nombre reservado con SERVICIO NACIONAL NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado y otro Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1818-2024 La Serena, diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y de su cónyuge nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°: RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por su titular, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en emitir de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza solicitud de carta de nacionalización, afectándose con ello el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone don nombre reservado, el 26 de septiembre de 2022, y su cónyuge doña nombre reservado, el 23 de septiembre de 2022, ingresaron sus solicitudes de carta de nacionalización en virtud de los requisitos establecidos en el artículo 84 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería y artículo 2 del Decreto N°5142 del Ministerio del Interior.

Sin embargo, refiere que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Indica que la falta de respuesta por parte del Servicio de Migraciones, vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, en relación a otros interesados que han obtenido una respuesta en un plazo menor.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por la recurrida.

En cuanto a la procedencia de la institución del silencio administrativo, afirma que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se deba recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho mediante el ejercicio de la acción de protección.

Finalmente, señala que en la especie debe darse aplicación al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, pues si bien la Ley de Migraciones no establece un plazo para la sustanciación del procedimiento, el artículo 1 inciso 3° de la Ley N°19.880 señala que, en caso que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, dicha ley se aplicará con carácter supletorio. Asimismo, sostiene que dicho plazo es compatible con los principios de celeridad y conclusión que establece la ley, todas normas indispensables para garantizar un proceso migratorio racional y justo.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre las solicitudes de carta de nacionalización dentro de un plazo razonable, o se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su presentación: 1. Comprobante de envío solicitud de carta de nacionalización, de los recurrentes 2. Cédula de identidad para extranjeros de los recurrentes 3. Comprobante de servicio público que acredita domicilio de domicilio reservado. Certificado de antecedentes de residencia de la AFP que acredita domicilio de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

En el caso del recurrente nombre reservado, señala que el 26 de septiembre de 2022 solicitó el beneficio de carta de nacionalización.

Luego, el 23 de junio de 2023, se le notificó que debía acompañar antecedentes adicionales, en particular, certificado del Servicio de Impuestos Internos que acreditara encontrarse al día en el pago de sus obligaciones tributarias.

Una vez cumplido lo anterior, pasó a etapa de primer análisis, para luego remitirse los antecedentes a Policía de Investigaciones el 09 de abril de 2024, a fin que dicho organismo efectúe su intervención.

En cuanto a la recurrente nombre reservado, señala que solicitó su carta de nacionalización el 23 de septiembre de 2022.

Posteriormente, el 18 de mayo de 2023, se le notificó que debía acompañar antecedentes adicionales, en particular, certificado del Servicio de Impuestos Internos que acreditara encontrarse al día en el pago de sus obligaciones tributarias y certificado de deuda emitido por Tesorería General de la República.

Una vez cumplido lo anterior, pasó a etapa de primer análisis, para luego remitirse los antecedentes a Policía de Investigaciones el 30 de abril de 2024, a fin que dicho organismo efectúe su intervención.

De esta forma, indica que ambas solicitudes se encuentran actualmente en la etapa de Policía de Investigaciones.

Por consiguiente, el Servicio de Migraciones se encuentra a la espera de los informes confeccionados por dicha institución, para continuar con la tramitación de las solicitudes, haciendo presente que, después vienen más etapas respecto al conocimiento que corresponde al Servicio de Migraciones, con relación a los exhaustivos análisis que se deben efectuar, atendiendo la naturaleza y la importancia que implica una carta de nacionalización por gracia.

Hace presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, a saber: el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades del Servicio de Migraciones, cumpliendo cada uno de los Organismos señalados, una determinada función, siendo finalmente el presidente de la República quien otorga o no la nacionalidad chilena.

Por otra parte, hace presente que los recurrentes cuentan con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantienen situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Luego, señala que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, la carta de nacionalización se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior, y que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, terminando la labor del Servicio con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Asimismo, enfatiza que consiste en una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual a los recurrentes, ya que su solicitud de carta de nacionalización ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que los recurrentes cuentan con el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, además, a folio 11 del expediente digital, se evacuó informe por la Policía de Investigaciones de Chile, informando que los recurrentes no registran antecedentes policiales vigentes en su contra.

Asimismo, indica que las solicitudes de ambos recurrentes fueron analizadas por funcionarios de dicha repartición, siendo despachadas al Servicio de Migraciones el 10 de diciembre de 2024.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numerales 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización de los recurrentes se encuentra en trámite ante la Policía de Investigaciones, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que los recurrentes tienen su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de sus solicitudes, actuando al Servicio con apego a la normativa vigente.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del referido cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de las solicitudes de carta de nacionalización, cuyas presentaciones fueron realizadas el 23 y 26 de septiembre de 2022.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre las mentadas solicitudes, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los recurrentes, con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se vieron dilatados por la emergencia sanitaria que afectó a la sociedad, es preciso constatar que durante los años 2022 y 2023 la situación sanitaria se normalizó y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de las solicitudes de los actores, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá concluir la tramitación que le corresponde al Servicio de Migraciones, remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría respectiva e informando de ello a los recurrentes, dentro del plazo de sesenta días corridos desde notificada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1818-2024 (Protección).