Protección contra INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA

Paris Administradora Limitada Inspección Provincial del Trabajo de La Serena Recurso de Protección Rol Nº 1820-2015.- La Serena, cuatro de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 24, comparece el abogado Hernán Alberto Juri Norambuena, en representación de PARÍS ADMINISTRADORA LIMITADA, empresa del giro comercial, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en favor de la mencionada empresa, y en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, representada legalmente por su Inspectora Provincial del Trabajo doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la empresa recurrente, toda vez que se ha ejecutado en contra de ésta un acto administrativo que constituye una clara perturbación de su garantía de igualdad ante ley, derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, y garantizado por el artículo 20 de la misma Carta Fundamental.

Expone que con fecha 8 de octubre de 2015, la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena aplicó a la empresa recurrente una multa a beneficio fiscal por la suma de 40 Unidades Tributarias Mensuales, mediante Resolución Administrativa N° 1293/2015/43, sancionándola por supuestas infracciones labores en que ella habría incurrido; resolución que fue notificada el día 14 de Octubre de 2015.

El día 16 de noviembre de 2015, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, solicitó reconsideración de la multa antes citada, efectuando una presentación por escrito, como lo exige el artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo. Sin embargo, mediante Ordinario N° 1533, de fecha 26 de Noviembre de 2015, la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración señalando que no se dio cumplimiento a los requisitos que le permiten al servicio conocer del asunto, en particular, que la solicitud no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa.

Así las cosas, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, la solicitud de reconsideración debe efectuarse por escrito y presentada dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la Resolución Administrativa que aplicó la respectiva multa, plazo que no es de días corridos sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, la solicitud de reconsideración es un recurso presentado en un procedimiento de carácter administrativo, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en nuestro Código del Trabajo, debe aplicarse supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880, norma de carácter especial, que regula el cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo y que dispone que éstos son de días hábiles, siendo inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

En consecuencia, la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena ha incurrido en un acto ilegal que contraviene normativa expresa, al establecer requisitos que la ley no dispone e instaurar un plazo que tampoco se encuentra en la ley, excusándose de conocer de un asunto que por ley está llamado a resolver, vulnerando de esta forma los derechos de la recurrente, perturbando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile.

La interpretación errónea que hace la entidad recurrida de los textos legales aplicables, implica una falsa aplicación de lo dispuesto en el Código Civil, ya que la normativa de la Ley N° 18.880 tiene el carácter de especial y, por consiguiente, debe aplicarse por sobre la normativa del Código Civil (ley general), no existiendo en los hechos una justificación razonable para contravenir la aplicación de una ley especial por sobre una de carácter general.

Más allá de todo lo expuesto, aun siguiendo la teoría expuesta por la Inspección del Trabajo, igualmente habría cumplido con el erróneo plazo de días corridos, toda vez que al haberse notificado la resolución recurrida en día 14 de octubre de 2015, el plazo de 30 días corridos que plantea erróneamente la Inspección del Trabajo recurrida, vencería el día 13 de Noviembre del presente año; el cual recayó en un día viernes. Siendo así, y en atención a la normativa administrativa de la propia Dirección del Trabajo, al no existir un buzón o un funcionario que pueda recibir escritos hasta la medianoche del día de vencimiento del plazo, es que se debe entregar al día hábil siguiente; esto es, el día lunes 16 de Noviembre de 2015; como ocurrió en la especie (Circular N° 90 de 2007, que "Instruye procedimiento para computar el vencimiento del plazo para solicitar reconsideración de multas y otras peticiones e Imparte Instrucciones", emanado del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo)

En consecuencia, la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo La Serena constituye una acto arbitrario, desde el momento en que negó tramitar una solicitud de reconsideración administrativa, en los términos del artículo 511 del Código del Trabajo, presentada dentro de plazo legal, afectando con ello la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que tutela la igualdad ante la ley, toda vez que al desconocer el plazo legal en toda su extensión ha dado a su representada un trato arbitrario.

Por lo expuesto, solicita se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo La Serena, para que en definitiva, se acoja la presente acción de protección, dejando sin efecto el acto ilegal y arbitrario contenido en el Ordinario N° 1533, de fecha 26 de Noviembre de 2015, emanado del ente administrativo ya señalado, y se ordene el conocimiento de la reconsideración interpuesta, toda vez que el acto ilegal y arbitrario priva y perturba el legítimo ejercicio de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, con expresa condena en costas.

A fojas 47, comparece don nombre reservado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, quien al informar el recurso deducido en contra de su representada, solicitó su completo rechazo, con expresa condena en costas.

Señala que con fecha 14 de octubre de 2015, se notificó a la recurrente la multa administrativa N° 1293/15/43-1, por el monto de 40 UTM. Luego, con fecha 16 de noviembre de 2015, el recurrente solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada, la que por haberse presentado fuera del plazo legal de 30 días corridos, mediante Ordinario N° 1533 de fecha 26 de noviembre de 2015, se le informó a la empresa que no se admitiría a tramitación su solicitud, por incumplimiento de los requisitos legales.

Añade que en este caso, la actuación de la Inspectora Provincial del Trabajo de La Serena, se ha efectuado de acuerdo a las prerrogativas legales vigentes y en cumplimiento del mandato legal para la cual fue investida, actuando en todo momento dentro de la legalidad prevista en los artículo 6 y 7 de la Constitución, normas de la Legislación Laboral, Ley Orgánica del Servicio y Jurisprudencia Administrativa.

En cuanto a la normativa aplicable al caso concreto, señala que el artículo 512 del Código del Trabajo, no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días hábiles o corridos, y al no existir norma que regule la forma en que debe efectuarse dicho cómputo en el referido código, debe recurrirse a las normas del Código Civil, en particular a lo dispuesto en el artículo 50 de dicho cuerpo legal, norma que establece como regla general que los plazos comprenden los días feriados a menos que expresamente se señale que se trata de días útiles. En efecto, esta interpretación parece ser la más adecuada, teniendo en consideración que el propio código laboral, en casos excepcionales, como el artículo 503 y 512, establece expresamente que los plazos allí indicado son de días hábiles.

Por otro lado, existiendo norma legal expresa y especial que regula la presentación de solicitudes de reconsideración administrativa, no resulta procedente la aplicación de la norma del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que tiene el carácter de supletoria, y que además, resulta ajena a la realidad y principios laborales.

Tal interpretación, ha sido recogida por la Contraloría General de la República en Dictámenes N° 64.985 de 20 de noviembre d3e 2009 y N° 17.344 de fecha 10 de marzo de 2014; pronunciamientos que son vinculantes a los Órganos de la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 19.336.

Atendido lo expuesto, la decisión adoptada por la Inspectora Provincial no de modo alguno arbitrario, sino que por el contrario, producto de la facultad que la ley le ha encomendado, en relación con los procedimientos y doctrina, tanto del mismo servicio, como de la Contraloría General de la República. Del mismo modo, no ha existido trasgresión a la Garantía Constitucional de igualdad ante la ley, ya que como se ha dicho, se trata de una decisión ajustada a derecho, por lo que la acción no puede prosperar.

A fojas 52, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que en la especie se estima como ilegal y arbitraria la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo adoptada mediante el Ordinario N° 1533 de fecha 26 de noviembre del 2015, en virtud de la cual no dio lugar a tramitar la solicitud de reconsideración de las multas administrativas que le fueron impuestas a la recurrente, por estimar que había sido presentada en forma extemporánea, al no haber sido intentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa, ya que a juicio de la entidad recurrida, dicho plazo debe computarse de acuerdo a lo prescrito en el artículo 50 del Código Civil.

TERCERO: Que de este modo, la controversia radica en determinar si el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, o bien, de días corridos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil.

CUARTO: Que el artículo 1° inciso 1° de la ley 19.880, dispone que este texto legal establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, esta ley se aplicará con carácter de supletoria. Enseguida, en su artículo 2° previene que sus preceptos serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; y, en fin, el inciso 1° del artículo 25 del referido cuerpo normativo prescribe que los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

QUINTO: Que la solicitud de reconsideración de multa administrativa intentada por la recurrente ante la Inspección del Trabajo, constituye un recurso entablado en sede administrativa, de modo que al no existir norma expresa que disponga lo contrario, deben aplicarse supletoriamente las normas de la citada Ley N° 19.880 y, en el caso de autos, por consiguiente, efectivamente resulta aplicable su artículo 25, en lo relativo al cómputo de los plazos para la presentación de la aludida reconsideración. En consecuencia, sólo cabe concluir que el referido plazo no es de días corridos, como ha pretendido la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose como inhábiles, conforme al precepto aludido, los días sábados, los domingos y los festivos.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes documentales allegados al recurso y de lo expuesto por los litigantes, se infiere que la Resolución de Multa N° 1293/2015/43 fue notificada a la accionante con fecha 14 de octubre del 2015 y que la reconsideración fue presentada el día 16 de noviembre del mismo año; en consecuencia, solo cabe concluir que el referido recurso administrativo fue interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la mencionada Resolución de Multa, vale decir, dentro del término contemplado en el artículo 512 del Estatuto Laboral, conforme lo dispuesto en el precitado artículo 25 de la Ley N° 19.880.

SÉPTIMO: Que atendido lo razonado precedentemente, resulta palmario que la recurrida ha incurrido en una conducta ilegal y, asimismo, arbitraria, toda vez que la interpretación plasmada en el acto administrativo reprochado, al negarse la tramitación de una reconsideración administrativa, no obstante haber sido presentada dentro del término legal, impide al recurrente el ejercicio de sus derechos, además, de consolidar el pago de la multa respecto de la cual se pretendía recurrir en virtud de la reconsideración deducida, circunstancia que, asimismo, afecta su garantía de igualdad ante la ley en relación a otros reclamos que se han deducido en casos como el de la especie.

OCTAVO: Que, conforme a lo reflexionado en los motivos que anteceden, la acción constitucional deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 24, por don nombre reservado en representación de Paris Administradora Limitada y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario N° 1533 de fecha 26 de noviembre del 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración de las multas administrativas aplicadas mediante Resolución de Multa N° 1293/2015/43, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1820-2015.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y señor nombre reservado.

Jorge Colvin Trucco Secretario En La Serena, a cuatro de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.