nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°1815-2024.

La Serena, treinta y uno de diciembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Gonzalo Aguilera Jofré, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, señalando como omisión ilegal y arbitraria la falta de notificación del Ordinario que reitera la solicitud de antecedentes y, como acto de dichas características, el requerir, a propósito de un proceso de fiscalización, una cantidad elevada de informes y antecedentes adicionales en el acotado plazo de 7 días, lo que representa una vulneración los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, libertad de trabajo y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente, médico cirujano de profesión, atiende y trata diariamente a pacientes que sufren variadas y graves patologías de la salud. En ese contexto, acota que el buen ejercicio de su profesión exige diagnosticar y tratarlos adecuadamente, realizarles diversos tratamientos farmacológicos, exámenes físicos y, en muchos casos, como parte indispensable del tratamiento, otorgarles reposo laboral mediante la emisión de una licencia médica.

Manifiesta que el 9 de octubre de 2024 fue notificado mediante correo electrónico del inicio de un proceso de fiscalización seguido en su contra, oportunidad en que se le solicitaron informes médicos, fichas clínicas y copias de los bonos o boletas de atenciones médicas respecto de 19 pacientes, información que reunió de manera inmediata y puso a disposición de la recurrida a través de la plataforma destinada al efecto.

Agrega que el 29 de octubre del presente año, recibió dos cartas de Correos de Chile, las que contenían el Ordinario N°240441256701, de 17 de octubre de 2024, mediante el que se reiteraba la solicitud de información y la Resolución Exenta N°240441256702, de 25 de octubre del mismo año, que aplicaba una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales a beneficio fiscal y la suspensión de su facultad para emitir licencias médicas y venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días, de manera que al haber tomado conocimiento del primero de ellos fuera del plazo de 7 días otorgado para la remisión de los antecedentes, se vio imposibilitado de allegarlos, aplicándosele una multa que afecta su patrimonio y otra sanción que repercute en la atención de sus pacientes.

Explica que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal, esto es, la falta de notificación, particularmente, respecto del ordinario que reiteraba la entrega de antecedentes, lo que importa infringir el artículo 17 letra a) de la Ley N°19.880, en cuanto el interesado tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos y el artículo 45 del referido cuerpo legal, en tanto los actos administrativos deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro. Sobre el particular, agrega que la ilegalidad se produce, primero, por la falsa aplicación del artículo 2, inciso 1° de la Ley N°20.585, referente al plazo para dar respuesta a la solicitud. En efecto, el término para responder un requerimiento de información de esta naturaleza se concibe para un caso concreto en que exista sospecha cierta de emisión de una licencia sin fundamento, no para un conjunto de licencias como el caso sub-lite. Sobre el particular, acota que el plazo de 7 días resulta completamente razonable en el entendido de que se trate de una o dos licencias médicas relacionadas a un mismo paciente, pues la elaboración del informe es una tarea ardua y compleja. A ello, debe agregarse que la recurrida exigió 19 informes sin una motivación manifiesta acorde a la ley, solicitando información tan específica y difícil de obtener, como lo es la ocupación laboral de sus pacientes.

Indica en relación al derecho del administrado a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades, que la recurrida ha vulnerado tal garantía, atendido que los 19 informes y antecedentes requeridos no se pueden confeccionar y entregar dentro del plazo ya referido ni tampoco dentro de la prórroga de 7 días adicionales –la que no fue notificada según se expresó– ello considerando que el actor debe atender pacientes a diario y cumplir otras obligaciones laborales, además de actividades familiares y personales.

Expresa que, asimismo, se infringe la confidencialidad de la ficha clínica, ya que el artículo 2 de la Ley N°20.585, no habilita a la recurrida para requerirla, siendo su actuar contrario a la legalidad, situación que se replica respecto de los bonos o boletas de atención.

Expone, en cuanto a la arbitrariedad, que ésta se manifiesta en la imprecisión de requerimientos sin motivos y sin fundamentos que se relacionen con un uso inadecuado de las licencias médicas, que podrían contener o referirse a datos sensibles de los pacientes, complejizando aún más la labor del requirente y robusteciendo la imposibilidad de dar respuesta al requerimiento.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto todos los requerimientos de información remitidos mediante correos electrónicos o cartas certificadas relacionados con la fiscalización, incluyendo la resolución que aplicó las sanciones de suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios y/o multa; se abstenga de formularlos en términos similares y desproporcionados en lo sucesivo limitando su actuación a la cantidad de 3 por requerimiento o lo que se estime prudente y razonable; y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio de los derechos vulnerados, todo ello con costas.

Acompaña al recurso: 1. Ordinario N°240441256701, de 17 de octubre de 2024; y 2. Resolución Exenta N°240441256702, de 25 de octubre de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 9, comparece don nombre reservado, en representación de la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso intentado.

En primer lugar, refiere que la Ley N°20.585 en su artículo 2 otorgó facultades a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para fiscalizar a los prestadores que emiten licencias médicas, señalando que se han establecido criterios considerados riesgosos para iniciar procesos de fiscalización en resguardo de la correcta focalización de los recursos públicos, encontrándose dentro de ellos el recurrente, dado que registró la emisión de un total de 239 licencias médicas en un año móvil, correspondiente al período comprendido entre el 8 de octubre de 2023 y el 8 de octubre de 2024.

Refiere que, respecto de este caso, únicamente fiscalizó la cantidad de 19 licencias médicas, número que resulta menor, reduciendo en un 81% aproximadamente el total de licencias médicas habitualmente requeridas para dicho efecto, las que, en todo caso, son elegidas todas de forma aleatoria.

Expone, en lo que dice relación con las notificaciones, que tanto el Ordinario N°2404412567, de 9 de octubre de 20244 que solicita información, como el Ordinario 24044125670, que reitera la remisión de antecedentes, fueron notificados a través de carta certificada, comunicándose, además, vía correo electrónico a la casilla que el profesional tiene registrada en sistema, esto es, correo reservado

Argumenta que, como consecuencia de lo anterior, sólo puede entenderse que el profesional tuvo 14 días para remitir íntegramente la información solicitada, lo que no aconteció, incumplimiento por el que se le aplicó la sanción que consigna la Resolución N°240441256702, renovada mediante acto pronunciado el pasado 15 de noviembre.

Acota que en casos como el de marras, el profesional puede reclamar, dentro del plazo de 5 días hábiles, ante la Superintendencia, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley N°20.285, lo que en la práctica no ocurrió y que los prestadores fiscalizados no pueden negarse a la entrega de la ficha clínica.

Señala que en todo momento ha actuado conforme a derecho, con ausencia total de ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto el actuar cuestionado tiene sustento en las atribuciones legales.

Finaliza solicitando, en caso de que se acoja el recurso de protección, no se le condene en costas, dado que ha tenido motivo plausible para litigar y goza de privilegio de pobreza, en virtud de lo establecido en el artículo 173 del Código Sanitario.

Acompaña a su informe: 1. Ordinario N°2404412567, de 9 de octubre de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 2. Ordinario N° 240441256701, de 17 de octubre de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 3. Resolución Exenta N° 240441256702, de 25 de octubre de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 4. Resolución Exenta N° 240441256703, de 15 de noviembre de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 5. Resolución Exenta N° 240441256704, de 22 de noviembre de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 6. Fichas clínicas; 7. Panel Superintendencia de Seguridad Social con datos del profesional; 8. Copia de voucher notificaciones vía Correos de Chile; 9. Reportes de fiscalización nacional; 10. Pronunciamiento N°E369310/2023 de 18 de julio de 2024, emitido por la Contraloría General de la República; 11. Circular Superintendencia de Seguridad Social N°3523, de 21 de julio de 2020; 12. Historial bitácora que registra notificaciones por mail; y 13. Publicación ¿Cuáles son las sanciones que arriesgan los profesionales que emiten licencias médicas sin fundamento médico? La Ley N°20.585.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto, conviene tener presente que lo reprochado por el recurrente guarda relación con la ausencia de notificación del segundo ordinario emitido por la recurrida, mediante el que reiteró la petición de entrega de antecedentes vinculados a una serie de licencias médicas, circunstancia que trajo aparejada la imposición de una multa y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios para ello. También se reprocha el actuar arbitrario de la recurrida, que se manifiesta en la imprecisión de requerimientos sin motivos y sin fundamentos que se relacionen con un uso inadecuado de las licencias médicas.

SEXTO: Que, en cuanto a la falta de notificación del segundo ordinario Nro. 240441256701 de 17 de octubre de 2024, aquella alegación será rechazada por cuanto consta que fue notificada por carta certificada al recurrente, tal como lo faculta el artículo 2 de la ley 20585 y cuya constancia de envío por correo fue acompañada por el recurrido. Prueba de aquello fue la alegación del apoderado que concurrió por la recurrida en la vista de esta causa, donde así lo refirió.

SEPTIMO: Que para resolver, además, es necesario recurrir a lo dispuesto en el mismo artículo 2 de la Ley 20.585 que dispone : “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

OCTAVO: Que, de la normativa expuesta y tal como ha sostenido esta Corte en otras oportunidades, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquellas que son objeto del presente arbitrio constitucional.

Sin embargo, no cualquier incumplimiento de parte del prestador fiscalizado habilita para la aplicación de las multas y suspensiones contempladas en el artículo 2 inciso segundo de la Ley 20.585. En efecto, la normativa en análisis establece como hipótesis que torna procedente la imposición de una multa, que exista un incumplimiento reiterativo, al señalar como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”. De concurrir cualquiera de estas situaciones, la Ley habilita a la Comisión para imponer multa de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales, mediante resolución fundada.

Más estricto aún ha sido el legislador para permitir que la Comisión proceda a la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la facultad para emitirlas, caso en el cual se exige que, además de los requisitos precedentemente referidos, se trate de un “caso calificado”.

Adicionalmente, tratándose en la especie de un acto administrativo sancionador, el deber de fundamentación se encuentra reforzado por el principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley N°19.880, que prescribe que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En similares términos discurre el artículo 41 del mismo cuerpo legal el que, además, ordena que la resolución respectiva exprese los recursos que proceden en su contra, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse y el plazo para su interposición.

NOVENO: Que, según se colige del ordinario Nº 2404412567 de 09 de octubre de 2024, fue requerido al recurrente para la remisión de antecedentes e informes complementarios, de un total de 19 pacientes, solicitándole un informe médico de acuerdo con formato que en el requerimiento se anexa, la ficha clínica de cada paciente -junto con información de ésta- y copia del bono o de la boleta de la atención médica correspondiente. Si la licencia médica fiscalizada es de talonario de papel, debía presentar el talón completo, en un plazo de siete días corridos.

Luego, con fecha 17 de octubre en curso se dicta un nuevo Ordinario en el que se le reitera la petición de la información antes indicada, pero apreciándose en el contenido de aquel ordinario que de las 19 licencia médicas extendidas por el recurrente, la mayoría de ellas se encuentra pendiente de revisión y cinco de ellas fueron revisadas, pero no cumplían con los requisitos requeridos de acuerdo con el modelo de informe médico de Compin al momento de la fiscalización. De lo anterior es dable concluir que el recurrente cumplió con la remisión de la información solicitada, aunque la mayoría de aquella fue reparada por la entidad recurrida.

Finalmente, el 25 de octubre de este año se dicta la resolución exenta Nro. 240141256702 en el que aplica al recurrente una multa a beneficio fiscal y se le suspende la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días, a contar del 31 de octubre de 2024, por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas individualizadas.

DECIMO: Que los hechos antes expuestos han resultado suficientemente acreditados, por no mediar oposición sobre la ocurrencia de los hechos en la forma en que ambas partes los reconocen y que se refrenda con la documentación acompañada.

Lo que corresponde a esta Corte, entonces, radica en analizar si la intervención de la entidad recurrida ha sido arbitraria y/o ilegal o, por el contrario, ha obrado en la esfera de sus atribuciones.

Al respecto digamos que, como se sostuvo en el motivo octavo precedente, la ley ha otorgado a la Compin la facultad de requerir información y, ante determinadas conductas típicas, el poder de cursar multas o aplicar otras sanciones.

Pero, con relación a la imposición de la multa, suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la suspensión de la facultad para emitirlas, la primera de ellas procede ante la ocurrencia de un incumplimiento reiterativo, al señalar la norma del art. 2 de la Ley N°20.585 como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”, mientras que las siguientes requieren además de los requisitos precedentemente referidos, que se trate de un “caso calificado”.

Si consideramos los hechos no controvertidos, es dable consignar que el actor cumplió con las exigencias cursadas por la recurrida y no puede pensarse de él que ha incumplido de forma reiterada, pues dio respuesta al oficio de 9 de octubre y luego, el 17 de ese mes, se reitera la petición, debido a que parte de la información recibida no estaba conforme a lo solicitado. Dicha exigencia fue satisfecha, pero como ya se dijo, no de la forma que se requería por la autoridad administrativa, por lo que es posible concluir que no estamos frente a un “incumplimiento reiterado”.

UNDÉCIMO: De esta forma, la conducta de la entidad recurrida se ha verificado fuera del ámbito de sus competencias, al producirse bajo hechos ajenos a las causales legales que ameritan su imposición, lo que hace posible calificarla de ilegal.

DUODECIMO: Que dicha conducta afecta los derechos y garantías del actor, al menos en su integridad psíquica y su propiedad; la primero, por cuanto resulta sancionado el profesional fuera de los márgenes de la ley y de la razonabilidad y, la segunda, pues el pago de la multa afecta su patrimonio.

DÉCIMO TERCERO: Que en lo relativo a las medidas a adoptar por esta Corte, considerando el petitorio del recurso, en específico la solicitud de ordenar a la recurrida de dejar sin efecto todos los requerimientos de información remitidos mediante correos electrónicos o cartas certificadas relacionados con la fiscalización, imitando su actuación a la cantidad de 3 por requerimiento o lo que se estime prudente y razonable, aquella excede a las facultades de estos sentenciadores, porque significaría limitar las facultades legales de fiscalización que tiene la recurrida, por lo que impedir que, en lo sucesivo, le requiera información, es alejarse de la norma, brindándole una suerte de impunidad al actor de la que carece.

Lo anterior permite acoger el libelo, aunque lo sea en parte.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez región de Coquimbo, solo en cuanto se deja sin efecto las sanciones impuestas por Resolución Exenta N° 240441256702 de 25 de octubre de 2024.

Dejase sin efecto la orden de no innovar decretada en autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra Suplente señora Claudia Cárdenas Navarro.

Rol N°1815-2024 Protección.-