nombre reservado con GENDARMERÍA DE CHILE DIRECCIÓN REGIONAL II REGION

nombre reservado

Gendarmería de Chile Dirección Regional II Región Recurso de Protección Rol N° 1812-2016.- La Serena, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece doña Rocío Tabilo Barahona, abogada, en representación de don nombre reservado, chileno, soltero, Cédula Nacional de Identidad número RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Director Regional de la Cuarta Región de Gendarmería de Chile, don Jaime Rojas Flores, por haberse dictado la Resolución TRA N°142/307/2016 de 07/09/2016 emitida por Gendarmería de Chile, cuya toma de razón por parte de la Contraloría de República es de fecha 07 de septiembre de 2016, notificada al recurrente con fecha 26 de septiembre de 2016, en la ciudad de La Serena, solicitando que esta Corte conozca y acoja el presente recurso y que ejerciendo sus potestades cautelares, deje sin efecto el acto administrativo antes señalado, por las razones de hecho y de derecho que expresa:

La Resolución TRA N°142/307/2016, de fecha 07/09/2016 emitida por Gendarmería de Chile, resuelve declarar vacante el cargo del recurrente por salud incompatible, a contar de la notificación de la total tramitación de dicho acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

La resolución fue notificada con fecha 26 de septiembre de 2016, comenzando a cumplirse sus efectos, por el acta de notificación de la misma fecha, que se acompaña en un otrosí de esta presentación, realizada por el jefe del Complejo penitenciario de la Ciudad de La Serena, Coronel don nombre reservado.

Cabe mencionar primeramente que, las ausencias en el cumplimiento de las funciones del recurrente se debieron a razones exclusivamente de salud temporales, las cuales con sus pertinentes tratamientos han sido subsanadas, ante lo cual la declaración de salud incompatible con el cargo que desempeñaba fielmente hasta la fecha de la notificación de la resolución TRA N°142/307/2016 de fecha 07/09/2016 emitida por Gendarmería de Chile, resulta del todo arbitraria e ilegal.

Si bien, en el periodo comprendido entre el día 09 de agosto de 2014 hasta la fecha de la resolución administrativa, el recurrente acumuló 215 días de licencias médicas, ello no se traduce en un abuso sistemático del derecho que le asiste a ausentarse debidamente justificado, como se pretende entrever con la resolución, lo que se aparta absolutamente de la realidad.‑ De manera resumida se pasa a exponer las situaciones que han llevado al recurrente a ausentarse en tales términos: En el mes de junio 2011 sufrió su primera pérdida importante a nivel emocional, con el fallecimiento de su padre, razón por la cual buscó la ayuda y apoyo profesional competente para arribar de dicha situación.

Posteriormente, en el mes de noviembre de 2013 sufre una segunda pérdida familiar, su hijo no nato, el que estuviera en el séptimo mes de gestación, fallece por complicaciones, situación que le produjo graves perjuicios a nivel emocional, pero de igual forma que la anterior ha sabido manejar, con el apoyo y tratamiento necesario. Por cuanto hoy se vislumbra, como lo señalan los antecedentes que se acompañan, como un funcionario apto para el desarrollo de sus funciones, situación que se certifica por el especialista psicólogo don nombre reservado, con fecha 20 de octubre de 2016.‑ Reafirma lo antes expuesto la asistente social de personal de Gendarmería de Chile de la Región de Coquimbo doña nombre reservado, en su “Informe Social para ser presentado ante autoridad institucional”, el que concluye primordialmente que resultado de estas pérdidas familiares directas, se originaron malestares no crónicos al recurrente, lo que se tradujo en la presentación de licencias médicas esporádicas.

Cabe descartar, que otro acápite de licencias médicas fue otorgado por malestares de tipo físicos, que se produjeron directamente por la realización de sus funciones como gendarme.

Así, en el Complejo penitenciario de Huachalalume de la ciudad de La Serena, desarrolló funciones como portero, que conlleva la manipulación de una estructura de metal pesado, lo que por la permanencia desmedida en tal puesto le produjo un síndrome lumbociático, el que fue tratado en su oportunidad. Esto queda establecido por el certificado de fecha 19 de octubre de 2016, extendido por su médico cirujano tratante don nombre reservado

nombre reservado, quien manifiesta expresamente que durante el año 2016 al paciente nombre reservado, le otorgó licencias médicas por el síndrome lumbociático, y que en la actualidad dicho paciente se encuentra sano y en condiciones de cumplir con sus funciones como gendarme.

En consecuencia, la desvinculación del recurrente de la institución de Gendarmería de Chile, por concepto de salud incompatible se alza como una resolución arbitraria que vulnera sus garantías fundamentales.

En el contexto temporal, con fecha 09 de julio de 2016, se le informó al recurrente un traslado sorpresivo e injustificado, como un "castigo" por la presentación de licencias médicas, donde se pone a disposición del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe para cumplir funciones en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, donde debía presentarse el día lunes 11 de julio de 2016, lo cual realizó de manera oportuna y responsable, hasta la fecha en que se le notificó la vacancia de su cargo por Salud incompatible con el cargo.

En aquel recinto, conforme a lo que informaba su traslado sólo debía prestar funciones por el período de un mes, lo que no fue cumplido por la institución, pues el recurrente hasta el momento de la notificación de la resolución, esto es, el día 26 de septiembre de 2016, seguía cumpliendo sus labores en aquel lugar, y que por tratarse de un establecimiento psiquiátrico, es de alto impacto emocional y de difícil cometido, pero que lo realizó sin reclamo alguno.

En lo que atañe al derecho, ha de señalarse que, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; y, d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Pues bien, el acto reprochado en este caso corresponde a la Resolución TRA N°142/307/2016 de 07/09/2016 emitido por Gendarmería de Chile, cuya toma de razón por parte de la Contraloría de Republica es de fecha 07 de septiembre de 2016, suscrita por el Director Nacional don Jaime Rojas Flores, que resuelve; declarar vacante por salud incompatible, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: don nombre reservado, RUT: RUT reservado, Gendarme 1°, grado 22°, escala de remuneraciones, de la Planta de Oficiales Penitenciarios, con jornada de 44 horas semanales, del servicio de Gendarmería de Chile.

La Resolución TRA N°142/307/2016 es de fecha 07/09/2016 emitida por Gendarmería de Chile, es arbitraria carente de todo sustento y justificación, a la luz de los antecedentes expuestos, ello se evidencia, al leerla, puesto que no posee fundamento plausible para aplicar sin más, la grave decisión que en ella se contiene.

Compuesta de un considerando, que sólo hace referencia a las siguientes normas: artículos 150° letra a) y 151° del DFL N°29 del 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, sobre Estatuto administrativo; la ley 20.426 de 20 de marzo de 2010, que Moderniza Gendarmería de Chile; el DFL N°1-2016 de Justicia, que fija y modifica las Plantas de Gendarmería de Chile de fecha 10 de noviembre de 2010; y resolución 1600 de 2008, de Contraloría General de la República, y agrega las razones de buen servicio y un informe del Departamento de Recurso Humanos, al cual no se ha tenido acceso. No explicitándose razones suficientes para declarar la vacancia del cargo del recurrente por salud incompatible. Aún más, constando a la institución que el recurrente ha cumplido sus labores de manera íntegra, a pesar de las dificultades que ha tenido que sortear, sin la presentación de nuevas licencias médicas y dejando constancia de sus tratamientos.

El acto emitido por el Director Regional de Gendarmería se ha revestido de una discrecionalidad que escapa de los márgenes legales, provocando graves perjuicios a las garantías fundamentales del recurrente.

Así pues, es erróneo interpretar el ejercicio de la facultad del artículo 151 del Estatuto Administrativo como discrecional puramente, al disponer que "El jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable". Pues, para su legítimo ejercicio, resulta indispensable que el acto que la consuma satisfaga las condiciones exigibles a todo acto de autoridad, de fundamentación y sustento en un proceso ajustado a derecho.

En este sentido ha razonado la Excma. Corte Suprema en su sentencia de fecha 06 de mayo de 2011, (Rol 1344-2011), que trata la fundamentación que requieren los actos administrativos, referente a una norma con facultades discrecionales, muy similares a las contenidas en al artículo 151 del estatuto Administrativo.

En este mismo orden, el artículo 11 inciso 2° de la ley 19.880 indica que, "Los Hechos y Fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos". En una interpretación, armoniosa con la realidad y la igualdad de trato que como individuos emanada de nuestra dignidad y que ha impregnado las interpretaciones actuales del derecho, debemos entender esta normativa completamente aplicable.

Queda en evidencia, que en una decisión de vital importancia para el recurrente, como es la declaración de salud incompatible, debió ser fundamentada pertinentemente, pues afecta directamente sus garantías en su estabilidad laboral, emocional y familiar.

Además de los argumentos esgrimidos de la ilegalidad de la resolución TRA N°142/307/2016 es de fecha 07/09/2016 emitida por Gendarmería de Chile, resulta manifiestamente arbitraria, pues al carecer del fundamento que la leyes exigen se torna una decisión meramente potestativa, lo cual está vedado para el Estado de Derecho en que vivimos. Puesto que, la sola invocación de las normas, no resulta suficiente para sostener la decisión tomada por la institución, y que tiene graves y perniciosas consecuencias para el recurrente en su ámbito laboral, funcionario y familiar.

De lo antes expuesto se concluye que la resolución Tra. N°142/307/2016 de fecha 07/09/2016 emitida por Gendarmería de Chile, afecta directamente un conjunto de garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Política de La Republica.

En primer término, este acto administrativo vulnera el derecho a la integridad física y psíquica contenida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de República, puesto que al declarar el Director Nacional de Gendarmería vacante el cargo por salud incompatible con el servicio, lo hace cuando el recurrente está cumpliendo de manera óptima sus funciones en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe donde fue destinado para cumplir funciones en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, a pesar de ser un lugar hostil para cumplimiento de sus funciones y lejano de su grupo familiar.‑ Cabe señalar, que con los antecedentes aportados, se puede concluir con toda seguridad que el recurrente se encuentra bajo los tratamientos pertinentes, subsanando así las molestias esporádicas que lo llevaron a ausentarse de su trabajo de modo debidamente justificado.

Por ende, se expone su integridad física y psíquica al despojar al recurrente de su cargo y sustento económico.‑ A su vez, se ha vulnerado su derecho de igualdad ante la ley e interdicción de la arbitrariedad, del articulo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, el que prohíbe a la autoridad a establecer diferencias arbitrarias. En este sentido, con la emisión y notificación de la resolución Tra. N°142/307/2016, carente de todo fundamento, se le ha impuesto una sanción arbitraria.

Se ha vulnerado igualmente al derecho al debido proceso, expresado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, del que se desprende que: "el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso".

En base a este concepto, se ha vulnerado por la autoridad administrativa el debido proceso, pues no existe un procedimiento que haya calificado la naturaleza de las licencias médicas otorgadas al recurrente, que hicieran procedente la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, el que señala en su inciso 1°, que " El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable".

Empero en su inciso 2° prescribe que; "No se considerará para el cómputo Ley 18.834, de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo". Estas corresponden a licencias médicas otorgadas producto de enfermedades originadas a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones, cuestión que no ha sido comprobada acuciosamente por Gendarmería de Chile, para fundamentar la decisión de aplicar al recurrente tal normativa. Es más, como se señaló precedentemente, éste último sufre de un síndrome lumbociático, que se le produjo con ocasión de sus labores en el sector del portón en el recinto penitenciario dela ciudad de La Serena.

Por ende, se ha vulnerado manifiestamente el derecho al debido proceso del recurrente, dictando la autoridad una resolución sin fundamentos y en ausencia de un proceso racional y justo, por lo que debe ser restablecido el imperio del derecho dejando sin efecto la resolución Tra. N° 142/307/2016, dictada por Gendarmería de Chile.‑ Del mismo modo, la Carta Fundamental en su artículo 19 N°16 garantiza la estabilidad laboral en el empleo, que en el caso de los funcionarios públicos sólo puede ser limitada por causas legales, por cuanto es posible señalar que contrariamente a lo señalado por el señor Director Nacional de Gendarmería para declarar la vacancia del cargo público del recurrente, es necesario acreditar la existencia de la causal que se invoca en la resolución con argumentos sólidos e incuestionables, que permitan dar seguridad jurídica y administrativa a los actos de la Administración del Estado, y que en el caso de marras no se ha dado cumplimiento.

Conforme a lo antes expuesto, ha quedado evidenciado, que la dictación y notificación la resolución TRA N°142/307/2016 de fecha 07/09/2016, resulta del todo perjudicial al recurrente, además de carecer de todo fundamento, por cuanto existen antecedentes que avalan su situación actual y efectiva, que no se condice con lo que ha querido establecer la autoridad, esto es, salud incompatible con su cargo.

Finalmente, se vulneró el derecho de propiedad Del recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, respecto del cargo y remuneraciones de don nombre reservado, correspondiente al de Gendarme 1°, grado 22°, escala de remuneraciones, de la Planta de Oficiales Penitenciarios, con jornada de 44 horas semanales, del servicio de Gendarmería de Chile, pues la constituir la decisión de la autoridad un acto arbitrario, carente de razonabilidad, se le ha privado de ejercer de forma legítima su empleo, al cual tiene derecho por ser funcionario de planta de la institución, por lo que detenta ese cargo en propiedad, por lo cual se debe reincorporar a sus funciones con sus debidas remuneraciones.

En virtud de lo expuesto, solicitó tener por interpuesto recurso de protección constitucional en favor del recurrente, admitirlo a tramitación, darle curso y con su mérito, acogerlo y declarar la arbitrariedad e ilegalidad de la Resolución TRA N°142/307/2016 de 07/09/2016 emitida por Gendarmería de Chile, cuya toma de razón por parte de la Contraloría de Republica es de fecha 07 de septiembre de 2016, suscrita por el Director Regional don Jaime Rojas Flores, ordenado dejarla sin efecto, reincorporando a don nombre reservado a sus funciones, todo ello con costas.

Informando la abogada Jessica Verónica Vargas Gallardo, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de Gendarmería de Chile, Dirección Regional de Coquimbo, de su mismo domicilio, según acredita, señaló:

Que doña Rocío Tabilo Barahona, abogada, ha comparecido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, en representación de don nombre reservado, señalando que se recurre de Protección en contra de la Resolución Trámite N° 142/307/2016 de fecha 07/09/2016, que declara vacante el cargo del ex funcionario de Gendarmería de Chile, nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, quien cumplía funciones en el Complejo Penitenciario de La Serena, por salud incompatible. Que la recurrente señala que la resolución recurrida es del todo arbitraria e ilegal, puesto que la salud del funcionario protegido se encuentra apta para cumplir sus funciones como gendarme, puesto que las veces que su representado ha hecho uso de licencias médicas éstas han sido debidamente justificadas, en relación a lamentables pérdidas familiares que había tenido durante los años 2011 y 2013, sumado a una situación de salud física durante el año 2016, en la que le afectó un síndrome lumbociátíco, funcionario que posteriormente fue evaluado como sano y en condiciones de cumplir con sus funciones como gendarme, razón por la cual se indica en el presente recurso que la decisión de llamar a retiro al funcionario nombre reservado, es arbitraria y carente de todo sustento y justificación, puesto que las normas que se citan en la Resolución Trámite N° 142/307/2016, no son suficientes para haber tomado una determinación tan grave que afecta al funcionado protegido.

Que solicitados los antecedentes a la Jefatura del CP de La Serena, estos informan que efectivamente el ex funcionario nombre reservado cumplía funciones en el Complejo Penitenciario de La Serena, en el grado de Gendarme Primero. El mencionado ex funcionario comenzó a cumplir sus funciones en la ya indicada Unidad Penal a partir del 01/01/2010, siendo destinado en varias ocasiones a otras Unidades Penales dentro de la Región, por necesidades del servicio, las que nunca respondieron a "castigos" como lo ha señalado la recurrente. Es así como se le envió en cometido funcional en la Unidad Especial Psiquiátrica Forense de Putaendo, por estricta necesidad del servicio.

Que durante el ejercido de las funciones del Gendarme Primero nombre reservado, ha presentado, según da cuenta su Hoja de Vida, licencias médicas desde el mismo año de ingreso a la Unidad Penal en la que se encontraba cumpliendo funciones, esto es el año 2010, durante el cual en constantes ocasiones presenta licencias médicas, mucho antes de los sucesos de pérdidas familiares importantes, en las cuales la recurrente justifica la cantidad de licencias que el ex funcionario ha presentado.

Que posterior a los hechos ocurridos con sus familiares fallecidos, el ex funcionario protegido continuó haciendo uso indiscriminado de licencias médicas, las que solamente desde el período comprendido entre el 9 de Agosto de 2014 y hasta la fecha de la Resolución Trámite N° 142/307/2016, esto es 26/08/2016, ha sumado un total de 215 días de Licencias Médicas del tipo 1, razón por la cual se determinó que el protegido incurrió en la causal señalada en el artículo 150 a) y 151 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, hecho que la misma recurrente reconoce en su libelo pretensor, tratando de justificar el abuso del sistema que este ex Funcionario realizó no solamente por el período que fue tomado en cuenta para la declaración de vacancia de su cargo, lo que sumó un período superior a seis meses en los últimos dos años, facultando la ley al Jefe Superior del Servicio a declarar como incompatible la salud del funcionario y por ende la vacancia del cargo.

Que esta parte debe hacer presente, que la recurrida actuó conforme a la normativa vigente, puesto que de la Resolución que declara vacante el cargo del gendarme primero nombre reservado, la Contraloría General de la República Toma Razón de dicho acto administrativo, el cual cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, tanto de forma como de fondo, sin ser un acto arbitrario e ilegal como pretende llamarlo la contraria. En atención a lo expuesto solicitó el rechazo del Recurso de Protección de autos, en todas sus partes y disponer su archivo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese atributo.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes – protegidas, consideración que resulta básica para el examen y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que son hechos que interesan a la controversia, que se desprenden de lo expuesto en sus escritos de recurso y de informe y que aparecen corroborados por antecedentes allegados por recurrente y recurrida, los siguientes: a) Que el recurrente desempeñaba el cargo de Gendarme Primero, grado 22 de la Escala Única de Remuneraciones, de la Planta de Oficiales Penitenciarios, con jornada de 44 horas semanales, del Servicio de Gendarmería de Chile, en el Complejo Penitenciario de La Serena; b) Que dicho recurrente en el período comprendido entre el 9 de agosto de 2014 y hasta el 7 de septiembre de 2016, hizo uso de un total de 215 días de licencias médicas; c) Que con fecha 7 de septiembre de 2016 se dictó la Resolución TRA N° 142/307/2016 del Director Nacional de Gendarmería de Chile que declaró vacante el cargo del funcionario antes mencionado, por salud incompatible, a contar de la notificación de la total tramitación de dicho acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; d) Que la resolución anteriormente citada fue notificada al recurrente con fecha 26 de septiembre de 2016.

CUARTO: Que ha señalado el recurrente que las razones que lo han llevado a ausentarse del servicio fueron causadas por la afectación emocional que le produjo el fallecimiento de su padre en junio de 2011 y después el fallecimiento de un hijo al nacer, lo que ocurrió en noviembre de 2013. En orden a acreditar estas afirmaciones, acompañó a su escrito de recurso los siguientes antecedentes: a) Informe de nombre reservado, asistente Social de Personal Regional, Región Coquimbo, de Gendarmería de Chile, quien se refiere a la situación social del recurrente, señalando que ha solicitado el informe en atención a la desvinculación del servicio y refiere que en noviembre de 2013 el funcionario sufrió la pérdida de un hijo al momento del parto por asfixia perinatal, lo que gatilló un período de decaimiento y conflicto con su pareja, siendo intervenido por un lapso de un año y medio en forma intermitente, lo que termina con la separación de la pareja, lo que afectó emocionalmente al funcionario, padeciendo malestares esporádicos, que se tradujeron en licencias cortas y reiteradas. Agrega que el funcionario no prestó adherencia al tratamiento psicológico, aduciendo que el proceso lo llevaría a cabo bajo su credo religioso. En este contexto, es que no ha desarrollado de manera adecuada el duelo por la pérdida de su hijo. A esto se agrega otra variable que dice relación con la separación de su pareja, que afectara sobremanera al informado; b) Certificado del psicólogo nombre reservado, quien expresa que el recurrente se encuentra en tratamiento diagnosticado con trastorno de ánimo depresivo, gatillado por fallecimiento de su padre (julio 2011) y posteriormente su hijo (noviembre de 2013), situaciones que en su momento no fueron trabajadas con apoyo psicológico o médico.

QUINTO: Que haciendo la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica respecto de los antecedentes anteriores, se llega a las conclusiones siguientes: a) Al instrumento de la letra a, no es posible concederle valor probatorio en cuanto al hecho que trata de acreditar con el mismo el reclamante, en atención a que se trata del informe de una asistente social que se limita a relatar lo que le ha contado el mismo recurrente; b) En cuanto al instrumento de la letra b tampoco es posible concederle el valor probatorio que pretende asignarle el recurrente, atendidos los términos generales en que aparece extendido y además por resultar contradictorio con lo que está reconocido en autos, en cuanto a haber tenido 215 días de licencias médicas dentro del período de dos años que indica, lo que no se concilia con lo que expresa el certificado, en cuanto a no haber contado con apoyo médico.

SEXTO: Que el recurrente en orden a probar su afirmación de que parte de las licencias médicas de que hizo uso correspondieron a una afección lumbociática, que le ocasionó su trabajo como gendarme en un momento que se le asignó el trabajo de portero de la unidad penal, allegó a los autos un documento que se presenta como un certificado médico emanado del doctor nombre reservado, de fecha 19 de octubre de 2016, que afirma haberle concedido licencia producto de dicha afección. Este instrumento, atendida su falta de precisión en cuanto a la época y número de días por los cuales se habría concedido licencia, tampoco es posible concederle valor probatorio.

SÉPTIMO: Que alegó el recurrente que la resolución impugnada carecía de fundamentación, afirmación que con la sola lectura de la resolución en referencia se hace preciso descartar, constatándose que contiene fundamentos de hecho y de derecho, citando en cuanto a éstos últimos las normas de los artículos 150 letra a) y 151 del DFL N° 29 de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la Ley 20.426 de 20 de marzo de 2010 que moderniza Gendarmería, el DFL 1-2010, que fija y modifica las plantas de Gendarmería de Chile, de 10 de noviembre de 2010 y la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República. Por otra parte en cuanto a fundamentos de hecho cita razones de buen servicio y el informe del Departamento de Recursos Humanos, el cual señala que el referido funcionario para el período entre el 9 de agosto de 2014 y hasta la fecha de la presente resolución suma un total de 215 días de licencias médicas del Tipo 1.

OCTAVO: Que de lo anteriormente referido ha de necesariamente concluirse que al proceder a la dictación de la Resolución impugnada la autoridad superior de Gendarmería de Chile, no incurrió en ilegalidad alguna, ya que se ajustó estrictamente a hacer uso de lo que le facultaban los artículos 150 letra a y 151 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en el caso de la situación fáctica que se presentaba con relación al recurrente. Tampoco es posible ver que se haya cometido alguna arbitrariedad en este caso, ya que la Resolución en referencia no tomó por base el mero capricho de la autoridad que la dictaba, sino la situación contemplada en la ley que permitía resolver de la manera en que se hizo.

NOVENO: Que ha manifestado el recurrente que la resolución impugnada ha vulnerado su integridad física y psíquica, contemplada en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política, al despojarlo de su cargo de gendarme 1°, grado 22 de la Escala Única de Remuneraciones de la Planta de Oficiales Penitenciarios. No habiéndose, sin embargo, rendido prueba alguna para sustentar tales afirmaciones, resulta forzoso concluir en el sentido de que la existencia de tal afectación de derechos ha de ser desestimada.

DÉCIMO: Que señala el recurrente que la dictación de la Resolución impugnada afectó en su perjuicio la garantía de la Igualdad ante la Ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. Frente a esta alegación debe tenerse en cuenta que no se ha dicho, ni acreditado, por el recurrente que la autoridad administrativa en algún otro caso en que se presentaran iguales circunstancias que en el presente se hubiera procedido de distinta manera, por lo que se habrá de desechar también esta alegación.

UNDÉCIMO: Que afirma el recurrente que con la dictación de la resolución impugnada se ha afectado en su perjuicio la garantía constitucional del debido proceso, contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. Ante este planteamiento debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en que se limita el recurso de protección al inciso 5° del N° 3 del artículo 19 de dicha carta, que se refiere solamente a la garantía de no poder ser juzgado por comisiones especiales, de lo que se desprende que las afectaciones al debido proceso no pueden ser reclamadas por la vía del recurso de protección.

DUODÉCIMO: Que sostiene el recurrente que con la dictación de la resolución impugnada, se ha vulnerado en su perjuicio la garantía contemplada en el artículo 19 N° 16 de la Constitución, que garantiza la estabilidad laboral en el empleo, lo que, según su parecer, ha sucedido porque al procederse a la dictación de dicha resolución declarando la vacancia de su cargo, hubo de acreditarse la existencia de la causal que se invocaba, con argumentos sólidos e incuestionables, a los cuales no se ha hecho referencia. Ante este planteamiento y para su rechazo, debe tenerse en cuenta lo anteriormente señalado en cuanto a que la resolución impugnada cuenta con antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de apoyo.

DÉCIMO TERCERO: Que señala el recurrente que la resolución impugnada afecta en su perjuicio a la garantía del derecho de propiedad, contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. Tal fundamento, sin embargo, también ha de ser desestimado, en atención a que está claramente señalado en el artículo 146 letra c) de la Ley 18.834, que el funcionario cesará en el cargo por la declaración de vacancia del mismo. Por lo demás la garantía establecida en el N 24 del artículo 19 de Constitución Política, no contempla una supuesta propiedad en el empleo o función, encontrándose el derecho constitucional que dice relación con las funciones o empleos contemplado en el artículo 17 de dicho artículo y se limita a asegurar la admisión a tales ocupaciones cuando se cumplan los requisitos legales, pero no abarca la permanencia en esas funciones o empleos, siendo de destacar que esta garantía no se encuentra cubierta por el recurso de protección, conforme a la enumeración que hace el artículo 20 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO CUARTO: Que por lo anteriormente razonado resulta forzoso concluir en el sentido de proceder al rechazo del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por la abogada Rocío Tabilo Barahona, en favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro señor Franco.

Rol N° 1812-2016 (Civil).

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y señor nombre reservado. No firma el Ministro señor Shertzer, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

En La Serena, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.