como fundamento para el rechazo de la licencia médica N°107289846-6, que el reposo prescrito “no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología. En efecto, el informe médico aportado no detalla evolución del cuadro clínico, sintomatología de gravedad, evolución de escala de funcionalidad, plan de reintegro laboral ni pronóstico; asimismo, no aporta informe fundado de psicoterapia, ni documento que acredite ingreso a garantías GES.”.

Afirma que la recurrida ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a su condición de salud que fueran acompañados, y no ha expresado la razón por la cual aquellos no serían aptos para justificar las licencias médicas que se reclaman. Acusa que los actos administrativos emitidos por la recurrida adolecen de falta de motivación, infringiendo el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

Manifiesta que la recurrida, en definitiva, actúa en forma arbitraria e ilegal al no cumplir con su deber de motivar los actos administrativos cuestionados, vulnerando el derecho a la vida e integridad física de la actora al privarle de ejercer el derecho de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud. Agrega que, además, se vulnera su derecho de propiedad por cuanto se le priva de percibir el respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, ordenar se dejen sin efecto las resoluciones que confirman el rechazo de las licencias reclamadas y, en su lugar, ordenar su pago, con costas o, en subsidio, “disponer se practiquen a doña nombre reservado, todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y concurrencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas en el presente recurso, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, proceda al pago de éstas”.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida SUSESO solicitando el rechazo de la acción intentada con costas.

Alega, en primer lugar, la improcedencia de la acción de protección, pues el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio de las anteriores alegaciones, informa en cuanto al fondo, detallando el marco regulatorio del derecho a licencia médica, y señalando respecto a la situación de la actora que su reclamación en contra de lo resuelto por Compin fue rechazada previo estudio de los antecedentes, el que llevó a concluir que su reposo no se encontraba justificado. Puntualiza que en la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164770-2024 de 22 de octubre de 2024, relativa a las licencias médicas N°106518418-0 y 106518416-4, se expuso que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 106518418-0, 106518416-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 42 días de reposo ya autorizados por la misma patología, lo que, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. Que, en efecto, el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, limitación funcional (con resultado de evaluación GAF), plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Tampoco acompaña informe de psicólogo (a), que acredite intervención psicoterapéutica, esencial en los procesos de remisión de enfermedades mentales.”. Manifiesta que, por su parte, en la Resolución Exenta N°R-01-S-173608-2024 de 07 de noviembre pasado, referente a la licencia médica N°107289846-6 se consigna que el reposo no se encuentra justificado y que “esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología. En efecto, el informe médico aportado no detalla evolución del cuadro clínico, sintomatología de gravedad, evolución de escala de funcionalidad, plan de reintegro laboral ni pronóstico; asimismo, no aporta informe fundado de psicoterapia, ni documento que acredite ingreso a garantías GES.”.

Hace presente que los médicos que emitieron las licencias de la recurrente no cuentan con la especialidad en psiquiatría inscrita en el Registro de Prestadores de Salud y que profesionales de SUSESO expresaron respecto a los antecedes médicos que constan en el expediente administrativo lo siguiente: “Informe del 09-09-2024, por médico general, refiere dg stornode adaptación en tratamiento con escitalopram 10 mg, sin mayores datos de plan terapéutico, sin datos de funcionalidad comprometida, sin informe de psicoterapia, sin derivación a psiquiatra, n evaluación por equipo SAME APS, sin fecha de retorno laboral o alta probable, sin mayores antecedentes que justifiquen prolongación de reposo mayor al otorgado ni su rol terapéutico”.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado, según lo indicado precedentemente, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes tenidos a la vista.

Niega, finalmente, que la actora tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ambos expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por las recurridas.

QUINTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164770-2024 de 22 de octubre de 2024 y de la Resolución Exenta N°R-01-S-173608-2024 de 07 de noviembre de 2024, cuyo contenido ha sido ya reproducido en el motivo segundo de este fallo.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar éste la viabilidad de su reposo temporal. Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología buscar uno y otro profesional del área de especialidad que corresponda, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, conviene tener presente que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud establece que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de éste. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida por la recurrida.

Adicionalmente, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, la que ha considerado en la causa Rol N°157.728-2022 -entre otras- que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

DÉCIMO TERCERO: Que, para restablecer el imperio del derecho en este caso particular, esta Corte estima necesario disponer derechamente el pago del subsidio asociado a las licencias médicas, sin ordenar la práctica de pericias u otras medidas informativas previas. Ello, pues, en concepto de estos sentenciadores, los informes médicos y demás antecedentes que constan en el expediente administrativo sí reúnen las condiciones técnicas que la recurrida echa en falta en sus resoluciones para efectos de reconocerle validez y, además, se constata que la actora recibe atención de salud mental en el sistema público, por lo que al cuestionar la recurrida la necesidad del reposo -y, por tanto, la calidad de los servicios del profesional actuante- y reprochar la falta de especialidad en psiquiatría del facultativo emisor, en el fondo, la Administración del Estado hace recaer en la recurrente los efectos perniciosos de sus propias falencias, incurriendo de ese modo en un actuar contradictorio y que contraviene lo prescrito en los artículos 7, 9 y 13 de la Ley N°19.880.

DÉCIMO CUARTO: Que, por la misma consideración expresada en el motivo que antecede, se impondrá a la perdidosa el pago de las costas de la causa, pues precisamente el actuar contradictorio de la Administración y la pretensión de radicar en el administrado los efectos de la propia negligencia constituyen, a juicio de esta Corte, una litigación temeraria en los términos del artículo 600 inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales que amerita imponer este gravamen procesal aún en el entendido que la recurrida goce de privilegio de pobreza.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia del recurso.

II.- Que SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite, debiendo éste verificarse en un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos a contar de la ejecutoriedad de esta sentencia, bajo apercibimiento de proceder conforme a lo dispuesto en el N°15 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección sin necesidad de nuevo apercibimiento u orden judicial.

III.-Que, se condena en costas a la perdidosa.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1839-2024 (Protección).-