COMPAÑIA MINERA E INMOBILIARIA DRAGONES SPA con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

Compañía Minera e Inmobiliaria Los Dragones Spa Servicio Nacional de Geología y Minería, Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 1813-2020.- La Serena, cuatro de diciembre de dos mil veinte VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 16 de octubre del presente año, se presenta el abogado Ignacio García Morales, en representación de Compañía Minera e Inmobiliaria Los Dragones SpA, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado y deduce acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO –en adelante SERNAGEOMIN-, representada legalmente por su Director don nombre reservado, ingeniero civil, ambos con domicilio en domicilio reservado. Expresa que la acción la ejerce en favor de nombre reservado y de un número no determinado de personas que estima en alrededor de cien trabajadores, que se dedican al hurto de minerales, conocidos en la jerga minera como “chuculleros”.

Relata que el 11 de septiembre del 2020, en el interior de las dependencias mineras que pertenecían a la ex minera Dayton —en proceso de compra por parte de su mandante la Compañía Minera e Inmobiliaria Los Dragones SpA, derivado de procedimiento concursal de Liquidación Voluntaria ante el Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo de la señalada Empresa Minera Dayton, proceso que desembocó en la venta del activo de la empresa, sin que dicha transacción haya culminado del todo—, se produjo la lamentable muerte de un pirquinero, por un desprendimiento de tierra en la Mina La California, del sector El Toro.

Expresa que el accidente, dio lugar a que la autoridad recurrida pudiese constatar, en acta de inspección fiscal de fecha 25 de septiembre pasado, algo que sus propios mandantes pusieron en conocimiento de esa autoridad, esto es, la existencia de un número no menor de personas dedicadas a la extracción de mineral de forma fraudulenta, sin contar ni con los permisos de la empresa, ni administrativos, operando de forma ilegal, poniendo en grave riesgo la integridad física y la vida de un número importante de personas, en distintos puntos explotados.

Refiere que la empresa que representa, sin tener aun la debida inscripción de todos los títulos y sin que se encuentre efectuando más que las labores propias de mantenimiento básico del inmueble que constituye la labor minera y cuidado del riesgo medioambiental, se ha encontrado con que, en el interior del pique minero denominado “Tres Perlas”, perteneciente al proyecto minero adquirido, se encuentran efectuando labores de extracción de mineral, tanto el señor nombre reservado, como un número no determinado de personas, los que, amparados en su número, las condiciones geográficas del terreno y la insuficiente capacidad de las fuerzas de orden para reaccionar ante delitos flagrantes, pueden operar en completa impunidad.

Estos hechos, según afirma, constituyen, en primer lugar, acciones graves que redundan en que día a día un número importante de vidas humanas se encuentran en riesgo de perderse debido a que la autoridad del área y otras asociadas, no son capaces de adoptar las medidas efectivas de resguardo.

Asegura, que el servicio emplazado se encuentra en conocimiento del hecho narrado, desde abril de los corrientes, pues con ocasión de un accidente no fatal que tuvo lugar el día 16 de ese mes, se pudo constatar que la detención del proceso productivo de CMD Dayton, permitió que el laboreo minero ilegal se activara por parte de quienes realizan estas extracciones en el pique “Tres Perlas” en condiciones de alto riesgo de seguridad, al tratarse de una mina subterránea operando a aproximadamente 180 metros de profundidad, y aledaño a una falla geológica importante, lo que hace aun mayor el riesgo a la vida e integridad física de quienes operan ilegalmente. Indica que personal de Sernageomín Región de Coquimbo, a propósito de dicho accidente no fatal ocurrido en el sector “Tres Perlas”, levantó un acta de lo que allí ocurría, consignándose: “La empresa al hacerse cargo de las instalaciones en caso de que se vaya a explotar, debe regularizar ante el Servicio dichas operaciones, en caso contrario debe bloquear estos accesos y no permitir su operación minera irregular. La empresa debe pronunciarse por una de éstas alternativas informando al Servicio.”

Según señala, el servicio dirige las acciones de medidas correctivas a su representado, pero también cita al encargado de la faena ilegal, no generando más responsabilidades que el envío de una carta que ordena el cierre de la labor ilegal, medida que no tiene seguimiento por la autoridad para su ejecución, no obstante a la fecha de dicho siniestro, su mandante se encuentra en proceso de regularización de su propiedad.

Precisa que la medida correctiva que erróneamente pretende la recurrida de su representada, y que debió exigir del Sindico, consistente en bloquear accesos e impedir la operación minera irregular, es física y materialmente imposible de cumplir por parte de su mandante, porque presupone que las operaciones fraudulentas son efectuadas con la aquiescencia de la empresa, lo que es falso. Añade que el predio donde opera el pique explotado ilegalmente es de grandes dimensiones y se encuentra en un lugar, donde si bien se han hecho trabajos por medios de pretiles que son cierres de tierra y piedras de metros de altura, como límite, no existe construcción alguna que impida el ingreso subrepticio de terceras personas, según se infiere de lo relatado y de los documentos que acompaña, al desplazarse los extractores ilegales de material minero en motocicletas, ingresando de manera clandestina cortando todo tipo de mallas de acceso.

Expresa que de todas maneras se hace necesario que la autoridad administrativa minera ordene el desalojo de todos los extractores ilegales que operan actualmente en el pique, y que para dicha acción es indispensable el auxilio de un importante número de funcionario de la Fuerza Pública, debido a la reticencia a abandonar dichas faenas por parte de los extractores ilegales, sumado al hecho conocido de su violencia y amenazas verbales a los trabajadores de la Compañía en la ejecución de su trabajo de cierre.

Agrega que posteriormente, el 15 de mayo de 2020, a propósito de otra inspección realizada por Sernageomin, se constató nuevamente la presencia de personas ajenas a la empresa en el lugar, realizando trabajos mineros sin la autorización de Compañía Minera e Inmobiliaria Dragones SpA, sin que se consideren medidas correctivas al respecto.

Finalmente, y a propósito del accidente fatal del 11 de septiembre pasado, la recurrida dictó la resolución exenta número 1619, dando cuenta que personal de Sernageomin concurrieron a la faena minera “Andacollo Oro”, cuyos titulares es la empresa “Compañía Minera e Inmobiliaria Dragones SpA”, ubicada en la comuna de Andacollo, región de Coquimbo, constatando que existía una faena minera en el pique Veta California no desarrollada por su representada, sino de tipo irregular, sin método de explotación aprobado por el Servicio, sin las condiciones mínimas de seguridad, lo cual representa un evidente riesgo de accidente para quienes desarrollan labores de extracción de mineral en el lugar.

Tales hallazgos, señala, representan una condición insegura para la actividad minera, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los trabajadores que laboran en la faena, haciéndose necesario adoptar medidas provisionales oportunas y necesarias para impedir que se materialicen los riesgos señalados y proteger de esa manera la vida e integridad de las personas que laboran en el sector.

Invoca como fundamento para ello el artículo 32 de la Ley N°19.880, que dispone expresamente: “Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. Sin embargo, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes. Estas medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.”

Refiere que la recurrida le impuso a su representada con ocasión de una fiscalización efectuada en el mes de septiembre que: “La empresa al hacerse cargo de las instalaciones en caso de que se vaya a explotar, debe regularizar ante el Servicio dichas operaciones, en caso contrario debe bloquear estos accesos y no permitir su operación minera irregular. La Empresa debe pronunciarse por una de éstas alternativas informando al Servicio. El Servicio Nacional de Geología y Minería, tanto a nivel central como en la Región de Coquimbo están al tanto de que el traspaso del proyecto minero a quienes actualmente están en trámite de detentar la propiedad no ha estado exenta de problemas”. En efecto, los antiguos dueños –la minera Dayton- presentó al Servicio un plan de cierre, que contempla las medidas correctivas que se han dictado. Se expuso en su oportunidad que la compra del proyecto minero se hizo sin que se diese cumplimiento a lo señalado por el artículo 35 de la Ley N°20.551, sobre cierre de faenas mineras, que establece que: “Quiebra de la empresa minera. En caso de quiebra de la empresa minera, el Servicio o quien éste designe participará de las Juntas de Acreedores. El valor del plan de cierre debidamente aprobado por el Servicio constituirá un crédito de primera clase, de aquellos establecidos en el número 9 del artículo 2472 del Código Civil.”

Indica que el Servicio tendrá que reconocer que no ha liberado fondo alguno para llevar a cabo ésta medidas que corresponden a plan de cierre temporal, y recarga toda la responsabilidad de ejecutar costosas (y a la luz de las características del predio, y forma de comisión del delito de hurto de material minero, aparecen como poco efectivas) labores de cierre y responsabilidad respecto a las acciones delictivas de terceros. Esa respuesta además de injusta, a la luz de los antecedentes que aún no acreditan la propiedad completa del proyecto minero, es materialmente imposible de realizar y jurídicamente improcedente. Esa respuesta además de injusta, es materialmente imposible de realizar, desde el punto de vista económico, en recursos humanos, y más con la actitud temeraria de las amenazas de los pequeños mineros ilegales, además de jurídicamente improcedente.

Afirma que, como lo sabe el servicio, las personas que se encuentran trabajando en el pique riesgoso, lo hacen cometiendo un delito, sin autorización de su mandante, y reaccionando de forma violenta ante la conminación de abandonar el pique, por lo que endosarle la responsabilidad del desalojo de éstas personas es completamente improcedente. Analógicamente, equivaldría a que el Ministerio Público obligara a la víctima a resolver los conflictos que tendría eventualmente con la persona que lo asaltó. Además, el desalojo de personas que superan el número de 100, requiere el auxilio de la Fuerza Pública en un número importante de contingente, acceso que le está restringido a un particular.

Estas personas han sido empadronados por Carabineros de Chile, pero no ha sido posible proceder a su desalojo, tanto por el número de infractores, como por la violencia con la que reaccionan. De minuta de reunión entre representante de estos extractores ilegales y el representante legal de la empresa, se puede colegir que su representada ha extremado sus acciones en torno a solicitar el abandono del pique explotado ilegalmente. Ello no fue posible, los pirquineros que trabajan ilegalmente incluso llegaron a dicha reunión con distintas autoridades de la comuna que justifican el hurto de material minero en razón del desempleo de la comuna y a fin de evitar un “estallido social” que afecte la comunidad andacollina. Y reafirman su decisión de no abandonar el pique e incluso interceder ante Sernageomin para revertir la decisión de cierre parcial.

Respecto a la amenaza al derecho a la vida y la falla geológica que lo produce, el conflicto presentado en los hechos, a simple vista, no reviste más problemas que determinar si a su mandante le corresponde o no ejecutar las medidas correctivas dictaminadas en el marco de la resolución de cierre temporal del pique, teniendo en consideración la existencia de un riesgo real y concreto a la vida de estos cien trabajadores que, por hechos propios, se exponen a condiciones de trabajo exentos de toda seguridad, y en condiciones geográficas que constituyen una verdadera bomba de tiempo.

Añade que “El rajo Tres Perlas”, cuya calidad de roca es regular, muestra presencia también de sistemas estructurales persistentes, cuyos modos de rotura más comunes son cuñas y deslizamiento plano. La condición actual compromete el sector en cuestión, y se puede definir como un proceso de evolución y reacomodamiento de los materiales, los cuales se encuentran en progreso hacia una condición de equilibrio y mientras no se llegue a esta condición final, se deben mantener segregados y monitoreados, tanto el sector superior de la rampa hacia el borde del rajo, como el sector inferior expuesto a caídas de material.

Dice que a simple vista, esto se percibe como un gran desprendimiento de rocas abiertas en la zona inmediatamente aledaña a la perforación subterránea donde se encuentran operando los extractores ilegales, con evidente y gran riesgo de sus vidas.

Refiere que algunos autores nacionales incluyen dentro del objeto del derecho a la vida, la conducta del titular, a quien no le estaría permitido disponer de su propia vida, y que la circunstancia que el derecho a la protección de la vida sea un derecho de carácter individual y de defensa, no lo convierte en un derecho de libertad o de libre disposición.

En cuanto a la legitimación activa por parte de la empresa recurrente, se encuentra justificada en el riesgo a la vida e integridad física de un número importante de personas, que se produce dentro de las dependencias del proyecto minero que se encuentra en proceso de compra por parte de su mandante.

Puntualiza que el recurso se dirige en contra de Sernageomin, pues dicha autoridad es la llamada por ley a controlar el cumplimiento de la normativa que en materia de seguridad minera rige a todo individuo que realiza dicha actividad.

Al efecto, cita el artículo 4° del Reglamento de Seguridad Minera, que establece: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º, Título I del Decreto Ley Nº 3.525 de 1980, corresponderá al Servicio Nacional de Geología y Minería, la competencia general y exclusiva en la aplicación y fiscalización del cumplimiento del presente Reglamento. En ese orden de cosas, el Servicio se encuentra facultado por ley a adoptar medidas correctivas de ejecución inmediata. Así el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Cierre de faenas e instalaciones mineras, establece que: “En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución del Plan de Cierre de una Faena Minera o cualquiera de sus instalaciones, que constituyan un peligro inminente de daños graves a la vida, la salud y seguridad de las personas y/o al medio ambiente, el Director podrá, mediante resolución fundada, dictar medidas correctivas de ejecución inmediata. Las medidas correctivas de ejecución inmediata que disponga el Servicio, deberán establecerse en la forma regulada en los artículos precedentes, con la indicación expresa que deberán ser ejecutadas en el plazo inmediato. El incumplimiento de esta obligación facultará al Servicio para requerir a la Empresa Minera que ejecute las medidas correctivas u otorgue facilidades para ello, según corresponda.” Y en el caso en comento, el status jurídico del proyecto minero en liquidación se asemeja al abandono del plan de cierre.

Dice que Dayton no depositó fondos suficientes para el plan de cierre, lo que llevó al Sernageomin a verificar su crédito en la liquidación concursal, por lo que el liquidador aún no consigna fondos a Sernageomin para ejecutar dicho cierre, tal y como lo exige la norma al respecto. Así las cosas, Sernageomin constata la ocupación ilegal denunciada en este recurso con fecha 25 de Septiembre de 2020, y en ella dictamina medidas correctivas que son insuficientes para resguardar la vida de éstas personas y que debe ser complementada.

Recalca que no está en sus manos poner fin a una situación que reviste el carácter de delito respecto del cual es víctima. Y menos bajo amenaza de sanción por parte de Sernageomin. A contrario sensu, ello facultaría al Servicio a ejecutar medidas correctivas de ejecución inmediata para resguardar la vida amenazada de los extractores ilegales. En específico, solicitar auxilio suficiente a la Policía de Investigaciones para proceder al desalojo inmediato de todos los ocupantes ilegales del pique Tres Perlas u otros ocupados ilegalmente, tomando medidas efectivas que impidan su nueva ocupación ilegal, para que la empresa pueda proceder a sellar el pique e impedir nuevos accesos. De lo contrario, las medidas de cierre de caminos u otros son inoficiosas, dado que los extractores ilegales usan motocicletas y acceden al pique al amparo de la noche y en clandestinidad, rompiendo cualquier intento de cierre. Cualquier otra medida que pueda intentar su mandante para ese mismo efecto, corre el riesgo de ser tardía a la luz de la gravedad del riesgo y del hecho de que ya ha efectuado acciones ante organismos públicos y ante los propios extractores ilegales –a saber, el Ministerio Público, que no ha realizado gestión alguna que sea efectiva para detener el delito flagrante denunciado- y que han sido inoficiosas e infructuosas.

Previa las citas constitucionales, solicita se ponga fin al acto ilegal y arbitrario en el cual han incurrido la recurrida, se acoja la acción, reestableciendo el imperio del derecho conculcado ordenando las medidas solicitadas en el cuerpo del presente recurso, y condenando expresamente en costas a la recurrida.

En escrito de 22 de octubre, precisa todas las personas a cuyo favor presenta el recurso, que son ochenta y ocho ciudadanos a quienes procede a individualizar con su nombre completo, cédula de identidad y domicilio en el referido libelo.

Asimismo aclara que el acto denunciado es la omisión en la que ha incurrido la denunciada de no tomar las medidas de resguardo para asegurar la vida de las personas que se individualizan en su presentación, pese a contar con las facultades para ello.

Precisa de igual manera, que la petición concreta que somete al conocimiento de la Corte es que se ordene a Sernageomin Región de Coquimbo, que adopte las medidas correctivas eficaces para resguardo de la vida de los ocupantes ilegales del pique, autores de delito flagrante, coordinando su desalojo con auxilio de fuerza pública suficiente –preferentemente personal de la PDI- hasta su completo y total abandono, de manera tal que nos permita proceder a barrenar y sellar piques y accesos para prevenir acciones futuras similares.

Acompaña al recurso: 1. Copia de actas de fiscalización por parte de Sernageomin al proyecto minero Andacollo Oro; 2. Copia de minuta de reunión entre Empresa Minera e Inmobiliaria Dragones SpA, y los ocupantes ilegales; 3. Fotos de falla geológica y ubicación de pique subterráneo trabajado ilegalmente Copia de denuncia penal respecto de delito de robo de material minero; 4. Copia de resolución de cierre temporal de pique Tres Perlas emanado de Sernageomin nivel central, y; 5. Listado de parte de ocupantes ilegales empadronados en su oportunidad.

Segundo: Que, el 03 de noviembre pasado, comparece don nombre reservado, Director Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Geología y Minería, en adelante Sernageomin o el servicio, solicitando el rechazo del recurso de marras con costas.

Invoca como primer capítulo de razones para ello, la falta de legitimación pasiva del servicio para ser emplazada por la recurrente en los términos de su libelo proteccional, toda vez que Sernageomin no posee potestades para el control del orden público, ni para disponer del recurso de la fuerza pública, cuyo auxilio solo puede requerir cuando se le obstruyera el ingreso a una faena minera para dar cumplimiento a su función fiscalizadora.

Indica que en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1° y 2° del precitado decreto ley N° 3.525 y 1° de la ley N° 18.575, que Sernageomin es un organismo descentralizado integrante de la Administración del Estado, cuyo objeto es servir de asesor técnico especializado del Ministerio de Minería en materias relacionadas con la geología y minería, correspondiéndole -entre otras funciones- “Velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores”.

En concordancia con lo anterior, los artículos 4° y 13, letras a) y c), del referido Reglamento de Seguridad Minera, previenen que compete al organismo antes mencionado la aplicación y fiscalización de sus normas y exigir el cumplimiento de las acciones correctivas pertinentes, en tanto que los artículos 16, inciso primero, 17 y 22 de dicho cuerpo reglamentario, le confieren a esa entidad, en lo que interesa, atribuciones para inspeccionar y evaluar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones que forman parte de las faenas mineras; formular observaciones y fijar medidas correctivas para su adecuado funcionamiento y aprobar -previo al inicio de las operaciones- los métodos de explotación o cualquier modificación mayor a éstos.

Por su parte, acorde con los artículos 590; 591 y 592 del mismo texto, las contravenciones a sus normas y a las resoluciones que para su cumplimiento se dicten, en que incurran las empresas mineras, pueden ser sancionadas con multas de 20 a 50 unidades tributarias mensuales por cada infracción, o el doble en caso de reincidencia, pudiéndose reclamar de aquéllas de acuerdo al procedimiento establecido en el actual artículo 503 del Código del Trabajo. Además, el indicado artículo 592 previene que “En caso de reincidencias, se podrá determinar el cierre temporal o indefinido, ya sea total o parcial de la faena minera respectiva”, medida que también se puede imponer cuando a juicio de Sernageomin, atendida la naturaleza de la infracción y los perjuicios que se hayan ocasionado o se puedan causar, se trate de infracciones graves.

Expresa que Sernageomin constituye el organismo con competencia técnica en materia de fiscalización de la normativa sobre seguridad minera y está dotado de atribuciones vinculadas a la aprobación de proyectos de explotación, la inspección y fiscalización de éstos, la imposición de medidas correctivas y la aplicación de sanciones.

En otro orden de ideas, refiere que la Ley N° 20.551 regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, y en su artículo 5° prevé “Autoridad competente y funciones. El Servicio es el órgano de la Administración del Estado encargado de revisar y aprobar sectorialmente los aspectos técnicos de los planes de cierre de faenas mineras y sus actualizaciones, como asimismo velar por el cumplimiento de las obligaciones de la empresa minera causadas por los planes de cierre aprobados. Tendrá las facultades de supervigilancia y fiscalización que establece la ley.

Al Servicio le corresponderán las siguientes funciones y atribuciones:

[…]

e) Disponer, en caso que las medidas comprometidas en el plan de cierre no fueren ejecutadas o lo fueren de manera imperfecta, las acciones necesarias para que la garantía otorgada se aplique íntegramente a la ejecución del plan de cierre.

f) Ordenar la ejecución de medidas correctivas para los casos de incumplimiento del plan de cierre.”

“Artículo 38.- Ejercicio de la fiscalización. Las facultades de fiscalización deberán ser ejercidas de acuerdo al principio de probidad administrativa y con racionalidad.

[…]

En caso de negativa de acceso a la faena minera el Director podrá solicitar, previa resolución fundada, el auxilio de la fuerza pública.”

También se refiere en su informe a la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y Dictámenes de la Contraloría General de la República, de donde se desprende que a éstos les compete velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes, como también requerir el auxilio de la fuerza pública, en conformidad con la ley.

En lo relativo a las atribuciones de los gobernadores, el inciso primero del artículo 116 del Texto Supremo señala que en cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente y estará a cargo de un gobernador. El contenido de este precepto es reiterado por el inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.175.

A continuación, las letras a) y d) del inciso segundo del artículo 4° del referido cuerpo legal previenen que el gobernador ejercerá las tareas de gobierno interior en la respectiva provincia, especialmente las destinadas a mantener el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes, como asimismo requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo con la ley.”3 Por otra parte, señala que el recurso es improcedente por no configurarse ninguno de los presupuestos constitucionales para darle lugar. Se ha resuelto que el recurso de protección es una técnica de protección de garantías constitucionales que supone, para dar lugar a él en un caso concreto, que se haya acreditado: a) una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho constitucional de los enumerados en el referido artículo 20; c) relación de causa a efecto entre la acción u omisión ilegal o arbitraria y el agravio al derecho fundamental en forma que este último pueda considerarse como la consecuencia o resultado de aquel comportamiento antijurídico.” (Excma. Corte Suprema, 22 de junio de 1988, R.D.J. Tomo 85, Sección 5ª, pág. 217).

Asevera que en estos autos, se acciona de protección porque a juicio de la recurrente existe una omisión de Sernageomin al no tomar medidas asociadas al orden público, no solicitar el auxilio de la fuerza pública por la comisión de actos ilegales, pasando por alto que la recurrida no tiene habilitación para ello, y, además, los hechos como reconoce la recurrente están en conocimiento de los entes competentes.

Sobre el particular, dice que si no existe una garantía constitucional agraviada no puede darse lugar al recurso deducido aunque, hipotéticamente, la pretendida omisión pudiere tacharse de ilegal o arbitrario. Dicho de otro modo, la sola ilegalidad o arbitrariedad de la omisión –cuestión que niega- no trae aparejada por sí sola la afectación a una garantía constitucional protegida, en tanto no se demuestre relación de causalidad entre la omisión que se estima ilegal o arbitrario y el agravio a la garantía constitucional.

Lo anterior implica, como por demás aparece evidente de los antecedentes de estos autos, que no existe relación causal entre la falta de actuación atribuida a Sernageomin y el agravio al derecho constitucional que invoca la recurrente.

Acusa que el recurso deducido es improcedente porque excede el ámbito propio de esta garantía constitucional, y esta no sería la sede para determinar si Sernageomin está habilitado para requerir el auxilio de la fuerza pública.

Indica que el recurrente emite una serie de juicios y apreciaciones respecto a la falta de actividad o pasividad del servicio, lo que claramente es falso según se verifica de los documentos acompañados.

La comprobación de tales hipótesis jurídicas no demostradas, no es una materia propia de un recurso de protección. Insiste que no procede, en conocimiento de una acción como la de la especie, entrar a dirimir si Sernageomin es o no competente para cumplir con el restablecimiento del orden público o requerir su auxilio.

Arguye que no corresponde que por el ejercicio de la acción de protección, se intervenga en competencias que se han determinado como propias de los entes legalmente habilitados.

Puntualiza que las atribuciones que poseen los organismos de la Administración del Estado se encuentran establecidas por el legislador, y como todo órgano público se deben regir por el principio de la competencia en cuanto al desarrollo de sus actividades, citando el artículo 7° de la Constitución Política del Estado.

Por ello, determina, también, la necesidad de rechazar la acción intentada, el que se pretenda, por el ejercicio de la acción de protección, intervenir en competencias que se han determinado como propias de los entes responsables del orden público y/o del requerimiento del auxilio de la fuerza pública.

Manifiesta que las aseveraciones de la recurrente sobre la existencia de una omisión ilegal de la recurrida son erradas, y con la documentación que se adjunta al informe se deduce que su representada ha cumplido cabalmente con su función legal atribuida, en tiempo y forma.

Finalmente, la actividad del Sernageomin que echa en falta la actora, el restablecimiento del orden público, es materialmente imposible.

En cuanto a la garantía fundamental que se estima afectada, no existe un fundamento lógico, antecedente alguno y además verificable, sobre la afectación del derecho, debido a que la esbozada conculcación que asevera la recurrente estaría ocurriendo con un actuar que no puede imponerse a la recurrida, lo que no ha sido claramente advertido y las aseveraciones que se han expresado, se basan exclusivamente en juicios de opinión sin fundamento técnico ni jurídico por parte de la recurrente.

Acompaña: 1. Resolución Exenta N° 1.555/2020, del Director Nacional de SERNAGEOMIN; 2. Of. Ord. N° 1.175/2020, del Director Regional de Coquimbo de SERNAGEOMIN; 3. Of. Ord. N° 1.836/2020, del Director Regional de Coquimbo de SERNAGEOMIN; 4. Of. Ord. N° 2.464/2020, del Director Regional de Coquimbo de SERNAGEOMIN; 5. Acta de fiscalización de fecha 02 de octubre de 2020, y; 6. Acta de fiscalización de fecha 15 de octubre de 2020.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, una lectura atenta del libelo de la actora, cuyos fundamentos y peticiones concretas fueron reiteradas por su mandatario judicial ante estrados, permite esclarecer que la acción de protección se encuentra enderezada para exigir del Servicio Nacional de Geología y Minería que proceda a adoptar las medidas correctivas eficaces para el resguardo de la vida de los ocupantes ilegales del pique minero Tres Perlas y de otros sectores del proyecto minero de Empresa Minera Dayton, que se encuentra en proceso de compra por la recurrente en procedimiento concursal de liquidación voluntaria de sus activos, seguido ante el Juzgado de Letras de Andacollo, los que individualiza en un número de ochenta y ocho, a quienes estima autores de delito flagrante de hurto de minerales, medidas éstas que se traducirían en el desalojo de dichas personas con auxilio de fuerza pública –preferentemente personal de la PDI- hasta su completo y total abandono, de modo de permitir a la empresa recurrente proceder a barrenar y sellar los piques y accesos para prevenir acciones futuras similares.

QUINTO: Que, a fin de dilucidar respecto de la conducta omisiva infractora de deberes legales (ilegal) y arbitraria que se endilga a la recurrida, se deberá dejar consignado, previamente, que, como se sabe, por mandato de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, los órganos del Estado deben someter su acción a dicho carta fundamental y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República; que tales órganos actúan, a su vez, plena investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Se configura así el llamado principio de legalidad que rige el actuar de los órganos de la Administración, reiterado en el artículo 2° de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado.

SEXTO: Que, el Decreto Ley 3525 de 20 de diciembre de 1080, que constituye la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería —también Sernageomim—, por su artículo 1° dispone:”Créase el Servicio Nacional de Geología y Minería, organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Minería, y cuyo objeto será servir de asesor técnico especializado de dicho Ministerio en materias relacionadas con la geología y minería y desempeñar las funciones que le señale el presente decreto ley. Estableciéndose, además, que será el continuador y sucesor legal del Servicio de Minas del Estado y del Instituto de Investigaciones Geológicas, respectivamente.

Por su artículo 2°, se consignan como funciones del dicho servicio, entre otras: 1.-Asesorar al Ministerio de Minería en materias relacionadas con geología y minería; 2.-Elaborar la carta geológica de Chile y las cartas temáticas básicas como tectónicas, metalogénicas y otras que la complementan y efectuar la investigación geológica correspondiente; 3.- mantener y difundir información sobre la existencia, desarrollo y conservación de los recursos minerales del país; 6.- Levantar y mantener el catastro minero nacional y el rol de minas del país; ejecutar las mensuras de las pertenencias y concesiones mineras de acuerdo con el inciso primero del artículo 52° del Código de Minería, e informar sobre problemas técnicos que se presenten relativos a su ubicación; 7.- Confeccionar la estadística minera del país, el inventario de las reservas minerales y mantenerlos actualizados y difundir la información respectiva; 8.- Velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores; proponer la dictación de normas que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad en las actividades mineras de acuerdo con los avances técnicos y científicos; y requerir información sobre los programas y cursos de capacitación e informar a los trabajadores que se desempeñan en la industria extractiva; 9.- Cumplir con las funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le asignen en la fiscalización del abastecimiento, distribución, almacenamiento y uso de los explosivos destinados a las actividades mineras; 10.- Controlar la idoneidad del personal que trabaja con explosivos y del de supervisores de prevención de riesgos y seguridad minera; 11.- Celebrar convenios con el objeto de obtener asistencia técnica, y para prestar servicios y efectuar estudios, investigaciones y asesoramientos técnicos, en forma remunerada, sobre cualquier materia de carácter geológico y minero; 12.- Recopilar todos los datos geológicos y mineros disponibles de uso general y mantener actualizado un Archivo Nacional Geológico y Minero, y que personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad minera pueden acceder al mismo; 15.- Otorgar, certificados de origen y calidad de productos mineros que se destinen a la exportación; y 16.- Requerir, conforme al artículo 21 del Código de Minería, a toda persona que realice o haya realizado, por sí o a través de terceros, trabajos de exploración geológica básica, la entrega de la información de carácter general que al respecto obtenga, y sancionar con la multa que se indica a quien incumpla con dicho requerimiento.

A su turno, en el Reglamento de Seguridad Minera, contenido en el Decreto 132 de 7 de febrero de 2004, se establece por su artículo 1° que dicha normativa tiene como objetivo establecer el marco regulatorio general al que deben someterse las faenas de la Industria Extractiva Minera Nacional para proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha Industria y de aquellas que bajo circunstancias específicas y definidas están ligadas a ella, y para proteger, también, las instalaciones e infraestructura que hacen posible las operaciones mineras, y por ende, la continuidad de sus procesos. Luego, por su artículo 4 se otorga al Servicio Nacional de Geología y Minería, la competencia general y exclusiva en la aplicación y fiscalización del cumplimiento de dicho Reglamento, para lo cual, en otras de sus disposiciones se lo provee de facultades específicas de inspección y evaluación, de aplicación de procedimientos correctivos, de aprobación del método de explotación, de sus modificaciones posteriores y del plan de cierre de la faena minera, y de facultades sancionatorias en base a la aplicación de multas (Arts. 13, letras a) y c, 16 a 22, 590 y ss.).

Por último, la Ley N° 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, erige a este servicio como el órgano de la Administración del Estado encargado de revisar y aprobar sectorialmente los aspectos técnicos de los planes de cierre de faenas mineras y sus actualizaciones, como asimismo velar por el cumplimiento de las obligaciones de la empresa minera causadas por los planes de cierre aprobados, con las facultades de supervigilancia y fiscalización que establece la ley.

SÉPTIMO: Que, del compendio de normas transcritas, se avizora claramente que las funciones del Servicio Nacional de Geología y Minería, en lo referido a la actividad minera propiamente tal, se encuentran circunscritas a funciones de asesoría técnica especializada que otorga al Ministerio de Minería, en la regimentación, fiscalización y control de dicha actividad, desde sus inicios hasta su término y cierre de faenas, con facultades de fiscalización determinadas y con un poder sancionatorio acotado a la aplicación de multas. Es además, un perito obligado en el procedimiento de constitución de la propiedad minera conforme al Código de Minería.

OCTAVO: Que, la actividad minera llevada a cabo por las personas en cuyo favor interpone su acción la actora —so pretexto de proteger su vida e integridad física—, no corresponde a una de tipo extractiva aprobada y sometida al control y fiscalización de la autoridad minera, sino que es una actividad de carácter ilícito, que la misma recurrente ha calificado constitutiva de delito flagrante de hurto de minerales, por lo que su fiscalización, control y corrección resulta ajena a la recurrida, siendo ello más bien propio de otras sedes estatales, a cargo de labores de policía, de control del orden público, de otorgar soluciones a problemáticas sociales o de persecución de los delitos.

NOVENO: Que, así, no resulta posible exigir del Sernageomin una actividad distinta de aquellas en las que sí se demanda su poder fiscalizador, que es la actividad minera previamente autorizada y sometida a la reglamentación minera tanto del Código de Minería, como de su reglamento, así como a las normas de policía y seguridad minera contenidas en el reglamento de seguridad minera antes aludido y en otras normativas técnicas que pudieren dictarse al efecto, como las relativas al cierre de la faena, en que extraordinariamente se le otorga la facultad de ingreso con fuerza pública a una faena, en el contexto de la ley 20.551.

DÉCIMO: Que, encontrándose obligada la recurrida a actuar dentro de la esfera de competencias que ha establecido su ley orgánica y reglamento, de acuerdo a los mandatos constitucionales precedentemente citados que consagran el principio de legalidad al que deben sujetarse en su actuar los órganos de la administración estatal, es claro que no ha incurrido en una omisión ilegal o arbitraria al no haber impetrado el auxilio de la fuerza pública para desalojar a los ocupantes transitorios de los piques mineros del proyecto minero en proceso de adquisición por la recurrente, con ocasión de las actividades extractivas ilícitas que supuestamente éstos allí realizan, con lo que ha de compartirse la alegación de la recurrida en cuanto a carecer de legitimación pasiva el Servicio Nacional de Geología y Minería para ser emplazada en los términos de la acción de protección, lo que debe conducir indefectiblemente al rechazo de ésta, sin mas, por este solo capítulo de impugnación ejercido por la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Ignacio García Morales, en representación de Compañía Minera e Inmobiliaria Los Dragones SpA, y en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Redactada por el Ministro Suplente Juan Carlos Espinosa.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1813-2020 Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señora nombre reservado y el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.