nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

nombre reservado

AFP Provida S.A.

Recurso de protección Rol Nº1819-2025 La Serena, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece María Angélica Brown Oropeza, abogada, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, técnico superior universitario en producción industrial, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Señala que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Sin embargo, indica que la recurrida le remitió un correo electrónico comunicando el rechazo de su solicitud, señalándole que el certificado de afiliación a una institución de seguridad social fuera de Chile debe estar debidamente apostillado o legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y dentro de la vigencia informada en él.

Luego, alega que la solicitante efectuó su solicitud de retiro de fondos cumpliendo todos los requisitos solicitados. Asimismo, hace presente que retornará a su país de origen en noviembre del presente. En consecuencia, indica que no se pensionará bajo el sistema previsional chileno ni efectuará nuevas cotizaciones, razón por la cual su solicitud de retiro de fondos previsionales resulta plenamente legítima y ajustada a derecho, pues el dinero ahorrado carece de finalidad previsional en Chile y constituye parte de su patrimonio personal, protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Enseguida, alega que la legalización o apostilla que es exigida por la recurrida, es imposible de cumplirse, por cuanto no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizarlo, por lo cual, se configura en la especie un caso fortuito o fuerza mayor de aquellos contemplados en el artículo 45 del Código Civil.

A su vez, refiere que en Venezuela, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cubre las enfermedades comunes de sus asegurados a través de diversas prestaciones. Estas incluyen asistencia médica desde el primer día de la enfermedad, subsidios diarios durante el reposo por incapacidad temporal, y en casos de incapacidad permanente, pensiones por invalidez o incapacidad parcial, de manera que se encuentran cubiertos los supuestos señalados por el recurrido, otorgando una cobertura total y amplia para sus asegurados.

En consecuencia, sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, toda vez que se le están exigiendo requisitos que son imposibles de cumplir, como también, imponiendo requisitos superiores a los establecidos en la ley. Asimismo, hace presente que el documento acompañado a la solicitud ofrece un código de verificación que permite constatar su autenticidad.

Por lo tanto, aduce que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos, imponiendo requisitos adicionales a los establecidos en la ley, cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156.

En consecuencia, afirma que la recurrida ha rechazado su solicitud de retiro de fondos, sin otorgar una justificación válida.

Luego, indica que este proceder de la recurrida infringe el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la privan de un dinero que le pertenece y respecto del cual cumple con todos los requisitos para solicitar su devolución; como también, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 del mismo cuerpo legal, dándole a la parte recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, la recurrida ha otorgado respuesta favorable.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud de retiro de fondos, o se adopten las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 5 del expediente, se evacuó informe por AFP PROVIDA S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, en cuanto lo pedido por la recurrente importa una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, careciendo de un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, descarta un actuar ilegal o arbitrario de su representada, reconociendo que fue rechazada su petición de devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero, de conformidad a la Ley 18.156, destacando que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida, conforme las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Precisa que, desde el 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana y que, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales era útil para los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la norma, concluyendo que las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas y que no indiquen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Refiere, asimismo, que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, su representada debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Junto con invocar jurisprudencia que ratifica su razonamiento, sostiene que la acción no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en cuanto el actuar de su representada se ajusta a derecho, sin que concurra la vulneración de garantías alegada TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el recurso, es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales.

En efecto, valga recordar que el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado -al momento de presentarse la solicitud de retiro de fondos- los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera que tenga validez en Chile, esto es, debidamente apostillado o legalizado, que además acredite que el solicitante cuenta con una cobertura integral, que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común, con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la parte recurrente en su argumentación. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte interesada quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales; lo que permite sostener que este libelo no podrá ser acogido, sin perjuicio de las nuevas solicitudes que la parte interesada inicie, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1819-2025.- (Protección)