nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE

nombre reservado, nombre reservado

Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana y otra Recurso de protección Rol N°1838-2025 La Serena, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado y Martín Morales Miranda, abogados, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, venezolano, divorciado, médico cirujano, discapacitado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado; y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación por la Compin de las Resoluciones Exentas N°649/2023 3664/2025 de 22 de mayo de 2023 y 23 de septiembre de 2025, respectivamente, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 y 21 de la Carta Magna.

Señala que, el recurrente ingresó al país el año 2017, de inmediato inició los trámites para revalidación de su título profesional, lo que culminó de forma satisfactoria, y que es reconocido por sus pares y pacientes, contribuyendo a la atención médica de la zona. Actualmente padece de una enfermedad renal crónica en etapa V, de carácter degenerativo e irreversible, lo cual señala mantenerlo en una situación especial de vulnerabilidad física y emocional, dependiendo del acceso continuo a su atención médica para preservar su vida.

Expone que el año 2023 el recurrente fue objeto de un proceso de fiscalización por la Compin, por la emisión de licencias médicas, respecto del cual participó, pero nunca fue notificado del resultado de aquella fiscalización, ni se le otorgó instancia para realizar sus descargos o defensa. Indica que fruto de esta fiscalización al recurrente se le aplicó suspensión para emitir licencias médicas y adquirir talonarios de licencias, medida vigente desde el 2023. Señala que, al acercarse a Tesorería General de la República, para cancelar una multa impuesta por Fonasa, toma conocimiento que además tenía otra multa de 10 UTM dictaminada por la Compin y que sería embargado por falta de pago, por lo que suscribió un convenio de pago, el que terminará de pagar en junio de 2026.

Indica que, sin perjuicio de haber cancelado la multa, no fue desbloqueado por la Compin para la emisión de licencias médicas ni compra de talonarios, y averiguó en la Compin de Coquimbo que no aparecía con sanción en el sistema y que, estaba siendo fiscalizado por la Compin de la Región Metropolitana. Añade que trató de contactar por correo electrónico a la Compin Metropolitana, pero al final recibió una respuesta hostil y se negaron a entregar información, ante este panorama el recurrente el 26 de agosto de 2024 ejerció su derecho al acceso a información pública mediante portal de transparencia activa, dirigido a la Superintendencia de Salud y la de Seguridad Social, solicitando la información que tuvieran sobre su caso, pero la respuesta fue negativa pues no tenían antecedentes. Refiere que el 24 de septiembre de 2025 su pareja viajó a Santiago para averiguar en las oficinas de la Compin Metropolitana sobre la situación, donde le entregaron una dirección de correo electrónico para consultar, lo cual realizó, y el 26 de septiembre de 2025 recibió una respuesta donde le informaron que producto de una fiscalización del año 2023 había sido sancionado, y esta sanción había sido renovada por una resolución posterior, adjuntando copia de la Resolución Exenta N°649/2023 y de la Resolución Exenta N°3664/2025. Señala que fue en aquel momento que el recurrente tomó conocimiento de estas resoluciones, pues no le habían sido notificadas.

Informa que la primera resolución, el servicio afirma que el recurrente en el contexto de una fiscalización de la SEREMI se le enviaron dos cartas, el 8 y el 15 de mayo de 2023, solicitando que informara de 100 licencias médicas; pero alega que ni las cartas, ni las resoluciones finales le fueron notificadas, privándolo de su derecho a defensa, a ser oído y a impugnar el acto en tiempo y forma.

Añade que, además de lo anterior, la Resolución N°649/2023 contiene errores sustantivos y formales de gravedad, vulnerando los principios de legalidad, debido proceso y certeza jurídica, pues en su parte resolutiva y de notificación se consigna erróneamente lo siguiente: "Dispóngase que el profesional Dría). nombre reservado deberá comunicar al paciente lo dispuesto en el numeral precedente antes de la realización de una atención de salud" y posteriormente, "Notifíquese al profesional Dr. nombre reservado.", lo cual alega ser inaceptable y arbitrario, pues el acto sancionatorio se refiere y dirige a una persona completamente distinta del recurrente, lo cual demuestra la falta de prolijidad administrativa, ausencia de control en el procedimiento y vulneración flagrante del derecho a defensa y al debido proceso.

Afirma que además la resolución es carente de motivación suficiente, pues constituye una reiteración arbitraria de una sanción ilegítima, ejecutada en desconocimiento absoluto de las garantías constitucionales del recurrente, así como de una transgresión a los principios formativos de los procedimientos administrativos y del derecho sancionatorio administrativo.

Señala que, como consecuencia del actuar de la recurrida, el actor se encuentra desde hace más de 2 años, impedido de ejercer plenamente su profesión médica, viéndose afectado su derecho al trabajo y a la integridad psíquica, pues su actividad profesional constituye no solo su medio de sustento, sino también su fuente de realización personal y su contribución al sistema de salud nacional. Sumado a ello, su delicado estado de salud —requiriendo diálisis continuas— agrava la afectación sufrida, colocándolo en una situación de vulnerabilidad extrema, que exige de la autoridad un tratamiento conforme a los principios de humanidad, proporcionalidad y protección especial, y no mediante la imposición de sanciones administrativas arbitrarias e infundadas.

Se refiere a las garantías constitucionales conculcadas, indicando en cuanto a la igualdad ante la ley que fue infringida toda vez que el recurrente ha sido objeto de un trato administrativo diferenciado, carente de fundamento legal y contrario a los principios de imparcialidad e igualdad de trato que deben regir el actuar de la administración, así mientras otros profesionales sometidos a procedimientos de fiscalización similares han contado con la oportunidad de ejercer sus descargos, ser notificados en tiempo y forma, y acceder a la información relativa a su procedimiento, en el caso del actor no se le otorgó oportunidad alguna de defensa, ni se le informó del inicio ni del término del procedimiento sancionatorio que culminó con la dictación de las resoluciones impugnadas, lo cual señala constituir una discriminación arbitraria, en la medida que lo sitúa en una posición de desventaja injustificada frente a otros administrados, impidiéndole el ejercicio efectivo de sus derechos y privándolo de los mecanismos de impugnación legalmente previstos. Y en cuanto a la garantía del debido proceso, señala que la Compin al omitir notificar válidamente las resolución N°649/2023 incluso dirigiendo la comunicación a una persona distinta del sancionado, incurre en una omisión grave que vulnera el principio de contradicción y defensa, privando al afectado de participar en el procedimiento y de ejercer los recursos administrativos, lo que señala constituir un defecto sustancial que incide directamente en la validez del acto administrativo, en tanto impide que el interesado ejerza su derecho a ser oído, a presentar pruebas y a impugnar una decisión sancionatoria que afecta su ejercicio profesional, su honra y su estabilidad laboral.

Prosigue con la infracción de su derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, indicando que el recurrente se ha visto perjudicado gravemente en el ejercicio de su profesión desde mayo de 2023, a raíz de la dictación de la Resolución Exenta N°649/2023, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, la que lo suspende temporalmente de su facultad para emitir licencias médicas y adquirir talonarios, bajo el argumento de que el profesional no habría remitido ciertos informes solicitados en el marco de una fiscalización, lo que indica nunca haber recibido, y que no existen antecedentes fehacientes de su envío, recepción o notificación, sino que sólo el 26 de septiembre de 2025 toma conocimiento de lo resuelto, y de la renovación de la sanción por Resolución Exenta N°3664/2025, por lo que se ha vulnerado su garantía pues la Compin actuando sin la debida fundamentación y con manifiesta falta de motivación, ha mantenido una sanción de efectos permanentes y devastadores, sin procedimiento regular, sin notificación válida y sin considerar la situación médica y social del afectado, viendo el recurrente gravemente afectada su vida laboral y personal, pues lo han desvinculado de tres centros de trabajo por no poder emitir licencias médicas.

Se refiere a la infracción de los principios y normas que rigen el procedimiento administrativo, indicando el principio de contradictoriedad, en cuanto se le privó de la oportunidad de evacuar los informes solicitados dos veces, y luego no pudo defenderse de la sanción impuesta mediante la resolución N°694/2023, pues nunca tuvo conocimiento del acto administrativo en cuestión; sino hasta 2 años y 4 meses después, por la respuesta a una solicitud de información hecha a una autoridad distinta a la que tramitó el procedimiento y dictó la sanción; comunicación que solo recibió después de haber invertido tiempo, esfuerzo y dinero he insistido durante 2 años ante distintos servicios de la administración, infringiéndose el principio de impugnabilidad del artículo 15 de la ley N°19.880, puesto que no tomó conocimiento de la misma sino hasta 2 años y 4 meses después, cuando ya la interposición de cualquier recurso administrativo procedente dentro de los plazos legales se hizo imposible. Y aun en el entendido que dichos plazos no hubieran transcurrido, sin precluir entonces la oportunidad procesal para interponerlos, el perjuicio derivado de la sanción ya se ha materializado en los hechos perjudicando gravemente el ejercicio profesional del recurrente, perdiendo entonces todo sentido práctico su ejercicio. Refiere que, de acuerdo al principio de no formalización, los actos administrativos impugnados, no pueden entenderse válidos, como pretende el servicio recurrido, puesto que se transgrede la norma del inciso tercero del artículo 13 de la ley N°19.880, ya que se omitió conferir traslado al recurrente para evacuar sus descargos, al no ser notificado. Afirma que fue asimismo transgredido el principio de transparencia y de publicidad del artículo 16 y 17 de la Ley N°19.880, por no haberle dado respuesta oportuna a sus solicitudes de información.

Alega existir una trasgresión a los principios formativos del derecho sancionatorio administrativo, pues la sanción que se le aplicó al recurrente, dictada el 22 de mayo de 2023 por la resolución N°694/2023, en un inicio era de 15 días, pero ésta se ha mantenido vigente por más 2 años y 4 meses, esto es 865 días, lo que alega ser desproporcionado, pues nada faculta a la administración para mantener una sanción dictaminada de un procedimiento viciado, con falta de contradictoriedad, y publicidad, para el interesado.

Solicita sea acogido su recurso, y se dejen sin efecto las resoluciones exentas Nº694/2023 y 3664/2025 de la Compin Metropolitana, dictadas el 22 de mayo de 2023 y 23 de septiembre de 2025, respectivamente, la Región Metropolitana, dependiente de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD Metropolitana, con condena en costas.

Acompañó a su recurso: Resolución Exenta N°649/2023 de 22 de mayo de 2023; Resolución Exenta N°3664/2025 de 23 de septiembre de 2025; Correo Electrónico con solicitud de información a la Unidad de Fiscalización de COMPIN; solicitud de información a la Superintendencia de Salud, de 26 de agosto de 2024, a través del portal de transparencia activa; solicitud de información a la Superintendencia de Seguridad Social, de 26 de agosto de 2024 a través del portal de transparencia activa; informe médico, firmado por nefrólogo de 26 de julio de 2022; certificado médico, firmado por la médico doña nombre reservado, con 24 de octubre de 2023; y certificado de Inscripción en el Registro de Nacional de Prestadores de Individuales de Salud, emitido por la Superintendencia de Salud, el 22 de julio de 2022.

SEGUNDO: Que, se evacuó informe el abogado Alfredo Añazco González, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana.

Expone que, la Ley N°20.585 de 2012 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, le confiere a la Compin la obligación de fiscalizar la fundamentación terapéutica de las licencias médicas a fin de resguardar que éstas se ajusten a derecho y; a su vez, consagra el derecho del prestador a un justo y racional procedimiento administrativo de fiscalización. Y que, la negativa reiterada del recurrente a entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado al efecto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -en el ejercicio de su facultad legal de fiscalización- resulta infundada, inexcusable y obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo, contraviniendo la naturaleza misma del procedimiento administrativo, a saber, fiscalizar que la emisión de licencias médicas se ajuste a derecho.

Indica que no se señalan en el recurso los hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Carta Fundamental; en cambio, la denuncia realizada por el actor se dirige en contra de las prerrogativas de la COMPIN expresamente regladas en el artículo 2 de la ley N°20.585, por lo que, se trataría de una materia que escapa de la tutela de urgencia propia de este arbitrio siendo el recurso inadmisible, pues la vía idónea para resolver sobre la ilegalidad del acto administrativo es el régimen recursivo establecido en el los artículos 59 y siguientes de la Ley N°19.880.

Se explaya explicando las consecuencias de las licencias médicas expedidas sin justificación terapéutica para los recursos públicos, y los usuarios del sistema, lo cual señala justificar que la autoridad administrativa instruya un proceso administrativo de fiscalización y requiera la colaboración del recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las licencias médicas emitidas por ella, expedidas y fiscalizadas. Luego se refiere a las facultades entregadas a la Compin para fiscalizar las licencias médicas según lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto N°3 de 2005, pudiendo requerir informes y todo lo que permita una mejor resolución del asunto sometido a su decisión. Señala que la acción de protección se fundamenta, en uno de sus aspectos, en la supuesta ilegalidad en que habría incurrido la COMPIN al fijar un plazo de 7 días corridos para que el recurrente entregue los antecedentes o informes complementarios que respaldan las licencias médicas fiscalizadas, y precisa que aquel plazo encuentra su sustento en el inciso segundo del artículo 2 de la ley N°20.585, correspondiendo al plazo máximo legal. En consecuencia si se considera que por expresa indicación legal el actor debe mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas y de los antecedentes que las fundamentaron y que, la ley explícitamente estable un plazo máximo de 7 días corridos para informar, resulta forzoso concluir que la negativa del actor de entregar los antecedentes solicitados dentro del término fijado al efecto por la COMPIN es infundada, inexcusable y obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo.

En cuanto a la motivación del acto administrativo, precisa que el artículo 2 de la ley N°20.585 ha conferido al organismo público la obligación de fiscalizar la fundamentación médica de aquellas licencias que se encuentren sometidas a su conocimiento, sin que para ello esté obligado a expresar en el propio acto por el que solicita la remisión de tales antecedentes los motivos que fundamentan su requerimiento, ya que el objetivo de la solicitud se enmarca en la naturaleza misma del procedimiento, fiscalizar que la emisión de licencias médicas se ajuste a derecho ante eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento. Añade que la sanción aplicada se sustenta en la negativa de cumplir con lo requerido, acompañando las fichas clínicas de los pacientes y antecedentes complementarios.

Destaca que, el actuar de la Compin no es abusivo o arbitrario, primero porque está facultada para ello por Ley, y segundo, porque el acto recurrido se enmarca dentro del Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas, todo lo cual constituye el fundamento de la validez del procedimiento de fiscalización.

Señala en relación a las garantías constitucionales alegadas como infringidas que, no se visualiza como se ha transgredido la igualdad ante la ley por el hecho de fiscalizar a los profesionales que emiten licencias médicas sometidas a conocimiento de la COMPIN, en iguales condiciones, más cuando el recurrente no es capaz de señalar respecto de qué otro prestador vio disminuida dicha garantía, ni acredita la supuesta afectación. En cuanto a la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución Política, esto es la vulneración del debido proceso ante la falta de motivación del acto administrativo, reitera que el artículo 2 de la ley N°20.585 ha conferido a la Compin la obligación de fiscalizar la fundamentación médica de aquellas licencias que se encuentren sometidas a su conocimiento, sin que para ello esté obligado a expresar en el propio acto por el que solicita la remisión de tales antecedentes los motivos que fundamentan su requerimiento, a fin de prevenir eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con una licencia médica. Indica que, como se señala en el propio acto administrativo de renovación de sanción, el fundamento fáctico se sustenta en la negativa de entregar los antecedentes requeridos de manera íntegra.

En lo que respecta a una supuesta afectación de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°16, en el sentido que la fiscalización de la COMPIN amenaza la libertad de trabajo del recurrente como profesional de la medicina para emitir licencias médicas, señala que resulta a lo menos curioso, que la acción en cuestión se haya ejercido luego de transcurrido prácticamente dos años de la primera sanción, lo que es una manifestación clara de que la garantía que se aduce como vulnerada, no resulta conculcada, además, además aclara que la licencia médica no es un derecho que tiene el prestador, sino los trabajadores, y en el caso de quien otorga la licencia médica, se trata de un acto médico administrativo regulado en el artículo 5 del decreto N°3, extendido por un profesional habilitado en conformidad a las normas legales y reglamentarias que rigen su otorgamiento y; cuya fiscalización corresponde a Compin. Por último, en cuanto a la afectación del derecho de propiedad, aduciendo un supuesto menoscabo en sus ingresos mensuales ante la imposibilidad de emitir licencias médicas, hace presente que el requerimiento de los antecedentes e informes mediante el acto administrativo impugnado se fundamenta en el artículo 2 de la ley N°20.585, norma que prevé que los "[...] requerimientos se realizarán [...] bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso, por lo que resulta absurdo que el actor aduzca la ilegalidad del acto administrativo impugnado advirtiendo que la eventual aplicación de una sanción amenaza su "derecho de propiedad"; acoger este planteamiento implicaría desnaturalizar tanto la potestad fiscalizadora de la COMPIN como sus atribuciones.

Aborda la alegación de falta de notificación señalada por el recurrente, indicando que fue notificado correctamente en el domicilio que mantiene en los registros de su prestador de servicios de emisión de licencias médicas, siendo su obligación mantener actualizado éste. Indica que consta en el documento acompañado, nómina de control de cartas certificadas, que el 22 de mayo del año 2023, se notificó al actor en el domicilio domicilio reservado.

Finalmente, comenta que un error en la forma no invalida el fondo de un acto administrativo, porque conforme al principio de conservación del acto administrativo y a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Ne 19.880, solo los vicios formales que afecten "las garantías del debido proceso o influyan sustancialmente en el sentido de la decisión" tienen la entidad suficiente para producir su invalidación, por lo que los defectos meramente formales —como inconsistencias menores en la redacción, referencias erróneas no esenciales, incorrecciones procedimentales o simplemente un error en el tipeo (y con mayor razón, quedando claro quién es la persona a la que va dirigido el acto), no afectan la validez del acto si éste mantiene íntegro su contenido decisorio, su finalidad pública y la competencia de la autoridad.

Acompaña a su informe: Guía de admisión de envíos postales, de cartas certificadas, Correos de Chile de 22 de mayo del año 2023, y copia de nómina de control de carta certificadas, recibidas el 22 de mayo del año 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por el presente recurso se reprocha el actuar de las recurridas en la dictación de las Resoluciones Exentas Nº694/2023 y 3664/2025, dictadas el 22 de mayo de 2023 y 23 de septiembre de 2025 respectivamente, que sancionan al actor con suspensión por 15 días para emitir licencias médicas y para la compra de talonarios. Refiere que nunca tuvo conocimiento de estas resoluciones pues no fue notificado, indicando que recién el 26 de septiembre de 2025, gracias a sus gestiones para averiguar el motivo de estar bloqueado en el sistema para emitir licencias médicas, la Compin le informó de estas resoluciones sancionatorias que recurre por el presente recurso. Alega que no le fue posible formular sus descargos para poder defenderse de la sanción impuesta en el año 2023 y su renovación en la presente anualidad.

A su turno las recurridas indican que la Compin actuó dentro de sus competencias de fiscalización de la emisión de licencias médicas, y que el recurrente fue debidamente notificado por carta certificada al domicilio que registra en el Servicio, el cual es su obligación mantener actualizado. Señaló que dos veces se le requirió información sobre licencias médicas emitidas, sin respuesta, por lo que le fue impuesta sanción, la cual se renovó en septiembre del presente año, por mantenerse sin aportar la información solicitada en el año 2023 a fin que se realice la debida fiscalización.

SEXTO: Que, se debe recordar que, según lo dispone el artículo 2 de la Ley 20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento.

Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida, el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso de que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SÉPTIMO: Que, de la normativa expuesta, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquellas que son objeto del presente arbitrio constitucional.

OCTAVO: Que de los antecedentes aportados por las partes se colige que la Compin Metropolitana dio inició a un proceso de fiscalización por emisión de licencias médicas en contra del actor de autos en el año 2023, al cual el mismo actor refirió en su recurso conocer expresando que “pese a haber cooperado en todo momento con el proceso, nunca fue notificado formalmente del resultado de dicha fiscalización”.

Por último, y frente a mantenerse el recurrente sin entregar la información solicitada se reiteró la sanción por 15 días más el 23 de septiembre de 2025, pero tampoco consta como fue notificado el actor de ésta, pues la recurrida no acompañó antecedente alguno que acredite haberse cumplido con la comunicación ordenada.

NOVENO: Que, los antecedentes acompañados por el recurrente no permiten evidenciar los defectos procedimentales que denunció, y que el error en la transcripción del acto administrativo dictado el 22 de mayo de 2023 es un simple error de transcripción, pues de la lectura íntegra de la Resolución Exenta N°649/2023 se desprende que se dirige en contra del recurrente, asimismo, se acreditó por la recurrida que aquella resolución fue debidamente notificada al actor por carta certificada en el domicilio consignado por él mismo ante el Servicio.

A lo anterior se suma que, la recurrida ha dictado las resoluciones que se impugnan por el presente arbitrio, en uso de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, dentro de sus competencias, y a partir de los supuestos fácticos reunidos en el procedimiento administrativo, los que no han sido controvertidos por la defensa de manera que no se vislumbra un proceder arbitrario e ilegal que amerite acoger la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1838-2025 (Protección)