nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VICUÑA OPD

nombre reservado, nombre reservado y otros Ilustre Municipalidad de Vicuña Recurso de Protección Rol N° 1821-2021.- La Serena, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

Primero: Que, comparece nombre reservado, Abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; y en contra de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, representada legalmente por su Alcalde Rafael Vera Castillo, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto consistente en la dictación del Decreto N°4270 de 01 de septiembre del año en curso por la cual se aprueba el informe de investigación de 27 de agosto de 2021, y se aplica a los recurrente la sanción de término de sus contratos de trabajo a partir del 02 de septiembre de 2021. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente nombre reservado ingreso a prestar servicios para la recurrida el 01 de junio de 2015, desempeñándose como Encargada de Remuneraciones del Departamento de Educación de la municipalidad tras haber prestado servicios en diversos cargos al interior del aludido departamento, teniendo su contrato de trabajo carácter indefinido. Refiere que la empleadora le puso término a su contrato por las causales previstas en el artículo 160 N°1 letra a) y 160 N°7, ambos del Código del Trabajo.

Respecto al actor nombre reservado manifiesta que ingresó a prestar servicios para el municipio el 14 de septiembre de 2016, desempeñándose en diversos puestos, siendo el último el de Informático de la Unidad de Subvención Escolar Preferencial (SEP) del Departamento de Educación, en dependencias del Departamento de Educación Municipal y Establecimientos Educacionales de la comuna de Vicuña, teniendo su contrato carácter indefinido. Refiere que la empleadora le puso término a su contrato por las causales previstas en el artículo 160 N°1 letra a) y 160 N°7, ambos del Código del Trabajo.

Explica que, para acreditar las causales de despido de los actores, la Municipalidad instruyó investigación sumaria en su contra, la cual concluyó que éstos habrían realizado una serie de maniobras para obtener el pago de horas extraordinarias a las cuales no tenían derecho.

Sostiene que la investigación realizada no se ajusta al debido proceso, toda vez que se habrían aplicado a los recurrentes disposiciones legales improcedentes a su respecto por no tener el carácter de funcionarios de planta y/o contrata, de modo que dada la naturaleza de sus contratos debió procederse de conformidad a las normas del código del trabajo, consideración que en su concepto conlleva que el procedimiento adolezca de vicios. Arguye que al no tener la municipalidad un reglamento interno que describa las infracciones y sanciones aplicables al personal contratado bajo las normas del Código del Trabajo debió haberse procedido de conformidad a las reglas de la Ley N°19.880, y no de acuerdo con el Estatuto del Personal de las Municipalidades.

Detalla en su recurso las diversas etapas de la investigación sumaria realizada, y afirma que durante la tramitación de esta se promovió por los actores incidente de nulidad basado en que se harían infringido garantías constitucionales de los actores, el que fue rechazado en atención a que éstos habrían contado con asesoría letrada durante todas las etapas del procedimiento, cuestión que controvierte en su escrito puesto que solo habrían contado con asesoría de abogado una vez cerrada la investigación y formulados los cargos. Reclama, además, que los recurrentes ofrecieron prueba testimonial, la que fue denegada por sobreabundante, innecesaria, impertinente y carente de motivo plausible, desestimándose también la solicitud de recibir a prueba la causa y fijar un término probatorio. Hace presente que el investigador, fundamento su rechazo a recibir las declaraciones de testigos en diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que señalan que el investigador solo está obligado a acceder las diligencias propuestas cuando estas sean necesarias, útiles, pertinentes y plausibles, lo que no acontecería en aquellos casos en que exista suficiente evidencia sobre la responsabilidad de los inculpados en los hechos investigados. Agrega que el investigador señaló que no es procedente recibir la causa a prueba y fijar hechos sustanciales pertinentes y controvertidos en los procedimientos administrativos como el de marras, en que el inculpado tiene el deber de desvirtuar las imputaciones efectuadas en su contra.

Sostiene que la Contraloría General de la República ha dictaminado que para poner término a la relación laboral de personas ligadas al municipio bajo los términos de un contrato de trabajo, debe invocar alguna de las causales previstas en el artículo 160 del Código del ramo y practicar previamente una breve investigación que no necesita sujetarse a las formalidades estatutarias de un proceso administrativo formal, bastando para ello que se acredite la ocurrencia de los hechos que configuran la causal de cese de funciones, se oiga al afectado y se le otorgue la oportunidad de defenderse, para así, satisfacer los principios generales del derecho. Reclama que conforme a las disposiciones que regulan las investigaciones sumarias, el plazo de investigación no puede exceder de cinco días, el que en el caso de marras fue excedido con largueza, viciando en consecuencia todo el procedimiento y tornándolo en ilegal y arbitrario. Reprocha al Decreto Alcaldicio que aprueba la vista fiscal y aplica la sanción de término del contrato, hacer suyas las omisiones producidas durante la tramitación de la investigación Afirma que el informe del investigador tuvo pro acreditados todos los hechos referidos al pago improcedente de horas extraordinarias, bajo el supuesto erróneo de que el encargado de administrar el reloj control sería el recurrente nombre reservado, cuestión que a su juicio no estaría acreditada, así como tampoco habría demostrado que él haya intervenido el control, ni que hubiere informado horas extraordinarias improcedentes, invirtiendo el peso de la prueba en perjuicio del inculpado. Arguye que lo propio acontece con la recurrente nombre reservado teniéndose por probado que adulteraba los informes que recibía y con los que confeccionaría las planillas para la aprobación del Jefe de Departamento, junto con los respectivos reportes de marcajes diarios.

Señala que sus representados sostienen que las horas extraordinarias percibidas se ajustaron a los tiempos extras que permanecieron en sus funciones, de lo cual, daban cuenta los cometidos especiales efectuados directamente por el Sr Alcalde, tales como confección de mascarillas, atención de la barrera sanitaria, confección de rendiciones de cuentas al Mineduc encargadas por el Jefe inmediato de estos, etc. Indica que todas aquellas alegaciones fueron desestimadas por la recurrida sin realizar un análisis de las pruebas que los actores proponían a aportar, y sin considerar que los recurrentes gozaban de irreprochable conducta anterior.

Argumenta que el decreto impugnado carece de la debida motivación, constituyendo un acto ilegal y arbitrario que ha vulnerado el derecho de los actores a un procedimiento racional y justo. Asimismo, estima que se ha afectado el derecho de propiedad de los actores sobre su cargo, su estabilidad en sus empleos y sus remuneraciones.

Previas citas de derecho solicita dejar sin efecto el Decreto N°4270 de 02 de septiembre de 2021 que resolvió la investigación sumaria “teniendo por configurada la causal de despido prevista en el artículo 160 N° 1 letra a) y N° 7 del Código del Trabajo, restituyéndose a los amparados en todos sus derechos al cargo que ambos detentaban en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Vicuña, ordenando el pago de las remuneraciones que en derecho les corresponda”, con costas.

Acompaña a su recurso 1.- Contratos de trabajo de doña nombre reservado con la I. Municipalidad de Vicuña; 2.- Contrato de trabajo de don nombre reservado con la I. Municipalidad de Vicuña; 3.- Copia del Decreto N ° 2868 de fecha 27 de Mayo de 2021, de la I. Municipalidad de Vicuña, que ordena instruir Investigación Sumaria para determinar las responsabilidades administrativas y/o laborales concurrentes, de los funcionarios del Departamento de Educación involucrados en los hechos contenidos en el correo electrónico de fecha 24 de Mayo de 2021; 4.- Copia del Decreto N° 4270 de fecha 02 de septiembre de 2021, de la I. Municipalidad de Vicuña, que Aprueba la Investigación sumaria dispuesta y asimismo, en su mérito, resuelve poner término a los contratos de trabajo a los trabajadores nombre reservado y nombre reservado, por haberse configurado a sus respectos, la causal de despido del n° 1 letra a) y N° 7 del Código del Trabajo; 5.- Copia de Resolución de fecha 10 de agosto de 2021, pronunciada por el Investigador de la breve investigación sumaria seguida contra los trabajadores nombre reservado y nombre reservado, en que el abogado a cargo de la misma, se pronuncia sobre el rechazo del término probatorio y otras solicitudes formuladas por la defensa de los sumariados.- Segundo: Que, evacua informe por la recurrida Sebastián nombre reservado Vicuña Valdivia, abogado, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Señala, en primer lugar, que antes de haber recurrido de protección los actores debieron agotar la vía administrativa interponiendo recurso de reposición ante la autoridad que dictó el acto administrativo, y en caso de rechazarse el mismo, efectuar reclamo ante la Contraloría General de la República. Afirma que, agotada la vía administrativa, los actores contaban con la posibilidad de interponer Reclamo de Ilegalidad conforme al artículo 151 de la Ley N°18.695. Agrega que los actores pudieron, además, ejercer acción de despido injustificado conforme al artículo 168 del Código del Trabajo, cuestión que tampoco realizaron. Arguye que habiendo previsto el legislador vías específicas para reclamar de los hechos objeto de la presente causa, no corresponde acudir al recurso de protección.

En cuanto al fondo, manifiesta que al haber sido contratados los recurrentes al alero de las normas del Código del Trabajo, este constituye el estatuto de Derecho Público que vinculó a ambos con la Ilustre Municipalidad de Vicuña. Sostiene que mediante Decreto Alcaldicio N°2868 de 27 de mayo de 2021, se instruyó realizar una investigación breve y sumaria para determinar responsabilidad administrativas y/o laborales de los ex funcionario recurrente, quienes recibieron pagos por trabajos extraordinarios sin solicitudes para su realización, ni decretos que autorizaran su ejecución, ni su pago, y sin que se hubiesen presentado informes de labores realizadas en tales meses, ni registros de asistencia del período de ambos ex funcionarios. Refiere que durante la investigación se constató, además, la adulteración de los horarios de salida de la jornada de trabajo de ambos recurrentes, incorporando marcajes con sobretiempo en días en que dichos ex funcionarios no tenían registros de salida, como asimismo, la eliminación de sus marcajes de salida de la jornada de trabajo, y su posterior reemplazo por nuevos marcajes con sobretiempo, así como el pago de horas extraordinarias con cargo a estos marcajes adulterados, y el pago de horas extraordinarias en una cantidad superior a la registrada en los reportes de asistencia de ambos ex funcionarios, siendo estos hechos también objeto de investigación. Indica que mediante Decreto Alcaldicio N°4270 de fecha 02 de Septiembre de 2021, el señor Alcalde de la comuna de Vicuña, aprobó el informe o vista de la breve investigación de fecha 27 de Agosto de 2021, ordenó aplicar a ambos recurrentes las causales de despido propuestas, por los hechos acreditados en el marco de la breve investigación, y ordenó la confección del correspondiente aviso de término de contrato de trabajo a cada funcionario de acuerdo a los hechos consignados en el breve informe de investigación, y la notificación del acto administrativo y de este aviso, a los involucrados. Manifiesta que los hechos que configuran las causales de despido aplicadas se encuentran descritos en la formulación de cargos, en la vista fiscal y en el Decreto N°4720, los que transcribe en su informe.

Indica que mediante Decreto Alcaldicio N°2868 de 27 de mayo de 2021, y conforme a reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida entre otros en los Dictámenes N°16.161/2016; N°52.320/2013; N°68.140/2013; N°54.831/2011; y N°73.468/2011, entre otros, al verse involucrados funcionarios cuyos vínculos laborales se encuentran regidos por el Código del Trabajo, se ordenó la instrucción de una breve investigación sumaria, la cual “si bien no requiere sujetarse a las normas de tramitación de un proceso administrativo formal, exige acreditar la ocurrencia de los hechos que configuran la hipótesis de desvinculación de que se trata, contemplando a lo menos oír al afectado, otorgándole de ese modo la oportunidad de defenderse”, agregando además los dictámenes N°58.895/2012, N°16.850/2017, N°78.964-2011, N°69.395/2016, y N°12.060/2014, entre otros, la exigencia de que “se formulen cargos a los afectados”, y “se les notifique la sanción”, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Precisa que los hechos se tuvieron por establecidos a partir de declaración de los propios ex funcionarios, declaración de otros funcionarios del Departamento de Educación Municipal, del examen de las liquidaciones de remuneración, de los decretos de autorización y pago de horas extraordinarias, de los registros de asistencia, entre otros. Sostiene que tal como consigna la vista fiscal, que forma parte integrante del Decreto N°4270 recurrido, tanto las alegaciones y defensas de los ex funcionarios involucrados, como la abundante prueba de descargo presentada por ellos, fue debidamente analizada y ponderada, sin que la misma lograse desvirtuar la fuerza probatoria de los antecedentes recabados en la breve investigación.

Referente al derecho de los recurrentes a ser oídos durante la investigación hace presente que este habría sido ejercido, en primer lugar, al prestar declaración los inculpados. En segundo lugar, los actores contaron con el plazo de 2 días hábiles para presentar antecedentes, documentos y demás medios de prueba que estimaren pertinentes para su defensa. En tercer lugar, una vez formulados los cargos a los recurrentes, se dispuso de oficio la apertura de un plazo para evacuar descargos y rendir pruebas, oportunidad en la cual ambos involucrados designaron a un abogado para la defensa de sus derechos, y se amplió el plazo otorgado a las partes para evacuar sus descargos y acompañar medios de prueba. En cuarto lugar, los recurrentes ejercieron su derecho a defensa efectuando descargos dentro de plazo y acompañando abundante prueba documental para desvirtuar los cargos. Finalmente, contaron los actores con la posibilidad de recurrir administrativamente en contra del Decreto N°4270 que aprobó la vista fiscal, tal como quedó consignado en el punto N°5 de la parte resolutiva del propio acto administrativo, sin que este último haya sido objeto de impugnación por parte de los interesados a la fecha.

En otro acápite del informe, sostiene que los actores fueron notificados de la sanción aplicada a través de su abogado, mediante correo electrónico, y además mediante el envío de carta certificada.

Afirma que, de este modo, se cumplió en forma íntegra con las exigencias establecidas por la Contraloría General de la República para la realización de las investigaciones breves y sumarias y, en consecuencia, se dio cumplimiento a las exigencias de un procedimiento racional y justo.

En cuanto al incidente de nulidad promovido y que fuera aludido en el recurso, expresa que este se fundó en que los actores no habrían sido informados al momento de formularles cargos de la posibilidad de ser asistidos por abogado de su confianza, y manifiesta que no informar de ese derecho no constituye un vicio que acarree la nulidad del procedimiento, al no tratarse de un trámite calificado como esencial por la ley, haciendo presente que, a partir de la formulación de cargos, los ex funcionarios contador en todo momento con asesoría letrada.

Referente al rechazo de la solicitud de realizar diligencia probatorias, recibir la causa a prueba y establecer un término probatorio al tenor de lo solicitado por el abogado recurrente, indica que los ex funcionarios en su escrito de descargos, ofrecieron una nómina de más de 51 (cincuenta y un) testigos, entre autoridades, funcionarios del DAEM, funcionarios Municipales, y personas ajenas a la administración, sin indicar los cargos o hechos respecto a los cuales cada uno de dichos testigos declararía en el marco de la breve investigación, y sin señalar de qué modo dichas probanzas serían necesarias para dilucidar la participación y responsabilidad que le cabe a los inculpados en los hechos investigados. Hace presente que, en forma adicional, los ex funcionarios solicitaron “la recepción de la causa a prueba”, y la apertura de un término probatorio de 30 (treinta) días hábiles. Añade que la Contraloría General de la República ha resuelto en forma uniforme que los investigadores y fiscales, solo están obligados a acceder a las diligencias cuando sean necesarias, útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos que fueron materia de la indagatoria y determinar el grado de responsabilidad que cabe a quienes han sido objeto de los cargos, cuestión que no acontecía en la especie, al tratarse de un caso en que existía suficiente evidencia sobre la responsabilidad de los inculpados en los hechos investigados (Dictámenes N°63.904/2013; N°51.495/2013; N°67.819/2010 y N°78.565/2012, entre otros). Expresa que entre otras razones, se rechazaron las declaraciones de testigos pues se ofrecía que declararan personas que ya habían declarado, otras que eran ajenas a la administración, otras que desempeñaban funciones en otras unidades municipales distintas al DAEM, o siendo funcionarios del DAEM, por no intervenir en los procesos de autorización, cálculo y pago de horas extraordinarias, y además, en atención a que no se indicaron los cargos respecto a los cuales cada uno de los testigos ofrecidos prestarían declaración, ni de qué modo, la declaración cada uno de los 51 (cincuenta y un) testigos ofrecidos serían necesarias para dilucidar la participación y responsabilidad que le cabe a los inculpados en los hechos investigados, motivo por el cual el investigador procedió al rechazo fundado de esta solicitud, como asimismo, a la solicitud de apertura de un término de prueba de 30 días hábiles para la rendición de la prueba testimonial ofrecida.

En relación con la solicitud de recibir la causa a prueba manifiesta que aquella fue rechazada porque la Contraloría General de la República ha resuelto reiteradamente que los hechos objeto de la investigación se encuentran fijados en la respectiva formulación de cargos, correspondiendo a los inculpados desvirtuar las imputaciones realizadas en ella, una vez que se encuentren debidamente constatadas, sin que en ningún caso ello implique vulnerar la presunción de inocencia (Dictámenes N° 7.799, de 2016 y N°4.660 de 2012), siendo por tanto innecesaria la emisión de una resolución que reciba la breve investigación a prueba, y que fije hechos a probar. Arguye que el rechazo de estas solitudes en caso alguno ocasionó la indefensión de los actores, ni les impidió rendir prueba como fuera sugerido en el recurso.

Niega que haya existido ilegalidad al haberse desestimado las alegaciones de la defensa, toda vez que la vista fiscal -que hace suya el decreto impugnado- pondera los medios de prueba hechos valer por los actores y se indican las razones por las cuales aquellas no logran desvirtuar los antecedentes que fundamentan los cargos formulados en su contra. Controvierte, igualmente, la existencia arbitrariedad en el Decreto Alcaldicio impugnado, así como la existencia de afectación indebida de derechos fundamentales de los recurrentes.

Acompaña a su informe 1. Decreto N°2.868 de fecha 27 de mayo de 2021, que ordena la instrucción de la breve investigación. 2. Citaciones y Actas de declaración de los recurrentes, de fecha 06 de Julio de 2021. 3. Solicitud de Abogado y Mandatario de recurrentes de fecha 03 de agosto de 2021, y Resolución del investigador de fecha 04 de agosto de 2021. 4. Solicitud de fecha 04 de agosto de 2021, y Resolución de ampliación de plazo para evacuar descargos en la breve investigación de igual fecha. 5. Solicitud de invalidación y descargos. 6. Resolución de fecha 10 de agosto de 2021.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, no existiendo discusión en cuanto a que los recurrentes se encontraban contratados al alero de las disposiciones del Código del Trabajo, constituyendo aquel el estatuto aplicable a su vínculo con el organismo público recurrido, solo cabe concluir que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar la decisión de la empleadora de poner término al contrato de trabajo ni para dilucidar eventuales afectaciones a garantías constitucionales de los actores con ocasión del término del vínculo, toda vez que el legislador ha previsto acciones y procedimientos específicos para ello consagrados en el propio Código citado. A mayor abundamiento, contaban también los actores con la posibilidad de impugnar la decisión del ente público mediante los recursos administrativos correspondientes, los que tampoco ha sido acreditado que hayan sido ejercidos, consideraciones todas que imponen el rechazo del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Vicuña.

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Rol N° 1821-2021 Protección.