nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana Recurso de protección Rol N° 183-2025 y Acumulada La Serena, cuatro de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Cristian Santander Garrido, abogado, en representación de doña nombre reservado, médico, quien interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN RM), representada por don nombre reservado o por don nombre reservado, fundado en que dicho organismo ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al suspender o bloquear la emisión de licencias médicas de la amparada desde el 29 de enero y hasta el 13 de febrero de 2025, sin comunicar los fundamentos de tal sanción, vulnerando con ello las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que, el 7 de enero de 2025, en un procedimiento de fiscalización la COMPIN RM le solicitó a la recurrente información relativa a 50 licencias médicas - informe médico, ficha clínica y copia del bono o boleto de atención- emitidas entre agosto de 2023 y agosto de 2024. Refiere que dentro del periodo de 7 días otorgadas logró informar cerca de 20 casos, luego se le otorgó un plazo de 7 días adicionales logrando el 20 de enero del 2025 completar el cometido entregando toda la información solicitada.

Sin tener mayores noticias, el 29 de enero a través de la plataforma IMED, constató que fue sancionada con la suspensión para emitir licencias médicas desde el 29 de enero y hasta el 13 de febrero del 2025, sin entregar información respecto de los fundamentos de la sanción ni los datos mínimos para comprender esa decisión, incluso sin tener conocimientos y se aplicó alguna multa en este procedimiento expone que la actora cumplió con la entrega de la documentación solicitada y No obstante ello igualmente fue sancionada.

Cita lo dispuesto en el artículo segundo de la ley 20585, dando cuenta que la aplicación de la sanción se encuentra vinculada a la “no remisión de los antecedentes solicitados, en el plazo fijado al efecto”. Agrega que en el caso se dio cumplimiento a la entrega de los antecedentes solicitados en el plazo fijado, desconociendo si hubo alguna observación de parte de la autoridad fiscalizadora o si efectivamente se omitió la entrega de algunos de los antecedentes de aquellos solicitados dando cuenta que no es posible la imposición de una sanción en los términos que transcribe la norma pues la amparada nunca se ha negado a remitir los antecedentes.

Hace presente que esta sanción, además solo procede en casos calificados.

En cuanto a las garantías vulneradas se expone que selecciona la igualdad ante la ley, al verse expuesta la recurrente a una injusta sanción que afecta a su patrimonio en tanto pérdida de capacidad de trabajo y la Facultad de emitir licencias médicas, dejándola en una situación de desigualdad frente a otros profesionales a quienes no los hostigan con solicitudes de información que no se pueden cumplir o a quiénes se les otorga un plazo razonable respecto de un número sensato de licencias médicas. Señala que en este caso la actora debió entregar un total de 148. En el mismo sentido, sostiene que se vulnera la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, al impedir el libre ejercicio de la profesión por la limitación en la expedición de licencias médicas y la ejecución ya de una sanción.

Por todo lo expuesto pide que se deje sin efecto el bloqueo administrativo y suspensión de la facultad de emitir licencias médicas, dispuesto por el COMPIN RM respecto de su representada, para la emisión de licencias médicas en cualquier plataforma electrónica, o bien, física, sea del Sistema Público o Privado, disponiendo se habilite el sistema interno para la emisión de licencias médicas según la normativa vigente en la ley 20.585, con condena en costas.

Que a estos autos se acumularon aquellos ingresados con el ROL 271-2025 PROTECCIÓN, en los cuales la recurrente sostiene como acto ilegal y arbitrario que por segunda oportunidad se procedió a suspender o bloquear, la emisión de licencias médicas desde el 14 y 28 de febrero de 2025 sin informar y e notificar los fundamentos de la sanción.

SEGUNDO: Que informa el recurso don Alfredo Añazco González, abogado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales de la recurrente.

Sostiene que la COMPIN actuó en el marco del Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto asociado al pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico. En tal sentido indica que la recurrente es una profesional no especialista que en el último año previo la fiscalización emitió 4990 licencias médicas entre el 28 de agosto del 2023 y el 29 de agosto del 2024 lo que justifica ampliamente que la autoridad administrativa instruya un proceso administrativo de fiscalización y requiere la colaboración del recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las licencias médicas emitidas por ella.

Luego detalla la normativa y orgánica sobre la cual descansa la fiscalización efectuada por la COMPIN, abordando la razonabilidad del plazo de 7 días corridos entregado y el número de licencias médicas fiscalizada dando cuenta que por expresa indicación del artículo 49 del decreto número 3 “el profesional deberá mantener un registro de los pacientes a los cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen.

Asimismo, sostiene que es del todo procedente que la acción fiscalizadora de la compañía alcance 1148 licencias médicas emitidas por el prestador y que a diferencia de lo que ocurre con el plazo para informar donde el legislador establece un máximo de 7 días, la ley no indica un número máximo de licencias médicas que a la vez pueden ser fiscalizadas.

Expone que a pesar de que en los autos se denegó la orden de no innovar y han transcurrido más de 23 días desde que se efectuó el primer requerimiento de información sobre las licencias médicas fiscalizadas, aduce que el prestador sigue sin remitir los informes, incumpliendo su obligación legal de justificar el descanso otorgado a los pacientes cuando la entidad de control lo requiere.

Luego sostiene que la sanción se levantó el 24 de febrero del presente año por lo que solicita tener por evacuado el informe con expresa condena en costas al recurrente.

Acompañan los siguientes documentos: Copia de Mandato Judicial de fecha 10 de abril de 2024, repertorio N°448 del año 2024 que acredita mi calidad de mandatario judicial de la institución; ORDINARIO Nº 24131391843. MAT: Solicita remisión de antecedentes e informes complementarios. Metropolitana, 07 de enero de 2025; ORDINARIO N° 2413139184301. MAT: Reitera remisión de antecedentes e informes complementarios. Metropolitana, 15 de enero de 2025; Resolución Exenta N° 2413139184302. MAT: Aplica multa y suspende facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios. Metropolitana, 23 de enero de 2025; Resolución Exenta N° 2413139184303. MAT: Renueva sanción aplicada. Metropolitana, 13 de febrero de 2025; Resolución Exenta N° 2413139184304. MAT: Da término a la sanción interpuesta. Metropolitana, 24 de enero de 2025.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por el presente recurso se cuestiona las Resoluciones Exentas N° 2413139184302 de 23 de enero de 2025 y Resolución Exenta N° 2413139184303 de 13 de febrero de 2025 que aplica multa y suspende facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios por no haber dado cumplimiento a la remisión de los antecedentes requeridos en el ordinario N° 2413139184301 SEXTO: Que según lo dispone el artículo 2 de la Ley N°20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso de que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SÉPTIMO: Que, de la normativa expuesta, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquellas que son objeto del presente arbitrio constitucional. Sin embargo, no cualquier incumplimiento de parte del prestador fiscalizado habilita para la aplicación de las multas y suspensiones contempladas en el artículo 2 inciso segundo de la Ley 20.585. En efecto, la normativa en análisis establece como hipótesis que torna procedente la imposición de una multa, que exista un incumplimiento reiterativo, al señalar como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”. De concurrir cualquiera de estas situaciones, la Ley habilita a la Comisión para imponer multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, mediante resolución fundada.

Más estricto aún ha sido el Legislador para permitir que la Comisión proceda a la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la facultad para emitirlas, caso en el cual se exige que, además de los requisitos precedentemente referidos, se trate de un “caso calificado”.

Adicionalmente, tratándose en la especie de un acto administrativo sancionador, el deber de fundamentación se encuentra reforzado por el principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880, que prescribe que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En similares términos discurre el artículo 41 del mismo cuerpo legal, el que además ordena que la resolución respectiva exprese los recursos que proceden en su contra, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse, y el plazo para su interposición.

OCTAVO: Que, de conformidad al marco normativo reseñado precedentemente, la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas constituya una potestad excepcional que detenta el órgano administrativo y para cuyo ejercicio válido, debe necesariamente cumplir con el deber de motivación que le impone la Ley N°19.880, expresando en forma suficiente cuáles son los concretos antecedentes que le permiten concluir que se está en presencia de un ‘caso calificado’ en resulta procedente aplicar dicha sanción al fiscalizado.

NOVENO: Que, en el caso que se analiza, las Resoluciones Exentas N° 2413139184302 de 23 de enero de 2025 y Resolución Exenta N° 2413139184303 de 13 de febrero de 2025 materia de impugnación, no cumple con el estándar de fundamentación detallado en el motivo precedente, tornando el actuar de la administración arbitrario e ilegal, al carecer de fundamentos que le otorguen sustento para imponer, directamente, una sanción que el legislador prevé como de ultima ratio, y contravenir, de ese modo, lo prescrito en el artículo 11 de la Ley 19.880 en relación con el artículo 2 de la Ley 20.580.

DÉCIMO: Que, tal como se ha razonado por esta Corte, entre otras en causa Rol N°261-2024, al aplicar en forma indebida la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas conculca las garantías consagradas en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, pues al marginar al recurrido del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional a partir de parámetros arbitrarios, impidiéndole prestar atención médica en aquellos casos en que sea menester la concesión del reposo laboral, no sólo se provoca una merma en sus ingresos, sino que además se lesiona su prestigio.

Que a mayor abundamiento a través de la Resolución Exenta N°241313918430 de 24 de febrero de 2025, se resuelve conforme a los antecedentes aportados por dicho profesional ante esta Comisión poner término a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y de su facultad de emitirlas, a partir de esta fecha, sin emitir pronunciamiento respecto de la multa aplicada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana , y se deja sin efecto la Resolución Exenta 2413139184302 de 23 de enero de 2025 y Resolución Exenta 2413139184303 de 13 de febrero de 2025.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°183-2025 y acumulada Protección.