nombre reservado con SERVICIO SALUD COQUIMBO

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°1811-2025.- La Serena, diecinueve de noviembre dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencias médicas N°3-118850681, 3-120219953, 3-121310276 y 3-122713814, lo que conculca los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

Relata que el pasado 6 de octubre, luego de dos días de haber presentado el recurso de reposición, la recurrida rechazó las cuatro licencias médicas antes singularizadas, estimando que no existía causa médica que justifique el reposo, el que además era prolongado para la patología.

Refiere que las licencias fueron extendidas indicándose como diagnóstico una reacción al estrés grave y trastorno de adaptación.

Afirma que los actos impugnados no cumplen con el estándar de fundamentación que la Ley N°19.880 exige, a lo que adiciona que no fue citado a peritaje alguno a propósito de este nuevo reposo, sin comprender la razón por la que la Comisión habría cambiado de criterio, en tanto autorizó las licencias médicas anteriores.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto los rechazos de las licencias médicas, autorizándolas, con costas.

Acompaña a su recurso instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo y alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Luego, en subsidio, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente las licencias médicas fueron rechazadas.

Cita los antecedentes médicos del recurrente e indica que el informe adjuntado para apelar por más de seis meses de reposo, emitido por médico general que firma como psiquiatra no aporta datos que se ajusten a las terapias; tampoco presenta pronóstico ni fecha de retorno laboral; además debe considerarse que el recurrente ya fue evaluado por Mutualidad, la que descarta origen laboral del cuadro; cuenta con peritaje realizado, de forma tal que no existen antecedentes que justifiquen el rol terapéutico del reposo.

Expresa que con anterioridad a las licencias por las cuales se recurre –y por el mismo diagnóstico– el recurrente ha presentado cinco licencias médicas por un total de 135 días, las cuales fueron autorizadas.

Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Acompaña a su informe documentos para acreditar sus alegaciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se ven afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física, igualdad y propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SEXTO: Que es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de las resoluciones de 6 de octubre de 2025, que confirmaron el rechazo de las licencias médicas N°3-118850681, 3-120219953, 3-121310276 y 3-122713814, esgrimiéndose como fundamento “sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”.

SÉPTIMO: Que del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que –a su juicio– pesaría sobre el paciente de demostrar éste la viabilidad de su reposo temporal. Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología buscar uno y otro profesional del área de especialidad que corresponda, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Asimismo, para el análisis de las licencias, conviene tener presente que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud establece que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que: “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de éste. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, toda vez que de lo expresado en el acto administrativo, no es posible encontrar razones coherentes que motiven al órgano administrativo para desestimar el reposo prescrito.

Esta conclusión surge al advertir que lo argüido por la recurrida en las resoluciones impugnadas es exiguo, lo que no se ajusta a una interpretación lógica de la normativa aplicable, ni se aviene con los principios inspiradores de la seguridad social.

La anterior constatación necesariamente lleva a calificar la decisión como ilegal y arbitraria, en tanto aquella no cumple con el deber de fundamentación exigible de conformidad a la Ley N°19.880 y deviene antojadiza.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por la recurrida.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ordenando que deberá autorizar el pago de las licencias médicas N°3-118850681, 3-120219953, 3-121310276 y 3-122713814, dentro de diez días desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1811-2025 Protección.